Zapatero busca recuperar la iniciativa política con 40 nuevas leyes

El brutal atentado del pasado 30 de diciembre ha acabado de modo taxativo con las esperanzas gubernamentales puestas en uno de sus grandes ejes estratégicos de actuación. Con la perspectiva inmediata de las elecciones municipales y autonómicas, el Ejecutivo afronta el tramo final de una legislatura muy agitada con la intención de recuperar la iniciativa política a través de propuestas de alto contenido social y de inmediata percepción ciudadana. El presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, ha manifestado que restan otras 40 leyes para completar su programa electoral de 2004. Hasta el momento se han abordado importantes reformas, tanto en el ámbito administrativo-territorial (los nuevos estatutos de autonomía), como en el terreno económico (reforma del Impuesto sobre la Renta), o en el social (Ley de Igualdad, Ley contra la Violencia de Género, Ley de Dependencia o reforma de la Ley Orgánica de Educación, entre otras). Muchas iniciativas que remiten al carácter profundamente reformista de esta Administración, aunque no faltan voces –especialmente la de Izquierda Unida– que reprochan incumplimientos y desviaciones de objetivos. Por lo pronto, el presidente del Gabinete ha pedido un esfuerzo a sus ministros para aprovechar el año largo que queda y proponer medidas “de impacto”.

Por P. A. N.

A finales del pasado 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, instaba a los ministros del Gobierno a preparar una batería de medidas legislativas con la finalidad de recuperar la iniciativa política en unos momentos en los que la atención de la opinión pública, y también todo el peso del debate político se habían centrado en el proceso de paz y normalización política en el País Vasco –aún no se había producido el gravísimo atentado del 30 de diciembre–.
Iniciativas de profundo calado, como la Ley de Igualdad o la Ley de Dependencia –que Rodríguez Zapatero ha calificado como “un alcance histórico para nuestro país”, similar a lo que en su momento supuso “la gratuidad de la educación o la extensión de la sanidad pública” porque promueve “un sistema que no va a permitir que ninguna persona mayor tenga una ausencia de atención”- no han conseguido concitar al atención de la ciudadanía, focalizada durante toda la legislatura en el debate territorial, especialmente en la dura y polémica tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, y más recientemente, en las expectativas (ya, lamentablemente liquidadas de la peor manera) acerca de la desaparición de la violencia terrorista mediante el proceso negociador con ETA abierto por el Gobierno con la autorización del Parlamento. De hecho, según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la Ley de Dependencia no es conocida por el 64 por ciento de la población.
Aparte de los impulsos iniciales, que cabría calificar como espectaculares, mediante la decisión de la inmediata retirada de las tropas españolas de Iraq, la reforma del Código Civil –ampliando el derecho del matrimonio a parejas del mismo sexo, incluida la adopción-, o la Ley contra la Violencia de Género, el resto de iniciativas legislativas han ido pasando cada vez más desapercibidas y la imagen del Gobierno, en su conjunto, ha ido decayendo, según han venido mostrando los sucesivos estudios demoscópicos. Así, hasta llegar a la última encuesta conocida del CIS, de noviembre de 2006, en la que las distancias en intención de voto entre el gobernante PSOE y el Partido Popular alcanzaban su menor diferencia desde el triunfo electoral socialista en marzo de 2004; sólo un 1,4 por ciento.
Por ello saltaban las alarmas en La Moncloa y se hacía una llamada general a la movilización institucional, conscientes de que uno de los graves problemas no radica en una “inactividad” política que, honestamente, no se corresponde con la realidad, sino en una deficiente planificación de la difusión, en una cuestión de “marketing”. Por eso el empeño en que en el último año de legislatura, las propuestas estén centradas en asuntos sociales y de inmediata aplicación y, por tanto, percepción en la sociedad.
Esa decidida orientación social y económica que se pretende dar a la acción de gobierno en la recta final de este periodo de mandato se centrará en tres grandes ejes: la investigación y desarrollo, el medio ambiente y la modernización administrativa. El Gabinete de la Presidencia, que es el que va a coordinar las acciones propuestas desde los ministerios, envió a éstos unos cuestionarios en los que se solicita un balance de los realizado hasta el momento y una evaluación de esta labor en comparación con lo planificado para toda la legislatura y con los contenidos del programa electoral. Deben plantear; además; las iniciativas concretas de cada departamento:

Batería de iniciativas
Varias son las acciones ya adelantadas por el partido gubernamental. En cartera está una ley que regulará la tramitación de las adopciones en países extranjeros por parte de ciudadanos españoles. Se reformará la regulación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social; se redactará el Estatuto del profesorado no universitario y se pondrá en marcha la Ley para la Prevención del Consumo de Bebidas Alcohólicas, con especial atención a los menores, por citar algunos ejemplos.
