Comando judicial

Se atribuye a Clausewitz, general prusiano del siglo XVIII, una frase de fortuna: "La guerra es la continuación de la política por otros medios". No lo dijo así pero está bien resumido como slogan de circulación rápida. En realidad lo que dijo el gran estratega fue algo más matizado y de implicaciones más ricas: "La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas con otros medios". El Partido Popular no está por la guerra pero suscribe la doctrina del prusiano transfiriendo la contienda política a los tribunales. Mariano Rajoy ataca con todos los medios a su alcance, todos legales pero no todos patrióticos, democráticos en su sentido profundo, ni sensatos.

¿Es inocente el PSOE? Sí, en el peor sentido de la palabra. Ha sido más inocente que malvado. Al pobre Juan Fernando López Aguilar le despidió el grupo popular la víspera de su cese como ministro de Justicia con una filípica por ingerencias. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. En su partido se le tacha de ingenuo por no haber actuado diligentemente en el inicio de la legislatura para adaptar el Consejo General del Poder Judicial a la nueva mayoría parlamentaria como hicieron los anteriores gobiernos, dejando para después un juego de mayorías más cualificadas. Ha proporcionado al PP un arma letal: capacidad para bloquear el relevo justificado por la nueva mayoría de hegemonía socialista que debería haberse reconocido el pasado mes de noviembre. En la Ejecutiva del PSOE circula la frase de un compañero: "Juan Fernando es el único que se cree de verdad lo de la independencia del poder judicial".

El último combate ha sido el de la recusación por el PP de Pablo Pérez Tremp para entender sobre el Estatut. El asunto tendrá consecuencias muy serias tanto en lo doctrinal como en lo político. En el terreno filosófico cabe una cuestión inquietante: ¿Pueden los tribunales que "emanan del pueblo" como reza la Constitución, anular una decisión del pueblo soberano expresada en consulta universal? Descendiendo de la filosofía a la política el resultado de la decisión del alto tribunal podría representar un revolcón a Zapatero que asumió la gestión personal del Estatut y del proceso de paz. Una revisión importante del Estatut provocaría un terremoto en Cataluña que dañará al Gobierno ¿Podría desembocar semejante descalabro en elecciones anticipadas? Esta parece ser la intención de la oposición que las está exigiendo desde que ZP pisó la Moncloa. El nombramiento de Mariano Fernández Bermejo es un síntoma de que Zapatero se ha cabreado. Preveo que el contundente fiscal hostigará al adversario, la derecha judicial, con los mismos escrúpulos que utiliza ésta, o sea ninguno.

Es terrible que la ciudadanía pierda el respeto a los tribunales. La situación ha llegado a tal extremo que quizás sea conveniente cambiar su brazo armado: el CGPJ, mal llamado órgano de gobierno de los jueces. ¡Ojala fuera así! No habría nada que objetar si fuera éste un órgano encargado de la organización interna de la justicia en "materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario", como manda la Constitución y no como ha devenido: un poder fáctico de escasa legitimidad. La división de poderes es la clave de la democracia representativa y, a pesar de todos sus defectos, no se ha encontrado un sistema mejor. Sin embargo los tres poderes, siendo igualmente independientes, no tienen idéntica naturaleza. El fundamental es el Legislativo que emana directamente del pueblo; el Ejecutivo es un derivado de éste. Sin embargo, el Judicial está repartido entre miles de jueces que aplican la ley a los casos concretos. Resulta impropio fabricar un seudogobierno o un parlamento bis.

Se ha propuesto como alternativa la autogestión judicial lo que sería aún peor que su emanación del parlamento pues otorgaría un poder ilegítimo a un estamento corporativo alejándolo aún más del pueblo. La única solución que se me ocurre es que el consejo se limite a regular la actividad judicial puertas adentro como manda la Constitución. Si no es así más valdría suprimirlo. Tampoco sería una buena idea resucitar el recurso previo de inconstitucionalidad que daría al alto tribunal un poder de veto sobre las decisiones del parlamento. Lo que hay que pedir a sus magistrados es que no burlen la exigencia constitucional que prohíbe la pertenencia a partidos políticos.