El próximo 15 de febrero arranca el proceso más esperado de la Historia de España

Por fin comienza el acontecimiento judicial que más expectativas ha despertado en la opinión pública. La primera vista oral del juicio por los atentados del 11 de marzo de 2004 tendrá lugar el próximo 15 de febrero. Después de una larga instrucción a cargo del juez Juan del Olmo, finalmente, 29 imputados se sentarán en el banquillo acusados de una larga serie de delitos, y muy especialmente, del asesinato de 191 personas que perdieron la vida en los horribles actos terroristas. Además de la lógica expectación, tampoco faltará la polémica, ya que algunos abogados defensores basarán su estrategia en la teoría de la conspiración y en la autoría de ETA, defendida por el PP y algunos medios de la derecha más extrema. Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, será el juez principal. Su nombramiento había sido revocado en dos ocasiones por el Tribunal Supremo, y sobre él, pesa una nueva recusación –admitida a trámite por el alto tribunal-. En una controvertida decisión, Gómez Bermúdez ha accedido a que declaren tres miembros de ETA (entre ellos, Henri Parot), a petición de uno de los abogados defensores, dando así un cierto respaldo a quienes sostienen contra viento y marea las tesis conspirativas, pese a que, tanto la investigación policial, como la instrucción del sumario desmienten radicalmente esas insinuaciones.

Por P. A. N.

El próximo 15 de febrero comenzarán las sesiones del juicio contra los 29 encausados –al comenzar la instrucción eran 120 los imputados- por los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, en los que perdieron la vida 191 personas y resultaron heridas otras 1.842. Se prevé un proceso largo, que podría extenderse hasta el mes de julio, y no parece probable que las sentencias puedan conocerse hasta octubre o noviembre.

No existen precedentes en nuestro país de una actuación judicial de este calibre, con un número tan elevado de víctimas y una instrucción tan compleja, que ha sido recogida en 1.460 páginas. Los jueces, además de los testimonios y declaraciones –está prevista la comparecencia de más de 600 testigos- que se produzcan durante la vista oral, habrán de estudiar el contenido de 238 tomos, además de cientos de piezas separadas.

Las sesiones van a tener lugar los lunes, martes y miércoles en un pabellón habilitado ex profeso para el juicio, en la madrileña Casa de Campo. La expectación es tal que, hasta el momento, se han acreditado más de 250 periodistas españoles y un centenar de extranjeros para seguir la vista. Telemadrid, el canal autonómico de esta comunidad, sumido en una polémica continua por las acusaciones de censura y manipulación que denuncian masivamente sus propios trabajadores, tiene previsto emitir un resumen diario de dos horas, y la retransmisión íntegra del juicio por su segundo canal, La Otra. En el Partido Socialista, desde cuya dirección se ha tomado la decisión de no acudir a ninguno de los programas de debate de esta cadena, precisamente por su más que clara inclinación hacia el Partido Popular, han advertido que estarán atentos a cómo se desarrollen estas retransmisiones.

De un total de 120 imputados inicialmente en la instrucción del sumario, finalmente serán 29 los que se sienten en el banquillo. Las peticiones de la Fiscalía y de las acusaciones particulares suman condenas para todos ellos por encima de los 270.600 años de cárcel. Para los siete principales encausados, las peticiones de condenas rebasan los 40.000 años para cada uno. En el sumario se deduce que los autores materiales de los atentados son Jamal Zougam y Abdelmajid Bouchar, a quienes, además, se les imputan otros 1.775 asesinatos en grado de tentativa. Se considera también que los ideólogos son Rabel Osman El Sayed, “el Egipcio”, Hassan el Haski y Yousseff Belhadj. De los 29 acusados, nueve son de nacionalidad española, todos ellos implicados en lo que se conoce como la “trama asturiana de los explosivos”. Cada uno, en diferente grado, habrían participado en el robo y suministro de dinamita al grupo islamista radical, pero sobre todos ellos destaca el papel de José Emilio Suárez Trashorras, ex confidente de la policía, y que habría desempeñado un papel mucho más importante que el resto.