Lo que el presidente del Gobierno ha denominado la “economía del conocimiento” pasará a ser otra de las prioridades legislativas del año que ahora empieza. Hasta el momento se ha incrementado en un 30 por ciento aproximadamente –vía Presupuestos Generales- el gasto destinado a I+D+i, aunque se esperan nuevas propuestas para aumentar ostensiblemente estas partidas.
En cuanto a las políticas medioambientales, se prepara una batería de leyes que abarcarán diversos aspectos. Desde una nueva Ley de Aguas, hasta normas referentes a la calidad del aire, desarrollo sostenible del medio rural, responsabilidad medioambiental o legislación que atañe a la defensa del patrimonio natural y a la biodiversidad.
La modernización de la Administración y un “aligeramiento” considerable de la burocracia y los engorrosos trámites que ha de padecer la mayor parte de la población constituirá otro de los focos de atención prioritaria en la labor de gobierno. Además, se considera que esta clase de medidas sí tienen un impacto real y muy cercano a los ciudadanos. Ya, desde el primer día de este año no será necesaria la presentación de fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) para la realización de cualquier tipo de gestión ante la Administración central. En idéntica fecha del próximo 2008 está prevista la eliminación de más de 20 millones de documentos en papel que, por el momento siguen siendo requeridos para la realización de diversas gestiones ante las oficinas públicas. También en 2008 se extenderá el uso del DNI electrónico. Para entonces, más de tres millones de compatriotas dispondrán de este formato identificativo. También se verán reducidos considerablemente los tiempos de la respuesta administrativa ante solicitudes y trámites de muy diversa índole.
En lo relativo a seguridad y fuerzas del orden, durante el tiempo restante de la legislatura se aprobará la incorporación de otros 9.000 policías y guardias civiles, que se sumarán a los otros 5.000 que ya han engrosado ambas instituciones desde la primavera de 2004. El Gobierno contempla la aplicación de nuevos planes en materia de seguridad vial, complementarios de la aplicación del nuevo carnet de conducir por puntos –que, de momento está dando unos excelentes resultados-.
En el esquema de la preocupación que produce en el Gabinete el alto nivel de desconocimiento de buena parte de las medidas adoptadas, se ha propuesto dar un mayor impulso a la difusión de los esfuerzos realizados en materia de infraestructuras y transportes. Se promocionará el esfuerzo que se ha realizado en el desarrollo del Plan Estratégico de Infraestructuras, que hasta el momento –y está previsto en los Presupuestos Generales de 2007- está contando con una inversión anual de 16.000 millones de euros. No sólo carreteras y autovías concentran el gasto de este apartado. Durante 2007 y 2008 se hará especial hincapié en el desarrollo del ferrocarril y las redes de cercanías en diversas comunidades autónomas.
La problemática de la vivienda, una de las preocupaciones básicas de los españoles, ha sido abordada por el Gabinete con la creación de un ministerio del ramo, pero que, dado que la práctica totalidad de las competencias en esta materia están transferidas a las comunidades autónomas y los ayuntamientos, apenas ha tenido espacio para la actuación. El Gobierno ha prometido la construcción de 500.000 viviendas públicas hasta el final del presente 2007. Pero para ello deberá aumentar mucho los ritmos actuales. En 2006 se inició la construcción de 86.000. En una de las normas más importantes previstas para el actual periodo de sesiones, la Ley del Suelo, el Ejecutivo se propone “aumentar la cantidad de suelo para la construcción de viviendas”, correspondiendo a la Administración central, como propietaria de más terreno que el resto, la mayor cesión para tal propósito, aunque la ley también incluirá apartados para que el resto de las administraciones incrementen la cuota exigida para la construcción de vivienda pública y protegida.
