por Miguel Ángel Aguilar

Causa con preso, es decir, aviso de proceder con máxima atención y prioridad. Ese era el significado de aquellas cintas rojas cosidas al margen izquierdo dé los legajos. Unas cintas que se dejaban ver cayendo para el lado contrario, como si esa nota de vivo color valiera para activar la conciencia y ahuyentar la desidia propia de aquellas oficinas judiciales sólo impulsadas con aceleraciones de diverso signo mediante el incentivo de las astillas de los procuradores. Las cintas rojas fue lo primero que aprendí a distinguir en mis visitas a los juzgados donde los oficiales de confianza de Su Señoría tomaban declaración a los encausados, suplantando sin problemas al magistrado titular al mismo tiempo que proveían con toda desenvoltura conforme a su saber y entender sobre los más diversos asuntos y situaciones.

El ambiente parecía haberse detenido un siglo atrás para ajustarse a las descripciones de Mariano José de Larra. Mobiliario vetusto, máquinas de escribir desvencijadas y estanterías desbordadas donde se apilaban los expedientes conforme a un orden de archivo indescifrable, salvo para quienes lo habían establecido sin más referencia que su libérrimo arbitrio. Las diligencias se iniciaban con una portadilla de papel de más gramaje con el nombre del presunto y un número al que se añadía con la separación correspondiente el año, como se hace contar también en las disposiciones legales. A partir de la primera declaración indagatoria al dossier se iban añadiendo sucesivas piezas que eran cosidas con hilo de bramante y aguja resistente en una operación que sumaba fuerza y destreza admirables para garantizar la unión íntima de materiales de orígenes dispersos.

Así es el recuerdo nítido que mantengo de mis visitas a los juzgados, a partir de aquella primera en la que hube de atender la citación cursada por el titular del número 2 de Orden Público en febrero de 1967. De allí saldría encausado por primera vez como autor de un editorial titulado La protesta no es siempre moralmente condenable, que se había publicado en el diario Madrid a propósito de los disturbios universitarios de aquellos días. Vicisitudes del ejercicio continuado del periodismo me obligaron desde entonces con frecuencia a visitar las sedes judiciales. Mi presencia fue requerida en relación con diligencias y causas varias, incoadas unas veces ante la jurisdicción penal ordinaria y otras ante la jurisdicción militar, felizmente extinguida para los ciudadanos del común tras promulgarse la Constitución de 1978.

Ahora cuentan que todo está informatizado pero se supone que la cinta roja, la que avisa de "Causa con preso" habrá tenido una traducción al nuevo código de archivo electrónico en forma de alerta perceptible y que ese distintivo será patente en el caso de Iñaki de Juana Chaos. Se trata de un etarra que cumplió ya condena por 25 asesinatos. Ahora se encuentra en prisión preventiva por una sentencia de la Audiencia Nacional, que le impuso doce años como autor de dos artículos amenazantes publicados en el diario Gara. Su vida está en peligro por la huelga de hambre que emprendió hace meses. La condena está pendiente de apelación ante el Tribunal Supremo. Cuando fue dictada, en medio de una fuerte presión social y mediática, mereció severas críticas de los juristas más prestigiosos sin diferencia de afinidades políticas o ideológicas.

Consta que la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia se había reunido y que tras la preceptiva deliberación y votación había acordado un auto de libertad bajo fianza. La irregularidad manifiesta consiste en que sólo después de esa decisión se abocó el asunto al Pleno de la Sala de lo Penal y se sustrajo de su instancia natural cuando ya se había pronunciado al respecto. Es así como se deslegitiman los procedimientos que son la madre de la democracia. Qué mal ejemplo hemos dado.