En el sumario, además del trágico balance de fallecidos y heridos, también se incluye el cálculo del valor de los bienes afectados en la acción terrorista, que supera los 20 millones de euros, concretamente, 22.011.064 euros.

Ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es a quien ha correspondido juzgar el caso, no van a comparecer cuatro encausados que consiguieron escapar de la justicia española, y que se encuentran en busca y captura internacional. Tres son ciudadanos marroquíes y el cuarto, argelino. Mohamed Belhadj alquiló a su nombre el piso de Leganés en el que siete terroristas se suicidaron cuando estaban cercados por la policía. Tras detectarse su paso por Barcelona, fuentes policiales creen que se encuentra escondido en algún lugar de Holanda. Said Berraj aparece vinculado a la organización Al Qaeda, tras acudir a una reunión en Estambul en el año 2000. El 12 de marzo de 2004, sólo un día después de la masacre, abandonaba el país con destino a Marruecos. Mohamed Alfalah logró escapar con vida del cerco policial en Leganés, pero, actualmente se le da por fallecido en un atentado suicida en Iraq, en mayo de 2005. Al argelino Daoud Ouhnane se le considera autor material de la colocación de los explosivos en los trenes de cercanías madrileños. Sus huellas aparecieron en una bolsa en la que se encontraron siete detonadores, en el interior de una furgoneta en Alcalá de Henares (Madrid).

Tampoco estarán en el banquillo los siete terroristas que se suicidaron el 3 de abril de 2004 en la localidad madrileña de Leganés. Al verse rodeados por las fuerzas policiales hicieron detonar los explosivos que guardaban en su casa de la calle Carmen Martín Gaite, falleciendo todos ellos y provocando la muerte de un agente de los GEO de la Policía Nacional, Francisco Javier Torrontera. Entre ellos se encontraba Serhane Ben Abdelmajid, a quien la investigación considera el ideólogo del grupo que cometió los atentados. Jamal Ahmidam, “el Chino” estaba considerado como el jefe operativo, y el encargado de la provisión de la dinamita con la que se realizaron los ataques. Los hermanos Mohamed y Rashid Oulad Akcha son imputados como autores materiales de la colocación de las bombas, mientras que Abdennabi Kounjaa, cuyo ADN lo sitúa en la casa de Morata de Tajuña donde se fabricaron las bombas y en la estación de Vicálvaro, había dejado una carta de despedida pidiendo a sus hijos que se sumaran a la lucha de la yihad. Rifaat Anouar Asrih también fue autor material, según la instrucción. Además, sus huellas también se han encontrado en la casa de Morata de Tajuña. Por último, el argelino Allekema Lamari ya había sido detenido con anterioridad por su pertenencia al Grupo Salafista para la Predicación y el Combate.

Aunque 29 son los imputados, sólo 18 se encuentran en prisión en estos momentos, mientras el resto se halla en situación de libertad provisional.

La terna de jueces que van a dirigir el proceso está encabezada por Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aunque, en la actualidad, su nombramiento ha sido recusado (por tercera vez), admitiendo a trámite esta recusación el Tribunal Supremo, que ya había revocado en dos ocasiones anteriores su nombramiento, aceptando los argumentos de la recusación, concretamente, por la falta de motivación para su nombramiento por parte del Consejo General del Poder Judicial –de mayoría conservadora, y que ya ha concluido su mandato desde el pasado noviembre, por lo que se encuentra ejerciendo su labor en funciones-.

Junto a Gómez Bermúdez estará el presidente de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal, Fernando García Nicolás, y el presidente de la Sala Tercera, Alfonso Guevara, que ha obtenido una cierta celebridad reciente por haber sido el impulsor de la recogida de firmas entre sus compañeros para deliberar en plenario acerca de la concesión de libertad provisional a Iñaki de Juana Chaos; libertad provisional que, finalmente no se concedió.

