Por José María Benegas

Muchas han sido las elucubraciones sobre el porqué del atentado de Barajas, primera vez que ETA rompe una tregua sin previo aviso. ¿Cuál ha sido la razón? En general, hasta ahora se ha apuntado al desbordamiento interno de los moderados, que buscan un final, por los radicales que se inclinan por perpetuar las siglas apoyándose en la violencia. En la revista Le Nouvelle Observateur leo una interpretación de algún modo nueva e interesante de José María Munoa, delegado para las Relaciones Exteriores del Gobierno vasco: "Para mí, dice, la explicación más probable es que ETA ha tenido miedo. Que ha estado dominada por el vértigo ante la perspectiva de su muerte política. Se han dado cuenta de que desapareciendo como organización clandestina para entrar en el juego democrático –en el que su peso se sitúa entre el 10% y el 15% de los votos– tendrían que renunciar a su radicalidad, al objetivo de un gran País Vasco independiente incluyendo Navarra y el País Vasco-Francés, etcétera". Reflexión interesante que se complementa con la idea de que hay sectores en ETA que son conscientes de la inviabilidad de sus reivindicaciones máximas en el siglo XXI y en la Unión Europea, pero a pesar de ello deciden mantener vivas las siglas (ETA), para así mantener viva la Causa, aunque sea inviable. "Habría que interrogarse –añade Munoa– sobre el papel que han jugado determinados jueces, manifiestamente bajo la influencia del PP multiplicando las acciones judiciales contra los responsables de Batasuna y dirigentes del PSE o PNV por haberse reunido con ellos".

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Parece claro a estas alturas del p conflicto que las soluciones para el drama de Iraq, sólo p'ueden ser políticas, no militares, aunque Bush se empeñe en enviar más tropas americanas a la zona. Dentro de la gama de soluciones políticas que se pueden idear o al menos reflexionar sobre ellas, David Apgar, especialista en la gestión de conflictos de alto riesgo, propone la división de Iraq en dos Estados: uno situado en el Norte que comprendería a los kurdos (cinco millones) y a la casi totalidad de los cinco millones de sunitas con los que cuenta el país. Bagdad quedaría incluido en este Estado englobando a los dos millones de chiítas que viven en la capital o sus alrededores. Controlaría también los campos petrolíferos del norte de Iraq. El otro se situaría en el flanco meridional afectando exclusivamente a la población chiíta, la ciudad de Basora y los principales lugares santos, además de los campos de petróleo del Sur. Tendría acceso pactado al aeropuerto de Bagdad. Esta fórmula de la creación de dos Estados, que no es de aplicación fácil, tendría –concluye David Apgar– una gran ventaja cual es que respondería a las necesidades de las comunidades que coexistieron de modo imperativo bajo el régimen dictatorial de Sadam Hussein y hoy protagonizan, a raíz de la intervención americana, un brutal enfrentamiento, más de 34.000 muertos civiles en 2006, según la ONU. Diríamos que la fórmula se soporta en el principio de que en la solución de los conflictos de esta naturaleza debe primar el interés de los ciudadanos sobre los problemas territoriales. En todo caso la política empieza por el debate de ideas y esta es una sobre la que habría que reflexionar, sin duda no exenta de inconvenientes, pero al menos es novedosa. Lo estremecedor es continuar asistiendo a la tragedia de Iraq sin que nadie formule una propuesta política para detener el conflicto.

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En los últimos meses se ha debatido con intensidad en el seno de la izquierda francesa sobre los pros y los contras de la semana laboral de treinta y cinco horas. Se abre paso la conclusión de que, tal y como se plan-
teó, es una medida que ha beneficiado a los cuadros de las empresas pero en modo alguno a los trabajadores inferiores. Además, la creación de empleo que se suponía como consecuencia de la adopción de esta medida ha sido escasa. Ségoléne Royal está planteando una vía intermedia que se concreta en mantener la posibilidad de las treinta y cinco horas pero aumentando el número posible de horas extraordinarias y su remuneración para los trabajadores que lo deseen.

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La obsesión por la utilización del insulto en política va aumentando en nuestro país. La posibilidad de obtener titulares de prensa mediante exabruptos o tergiversaciones deliberadas toma cuerpo, sobre todo en dirigentes mediocres que suplen su carencia de ideas por epítetos mal sonantes para descalificar al adversario. Uno de los efectos perversos es suscitar polémicas ficticias que sirven como excusa para no abordar los problemas de fondo. De esta manera la política se envilece, los ciudadanos se aburren, y todo se torna oscuro y carente de interés, y navegando en medio de lo que Wittgenstein consideraba "formas insidiosamente disolventes de sinsentido".