España se prepara para hacer frente a las consecuencias del calentamiento global

Lo que llevamos del mes de enero ha comenzado con unas temperaturas muy por encima de la media para estas fechas, a la espera de que comience “de verdad” un invierno que, cada año es un poco menos frío. Las previsiones a escala planetaria sitúan a 2007 como el año más caluroso de la historia (2006 lo fue para España) y, poco a poco, parece que los efectos del calentamiento por la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera se hacen más presentes en nuestra cotidianidad y en un cambio –parece ser que ya, irremisiblemente permanente– de las condiciones climatológicas en todo el Globo. Nuestro país, por su ubicación, será uno de los más afectados por esta nueva situación. Cambios profundos en los ecosistemas, la vegetación, las costas, una severa disminución de los ya de por sí escasos recursos hídricos, son sólo algunas de las múltiples consecuencias que vamos a padecer. Los expertos advierten de que si no tomamos medidas inmediatamente, la situación podría llegar a ser catastrófica en menos de 30 años. España se ha convertido en una de las primeras naciones en poner en marcha un ambicioso Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, cuyas primeras medidas ya han comenzado a aplicarse..

Por Pedro Antonio Navarro

A mediados del mes de enero apenas se puede encontrar rastros de nieve en los sistemas montañosos de nuestro país. 2006 se convirtió en el año más caluroso del que se tiene constancia en la historia de la meteorología nacional, y todo parece indicar que el recién iniciado 2007 continuará por esa misma línea, en una tendencia que no es anecdótica, sino que es la expresión de los primeros síntomas de un cambio en la climatología del Planeta, y en una zona más vulnerable por sus características geográficas y biológicas y por su latitud.

La emisión a la atmósfera de gases de efecto invernadero a escala planetaria ha ido provocando un paulatino calentamiento de La Tierra que, según la comunidad científica y el panel de expertos auspiciados por Naciones Unidas ha alcanzado ya un punto de no retorno. Estos mismos científicos consideran que el límite que nos permitiría adaptarnos razonablemente a la nueva situación estaría establecido en un aumento de la temperatura media del Globo de hasta dos grados centígrados. Por encima de ese escenario, las consecuencias se vaticinan imprevisibles y catastróficas, aunque se insiste en que si reaccionamos en el plazo de pocos años, aún estamos a tiempo de evitar esa situación. Pero es necesario que las decisiones se tomen casi inmediatamente, y el cambio que se requiere en el modelo de producción es drástico y costoso (aunque mucho menos costoso económicamente que las consecuencias de la pasividad, como demuestra el Informe Stern, del que hablamos un poco más adelante).

En España el problema se apreciará con más intensidad que como les sucederá a nuestros vecinos europeos. La latitud en que se encuentra la Península Ibérica, una tradicional escasez de recursos hídricos, una mayor fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas que se encuentran en nuestro territorio y más de 5.000 kilómetros de costas hacen de este país un firme candidato a recibir con mayor intensidad el impacto del calentamiento global.

En cuanto a la biodiversidad, se van a producir innumerables cambios. Parte de los ecosistemas acuáticos continentales pasarán de ser permanentes a estacionales. Algunos desaparecerán. Los ciclos bioquímicos se verán alterados. Quedarán muy afectados los denominados ambientes endorreicos, tales como las zonas húmedas de La Mancha, lagos, ríos y arroyos de montaña, los humedales de las costas y ambientes dependientes de las aguas subterráneas. En Doñana disminuirá la biodiversidad.

En lo que respecta a los ecosistemas terrestres, se verán alteradas las interacciones entre las especies, algunas desaparecerán. El norte de la Península sufrirá una “mediterraneización” y el sur verá crecer la expansión de las zonas áridas. Habrá una simplificación estructural de la vegetación, disminución de la diversidad florística y profundos cambios en bosques y humedales. Detectaremos cambios en los hábitos animales, en sus ciclos de actividad, en las migraciones y una distribución de las especies más hacia el norte. Tendremos menos especies de peces en las aguas frías y aumentará la presencia de especies invasoras, al igual que una mayor actividad de los parásitos.