También los Presupuestos Generales de 2007 incorporan una partida considerable destinada al incremento de las pensiones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional. En ambos casos la subida será de un 5,5 por ciento. De este modo, el salario mínimo queda establecido en 570,60 euros mensuales, quedando ya muy cerca de la promesa electoral de dejarlo establecido en la simbólica cantidad de 600 euros (100.000 de las antiguas pesetas) en 2008, coincidiendo con el fin de la legislatura. De este modo, desde el inicio del Gobierno del Partido Socialista, este concepto ha experimentado un aumento acumulado del 23,9 por ciento, lo que representa una subida en estos tres años de algo más de 110 euros al mes.

Las leyes pendientes
Pese a que en los dos primeros tercios de legislatura han visto la luz varias iniciativas legislativas de gran calado y trascendencia, todavía quedan en cartera algunas normas que responderían a las promesas electorales efectuadas por el partido de José Luis Rodríguez Zapatero. Una de las de mayor importancia es la anteriormente mencionada Ley del Suelo. Hasta el momento, el esfuerzo ofrecido para garantizar el acceso a una vivienda digna a las personas con menos recursos, con especial atención al colectivo de jóvenes, es una de las promesas con menor grado de cumplimiento, probablemente, porque no depende en exclusiva de la voluntad gubernamental –muy limitada en su actuación en este campo-, sino también de la intervención de un mercado totalmente desmadrado en los últimos años. Lo que por el momento se conoce del borrador de este proyecto de ley es que establecerá una reserva del 25 por ciento del suelo disponible para la construcción de vivienda pública de protección oficial, así como el establecimiento de criterios cuantitativos para la cesión de terreno por parte de las distintas administraciones propietarias, incluida la del Estado. También se ha anunciado que incluirá disposiciones, aunque sin concretar, para tratar de frenar la creciente corrupción urbanística y los delitos medioambientales que se están cometiendo en un creciente número de municipios de todo el país.
Dentro de las medidas del reclamado “impacto social”, en cartera está un proyecto legislativo contra la violencia, el racismo, la intolerancia y la xenofobia. Su principal aplicación estará en el ámbito de los recintos deportivos –con atención especial al fútbol–. Se pretende incidir en el control de acceso a los estadios de personas con probada trayectoria violenta y grupos ultras, que al comportamiento violento y antideportivo añaden la exaltación de ideologías fascistas. Está previsto un endurecimiento de las sanciones, tanto económicas como penales para los que protagonicen actuaciones de este tipo, así como para los clubes que fomenten, permitan o amparen este tipo de actos.
Otra de las normas más esperadas por un amplio colectivo que ronda los tres millones de personas en nuestro país es el Estatuto del Trabajador Autónomo. Una especie de Estatuto de los Trabajadores paralelo que tratará de regular la actividad profesional de estos trabajadores, aumentando su protección social y facilitando su acceso a derechos como el desempleo o la baja laboral, muy condicionados con la actual regulación, que hace recaer sobre el autónomo casi todo el peso y la financiación de estas prestaciones. También contempla la hasta ahora imposible cobertura por desempleo. Igualmente tratará de regular las relaciones entre autónomo y empresas para evitar abusos de estas últimas, que en los últimos años han deslocalizado numerosos puestos de trabajo, antes cubiertos por personal contratado, que ha tenido que transformarse forzosamente en autónomo para poder seguir percibiendo unos ingresos. Trabajador autónomo y empresa quedarían vinculados si el 75 por ciento o más de los ingresos declarados de un autónomo fueran consecuencia de su facturación a una misma compañía.
En el Senado se encuentra ya el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Universidades, después de que el Congreso diera su aprobación a mediados de diciembre. Con esta norma se va ampliar la autonomía de actuación de cada centro de enseñanza superior, que podrá decidir, entre otras cosas, las diferentes modalidades de elección del rector y de sus órganos de gobierno. También se introduce el factor renta/territorio para el cálculo de la cuantía de las becas y será determinante en los criterios de concesión de las mismas.
Una norma que anuncia debate y polémica será la Ley de la Carrera Militar. Además de una reforma en profundidad de la enseñanza militar que, entre otras muchas novedades, supondrá la adscripción de las academias militares a las universidades públicas de su entorno geográfico y la emisión también de titulación civil, incorpora unos polémicos apartados que otorga, en determinadas circunstancias, atribuciones policiales y de orden público a ciertas unidades militares, lo que, unido a la ausencia de una regulación de derechos de asociación para este colectivo, prácticamente garantizará la oposición frontal de la bancada de la izquierda en el Parlamento, pilares básicos en el apoyo a las iniciativas gubernamentales en los que llevamos de legislatura.