Representando a la Fiscalía estará Olga Sánchez, y también estarán presentes en las sesiones el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y el teniente fiscal, Jesús Santos. Igualmente asistirán al proceso el abogado del Estado y el jefe de los Servicios Jurídicos del Estado. Otros cincuenta abogados se darán cita para ejercer las defensas de los imputados o la acusación particular, en su caso.

TODOS LOS PROCESADOS

JAMAL ZOUGAM. Nacido en Marruecos en 1973, está acusado del asesinato de 191 personas y otros 1.775 asesinatos en grado de tentativa. Es el único acusado de colocar mochilas bomba en los vagones de los trenes de cercanías. Ha sido reconocido por varios testigos que lo sitúan en el escenario de los crímenes. La Audiencia Nacional realizó una investigación sobre él cuando llegó una petición de las autoridades judiciales francesas, que lo relacionaban con una célula islamista desarticulada en el país vecino. Emigrado a España en 1985, tras desempeñar diversos trabajos, montó un negocio de telefonía móvil. Precisamente en este establecimiento se vendió la tarjeta con la que operaba el teléfono móvil encontrado en la mochila que no llegó a explosionar, desactivada en la comisaría de Vallecas.

ABDELMAJID BOUCHAR. (Marruecos, 1983). Se le acusa de 191 asesinatos y de 1.775 más en grado de tentativa, además de pertenencia a organización terrorista, cuatro delitos de estragos y de tráfico, tenencia, depósito y suministro de explosivos. Integrante del grupo de los siete terroristas que se suicidaron en Leganés en abril de 2004, conseguía huir del cerco policial en aquella ocasión. Su ADN y sus huellas fueron encontrados en el piso tras la explosión. Fue detenido en la capital serbia, Belgrado, a mediados de 2005, por violación de sus leyes de extranjería, y con documentación falsa. Fue extraditado a España.

RABEL OSMAN EL SAYED, “EL EGIPCIO”. Nacido en Egipto en 1971, había sido oficial del ejército de este país y es un experto en explosivos. Está acusado de pertenencia a banda armada y conspiración para la comisión del delito de terrorismo. Había convivido en Madrid durante un año con Serhane Ben Abdelmajid, “el Tunecino”, junto con quien, presuntamente, organizó la célula terrorista. La policía italiana lo detenía en Milán en junio de 2004, tras la interceptación de una conversación telefónica en la que se confesaba organizador e ideólogo de los atentados. Pocos días antes de que éstos tuvieran lugar había salido de España. Fue extraditado temporalmente a nuestro país en diciembre de 2004 y devuelto a Italia en abril de 2005 para ser también procesado allí por otros delitos por los que estaba reclamado.

YOUSSEFF BELHADJ. Original de Marruecos, donde nacía en 1976, está procesado por pertenencia a banda armada y conspiración para la comisión del delito de terrorismo en relación con 191 atentados terroristas y otros 1.775 en grado de tentativa, más cuatro delitos de estragos. Fue detenido en Bruselas en febrero de 2005 y extraditado a España. Su identidad aún es objeto de duda, pues los investigadores españoles creen que, en realidad podría tratarse de Abu Dujanah al Afgani, que reivindicaba con este nombre los atentados del 11 de marzo en un vídeo encontrado junto a la mezquita de la madrileña M-30, en el que era calificado como el portavoz de Al Qaeda en Europa.

HASSAN EL HASKI. Nacido en Marruecos en 1963, está acusado de pertenencia a banda armada y conspiración para la comisión del delito de terrorismo. La policía lo vincula con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que estaría detrás del atentado de Casablanca en 2003.

BASEL GHALYOUN. De nacionalidad siria y nacido en 1984. Está procesado por pertenencia a organización terrorista. Inicialmente reconocido por un testigo, en una segunda rueda de reconocimiento nadie pudo recordar su presencia en los trenes, por lo que la imputación como autor material decaía. En el auto del juez Juan del Olmo sí ha quedado clara su relación durante años con otros imputados, como Rabel Osman El Sayed y Serhane Ben Abdelmajid.

