María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda

“Por primera vez en democracia se combate la especulaciÓn”

“Lo importante de las competencias no es tenerlas, sino ejercerlas”. María Antonia Trujillo, titular de Vivienda, se defiende de quienes ponen en duda la utilidad de su Ministerio enumerando la batería de medidas que ha sacado adelante desde que llegara al Gobierno; el plan de choque, la Sociedad Pública de Alquiler, el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, el Código Técnico de la Edificación y una nueva Ley del Suelo en tramitación parlamentaria y que, asegura, “es la pieza central en la lucha contra la especulación urbanística” provocada por “el efecto llamada” de la legislación del PP. Dice que, por primera vez, existen políticas públicas de vivienda que tienen su efecto inmediato en el mercado de la vivienda libre; asegura que los 200.000 pisos protegidos iniciados hasta la fecha o la financiación estatal de 50.000 viviendas de alquiler han contribuido a la desaceleración del incremento del precio, que espera se aproxime a la subida del IPC anual. Sobre el canon planteado por algunas comunidades autónomas para gravar los pisos vacíos, considera que son “medidas complementarias” a las del Gobierno, que ha optado por incentivar al propietario.

Por Virginia Miranda

Según los últimos datos del precio de la vivienda, su incremento se va ralentizando progresivamente. ¿A qué se debe?

—Hemos confirmado lo que ya veníamos anunciando trimestre a trimestre; una desaceleración progresiva del precio de la vivienda. Los datos con los que hemos finalizado 2006 reflejan un crecimiento del precio de la vivienda de un 9,1%, lo que supone un 50% menos de lo que crecía cuando llegamos al Gobierno. Evidentemente se debe a las políticas públicas del Ejecutivo: el plan de choque, la Sociedad Pública de Alquiler, el nuevo Plan de Vivienda 2005-2008, el Código Técnico de la Edificación y una nueva ley del suelo que actualmente está en tramitación parlamentaria. Ahora, por primera vez, existen políticas públicas de vivienda que tienen su efecto inmediato en el mercado de la vivienda libre. Porque a más vivienda protegida, menos vivienda libre. Y a más alquiler libre y protegido, menos compra de vivienda libre y protegida. Son dos mercados distintos pero a la vez complementarios.

—La OCDE acaba de decir que el precio de la vivienda en España está sobrevalorado en un 30%. ¿Lo comparte? ¿Qué le parece que recomiende suprimir las ayudas fiscales para la compra de pisos?

—Lo ha dicho la OCDE pero hace poco también lo ha dicho el Banco de España en uno de sus informes. Por otra parte, el Gobierno, en el marco de la política fiscal del Ministerio de Economía, lo que ha hecho ha sido declarar exentos en el IRPF los ingresos que se puedan percibir por alquiler de vivienda a jóvenes entre 18 y 35 años. Es una medida positiva que tiene efectos sobre la política de vivienda. Probablemente tendríamos que ir mucho más allá, pero ha sido un primer paso que han que valorar positivamente.

—Quiere lograr que las tasas de crecimiento se aproxime a la del IPC. ¿Cómo lo va a conseguir?

—Continuando con las políticas públicas. Si viéramos un gráfico de los precios de la vivienda y observamos cómo crecía a principios de 2004 casi a un 19% y cómo va disminuyendo ese crecimiento, comprobamos que trimestre a trimestre, con una bajada que va desde las siete u ocho décimas a un punto o punto y pico, se aproxima mucho más al IPC. Tenemos que conseguir, y esa es la línea de actuación, que el incremento del precio de la vivienda sea similar a la subida del IPC anual. Ahora estamos en el 2,7%, pero hemos tenido un 4%. Vamos a conseguir que las dos cifras se aproximen y que la vivienda no pueda ser tan gravosa para los ciudadanos.

—¿La ley del suelo contribuirá a que disminuya el incremento del precio de la vivienda?