Desde el Ministerio de Cultura se ha impulsado el Proyecto de Ley de la Lectura, el Libro y las Bibliotecas. Se incidirá en la promoción de la lectura y la integración de los nuevos medios tecnológicos, especialmente la informática. Contiene, por lo conocido hasta el momento, algunas contradicciones, como la liberalización de los precios de los libros de texto, mientras que se establecen precios fijos para el resto.
Una de las normas que lleva más tiempo esperando su tramitación parlamentaria es la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, anunciada casi al comienzo de la legislatura por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Uno de los aspectos más destacables atañe a los recursos de amparo, con el fin de evitar el colapso de esta instancia judicial.
Una de las más polémicas leyes, y que, sin duda llenará en los próximos meses las páginas de información nacional de los periódicos españoles será el Proyecto de Ley para los Desfavorecidos por la Guerra Civil y la Dictadura, que ha cambiado hasta su nombre original, Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica. Tras superar el trámite del Congreso, está previsto que pase a la fase de enmiendas el próximo mes de febrero. Sus principales impulsores, junto con el Gobierno, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, ya presentaron sendas enmiendas a la totalidad y han anunciado su firme oposición a votar favorablemente el texto en su redacción actual. La negativa del grupo del Gobierno a incluir la anulación de los juicios sumarísimos acontecidos durante la guerra y la dictadura, a obligar a la desaparición de toda la simbología franquista de todos los centros oficiales, calles y edificios religiosos, o a que se revelen los nombres de los implicados en delitos que siguen considerados de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben, es el principal motivo por el que no sólo estas dos formaciones de izquierda no están dispuestas a dar su apoyo. También se han manifestado en idéntico sentido los portavoces de Convergencia i Uniò, del Partido Nacionalista Vasco, de Eusko Askartasuna, del Bloque Nacionalista Galego, de la Chunta Aragonesista y de Nafarroa Bai. Dada la frontal oposición a este proyecto del Partido Popular desde un principio, el Gobierno podría verse abocado a tener que introducir profundas modificaciones en el sentido de lo que le reclaman los hasta ahora socios preferentes, o a perder por primera vez una votación en el Congreso, con las consiguientes consecuencias.
Otras leyes no menos importantes, y ya anunciadas también habrán de pasar por el órgano de la soberanía popular para su eventual aprobación. Entre otras muchas, las leyes del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía y su homóloga de la Guardia Civil. También la Ley de Derechos y Libertades de este cuerpo, uno de los compromisos electorales de Zapatero, que ha ido siendo sistemáticamente retrasado para disgusto de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), ante quienes representantes gubernamentales habían asegurado la intención del Ejecutivo de eliminar la aplicación del Código de Justicia Militar para aplicar sanciones laborales, la equiparación salarial con la Policía Nacional y, finalmente, la desmilitarización. La asociación mayoritaria de agentes de la Benemérita ya anunciado movilizaciones en caso de que el proyecto de ley no incluya estos aspectos.
También están anunciados los proyectos de la Ley de la Red de Parques Naturales, la Ley del Cine, la de Protección a las Familias Numerosas, y otros asuntos de calado, como la transferencia del aeropuerto del Prat a la Generalitat catalana, la ampliación del permiso por maternidad de los cuatro meses actuales hasta seis, la creación de la Agencia Española Antidopaje, o la aplicación de la reforma del mercado laboral, suscrita por los sindicatos mayoritarios y las organizaciones patronales.
Otras iniciativas planteadas como firmes propósitos a principio del mandato del Gobierno que no se han culminado, aunque no dependen exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo, son de gran profundidad política, como la modificación del Reglamento del Congreso –aparcada ya durante varias legislaturas-, o la reforma de la Constitución en los cuatro puntos planteados por el Partido Socialista a su llegada a La Moncloa, aunque esta cuestión requeriría indefectiblemente del consenso con el Partido Popular, pues es necesaria una mayoría cualificada de tres quintos, y en las actuales situaciones de tensión no parece que ese acuerdo forme parte de la estrategia de acoso y derribo contra José Luis Rodríguez Zapatero puesta en marcha por el Partido Popular desde el mismo 14 de marzo de 2004.