FOUAD EL MORABIT AMGHAR. Marroquí nacido en 1973. Se le imputa pertenencia a organización terrorista. Este ingeniero electrónico compartió vivienda con Basel Ghalyoun y, según el auto de instrucción, formaba parte de la red encargada de reclutar a ciudadanos sirios para formar la célula terrorista. También se considera que mantenía intensas relaciones con algunos de los suicidas de Leganés.

MOHAMED LARBI BEN SELLAM. Nacido en Marruecos en 1977. Acusado de pertenencia a banda armada. Vinculado al Movimiento Salafista de la Yihad Combatiente, ya era vigilado por la policía española desde 2002, y antes de los atentados del 11 de marzo de 2004 se habían dictado dos órdenes de busca y captura contra él. Fue detenido en Barcelona en junio de 2005.

MOUHANNAD ALMALLAH. Ciudadano sirio, nacido en 1964. Se le acusa de pertenencia a banda armada. Inmediatamente tras los atentados era detenido, aunque puesto en libertad poco después. La policía volvía a detenerlo en marzo de 2005. Se le asocia con la captación de islamistas radicales.

RAFA ZOUHIER. Nacido en Casablanca en 1979. Se le acusa de tráfico de explosivos y de colaboración con banda armada. Había sido confidente de la Guardia Civil, aunque en el auto del juez del Olmo se considera que trató de despistar a las fuerzas del orden. Se considera que sirvió de vínculo entre el grupo terrorista y el minero –también imputado- Emilio Suárez Trashorras.

OTMAN EL GHANOUI. Marroquí, nacido en 1975. Imputado por tráfico de explosivos y colaboración con banda armada. Se le acusa de haber trasladado explosivos que se utilizaron en los atentados desde Asturias a la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Era investigado por la policía desde tiempo atrás, y su  teléfono estaba intervenido, aunque por su implicación en el tráfico de drogas. Fue detenido el 30 de marzo de 2004.

HAMID AHMIDAN. Nacido en Marruecos en 1977, está imputado  por colaboración con organización terrorista. Primo de Jamal Ahmidan, “el Chino”, uno de los suicidas de Leganés. Se han encontrado sus huellas y su ADN en la casa explosionada. En su vivienda se encontró documentación falsificada de Otman El Ghanoui, con la fotografía de “el Chino”. Fue detenido el 30 de marzo de 2004.

MOHAMED BOUHARRAT. Ciudadano marroquí, nacido en 1979. Se le acusa de colaboración con banda armada. Sus huellas y algunas fotografías suyas fueron encontradas en el piso de los suicidas de Leganés. Detenido el 26 de abril de 2004 y puesto en libertad. Tras las contradicciones cometidas en otra declaración posterior volvía a ser arrestado el 21 de mayo de 2004

ABDELILAH EL FADOUAL EL AKIL. Nacido en Marruecos, en 1969. Acusado de colaboración con banda armada. Parte de los explosivos fueron transportados en su vehículo desde Asturias. Se le considera responsable de la red de tráfico de drogas con la que se financiaba el grupo terrorista.

SAED EL HARRAK. Natural de Marruecos. 33 años de edad. Está acusado de colaboración con banda armada. Desde su teléfono móvil se efectuaron diversas llamadas a “el Chino”. Detenido el 10 de mayo de 2004, salía de la cárcel dos años después, al cumplirse el plazo máximo de prisión preventiva.

RASHID AGLIF. Ciudadano marroquí de 28 años. Acusado de colaboración con banda armada. Se han confirmado sus relaciones cercanas con varios de los imputados, así como con “el Chino”. En 2001 ya había sido detenido, acusado de participar en el robo de diversas joyerías.

MAHMOUD SLIMANE AOUN. Nacido en Líbano, en 1960. Imputado por colaboración con banda armada. Se han comprobado numerosas llamadas desde su teléfono al de “el Chino” en enero y febrero de 2004, así como su presencia en determinados momentos en Morata de Tajuña y Leganés. Detenido el 30 de julio de 2004.