Otro elemento de importancia vital, que obligará a una adaptación necesaria y a inevitables cambios en nuestros hábitos lo constituye la prevista pérdida de recursos hídricos, tanto por la disminución de precipitaciones y cambios en el régimen pluviométrico, como por una mayor demanda de agua de la agricultura de regadío. Resultará especialmente grave en las zonas semiáridas, donde la disminución de la aportación podría llegar al 50 por ciento sobre los recursos actuales. En el Ministerio de Medio Ambiente han trabajado sobre modelos y simulaciones que establecen que en 2030, con la hipótesis de 1ºC de aumento de temperatura, la disminución media de las aportaciones hídricas anuales se establecería entre un 5 y un 14 por ciento. Con otro modelo que parte de un aumento de 2,5ºC, en 2060 la reducción de la disponibilidad de agua podría llegar al 17 por ciento y ascender al 22 por ciento a finales del presente siglo.

Más imprevisible resulta el efecto sobre la agricultura. El componente negativo de un incremento de temperatura y una disminución de las precipitaciones, podría verse compensado por las mayores tasas fotosintéticas que provoca el incremento de CO2 en la atmósfera. También la benignidad de los inviernos permitiría una mayor productividad en esa época del año. Pero también parece claro que se incrementará la demanda de agua, especialmente en sur y sureste de la Península. También es posible que aumentasen las plagas ante la ausencia de heladas en invierno, que constituyen una forma de control natural de las mismas.

Las costas y zonas adyacentes van ser unas de las zonas más afectadas, especialmente por dos factores, una probable mayor frecuencia e intensidad de las tormentas y un previsible ascenso del nivel del mar. En este último aspecto, las áreas más vulnerables se ubican en los deltas y en la playas confinadas. En zonas de acantilados la incidencia será mínima. Partiendo de un modelo de proyección de un ascenso del nivel del mar de 0,50 metros, en el Ministerio de Medio Ambiente calculan que, por ejemplo, en el Cantábrico Oriental podría suponer la desaparición del 40 por ciento de las playas, a menos que se alimentase con arena a estas playas. Del mismo modo, si no se sedimentase, podría significar la desaparición del 50 por ciento del delta del Ebro. Las zonas más amenazadas en el Mediterráneo, además del mencionado delta, serían la Manga del Mar Menor, las lagunas del Cabo de Gata y el Golfo de Cádiz.

El cambio climático empeoraría la tendencia a la desertificación que ya existe en determinadas áreas. La incidencia de los incendios forestales y la pérdida de fertilidad de los suelos podría agravarse. Los estudios demuestran que por cada grado centígrado de aumento en la temperatura media, la pérdida de carbono orgánico en el suelo podría llegar al siete por ciento.

La pesca será otro de los sectores económicos perjudicados notablemente por los efectos del calentamiento. La productividad de las aguas litorales españolas disminuirá considerablemente. Se producirán cambios en las redes tróficas marinas. Habrá un cambio de distribución, con aumento de especies de aguas templadas y subtropicales y disminución de las boreales. Se incrementará el desarrollo de fitoplancton tóxico y de parásitos.

En cuanto a la salud humana, se experimentarán cambios que afectarán también a la adaptación de la estructura sanitaria. Se espera un incremento de la mortalidad relacionada con la temperatura, así como de enfermedades ocasionadas o agravadas por la contaminación atmosférica –especialmente, las respiratorias-, o las transmitidas a través de los alimentos y el agua. También se darán más casos de patologías transmitidas por vectores infecciosos y por roedores. El aumento de temperatura desplazará hacia esta latitud a parásitos y mosquitos que ocasionan enfermedades ahora consideradas tropicales, como el dengue, la fiebre amarilla o la malaria.

La menor disponibilidad de recursos hídricos también va a suponer una necesidad de disminuir la producción de energía eléctrica por este medio y sustituirla por otras alternativas. Está previsto un aumento de la demanda de petróleo y gas natural y una disminución en la producida mediante biomasa –aunque su porcentaje actual es muy pequeño-. La producción de energía solar podría verse beneficiada, al igual que la energía eólica debido al incremento de periodos de viento fuerte.

