Por José María Benegas

L os debates noria que caracterizan a la política española (terrorismo y problemas territoriales) expulsan de la discusión pública temas de trascendencia significativa como el futuro de Europa o los problemas energéticos y sus consecuencias en todos los órdenes. En nuestro continente, los países que discuten de problemas reales están inmersos en la reflexión sobre la suerte que el futuro le va a deparar a la Constitución Europea. Recordemos la situación actual: 18 países la han ratificado, de los cuales dos lo han hecho mediante referéndum, España y Luxemburgo, y dos han votado en contra, Francia y Holanda. Siete no se han pronunciado, de los cuales cinco están en principio en contra: Dinamarca, Gran Bretaña, Polonia, República Checa y Suecia, y dos son favorables: Irlanda y Portugal. Parece imponerse la idea de que el mantenimiento a ultranza del actual texto constitucional conduce inevitablemente al bloqueo de la construcción europea. A partir de esta constatación se abre un abanico de posibilidades: reducir el actual texto a sus principios básicos iniciando una renegociación con posibilidad de incorporar otros planteamientos; abandonar la idea de la Constitución Europea para sustituirla por un mini-tratado esencialmente centrado en el funcionamiento de las instituciones; comenzar de cero una nueva negociación como defienden Gran Bretaña y Polonia... En cuanto a la forma de aprobación del futuro texto Merkel se inclina por el abandono de los referendos dando paso a ratificaciones parlamentarias.

Una de las múltiples cuestiones que se suscita en este nuevo proceso es lo que deben hacer los países que ya dieron su consentimiento para la entrada en vigor de la Constitución Europea. Tienen que volver a refrendar un nuevo texto o se da por supuesto que quien aprobó el máximo posible no está obligado a una nueva ratificación de un acuerdo de categoría inferior o disminuido. Nada está claro salvo que parece necesario pactar un nuevo texto para desbloquear la situación.

Es preciso también tener en cuenta que las elecciones presidenciales en Francia el próximo mes de mayo tendrán una indudable repercusión sobre el futuro europeo en el supuesto de que resultara vencedora la izquierda. Los socialistas franceses parecen decididos a una serie de reformas partiendo de la adopción de decisiones por mayoría cualificada o doble mayoría( 55% de los Estados miembros y 65% de la población); plantean, así mismo, dotar a la Unión de un auténtico ministro de Asuntos Exteriores con poderes reforzados; reclaman la armonización del Impuesto de Sociedades y el control político del Banco Central Europeo, temas éstos que desde luego no son menores y que conducirán a serias controversias.

En todo caso, España no puede permanecer ajena a este debate ensimismada en sus asuntos internos como la polémica sobre el terrorismo y los problemas territoriales, cuestiones sin duda de gran trascendencia para nuestro país, que no debieran ser reduccionistas de la discusión sobre proyectos e ideas que requiere el mundo en que vivimos y que plantean los países de nuestro entorno, introduciendo en la controversia política los asuntos que realmente afectan al futuro de nuestras sociedades.

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E ntiendo que la izquierda debe abordar la discusión sobre el estatus actual del Banco Central Europeo. El BCE no debe situarse fuera de la política siendo sólo un instrumento que fija los parámetros monetarios y cambiarios a través de la determinación de los tipos de interés. Es necesario, además, que entre sus objetivos se sitúen también el crecimiento económico y el empleo, así como los problemas que suscita un euro caro frente a un dólar barato, que en siete años se ha devaluado un 60% en relación con el euro. Esta última situación produce ralentización del crecimiento económico, desanima las inversiones, favorece las deslocalizaciones y penaliza las exportaciones europeas.

En otro orden de cosas, por ejemplo, ¿de qué nos sirve imaginar no sé cuántas políticas para abaratar el precio de la vivienda si por una decisión del BCE la subida de los tipos de interés encarece los créditos hipotecarios y, por ende, el precio final de las viviendas que pretendemos abaratar? Entiendo que desde la izquierda es necesario iniciar el debate sobre una institución que goza de plena autonomía y que, al menos, debería estar sometida a una discusión política previa a la adopción de sus decisiones. En democracia todo poder requiere de un contrapoder que en este caso pudiera plantear opiniones sobre la política cambiaria, las necesidades de un crecimiento sostenido más amplio, la creación de empleo y determinadas reivindicaciones sociales, como lo es la mencionada del abaratamiento del precio de la vivienda, para que sean tomadas en cuenta o al menos analizadas por el BCE antes de tomar sus decisiones.