El PP organiza el comando judicial

JUECES CONTRA ZP

La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC), Pablo Pérez Tremps es el último peldaño de la escalada en el uso partidista de la justicia, pero  precedido de muchos episodios en los que el alineamiento de los sectores más conservadores de la judicatura con los planteamientos del PP es evidente. Aparte del daño al prestigio del TC, la lucha política en ámbitos judiciales también perjudica a las instituciones democráticas. Un Poder Judicial en funciones desde noviembre y sin visos de ser renovado, magistrados pronunciándose en sentidos opuestos ante un mismo caso, un presidente del CGPJ que desafía al Parlamento, perfilan un sombrío panorama en el que da toda la sensación de que el PP está dispuesto a cualquier cosa con tal de derribar al Gobierno, aunque para ello arruine el poco crédito que le quedaba a la independencia judicial y destruya el prestigio de las instituciones. Un buen número de actuaciones judiciales de los últimos tiempos parecen especialmente teledirigidas contra el Ejecutivo.

Por Pedro Antonio Navarro

Hay magistrados que estarían mejor en el Tribunal de Orden Público de Franco que en el Tribunal Constitucional de la democracia. (...) es muy duro lo que ha hecho el Tribunal, es una desvergüenza absoluta (...) la campaña se ha montado desde el exterior; el encanallamiento de la política ha penetrado en el interior del Tribunal Constitucional”. Quien se pronuncia con tanta firmeza acerca del recusamiento de Pablo Pérez Tremps para dilucidar los recursos planteados por el PP y el Defensor del Pueblo contra el nuevo Estatuto de Cataluña, no es un político del Gobierno, sino un catedrático de Derecho Constitucional de reconocido prestigio, Javier Pérez Royo. Y es que a nadie se le escapa la clara intencionalidad política de esta más que discutible decisión del pleno del TC, en el que la mayoría conservadora decidió allanar el camino al PP y garantizarle mayoría suficiente en este tribunal para poder desmontar elementos relevantes del nuevo Estatut y, así, de paso, disparar un misil a la mismísima línea de flotación del proyecto gubernamental.

Los argumentos esgrimidos para apartar a Pérez Tremps se caen por su propio peso, ya que una recusación literalmente idéntica a ésta y contra el mismo magistrado, fue completamente rechazada por estos mismos jueces hace seis meses. Lo paradójico, además, es que quien ha promovido esta más que sospechosa recusación, el magistrado conservador Jorge Rodríguez Zapata también elaboró unos estudios jurídicos para la Fundación Pi y Sunyer, entre cuyos patronos está la propia Generalitat de Cataluña, cuyos portavoces, por cierto, han declarado que utilizaron este informe como documento de trabajo, del mismo modo en que se hizo con el de Pérez Tremps.

Más llamativo resulta aún tener conocimiento que otro de los magistrados ultraconservadores, Roberto García Calvo, quien fue jefe provincial del Movimiento en Almería y gobernador civil en 1976, había realizado duras declaraciones contra el nuevo estatut, al que llegó a definir como “anómala maniobra que constituye tan grave atentado a la Carta Magna”, salvó una recusación por enemistad manifiesta interpuesta por la Generalitat, gracias a los votos, en esta ocasión, salvadores, de los magistrados conservadores.

Lo peor es que ahora también está la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, en el punto de mira del PP, y también del diario El Mundo y la Cope, otros de los grandes inductores de este golpe de mano disfrazado de decisión judicial.

Pero la historia ya es antigua. Con la designación de la actual mayoría conservadora del CGPJ por parte del último Gobierno de José María Aznar, los puestos clave de la judicatura en España, Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y provinciales, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional pasaron a ser ocupados por magistrados de tinte conservador y a veces, hasta más extremo, con la aplicación del rodillo de la mayoría designada por el PP en el Consejo del Poder Judicial.

En los últimos tiempos hemos asistido a numerosas decisiones judiciales que parecían teledirigidas para estorbar, cuando no impedir la acción o las iniciativas del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahí están las actuaciones de Fernando Grande-Marlaska imputando un delito de pertenencia a banda armada y amenazas a Ignacio de Juana Chaos, cuando sólo unos días antes, el juez Santiago Pedraz había rechazado dicho procesamiento, alegando que no existía base para acreditar su actual pertenencia a ETA, o que de los artículos publicados en Gara, por lo que se le han imputado amenazas y condenado por ellas a 12 años y seis meses de prisión (cuando la condena máxima por ese delito había sido hasta la fecha de cinco años), no se desprendía apoyo a ETA, sino al Movimiento de Liberación Vasco.