Balance oscurecido
Echando un vistazo a las 78 leyes que ya se llevan aprobadas durante el vigente periodo legislativo, más los otros 40 proyectos que se encuentran en fase de tramitación parlamentaria, y uniendo a esto otras iniciativas políticas adoptadas por el Gobierno, el balance no parece arrojar un resultado negativo y, además, los números hablan de una intensa actividad institucional parlamentaria.
En este tiempo se han aprobado algunas de las normas de mayor calado político y social de los últimos años que, además afectarán a un gran número de nuestros conciudadanos, y sólo por citar algunos ejemplos ya referidos al comienzo de estas líneas, ahí están las leyes de Igualdad, contra la Violencia de Género, Ley de Dependencia, reforma de la Ley Orgánica de Educación o del Código Civil que extiende el derecho del matrimonio a todos los ciudadanos sin distinción de sexo. En palabras del diputado del PNV Emilio Olabarría, durante una entrevista publicada en este mismo número de El Siglo (pág. 20), si no se tratase de una legislatura tan convulsa, cada una de esas iniciativas debería haber ocupado las portadas de los diarios y medios de información general de este país, por su trascendencia. Sin embargo, el debate territorial, con los largos meses de bronca permanente a costa de la tramitación y dificultosa aprobación del Estatuto de Autonomía catalán, y más recientemente, las expectativas, y otra vez, la bronca a costa del proceso de paz abierto por el Gobierno y la negociación con ETA (finalmente fallida), han acaparado la atención de la opinión pública y oscurecido un balance de un impulso legislativo con más luces que sombras, al que apenas le queda un año para ser completado.

IU, la más crítica con los incumplimientos

De ‘socio preferente’ a ‘oposición constructiva’, pero muy crítica. Izquierda Unida, tras varios recientes desencuentros y “decepciones” con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en los últimos tiempos, ha renunciado a ese estatus privilegiado y ha optado públicamente por ejercer una oposición más independiente y un papel menos comprometido en el sustento de la actividad gubernamental.
En la coalición están molestos por lo que consideran importantes “incumplimientos” por parte del Ejecutivo y del Partido Socialista, tanto de su propio programa electoral, como de algunos compromisos adquiridos con la formación de izquierdas.
Colaboradores muy cercanos de Gaspar Llamazares comentan a El Siglo que existen tres grandes líneas legislativas con las que se sienten disconformes: en materia económica, social y relaciones exteriores. “Se han aprobado normas de corte casi neoliberal, como la reforma fiscal que salió adelante el año pasado. Es una reforma que no beneficia a las rentas más bajas, sino todo lo contrario. Frente a lo que proclama Zapatero, rebajar los impuestos no es de izquierdas, y el Gobierno se había comprometido a realizar una política progresista y de izquierdas”.
Según cálculos de estudios económicos en poder de la coalición, esta reforma provocará que las arcas del Estado ingresen en 2007 entre 8.000 y 9.000 millones de euros menos que con la fórmula anterior. Unas cantidades que juzgan necesarias para ser aplicadas al desarrollo de otras reformas sociales, como la Ley de Dependencia, la de Educación o contra la Violencia de Género. “Esta última no puede poner en práctica elementos de protección a las mujeres o mayores medios policiales y judiciales porque falta la financiación necesaria. De nada vale aprobar una ley si luego no puedes aplicarla por falta de dinero”, comenta un portavoz de IU.
También expresan sus quejas por la rebaja indiscriminada del Impuesto de Sociedades que, según su criterio, se ha hecho de forma generalizada y universal, sin tener en cuenta si las empresas cumplían requisitos en materia social, de contratación, siniestralidad laboral o se ajustaban a los criterios medioambientales. Del mismo modo que, y por cerrar el capítulo económico, tampoco están satisfechos en la coalición con el contenido final de la reforma del mercado laboral, “que se ha hecho de espaldas a los trabajadores y sin tener en cuenta la calidad del empleo creado, sólo vendiendo que ahora habrá más contratación fija”.