—Nuestra ley del suelo sí, porque la del PP del 98 actualmente vigente, que en su exposición de motivos dice que su objeto es abaratar el precio de la vivienda, ha conseguido el efecto contrario; el precio de la vivienda ha subido desde 1998 a 2004 en un 150% y el del suelo en un 500%. Nuestra ley es distinta; no tiene un efecto llamada a la especulación como la del PP por varias de las medidas que contempla. Por ejemplo, un 25% del suelo de cada desarrollo urbanístico tiene que reservarse a vivienda protegida. Esto es pionero en la normativa estatal. O el hecho de tasar el suelo por lo que realmente vale, no por las expectativas que pueda tener; una huerta hay que valorarla a precio de huerta, no a precio de residencial de lujo. También por las medidas relacionadas con la transparencia y la información de los ciudadanos. Un convenio urbanístico firmado entre un promotor y un alcalde tendrá que someterse a información pública. Deberá haber un resumen ejecutivo de los planes, un seguimiento de los mismos, para aprobar un desarrollo urbanístico habrá que tener en cuenta todos los informes no sólo de costas y de agua, sino también de las infraestructuras. El Gobierno está actuando no sólo con la ley del suelo, que es la pieza central en la lucha contra la especulación urbanística. Estamos trabajando en una acción coordinada y trasversal de todos los ministerios con iniciativas que van desde la ley de prevención del fraude del de Economía, el plan de sostenibilidad de la costa del de Medio Ambiente, las medidas contra la corrupción en el ámbito local desde el de Administraciones Públicas, las fiscalías contra los delitos urbanísticos creadas por este Gobierno, o las unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Es decir, por primera vez en la historia de la democracia se están adoptando medidas para combatir la especulación y luchar contra la corrupción.

—¿Esto es una respuesta a quienes dicen que la ley no va a poner freno a la corrupción urbanística porque ya lo intentaron González y Aznar pero no lo consiguieron porque las competencias del Estado son muy limitadas?

—Eso es falso. Primero porque la legislación socialista del 92 fue declarada inconstitucional por una razón de supletoriedad que otorgó parte de las competencias en urbanismo a las Comunidades Autónomas. Y la ley del suelo del PP fueron declarados inconstitucionales un par de artículos. Por tanto, quien no ha conseguido lo que ahora pretendemos es el PP, cuya ley ha tenido un efecto llamada a la especulación. Además, la nuestra no es una ley urbanística, las competencias de urbanismo corresponden a las Comunidades Autónomas. Nuestra ley es una ley de suelo, donde se regula desde una carta de derechos y deberes del ciudadano, a medidas más exigentes para el control de la legalidad de los desarrollos urbanísticos o nuevos sistemas de valoraciones para devolver las plusvalías a la ciudadanía en forma de equipamientos, infraestructuras, patrimonio público de suelo. Estamos hablando de medidas muy novedosas que tienen consecuencia inmediata sobre los efectos perniciosos y nocivos de la legislación del PP desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Social, porque con el encarecimiento ha hecho que muchas familias no puedan acceder a una vivienda. Económico, porque ha creado un mercado del suelo ineficiente y opaco que ha generado especulación y corrupción. Y ambiental, porque el todo urbanizable ha originado lo que se conoce como un urbanismo en mancha de aceite, es decir, expandido, extendido y disperso, insostenible desde todos los puntos de vista.

—En España hay más de tres millones de pisos sin alquilar. ¿Demasiada tarea para la Sociedad Pública de Alquiler? ¿Qué resultados está obteniendo?

—Uno de nuestros objetivos, dentro de las políticas públicas de vivienda, es fomentar el mercado de alquiler a través de dos instrumentos: El Plan Estatal de Vivienda y la Sociedad Pública de Alquiler. El primero contempla la ayuda de 240 euros mensuales al inquilino, las ayudas a fondo perdido de 6.000 euros para que el propietario pueda adecuar la vivienda y alquilarla durante cinco años, el importante incremento de las viviendas de nueva construcción en alquiler y la rehabilitación de viviendas para ponerlas en el mercado. Esto ha permitido que, en los dos últimos años, el alquiler se haya incrementado en 130.000 viviendas más, de las cuales 50.000 han obtenido una financiación del Estado a través del Plan de Vivienda. El segundo instrumento lleva poco más de un año funcionando y se creó para fomentar y dinamizar el mercado de alquiler. Los objetivos iniciales eran intermediar en el primer año 1.000 viviendas y al final de la legislatura un total de 25.000. Pues bien, según los datos de octubre de 2005 a octubre de 2006, se han intermediado 2.160 viviendas, un 216% más de lo previsto. Pero además, a fecha de hoy, ya se han alquilado 3.000 viviendas. Nuestro objeto no es competir con el sector privado alquilando casas, sino como decía, fomentar y dinamizar el mercado de alquiler. ¿Cómo lo hemos hecho? Por un lado, firmando convenios con el resto de Administraciones públicas. Y por otro, firmando convenios con los agentes privados. Lo cierto es que desde que se crea la Sociedad Pública de Alquiler, las bolsas, agencias y oficinas de alquiler de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos han empezado a ponerse en marcha. Antes en España no había nada de esto. El Gobierno, a través de estos dos instrumentos, ha conseguido incentivar a los propietarios de forma positiva ofreciendo garantías. Sabe que a través de la Sociedad Pública de Alquiler va a percibir su renta mes a mes sin preocuparse. Además, transcurridos cinco años se le devolverá su casa en perfecto estado de uso y mantenimiento. ¿Y el inquilino qué va a tener? Una vivienda con el sello de calidad del Estado con un alquiler del 18 o 20% por debajo del precio de mercado. Pero quiero dejar constancia de que nuestro objeto no es alquilar tres millones de viviendas desocupadas, sino fomentar que las alquilen quienes tienen que hacerlo: el sector privado, las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y el resto de organizaciones. Tener un patrimonio de tres millones de viviendas desocupadas es improductivo para nuestra economía. Ofrecer las debidas garantías permite, además de satisfacer la una demanda social de acceso a una vivienda en alquiler, obtener rentabilidad.