Ante este panorama un tanto desesperanzador, los mensajes de la comunidad científica pretenden evitar que los ciudadanos caigan en el desánimo y en el derrotismo. Un cierto cambio ya es inevitable, pero la catástrofe es perfectamente evitable, pero hay que actuar con determinación, con medidas de gran alcance, a nivel global, y con celeridad. En España estamos lejos de cumplir con los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, pero el Gobierno se ha propuesto corregir esa situación. El Ministerio de Medio Ambiente elaboraba dos importantes documentos el pasado año. Por una lado, las conclusiones de la Evaluación Preliminar de los Impactos en España del Cambio Climático, en el que se aventuran modelos para comprender la magnitud que el fenómeno va a tener sobre todos los aspectos de nuestra realidad. Por otro lado, y convirtiéndose así en una de las primerísimas naciones en poner en marcha este mandato de Naciones Unidas, ha elaborado el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, en el que se incorporan una gran cantidad de medidas, tanto de alcance general, como de incidencia sobre aspectos puntuales, con las que se pretende actuar con prontitud en los primeros estadios de las consecuencias de este calentamiento del planeta en nuestra geografía.

El cambio climático –grabaciones desleales aparte- ocupó buena parte de lo tratado en la recientemente celebrada Conferencia de Presidentes. De hecho, uno de los acuerdos fue que ése será el asunto fundamental de la próxima conferencia.

Pese a que el nivel de incumplimiento de emisiones por parte de España es notable, se tiene hasta 2012 para adecuarse al compromiso internacional. En Medio Ambiente hacen especial hincapié en concienciar a los consumidores y ciudadanos de su responsabilidad en el cambio de modelo. El inventario nacional de todas las emisiones producidas en España delimita que 1.200 instalaciones industriales son las responsables de la mitad de todas las emisiones, mientras que el otro 50 por ciento es atribuido a lo que se denomina “sectores difusos”, es decir, el transporte, los hogares y los comercios. Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, asegura que “la parte fácil de controlar son esas 1.200 instalaciones industriales, que tienen un régimen legal que limita sus emisiones, y que si superan ciertos niveles, tienen que pagar. La industria tiene penalizada la emisión de gases de efecto invernadero. Lo que está descontrolado en España es el transporte. Desde 1990 ha incrementado sus emisiones en un 80 por ciento, mientras que la industria no llega al 40”. Porque si 1.200 instalaciones son responsables de la mitad de las emisiones, la otra mitad depende de “millones de coches, de viviendas”, en palabras de Gonzalo Aizpiri. Y continúa con esa apelación al ciudadano: “aislar tu casa supone un desembolso, pero un desembolso que vas a recuperar en pocos años por ahorro energético, por reducción de la factura de gas, electricidad o gasóleo. No es un gasto, es una inversión”. Por eso se trata de promover políticas de ahorro y eficiencia energética. Si el Gobierno ha calculado que los costes exteriores para la aplicación de los compromisos españoles en el Protocolo de Kioto se situarán entre 2.000 y 3.000 millones de euros, esa cantidad palidece ante los 10.000 millones anuales que las arcas del Estado pagan en concepto de la subida de los precios del petróleo desde 2002.

Políticas de eficiencia y ahorro parecen necesarias para conseguir disminuir nuestras emisiones contaminantes, pero también muy convenientes para un país con una dependencia energética del exterior del 85 por ciento. Apenas utilizamos bombillas de bajo consumo o electrodomésticos de alta eficiencia. Por eso, como comenta Arturo Gonzalo Aizpiri, “España emite mucho CO2 desde el sector eléctrico si aumenta el consumo, la demanda del consumidor. Y eso depende de ti y de mí”.

‘INFORME STERN’: CAMBIO CLIMÁTICO CONTRA LA ECONOMÍA

El pasado año 2006 se hacía público el más completo estudio sobre las consecuencias económicas, a escala planetaria, del cambio climático que se nos viene encima. Elaborado por el prestigioso economista Nicholas Stern, principal asesor en esta materia del primer ministro británico, Anthony Blair, y por encargo del propio Gobierno de Reino Unido, el ya conocido mundialmente como “Informe Stern”, establece una serie de minuciosas y demoledoras conclusiones a lo largo de sus más de 700 páginas.

Combinando diversas técnicas científicas y económicas, también sobre evaluación de costes y riesgos, se demuestra que el cambio climático va a incidir de manera determinante sobre una serie de elementos básicos de la vida humana en la práctica totalidad del planeta, como el acceso al suministro de agua, la producción de alimentos, la salud y todo lo relacionado con el medio ambiente, aunque con una mayor intensidad en muchos de los países en vías de desarrollo, naciones que, como demuestra el exhaustivo trabajo, no son precisamente las principales responsables de las masivas emisiones de gases de efecto invernadero, principal causante del calentamiento del planeta.

Stern, empleando resultados de modelos económicos formales, ha demostrado que los costes del cambio climático para la economía mundial, en caso de no producirse una inmediata rectificación del actual modelo productivo, serían equivalentes a la pérdida de un mínimo del 5 por ciento del Producto Interior Bruto mundial anual, aunque sus proyecciones estiman que esta pérdida podría alcanzar el 20 por ciento en poco tiempo. La magnitud de este desastre sólo es comparable a las consecuencias que tuvo la conocida como Gran Depresión de los años 30 o el impacto económico de las dos guerras mundiales.

La comunidad científica está plenamente de acuerdo en que los niveles de contaminación actuales ya han provocado una primera fase de ese cambio climático, que se considera irreversible. Sin embargo, sus consecuencias se consideran “manejables” aún. El informe Stern alerta de que la inversión que se realice en la transformación del modelo productivo en los próximos 10 a 20 años tendrá un profundo impacto sobre el clima para lo que quede de siglo y para el próximo. Los estudios económicos detallados apuntan a que la inversión necesaria para detener el proceso de deterioro estaría en torno al uno por ciento anual del PIB mundial, una cifra elevada, pero muy discreta en comparación con esa pérdida cada ejercicio de entre el cinco y el 20 por ciento de ese mismo PIB mundial.

Stern y sus colaboradores dejan claro que urge la adopción de medidas firmes por parte de toda la comunidad internacional. Tal y como está evolucionando el incremento de emisiones en estos momentos, la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero podría alcanzar el doble de su nivel preindustrial en el año 2035, lo que, automáticamente provocará un incremento de la temperatura media de La Tierra de más de dos grados centígrados. Con esa misma tendencia, en un plazo más largo, la temperatura podría elevarse hasta más de cinco grados, con consecuencias auténticamente catastróficas e imprevisibles, ya que sería equivalente al cambio de la temperatura media del planeta experimentado desde la última glaciación hasta la actualidad.

El informe advierte de que ya no es posible evitar el cambio climático que va a producirse en las próximos 20 ó 30 años, aunque podría mantenerse dentro de unos límites “aceptables” si se consigue estabilizar el nivel de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un ratio de entre 450 y 550 partículas por millón (ppm) de equivalente de CO2. En la actualidad, el nivel alcanzado se sitúa en 430 ppm de CO2, con un aumento anual por encima de 2 ppm. Para conseguir el objetivo fijado por Stern en 2050, sería necesaria una reducción del 25 por ciento, al menos, de los niveles actuales de emisión. Incluso, finalmente, la estabilización de la situación a cualquier nivel hará necesaria una reducción del 80 por ciento del nivel actual. Si las medidas comenzasen a aplicarse inmediatamente, el coste para conseguir la estabilización de la contaminación entre las 500 y las 550 ppm de CO2 equivaldría al uno por ciento anual del PIB mundial. Mucho más caro resultaría tratar de conseguir una estabilización en 450 ppm de CO2, pero si la adopción urgente de medidas a escala planetaria se retrasase, se podría llegar a un punto de no retorno en el que ya resultase imposible conseguir la estabilización propuesta de entre 500 y 550 ppm de CO2.

El informe que, sobre todo hace hincapié en las consecuencias económicas del cambio climático y analiza la distribución de los costes. Aunque los países ricos lograsen reducir sus emisiones entre un 60 y un 80 por ciento para 2050, también sería necesario que los países en vías de desarrollo adoptasen medidas de impacto, aunque el informe advierte de que resultaría casi imposible para estas economías asumir por sí mismas los altos costes de esta transformación, por lo que la solidaridad internacional se hace imprescindible. De un modo modesto, los actuales mercados de carbono en los países ricos proporcionan financiación para investigación sobre desarrollo bajo en carbono, a través del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). El informe propone que esos fondos sean dedicados a las medidas de transformación que hay que acometer, y que, principalmente se destinen a los países en vías de desarrollo para ese fin.