En pleno proceso de paz se ha utilizado más mano dura. El juez Alfonso Guevara, que también forma parte de la sala en el juicio por el 11-M, se encargaba de recoger firmas entre sus compañeros para evitar que la decisión sobre la libertad condicional de un de Juana Chaos, en prolongada huelga de hambre, fuera tomada por el mismo tribunal que lo condenó, pues estos magistrados habían decidido concedérsela. Guevara forzaba así, en una maniobra que el ministerio Fiscal está pensando en recurrir, que la decisión se tomase en plenario, con el resultado de todos conocido. Es el mismo Alfonso Guevara que el 29 de enero pasado ponía en libertad al represor y torturador argentino Domingo Cavallo. El tribunal presido por él para este caso había declarado que la Audiencia Nacional no era competente para juzgarlo. Un día después, otro juez de la Audiencia, Fernando Andreu, enmendaba la plana a Guevara, y volvía a detener a este criminal confeso de haber cometido crímenes contra la Humanidad –que jamás prescriben-.

La mayoría conservadora del CGPJ estuvo detrás de los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma del Código Civil que permitía los matrimonios entre personas del mismo sexo, contra la Ley de Divorcio rápido, contra el Estatuto de Cataluña –a por el que han vuelto a poner proa-.

Los magistrados nombrados por la mayoría conservadora en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han imputado al propio lehendakari, Juan José Ibarretxe por haber mantenido conversaciones con Batasuna durante el proceso de paz. Grande Marlaska encarceló dos veces, también durante el proceso, a Arnaldo Otegi, fijando altísimas fianzas para ser puesto en libertad (se encontraba en prisión preventiva), la última, de 650.000 euros. La juez Gemma Gallego daba la vuelta a la instrucción realizada por Baltasar Garzón sobre los peritos del ácido bórico, volviendo a abrir la espita de la sospecha y de la teoría de la conspiración el 11-M. Una juez, por cierto, que fue investigada por el CGPJ debido a la baja productividad de su juzgado en Madrid durante el segundo semestre de 2005. Un presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo que se niega en dos ocasiones –6 de marzo y 25 de mayo de 2006- a comparecer ante el Parlamento español cuando es requerido para dar explicaciones y, además, manteniendo una postura desafiante.

Se podrían llenar muchas páginas con los centenares de ejemplos de este cariz que el dominio conservador ha promovido en la actitud de buena parte de la judicatura. Una judicatura que, con buen criterio, reclama independencia para sus actuaciones, pero que está entrando por la puerta falsa en la actividad política, y a favor de parte. En esta situación, el PP ha encontrado una mina para desactivar las iniciativas gubernamentales por una vía judicial que se escora demasiado hacia la derecha. La solución pasa por la urgente renovación del CGPJ para que resulte más acorde con el actual mapa político y social nacional. Pero el Gobierno pudo haberse precipitado con la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora incluye la necesidad de mayorías cualificadas de tres quintos, una situación que, desde su actual mayoría, no inquieta a los conservadores y ultraconservadores del CGPJ, que ahora no tienen prisa por llegar a acuerdos, estando en tan ventajosa posición, pese a que hace varios meses ya que su mandato concluyó.

Y mientras, en el PP se frotan las manos.

LA ESTRELLA EMERGENTE DEL COMANDO

Con el arranque, el próximo 15 de febrero, de la fase oral del macrojuicio por los atentados del 11 de marzo de 2004, nos acostumbraremos a escuchar reiteradamente un nombre, llamado a ser el nuevo juez-estrella en los medios de comunicación. Salvador Francisco Javier Gómez Bermúdez presidirá el proceso que sienta en el banquillo a 29 personas acusadas de participar, en diversos grados, en la colocación de las bombas que terminaron con la vida de 192 personas y dejaron heridas a otras 1.500 en los trenes de cercanías de Madrid, hace ahora casi tres años.

Javier Gómez Bermúdez es el polémico presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, elevado a tal rango con los exclusivos votos de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); un Poder Judicial en funciones, desde el pasado 7 de noviembre de 2006 –fecha en la que concluyó su mandato- que, contra viento y marea se ha conjurado para mantenerlo en ese puesto. El magistrado había llegado a la presidencia de tan influyente sala, en la que se ventilan buena parte de los procesos por terrorismo, narcotráfico y delitos económicos, con menor curriculum que casi todos los demás candidatos, entre los que también se encontraban Baltasar Garzón, Santiago Pedraz o Félix Alfonso Guevara, sólo por citar algunos. Gómez Bermúdez ocupaba entonces el lugar número 1.101 en el escalafón de la carrera judicial, mientras que Guevara estaba situado en el 254, Garzón en el 288 o Pedraz en el 722. De entre las nueve candidaturas presentadas, la suya se ubicaba en el séptimo lugar por escalafón.

En cuanto a los méritos profesionales, el citado juez nunca había sido titular de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, permaneciendo en ella en situación de comisión de servicios, que es una designación discrecional. Se da, además, la circunstancia, de que Gómez Bermúdez no había conseguido esta titularidad, pese a haberse convocado plazas por concurso ordinario. De hecho, las titularidades que había ejercido eran la del Juzgado Central de Menores, y posteriormente la del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, ambos ajenos y muy distintos en sus funciones a la Sala de lo Penal.

Pese a estas circunstancias objetivas, y al hecho de que la mayoría de sus contrincantes por el puesto habían presentado un más amplio currículum que el suyo, el CGPJ, a través de la mayoría conservadora, decidía elegirlo para el cargo. El magistrado Ricardo de Prada, quien también optaba al nombramiento, no quiso aceptar el hecho consumado y planteó un recurso ante el Tribunal Supremo. Múltiples fueron las razones esgrimidas, de fondo y de forma. Recordaba el recusador que el puesto de Presidente de Sala de la Audiencia Nacional no es de libre designación, sino sometido a concurso, según establece el artículo 333 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Prada también recuerda que el nombramiento de Gómez Bermúdez necesitó de cuatro votaciones, cuando reglamentariamente el límite es de tres, o que la propuesta no estuvo suficientemente motivada. Pero más allá de los fundamentos de derecho, el magistrado recurrente argumenta en la búsqueda de las verdaderas razones en un interesante párrafo de su escrito ante el alto tribunal: “(...) el Sr. Gómez Bermúdez ha obtenido la plaza pese a ser uno de los candidatos menos idóneos, porque ha sabido ‘moverse’ en el clima de patológico funcionamiento existente en el órgano de gobierno del Poder Judicial de España, en el que muchas de las decisiones sobre nombramientos judiciales, y desde luego en todos los casos de cargos judiciales importantes, se toman realmente fuera del CGPJ, en el ámbito de los partidos políticos o siguiendo estrategias, criterios o consignas políticas de los respectivos partidos de referencia de los vocales del CGPJ (...)”.

Alfons López-Tena, vocal del CGPJ a propuesta de Convergencia i Uniò, en referencia a la reforma de la LOPJ por la que ahora es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos para efectuar los nombramientos, aseguraba que hay que “partir de la realidad actual, que es el monopolio de la mayoría mecánica de este Consejo, formada por los vocales propuestos por el PP y el presidente –Francisco José Hernando-, que se reservan en exclusiva los nombramientos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Presidencia de la Audiencia Nacional y las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña y del País Vasco (...)”

El 23 de mayo de 2006, el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, integrada por 33 magistrados, se pronunciaba unánimemente a favor de la anulación del nombramiento de Javier Gómez Bermúdez, pero esta decisión del alto tribunal no conseguía desanimar a la mayoría de vocales propuestos por el Partido Popular en el cada vez más lejano noviembre de 2001. El 28 de junio de 2006 volvían a elegir de nuevo a Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una reunión del Pleno del CGPJ marcada por el escándalo, y que fue boicoteada por el resto de los vocales, incluido el no propuesto por ningún grupo político.

De nuevo, Ricardo de Prada, que se encuentra en comisión de servicio en Bosnia, en un tribunal internacional para crímenes de guerra, volvía a envíar un escrito solicitando la recusación al Tribunal Supremo, que nuevamente le daba la razón el 20 de noviembre de 2006, anulando otra vez la designación de Gómez Bermúdez.