—¿Qué opina de ese canon planteado por algunas Comunidades Autónomas e IU-ICV sobre los pisos vacíos?

—Todas son medidas complementarias. Cada Gobierno, en su ámbito competencial, tiene absoluta libertad para decidir lo que mejor considere de acuerdo con su mercado adoptando medidas previstas en la legislación vigente. Si han optado por medidas de este tipo no tenemos nada que decir. El Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, ha optado por incentivar al propietario.

—¿Pero serán efectivas estas medidas?

—Indudablemente. Cada Gobierno tiene que saber hasta dónde puede llegar en su ámbito competencial. Pero cualquier medida que se adopte en un mercado como el inmobiliario será bienvenida y positiva. El hecho de anunciar una medida como la catalana ha supuesto que el día en que se hizo público, en la Sociedad Pública de Alquiler entraron 300 viviendas de Barcelona para que fuera alquiladas. Están saliendo viviendas en alquiler y cada vez habrá más.

—¿Cuál es su balance de gestión?

—En 2006 se ha batido un récord de vivienda protegida iniciada; se empezaron a construir más de 91.000, frente a las 40.000 de media de los años anteriores. En total, en dos años y medio de Gobierno hemos iniciado 200.000 viviendas protegidas. En lo que llevamos de legislatura, nuestro programa para garantizar el acceso a una vivienda a 720.000 familias se ha cumplido en un 57%; 410.000 se han beneficiado del Plan Estatal de Vivienda accediendo a una casa en propiedad o en alquiler. Otro dato significativo es el del mayor esfuerzo presupuestario en política social de vivienda; hemos pasado de algo más de 3.000 a casi 7.000 millones de euros. El incremento del precio de la vivienda libre, trimestre a trimestre, se está desacelerando de forma progresiva en un aterrizaje suave. Ahora estamos en el 9%, la mejor cifra desde 2000. El alquiler, como también comentaba antes, ha aumentado en 130.000 viviendas, de las cuales 50.000 han obtenido financiación estatal. En España, de 10 viviendas protegidas que se construyen, nueve son financiadas por el Estado. Es cierto que las Comunidades tienen competencias exclusivas en vivienda, pero es que su política de vivienda refleja el plan de financiación estatal. Son cifras muy significativas, son resultados que están ahí, por no hablar de nuevo de la ley del suelo o del Código Técnico de la Edificación, una medida novedosa y revolucionaria en nuestro país que sustituye a la normativa vigente desde hace 30 años. O del sello verde de la eficiencia energética que acabamos de aprobar en el Consejo de Ministros para garantizar la calidad de las edificaciones y por supuesto la seguridad no sólo en viviendas; afecta desde a campos de fútbol hasta a hipermercados. Hemos dado un vuelco a nuestro país en el sector de la edificación para todo esto y, supuesto, para contribuir a la innovación, a la productividad y a la competitividad de las empresas, ya que los avances de la industria de la construcción se podrán ir incorporando al Código Técnico de la Edificación. Lo último ha sido la aprobación en el Consejo de Ministros de la creación del Museo Nacional de Arquitectura y Urbanismo. Adscrito al Ministerio de Vivienda, hace el número 18 de los museos nacionales y su función consiste en fomentar la arquitectura, el urbanismo, la investigación, la recuperación y conservación del rico patrimonio archivístico y documental en un museo con dos sedes expositivas, Salamanca y Barcelona, y un centro de documentación con una red de centros asociados. Además, habría que mencionar las aproximadamente 200 obras de recuperación del patrimonio arquitectónico con una ejecución directa de 400 millones de euros. A veces nos identifican con la vivienda protegida, pero siempre digo que el de Vivienda es el ministerio de las ciudades y por tanto abarca mucho más, desmintiendo todo aquello de que no tiene competencias. Lo importante de las competencias no es tenerlas, sino ejercerlas.