Desde esa perspectiva económica, el estudio no sólo ha calculado los costes de la “pasividad”, comparándolos con los de la transformación necesaria del modelo productivo global. También contempla el desarrollo de un nuevo sector nacido de esta transformación y de la creación de millones de nuevos puestos de trabajo ligados a estas actividades. En un momento de su argumentación, Stern afirma: “El mundo no tiene por qué elegir entre evitar el cambio climático y promover el crecimiento y el desarrollo”.

Para el equipo de economistas que han elaborado el estudio, el cambio climático ha constituido el mayor fracaso del mercado en toda la historia.

Entre sus conclusiones consideran que la respuesta al reto del cambio climático ha de ser internacional, desde una comprensión compartida de objetivos y un acuerdo sobre los marcos para una acción concertada que, a criterio de los investigadores ha de estar basada entre elementos fundamentales: el precio del carbono establecido mediante impuesto, reglamentación o mercado; una política de I+D+I que preste apoyo decidido e inversión para la aplicación de nuevas tecnologías bajas en carbono, y medidas tendentes a la eliminación de trabas a la eficiencia energética, junto con una política de información, difusión y concienciación sobre la actuación ciudadana e individual frente al cambio climático.

A un problema universal hay que ofrecer una respuesta global y coordinada. Por eso el informe plantea cuatro grandes líneas de cooperación internacional. En primer lugar, la promoción del canje de emisiones, es decir, la posibilidad de comerciar entre naciones por cupos de emisiones para adquirir derechos de terceros que, a cambio del precio, cederían parte de su cuota de emisión. Como segundo gran campo, se propone el establecimiento de canales estables y permanentes de cooperación tecnológica. Según sus cálculos, para conseguir los objetivos de transformación del modelo productivo, la inversión mundial en I+D debería duplicarse en los años inmediatos, mientras que se hace necesaria una financiación que quintuplique la actual en nuevas tecnologías bajas en carbono.

En tercer lugar propone medidas internacionales para reducir la despoblación forestal, y por último, el desarrollo coordinado de las políticas de adaptación alas nuevas circunstancias climatológicas, teniendo en cuenta las diferencias económicas, por lo que el cambio climático y las políticas para hacerle frente deberían quedar integradas en las agendas de cooperación de los países ricos e incorporarlas a sus políticas de cooperación al desarrollo.

Arturo Gonzalo Aizpiri, secretario general para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático

“España está lejos de cumplir los objetivos de Kioto”

—Las previsiones para 2007 apuntan a que será un año aún más cálido que 2006.

—2006 ha sido el más caluroso en España. A nivel mundial ha sido uno de los más calurosos, pero no el que más. La previsión para 2007 como año más caluroso es para todo el planeta. Eso no quiere decir que, necesariamente vaya a ser el año más caluroso en España. Enero ha empezado siendo más cálido que la media, y todo hace pensar que será un año cálido.

—El cambio climático ya es imparable y, al parecer, alguno de sus efectos ya es irreversible.

—En primer lugar, no existe ya controversia sobre la realidad del cambio climático. No hay ninguna opinión informada y desinteresada que ponga en duda el fenómeno. Hay que subrayar esto porque ha habido casos de opiniones discrepantes que, claramente, eran interesadas. Pero en la comunidad científica no existe ya esa duda; está el panel internacional de expertos que coordina Naciones Unidas, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático que, regularmente, elabora un informe de situación que es aceptado unánimemente. Participan casi 4.000 expertos de todo el mundo. El Cuarto Informe de Evaluación se va a aprobar este año, precisamente en España, en Valencia, el mes de noviembre. Existe un cierto efecto invernadero natural producido por vapor de agua y otros fenómenos naturales que, de hecho, contribuye a que el planeta sea habitable, porque de lo contrario, tendríamos una temperatura excesivamente fría. Eso es un hecho, pero otro hecho es que sobre ese efecto invernadero natural se está añadiendo un efecto invernadero causado por el hombre, antropogénico, que es el que está alterando los patrones de clima del planeta en el espacio de unas pocas décadas, y que puede alterar gravemente las condiciones de habitabilidad de La Tierra. Un cierto cambio climático es ya inevitable, porque los gases que estamos emitiendo tienen un largo tiempo de residencia en la atmósfera. Pero estamos a tiempo de que ese cambio climático inevitable se mantenga dentro de unos límites que lo hagan más o menos manejable. Los científicos dicen que hay un punto a partir del que, el aumento de temperatura puede producir efectos no lineales, es decir, que se pierde la correspondencia entre la causa y el efecto. Los científicos nos dicen que a partir de un incremento de dos grados centígrados, los efectos del cambio climático pueden hacerse imprevisibles y catastróficos. Nos señalan que para evitar un incremento superior a dos grados, tenemos que reducir de forma rápida y drástica nuestras emisiones.

—Pero España está muy lejos de cumplir sus compromisos en esta materia tras su firma del Protocolo de Kioto.

—España está muy alejada de su objetivo en el Protocolo de Kioto –que sólo marca objetivos hasta 2012, y sólo es un primer paso muy tímido con respecto al esfuerzo que tenemos que hacer en el futuro-. Más allá de 2012, la comunidad internacional tiene que establecer objetivos mucho más ambiciosos. El compromiso español es el de no incrementar nuestras emisiones en más de un 15 por ciento en 1990 hasta el promedio anual de 2012, y en diciembre de 2004 –que es el último inventario oficial-, el incremento de emisiones alcanzaba ya el 47 por ciento (tres veces por encima del compromiso adquirido). Hay dos comentarios que hacer. Primero, eso no significa que España sea el país más contaminante del mundo; de hecho, nuestras emisiones per cápita siguen siendo ligeramente inferiores a la media comunitaria, lo que plantea dudas sobre la equidad del compromiso que asumió nuestro país en su momento. Esas dudas no significan en absoluto que se ponga en cuestión la obligación de España de cumplir. El Gobierno ha dejado claro que España va a cumplir con el Protocolo. Pero también es cierto que para asignar nuevos esfuerzos más allá de 2012, es necesario un mayor componente de equidad.

—Pero parece muy difícil poder lograr una reducción global, teniendo en cuenta que el país más contaminante, Estados Unidos, no ha suscrito el Protocolo de Kioto.

—Pero en EEUU están cambiando muchas cosas. En primer lugar, hay un buen número de estado y un alto número de municipios que están asumiendo unilateralmente compromisos en línea con el Protocolo de Kioto. Por ejemplo, California ha aprobado recientemente una normativa que obliga a reducir las emisiones. Varios estados de la Costa Este van a poner en marcha un sistema de comercio de emisiones a imagen y semejanza del sistema europeo. Ha habido recientemente un cambio de mayoría política en Estados Unidos. Los presidentes demócratas de varias comisiones parlamentarias clave, como la de Energía, han anunciado una normativa federal que obligue a reducir emisiones. Aunque EEUU no ha ratificado el Protocolo, existe una creciente disposición de la sociedad norteamericana y de sus instituciones para comprometerse en la lucha multilateral contra el cambio climático. La sociedad norteamericana pide crecientemente la participación de su país en los esfuerzos multilaterales contra el cambio climático. La película de Al Gore es todo un acontecimiento en ese sentido y está produciendo una conmoción social.

—¿Cuáles son los procedimientos para reducir las emisiones? ¿La resistencia una reconversión necesaria del modelo productivo es por causas económicas?

—La resistencia es económica y cultural. A veces uno lee que por qué no se da mayor apoyo a las energías renovables. Bueno, parece que la sociedad española está dispuesta a aceptar aumentos en las tarifas eléctricas no ilimitados, y hoy, promover las energías renovables significa dedicar recursos a su financiación. ¿Hay dificultades económicas? De todo tipo. Los recursos salen de otras políticas públicas o del bolsillo de los consumidores, y eso tiene un límite. Obviamente, este Gobierno apuesta por aumentar sustancialmente las energías renovables, pero hay límites económicos y también de tipo técnico. Es fácil de entender que si hoy España tiene 12.000 megawatios de energía eólica, en algunos momentos, el parque eólico ha llegado a producir el 30 por ciento de la electricidad consumida, pero si al día siguiente no hace viento, produce cero. Y hay que tener una potencia alternativa garantizada. No es poner trabas, intento que los ciudadanos entiendan que el sistema eléctrico es una combinación de opciones, que en su conjunto, tienen que asegurar el suministro, y que una sola energía renovable no puede atender todas nuestras necesidades energéticas. El reto es avanzar todo lo rápido que se pueda dentro de esas limitaciones. También hay una resistencia cultural. En España se derrocha energía; somos el país de Europa donde más se coge el coche para trayectos de menos de tres kilómetros. Aún tenemos un cierto síndrome de nuevos ricos, donde el coche es un icono del bienestar. Es muy baja la implantación de bombillas de bajo consumo o de electrodomésticos de alta eficiencia. Estamos acostumbrados a que los comercios tengan las puertas abiertas, climatizados a 22 grados, cuando fuera estamos a tres.

—¿Cuánto va a afectar a España el cambio climático?

—Todo señala que España va a ser una de las zonas donde el cambio climático se va a dejar sentir con mayor intensidad, y de hecho, hasta el presente así es. En el último siglo, el incremento de temperatura media del planeta es de 0,7 grados, en Europa, de 0,95, y en España, de 1,5 grados. Tenemos otros aspectos de vulnerabilidad. Hoy ya hay una situación de escasez de agua en muchas zonas y en muchos momentos. Eso se va a intensificar. Nuestras proyecciones son que la disponibilidad de recursos hídricos se puede reducir en más de un 20 por ciento. Va a llover menos, de forma más irregular, y como la temperatura será más alta, habrá más evaporación. Nos tendremos que adaptar. Tenemos ecosistemas fronterizos; buena parte del sureste peninsular tiene un clima ya árido que, con un pequeño empujón, puede convertirse en desértico. Tenemos un litoral de miles de kilómetros que es una parte fundamental de la economía nacional a través del turismo. Un incremento de temperatura puede alterar los patrones turísticos en Europa, porque las temperaturas sean excesivamente altas en verano. Tenemos un sector de deportes de nieve con mayor fragilidad que otros, porque las cotas de nuestras montañas son más bajas. Este año no hay nieve en ningún sitio.

—¿Existen medidas que puedan ya irse adoptando para prevenir estos efectos?

—La adaptación es clave. No sólo hay que combatir las causas del fenómeno, sino que tenemos que adaptarnos a un cambio climático de cierta magnitud que, en todo caso, se va a producir. El Gobierno ha puesto en marcha el Plan Nacional de Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación al Cambio Climático, que es una obligación del Convenio de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Somos uno de los primeros países del mundo que lo adopta. Lo aprobó la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, que es el órgano paritario entre el Estado y las comunidades autónomas para esta cuestión, y el Consejo Nacional del Clima –un órgano de participación, con asociaciones ecologistas y sindicatos-, en el mes de julio de 2006. El plan de adaptación toca todos los aspectos de nuestra vida económica, y casi todos los sistemas ecológicos que hay en España. El Plan abordará a lo largo de este año y siguientes el impacto del cambio climático en el turismo, en la agricultura, la energía,  los transportes y qué estrategias de adaptación debemos poner en marcha. Un ejemplo, si la subida del nivel del mar va a producir la inundación total o parcial de zonas bajas costeras, el planeamiento urbanístico tendrá que evitar ocupar esas zonas. Otro ejemplo, si en 2005 hemos sufrido por primera vez fenómenos tropicales en España, como la tormenta Delta en Canarias, pues hemos creado en el Instituto Nacional de Meteorología una unidad de meteorología tropical, porque, hasta ahora no conocíamos esos fenómenos. La adaptación tenemos que hacerla entre todos. El sector vitivinícola está muy interesado en trabajar con nosotros para adaptarse, porque probablemente va a cambiar el calendario de las vendimias, o porque habrá que utilizar otras variedades de uva más resistentes a la temperatura o a la sequía. En la pasada Conferencia de Presidentes, se ha llegado al acuerdo de poner en marcha un programa coordinado entre el Estado y las comunidades autónomas para predecir con mayor precisión cuál va a ser el impacto del cambio climático, y elaborar estrategias de adaptación en tres sectores prioritarios: agricultura, salud y turismo.