por Juan Antonio Barrio

L a influencia de la politización absoluta de la justicia en la situación política está llegando a ser asfixiante. Para colmo, según algunos voceros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –en funciones, pero nada funcional–, cualquier crítica a las decisiones judiciales parece inadmisible. Pues, mire usted, no. Hasta ahí podíamos llegar. Una cosa es respetar y acatar las decisiones judiciales y otra cosa no poder decir lo que se piensa de ellas. Máxime cuando el principal partido de la oposición se permite el lujo de anticiparse a algunas decisiones advirtiendo de lo que dirán si no van en función de sus intereses.

El penúltimo episodio de la saga ha sido el establecimiento de la antes mencionada absoluta politización en el mismísimo Tribunal Constitucional.

No vale la pena discutir excesivamente la recusación desde el punto de vista jurídico. Baste decir que es la primera vez que sucede en 27 años, que si se aplicaran parámetros similares difícilmente se encontrarían jueces competentes para el Tribunal Constitucional o que, por comparación, resulta ridículo considerar perfectamente apto a un antiguo jefe provincial del Movimiento, o que, como han señalado 45 catedráticos de Derecho Constitucional, "de aplicarse generalizadamente el criterio en que se sustenta se restringiría gravemente la libertad de producción científica y de investigación que la Constitución consagra".

Pero no nos engañemos: estamos ante una operación política, un golpe de mano para construir una mayoría contraria a un Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el español y el pueblo de Cataluña. No para señalar tal o cual detalle que pudiera estimarse inconstitucional, sino para cargárselo. Eso es lo que está detrás y no verlo sería una ingenuidad. La número dos del PP en Cataluña, la Sra. Nebrera, lo ha dicho con claridad: se trataba de "encontrar una grieta jurídica para conseguir un objetivo político".

Se trata de darle una embestida a la línea de flotación de las reformas territoriales. Como igualmente determinadas decisiones intentaron (e intentan) cargarse cualquier posible desistimiento dentro del mundo abertzale, jugando a favorde las tesis mas radicales, y hacer así imposible cualquier proceso. La avocación a pleno por la Audiencia Nacional de la decisión sobre la situación de De Juan Chaos es bastante insólita. Y también la decisión de condenarle a 12 años y medio de cárcel por amenazas en dos artículos de prensa o de mantenerle en prisión como preso preventivo a pesar de la huelga de hambre y del escaso riesgo de fuga. No debió juzgarse por el siniestro pasado terrorista del preso, puesto que ha cumplido ya su condena por aquellos asesinatos. Afortunadamente, el Tribunal Supremo rectificado en parte esa decisión desproporcionada disminuyendo la condena a tres años de cárcel. Los jueces, como cualquier otro colectivo, son personas con su opinión política más o menos marcada. Pasa en otros países también y no debemos escandalizarnos. Pero lo que está sucediendo aquí va mas allá de lo admisible y de alguna manera habrá que poner remedio. Ciertamente, el margen de maniobra para llegar a acuerdos en las actuales condiciones de crispación política parece bastante escaso. ¿Tendrá el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, tan injustamente vilipendiado, algunas buenas ideas al respecto? Por ejemplo, para instar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato constitucional ha finalizado. Veremos.