—La reserva del 25% de suelo para vivienda protegida, ¿cómo le ha sentado a Comunidades Autónomas y Ayuntamientos?

—Las Comunidades Autónomas han establecido un porcentaje de suelo para vivienda protegida. Pero no todas ni con carácter estatal. Hay algunas donde actualmente no se reserva nada, por ejemplo la de Baleares, que por cierto es la única Comunidad Autónoma que no tiene legislación urbanística. Por tanto ahora, por primera vez, se establece un porcentaje de suelo para vivienda protegida de cada desarrollo urbanístico. No un porcentaje mínimo, porque lo que establecemos es una horquilla del 25 al 100% que permite en Tribunal Constitucional. Es decir, que si una Comunidad Autónoma quiere dedicar el 100% a vivienda protegida lo puede hacer, pero como mínimo tiene que reservar ese 25%. Hay Comunidades Autónomas que tienen un 50% como Madrid, pero en Madrid no se ejecuta un 50% de vivienda protegida porque no existe la obligación hacerlo. Si reservas ese 50% pero no haces la vivienda protegida, no sirve para nada.

—¿El Código Técnico de Edificación y el certificado de eficiencia energética, al requerir de mejores condiciones en la construcción, no gravarán el precio de los pisos?

—El incremento que pueda suponer por ejemplo la instalación de placas solares se va a amortizar con el ahorro en la factura doméstica que el ciudadano va a ver inmediatamente. Pero es que además supone un ahorro desde el punto de vista medioambiental. Los ciudadanos son los primeros que demandan más calidad de la vivienda y la utilización de las energías renovables por lo que suponen de menos emisiones de CO2 a la atmósfera.

—¿Cuáles son sus perspectivas para esta legislatura? ¿Qué habrá conseguido el Ministerio antes de que concluya?

—La mayoría de las medidas incluidas en nuestro programa de Gobierno están prácticamente cumplidas, aunque siempre pienso que se quedó pequeño y de hecho estamos trabajando en más cosas. De momento, nos queda poner en marcha otras cuatro. Dos de ellas van a iniciar su tramitación en Consejo de Ministros; el documento básico de acústica del Código Técnico de Edificación, es decir, el nivel de decibelios que tienen que soportar las viviendas, y el reglamento de accesibilidad, que formaba parte de la Ley de Dependencia del Ministerio de Trabajo pero que lo vamos a incorporar al Código Técnico de la Edificación. También tenemos en marcha el programa vivienda universitaria. Se trata de 10.000 viviendas en suelo de universidades destinadas sobre todo a los jóvenes. Serán pisos pequeños, de 30 o 45 metros cuadrados para uno o dos estudiantes, que pueden tener servicios comunes. Por otro lado, estamos trabajando en una norma que regule el sector de la intermediación. Se trata de una regulación mínima, que va desde un registro a la exigencia de una póliza o un aval para quien se dedique a la intermediación.

—Lamenta las críticas que recibió al principio de las legislatura. Ahora está embarcada en un proyecto que si sale bien, la ley del suelo, puede acabar con los escándalos urbanísticos. ¿Cree que le puede pasar como al cisne de la fábula?

—Yo trabajo no por el nivel de popularidad, sino por los proyectos que benefician a los ciudadanos y están en función del interés general. No pretendo nada más. Cumplir unos proyectos en los que creo.

—¿Cómo ve en estos momentos al Gobierno? Después del atentando de ETA registra sus peores resultados en intención de voto.

—Una última encuesta de un medio de comunicación daba unos datos completamente contrarios. El Gobierno está dando la vuelta en muchas cosas en este país y tiene en marcha un proceso de paz que desde luego conseguirá los resultados que todos pretendemos.

—¿Qué le queda por hacer en esta legislatura?

—El presidente acaba de anunciar un número importante de leyes que todavía hay que tramitar en lo que queda de legislatura, que son desde leyes medioambientales a leyes relacionadas con la Seguridad Social. Es decir, todavía nos queda mucho por trabajar.

—Usted fue consejera en Extremadura con el candidato a la presidencia de la Junta, Guillermo Fernández Vara. ¿Cree que alcanzará los mismos resultados que Ibarra?

—Guillermo es un buen candidato y creo que de entrada va a igualar los resultados que tenemos en Extremadura. Es un candidato fuerte y además está rodeado de un partido y de mucha gente que cree en el proyecto que se va a llevar a cabo. Desde luego los va a igualar, pero incluso los puede superar.

Los muertos que vos matais... por Enric Sopena