En materia social, pese a que IU dio su apoyo a casi todas las iniciativas, consideran que leyes como la de Violencia de Género, de Dependencia o la reforma de la LOE “podían haber sido más ambiciosas en su ejecución”. En el último caso, sin negar los avances,  consideran que el Gobierno se ha seguido supeditando en demasía a los intereses de la Conferencia Episcopal Española, dedicando demasiado dinero a la enseñanza concertada, un dinero que podría haber sido empleado en el reforzamiento de la enseñanza pública de calidad. Tampoco están satisfechos con el planteamiento inicial de la Ley del Suelo, ya que juzgan insuficiente la reserva del 25 por ciento de suelo para vivienda protegida. “tanto la Ley del Suelo, como otras medidas en estos dos últimos años en los Presupuestos de 2005 y 2006 podían haber contemplado mayores esfuerzos para promover el acceso a la vivienda de los jóvenes y de personas con menos recursos, y la promoción de viviendas de alquiler. La Ley del Suelo debe servir para abaratar lqs viviendas y poner más protección oficial en el mercado y ser un instrumento práctico para luchar contra la corrupción urbanística. Por lo que conocemos de esta ley, es corta y pacata”.
Uno de los puntos que más molesta en el seno de Izquierda Unida es la gestión que ha ido haciendo el Gobierno de la conocida como Ley de Memoria Histórica, por razones ya explicadas en este dossier. También reprocha la coalición al Gabinete que no haya abordado la desmilitarización de la Guardia Civil, ni que se haya emprendido una reforma para permitir su derecho de asociación: “Es muy distinto lo que decían antes de 2004 que lo que están aplicando en la actualidad”, se quejan en IU.
Otro punto vital es la renuncia a reformar la Ley Electoral que, según los portavoces de la formación, era un compromiso adquirido con ellos por el Partido Socialista en 2005, durante las reuniones para acordar el apoyo de IU a los Presupuestos de 2006. “Se comprometieron a afrontar esta reforma para paliar sus grandes déficits y el perjuicio enorme que ocasiona a IU, la tercera fuerza nacional, mientras que las particularidades contrarias a la proporcionalidad de la vigente norma benefician a los dos grandes partidos y, especialmente a las formaciones nacionalistas, que están sobrerrepresentadas en el Parlamento”.
También hay reproches por el “incumplimiento” de compromisos acerca de la transparencia y la regeneración democrática; “el ejemplo más palmario está en el turbio asunto de los vuelos ilegales de la CIA en territorio español”. IU exigió la comparecencia en el Congreso del ministro de Asuntos Exteriores para hablar sobre la cuestión en noviembre de 2005 y del director del CNI en junio de 2006. de resultas de estas sesiones, se aprobaba por unanimidad una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida, que comprometía al Gobierno a la elaboración de un informe con todos los datos disponibles sobre estos vuelos de la CIA, y que debía ser enviado, tanto al propio Congreso, como al Parlamento Europeo, como apoyo a la investigación allí llevada a cabo. “Hoy seguimos esperando a que envíen este informe. El Gobierno está siguiendo la política del avestruz en este asunto, tratando de no dar soluciones y de que la cosa se olvide. Ahora, con la reactivación del caso en la Audiencia Nacional, esperamos que no repita ante el juez el silencio que ha tenido con la iniciativa de IU”, aseguran en el entorno de Llamazares.
Las discrepancias de Izquierda Unida también se extienden a la política exterior, tanto en relación a la estrategia con el Sahara Occidental, sin un apoyo claro al referéndum establecido por una antigua resolución de Naciones Unidas, “ha primado más mantener buenas relaciones con Marruecos”, como a la actitud reciente frente al Gobierno palestino, “para no molestar a Israel ni a la política de Estados Unidos en la zona”. También exigen el regreso del contingente de tropas españolas en Afganistán, porque, a su entender, no están desempeñando una acción de reconstrucción, que fue lo que el Parlamento español aprobó en su momento, sino que están participando militarmente en la Operación Libertad Duradera, “encabezada por EEUU, dentro de la estrategia de la guerra preventiva contra el terrorismo que impulsa George Bush. El Gobierno no puede vivir toda una legislatura de las rentas de la retirada de las tropas de Iraq”, afirman.
Por último, en Izquierda Unida recuerdan un incumplimiento final: el Estatuto del Periodista, presentado por IU y aprobada su tramitación en el congreso hace casi dos años. “Han tratado de enterrarlo y que duerma el sueño de los Justos, entre otras cosas, por presiones de grandes empresas de comunicación. Mucho nos tememos que la intención del Gobierno es que acabe la legislatura, que la norma decaiga y que haya que volver a presentarlo la legislatura que viene”.