Y aunque parezca mentira, la mayoría aseguraba –y cumplía- que volvería a nombrar al mismo magistrado como presidente de la Sala de lo Penal “en 15 días”. El 17 de enero de este 2007, la mayoría mecánica conservadora en el CGPJ volvía a designar por tercera vez a Javier Gómez Bermúdez, en lo que el resto de vocales considera un “desafío al Tribunal Supremo”. Lo cierto es que había que darse prisa, porque se acercaban las fechas del juicio por los atentados del 11-M, una pieza que el gran partido de la derecha española no estaba dispuesta a dejar de cobrarse. Si Gómez Bermúdez no fuera presidente de la Sala de lo Penal en esas fechas, la presidencia del proceso pasaría a Fernando García Nicolás, aunque seguiría siendo ponente y formando parte del tribunal como magistrado. Pero si era nombrado de nuevo, y a tiempo, podría presidir el proceso del 11-M.

Ante nuevo nombramiento, nuevo recurso. Así, Ricardo de Prada ha vuelto a presentar batalla, y el pasado 25 de enero, el Tribunal Supremo aceptaba a trámite su documento para volver a recusar a Gómez Bermúdez. Lo que sucede es que, aunque previsiblemente el Supremo vuelva a pronunciarse en el mismo sentido que las anteriores ocasiones, la notificación de la anulación del nombramiento de Gómez Bermúdez no llegaría antes del 15 de febrero. Así que el magistrado presidirá la primera sesión de la vista del juicio del 11-M, y, una vez constituido el tribunal, según la LOPJ ya debe mantener su estructura y, por supuesto, su presidencia, hasta que dicte sentencia. De este modo, la derecha judicial se ha garantizado el control de un proceso sobre el que, tanto el PP como sus escuadrones mediáticos, tienen todo el interés en arrojar sombras de duda y esparcir la teoría de la conspiración y la participación de ETA en los atentados. Sobre ello insistirán los abogados de la acusación particular que representan a la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y muchas de las defensas de los procesados.

De momento (ver dossier “Guía del juicio del 11-M”), Javier Gómez Bermúdez, aunque a petición de la defensa de uno de los principales acusados, Jamal Zougam, ha aceptado que tres presos de ETA testifiquen en la vista oral –uno de ellos, Henri Parot, además de Gorka Vidal e Izkur Badillo-, y también ha obligado a repetir las pruebas periciales para determinar el tipo de explosivo empleado en los atentados, pese a que los dictámenes técnicos ya obraban en poder de la Audiencia Nacional.

De todos modos, no es la primera vez que el nombre de Javier Gómez Bermúdez salta a los medios de comunicación. Ya fue protagonista, tal vez a su pesar, en enero de 2005. Entonces fue noticia porque la Sala de Justicia de la Audiencia Nacional acordaba aceptar la recusación presentada contra él por el abogado Rafael Pérez Escolar. El objeto de la recusación era impedir que Gómez Bermúdez presidiera el tribunal en el que se celebraría el juicio contra Emilio Botín por las jubilaciones multimillonarias pagadas por el Banco Santander Central Hispano (BSCH) a sus directivos José María Amusátegui (43,7 millones de euros) y Ángel Corcóstegui (108 millones de euros). La Sala de Justicia apreció “interés directo en la causa”, por lo que apartaron al magistrado del proceso. Y es que algo parecía extraño. En principio, la presidenta de sala inicialmente designada era la juez Ángela Murillo. Gómez Bermúdez, ya presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reclamaba la presidencia del juicio para sí mismo, por lo que sustituyó a Murillo. En la argumentación para aceptar la recusación, la Sala de Justicia explicaba que “al haber modificado la composición de los magistrados que integraban la Sección Tercera –la encargada del caso y de la que, además, Ángela Murillo era presidenta- sin justificación alguna, se ha podido crear una sensación de falta de imparcialidad”.

A Gómez Bermúdez parece que le persiguen las recusaciones en su no demasiado extensa vida judicial. Tras unas declaraciones efectuadas al diario El Mundo –uno de los principales impulsores y difusores de la teoría de la conspiración en el 11-M-, en las que de un modo bastante ambiguo, aseguraba su convencimiento de que sobre esos atentados “se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años”, los abogados que representan a la Asociación 11-M, Afectados de Terrorismo, presidida por Pilar Manjón, presentaron una solicitud de recusación contra él, alegando sospechas de parcialidad, aunque, en este caso, no prosperó.

Otro de los momentos de popularidad de Javier Gómez Bermúdez se debió a su iniciativa en la modificación de los criterios por los que se contabilizan las reducciones de penas a través de los beneficios penitenciarios. A comienzos de 2006, el magistrado impulsaba esta reforma, conocida como “doctrina Parot”, aplicable, en principio a este preso de ETA, que estaba a punto de cumplir su condena y salir a la calle. La propuesta de Gómez Bermúdez, avalada en marzo de 2006 por el Tribunal Supremo, impedía que la redención de penas se efectuase sobre el máximo tiempo de condena a cumplir según el Código Penal –30 años-, sino que, a partir de ese momento, sólo se podrían descontar del total nominal de la condena (en muchos casos de terrorismo son de cientos de años), lo que en la práctica, imposibilita que muchos de los condenados por estos delitos puedan reducir en nada sus condenas, y la mayoría de ellos están abocados al cumplimiento íntegro de los seis lustros. Para la asociación progresista Jueces para la Democracia, este cambio de doctrina “roza la inconstitucionalidad” y rompe los principios jurídicos de no retroactividad. Con ello han evitado, en pleno desarrollo del proceso de paz, que un buen número de presos de ETA hubieran salido de la cárcel tras haber cumplido sus condenas según el cómputo que se venía aplicando hasta ese instante.

Javier Gómez Bermúdez es un claro representante de la nueva hornada de la derecha judicial, y al que algunas voces sitúan como muy próximo al secretario de Estado para la Seguridad del último Gobierno de José María Aznar, Ignacio Astarloa, con cuyo impulso la carrera de este juez ha visto quemar rápidamente varias fases: titular del Juzgado Central de Menores, del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional -la más influyente-, sin tener que haber sido titular siquiera en esa misma Sala y, a partir del próximo 15 de febrero, presidente del tribunal encargado de juzgar a los imputados en los atentados del 11-M. Todo un carrerón.

Pedro J. marca el camino

El diario El Mundo parece ser el que va marcando la estrategia y los puntos de inflexión en las decisiones del Partido Popular, y bien parecería que también ejerce su influencia sobre el criterio de algunos jueces. Se diría una táctica perfectamente predeterminada en la que el objetivo es concentrar el fuego sobre determinados puntos del enemigo.

Apenas arrancaba la legislatura y Pedro J. comenzaba a trabajarse la teoría de la conspiración. Sus portadas, día sí, día también, incidían en algún aspecto de la cuestión capaz de generar suficientes sospechas, dudas y desconfianza. En el asunto del 11-M se ha utilizado diferente tipo de munición. Las confesiones de Suárez Trashorras –a quien también sorprendieron diciendo que sería capaz de decir cualquier cosa por dinero, las confusiones sobre los explosivos (y ahí está el juez Gómez Bermúdez ordenando que se examinen los restos). Luego llegó el ácido bórico y las preguntas parlamentarias del PP, y la actitud de la juez Gemma Gallego, dando por completo al vuelta a la instrucción del caso efectuada por Baltasar Garzón, y vengan más sospechas.

Otros frentes estuvieron muy definidos en la lucha –dura lucha- contra la reforma del estatuto Catalán. Cada portada de El Mundo, en sincronía perfecta con las intervenciones desaforadas de Acebes en el Parlamento.

Más tarde, el proceso de paz. Cada titular más duro, mayor ferocidad parlamentaria de Rajoy, mayores ejemplos de dureza judicial, más palos en la rueda. Aquí la posición de El Mundo y del propio Pedro “Jota” merecen una revisión en profundidad del estudio de la esquizofrenia y del trastorno bipolar. Hace unos años, no muchos (1998 o por ahí), desde sus editoriales jaleaba el coraje de José María Aznar y su sentido de Estado cuando se sentó a negociar con ETA, y a inicia r un acercamiento de presos que, entonces le parecía un acto valiente, intrépido y necesario.

Ahora vuelve el Estatuto Catalán, pero por vía interpuesta. A cargarse el empate técnico del Tribunal Constitucional y el voto de calidad de la presidenta. Portada tras portada, marcando el paso a los líderes populares y dando avisos a algunos jueces, se ha ido preparando el camino para una recusación, la de Pablo Pérez Tremps, sin que ninguna mente sensata pueda justificarlo, y ahora parece que le tocará el turno a la presidenta, María Emilia Casas, que visto el nivel de efectividad del francotirador Ramírez, debería ir buscando un buen chaleco antibalas.

Un comparsa importante por Enric Sopena