NASREDINE BOUSBAA. Ciudadano argelino de 47 años de edad. Acusado de colaboración con banda armada. Se le imputa la confección de documentación falsa y se ha comprobado que mantuvo diversas conversaciones telefónicas con otros imputados. Fue detenido el 2 de julio de 2004, y puesto en libertad, con una fianza de 6.000 euros el 15 de febrero de 2005.

MOHAMED MOUSSATEN. Nacido en Marruecos en 1984. Acusado de colaboración con banda armada. Se le relaciona con el Grupo Islámico Combatiente Marroquí y se cree que colaboró en la huida de Mohamed Afalah y Abdelmajid Bouchar. Detenido en Belgrado en 2005, el 21 de julio de ese año fue puesto en libertad con una fianza de 600 euros.

BRAHIM MOUSSATEN. Hermano del anterior y nacido en 1983. Imputado por colaboración con banda armada, fue detenido, junto a sus padres en febrero de 2005. Fue puesto en libertad bajo fianza el mismo día que su hermano, y por idéntica cantidad.

JOSÉ EMILIO SUÁREZ TRASHORRAS. Nacido en Avilés (Asturias) en 1976. Acusado de colaboración con organización terrorista, cooperación necesaria en el asesinato de 192 personas, asesinato, en grado de tentativa de 1.775 personas, 18 asesinatos en grado de tentativa (por los policías que participaron en el cerco al piso de los terroristas en Leganés), cinco delitos de estragos, tenencia, depósito, tráfico y suministro de sustancias explosivas, robo de vehículo, falsificación y delitos contra la salud pública. Confidente de la policía, el auto del juez del Olmo le atribuye el robo y el suministro de los explosivos a la banda. Diagnosticado de esquizofr enia paranoide y trastornos de la personalidad.

CARMEN TORO. Nacida en Avilés en 1981. Esposa de Suárez Trashorras. Detenida y puesta en libertad en junio de 2004.

ANTONIO TORO. Original de Avilés, nacido en 1977, y hermano de Carmen Toro. Acusado de colaboración con organización terrorista. Se le imputa haber servido de enlace entre su cuñado y Rafa Zouhier para el intercambio de explosivos por hachís. Había sido detenido en dos ocasiones por su presunta vinculación con robos de explosivos. Ingresa en prisión en diciembre de 2004.

JAVIER GONZÁLEZ DÍAZ. Natural de Carreño (Asturias), de 55 años de edad. Está acusado de tráfico, transporte y suministro de explosivos. Fue detenido en junio de 2004, aunque en la actualidad se encuentra en libertad.

RAÚL GONZÁLEZ PELÁEZ. Nacido en Piedralonga, en 1979. Acusado de tráfico, transporte y suministro de explosivos. Detenido en junio de 2004, y posteriormente excarcelado con una fianza de 35.000 euros.

EMILIANO LLANO ÁLVAREZ. Asturiano de 46 años. Era el vigilante de la mina Conchita, en la que fue robada la dinamita. Acusado de tráfico, transporte y suministro de explosivos. Detenido en junio de 2004.

SERGIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Nacido en Avilés en 1981, está acusado de tráfico, transporte y suministro de sustancias explosivas. Se le atribuye haber transportado 20 kilos de dinamita en una mochila desde Asturias. Detenido en junio de 2004, actualmente se encuentra en libertad.

ANTONIO IVÁN REIS. Asturiano de 25 años de edad. Imputado por tráfico, transporte y suministro de explosivos. Transportó diez kilos de explosivo para “saldar una deuda de droga” con Antonio Toro. Se encuentra en libertad.

IVÁN GRANADOS PEÑA. 24 años. Acusado de colaboración con banda armada y de tenencia y transporte de explosivos. En libertad.

G.M.V. Este menor de edad en el momento de los hechos, es la única persona que, actualmente, se encuentra condenada por delitos relacionados con los atentados del 11 de marzo de 2004. Conocido como “el Gitanillo”, G.M.V. fue acusado de tráfico y transporte de sustancias explosivas, quedando demostrado en el proceso que cargó con 20 kilos de dinamita que transportó desde Asturias a Madrid. Detenido en junio de 2004, sólo cinco meses más tarde, un tribunal de menores le imponía una condena de cinco años de internamiento más otros cinco de libertad vigilada, así como seis años de inhabilitación absoluta.

