Los terribles efectos de la contaminación política de los jueces

El panorama político marcado por el llamado proceso de paz  y la estrategia crispante del PP está generando algunas consecuencias preocupantes de un calado todavía difícil de valorar en todo su alcance. Me refiero a la indeseable contaminación política de la justicia, que es algo más que un efecto colateral y que podría extender sus efectos nocivos más allá de la dialéctica Gobierno-oposición, pues es difícil imaginar algo más grave que el hecho de que los jueces sufran una desautorización social ante la evidencia de que no son neutrales. Cada episodio judicial se convierte en una encarnizada batalla política con bandos perfectamente definidos que la organización del poder judicial, en un Consejo General que responde, con algún desfase temporal, a las cuotas de los partidos, perfila de forma rápida y contundente como si se tratara de un Parlamento paralelo. Ciertamente, el Consejo General del Poder Judicial no tiene atribuciones jurisdiccionales pero sí un amplio poder para promocionar o castigar jueces o para amparar o desamparar a un magistrado según determinadas pulsaciones políticas. Es una fuerte politización que, al producirse en una dinámica política crispada, no deja lugar para muchos matices.  El Consejo General del Poder Judicial no duda en desamparar a un juez como Garzón al tiempo que cierra filas con el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Consejo General del Poder Judicial no es sólo un gobierno para los jueces, sino que se permite tomar posiciones políticas frente al Parlamento, que es la institución que representa políticamente a los ciudadanos. La batalla se da también en los propios ámbitos jurisdiccionales, como pudo verse en la batalla respecto a la decisión a tomar sobre el siniestro etarra José Ignacio de Juana Chaos. En este caso un tribunal, digamos el normal, había tomado la decisión de conceder una prisión atenuada para el terrorista en razón del deterioro de su salud, y, antes de que los magistrados tuvieran tiempo de redactar el auto, se movilizaron otros jueces en una recogida de firmas que nos recuerda otros tiempos para imponer su propia decisión por medio del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La decisión tomada de mantener al etarra en el hospital y forzar su alimentación me parece justa, como hubiera sido justa recoger la petición del fiscal que aconsejaba la prisión atenuada. Sin embargo estos movimientos de guerrilla en el seno del alto tribunal deja en muchos ciudadanos cierto mal sabor de boca.

El último episodio ha sido la citación por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al lehendakari Ibarretxe. He de adelantar mi respeto a los jueces que tienen que hacer su trabajo en un medio hostil, como también les ocurre a otras personas, entre ellos los periodistas, en una comunidad en la que no están garantizados derechos humanos elementales. Sin embargo, creo que la decisión del alto tribunal, que es en el fondo jurídico discutible, es inoportuna no en términos políticos, sino de puro sentido común. Los jueces deben saber leyes pero también actuar con prudencia y la decisión de este tribunal no ha contribuido a quitar dramatismo a la situación.

Todo ello no quita responsabilidad al lehendakari por convocar una manifestación victimista muy propia de los nacionalistas ni por su empecinamiento en algunas actitudes. Sin embargo, el lehendakari, que obviamente tiene los mismos derechos que los demás ciudadanos y que no está por encima de la ley, tiene la obligación de hacer su trabajo y buscar una solución pacifica a la pesadilla vasca sin olvidar que hay un significativo porcentaje de la población que comulga con las posiciones de la izquierda abertzale. No hay, pues, que condenar en el terreno judicial, sino, en todo caso, en el político que el lehendakari se reuniera con Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena.

La reacción del Consejo General del Poder Judicial ha sido fulminante y unitaria, lo que en este caso expresa un añadido de alto corporativismo a los jueces. Como ha dicho el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el poder judicial hace bien en tomarse en serio su independencia  pero “habrá que esperar un comportamiento permanente del CGPJ velando porque no se siembren dudas o sospechas sobre las acciones de los tribunales de justicia”. El papel de los administradores de la justicia es vital para el Estado de Derecho e incluso para la propia convivencia ciudadana.