PRIMERAS DECISIONES POLÉMICAS

Antes de iniciarse la vista oral, el tribunal ha hecho públicas una serie de decisiones que han sido criticadas desde diversos sectores y jaleadas desde los medios de comunicación que llevan años abonados a la teoría de la conspiración y la participación de ETA en los atentados del 11 de marzo de 2004. El juez Javier Gómez Bermúdez aceptaba la solicitud de la defensa de Jamal Zougam, uno de los presuntos autores materiales de los bombazos, para que comparezcan a testificar tres miembros de ETA, Henri Parot y los jóvenes Gorka Vidal e Izkur Badillo, detenidos cuando se dirigían a Madrid, en la provincia de Cuenca, en una furgoneta en la que transportaban 500 kilos de explosivos, el 29 de febrero de 2004.

Se da la circunstancia de que los tres se encontraban en prisión en el momento de producirse los atentados –Henri Parot, además desde hace 20 años-. El juez Gómez Bermúdez ha explicado su decisión argumentando que esto se ha hecho para evitar que la defensa de Zougam pudiera alegar indefensión y, tras la conclusión de la vista, plantear un probable recurso de casación. Pero esta decisión no ha sido interpretada así por los medios que llevan años trabajándose la teoría de la conspiración, que lo han utilizado para volver a la carga y sembrar dudas de nuevo sobre la autoría. Lo cierto es que el propio juez, en el transcurso de una entrevista concedida al diario El Mundo, afirmaba de un modo un tanto ambiguo que “que lo que se va a juzgar es a 29 personas y se va a decidir si han intervenido o no en estos hechos, sin ir más allá”, pasando acto seguido a asegurar que “se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años”; declaraciones muy criticadas en su momento, por provenir de quien habría de presidir el juicio meses después.

No ha sido esta petición de la defensa de Zougam –que, probablemente trate de utilizar como táctica esa teoría de la conspiración– la única que ha aceptado Gómez Bermúdez. También ha tomado la polémica decisión de dar vía libre a la solicitud de este abogado para que se repitan pruebas periciales para determinar la composición de los explosivos. En este caso, el defensor de Zougam no estaba solo, también respaldaban esa solicitud los abogados de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Asociación de Ayuda al 11-M. Para ello, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entregaba a la Policía Científica las cuatro bolsas que tenía bajo su custodia, y que contienen restos de explosivos utilizados en los atentados, para realizar un nuevo informe pericial. Además, daba 24 horas de plazo a la Guardia Civil y a los TEDAX para que entreguen inmediatamente todos los restos de explosivos que aún pudiesen tener en su poder.

El tribunal ha ordenado que las nuevas pruebas sean realizadas en los laboratorios de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía. Esta investigación pericial ha de ser realizada por dos agentes de policía, dos guardias civiles y un perito por cada una de las partes que hayan propuesto la realización de esta prueba. A éstos hay que sumar otro perito por el resto de las acusaciones, más otro por parte del resto de las defensas. Lo más llamativo es que el juez Gómez Bermúdez ha ordenado que la realización de estas comprobaciones sea filmada en audio y en vídeo.

Esta decisión ha sido criticada, entre otros muchos, por la presidenta de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, Pilar Manjón, que consideraba que una decisión así no tiene precedentes, y que a lo único a lo que contribuye es a dar pábulo a quienes están empeñados en la teoría de la conspiración, que se alimentan de las dudas que vayan a encontrar a lo largo del proceso.

Sin embargo, el tribunal no ha aceptado la petición hecha por los abogados de la AVT para que los tres miembros de ETA citados sean admitidos como testigos de esa acusación particular. Tampoco ha permitido Gómez Bermúdez que se incorporasen a la causa las diligencias policiales por el ácido bórico, como también pretendía la acusación particular ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo.