La Ley de Igualdad revoluciona las listas de las municipales

SeÑoras candidatas

La reciente aprobación en el Congreso de los Diputados de la conocida como Ley de Igualdad –pese a que todavía queda el trámite del Senado– tendrá unos espectaculares efectos de percepción casi inmediata: las listas electorales de todos los partidos que quieran concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007 deberán contar con, al menos, un 40 por ciento de mujeres y, además, en tramos “de salida”. Pese a la oposición del Partido Popular y de la patronal CEOE a esta “paridad impuesta”, la norma dejará sentir su influencia en el seno de las formaciones políticas españolas a partir de ya.

Por Pedro Antonio Navarro

Resulta constitucionalmente prohibido quebrar la igualdad jurídica de los elegibles en nombre de la promoción social de la mujer, del anciano, del discapacitado, del joven, del marginado o de la minoría cultural o religiosa, por valiosa y deseable que pueda ser la mejora de su condición. (…) De acuerdo con la lógica inherente a semejante tendencia distributiva, se primaría la disolución del interés general en un conjunto de intereses parciales, más cercanos al corporativismo de regímenes antidemocráticos que a la libertad de la democracia representativa. (…) Las normas recurridas suponen un torpedo en la línea de flotación de la democracia representativa, que exigiría una reforma constitucional”. Son sólo algunas frases y argumentos contenidos en el recurso de inconstitucionalidad presentado por 62 diputados (45 hombres y 17 mujeres) del Partido Popular contra la Ley de Igualdad aprobada el año pasado por el Parlamento Vasco.

Cuando la norma se aprobaba en febrero de 2005, con los votos del “tripartito” vasco –PNV, EA e IU-EB–, más los del PSE-PSOE y los de Sozialista Abertzaleak, el lehendakari, Juan José Ibarretxe la calificaba como “el mayor proyecto político del siglo y la ley más importante que el Parlamento (vasco) puede aprobar en sus 25 años de existencia”, mientras confesaba su emoción, superior, según sus palabras, a la que sintió el día de su toma de posesión. Los populares, no sólo se opusieron –la parlamentaria Arantza Quiroga argumentó que la norma partía de “principios feministas” y que imponía “un determinado rol”-, sino que, como se relataba más arriba, interponían un recurso de inconstitucionalidad contra esta norma autonómica que establece una paridad exacta para la confección de las listas electorales de los partidos políticos que concurran a las elecciones autonómicas al Parlamento vasco y a las Juntas Generales. En el texto también se establecía que, al menos el 40 por ciento de los consejeros debían ser mujeres.

Y no se trata del único precedente de la Ley de Igualdad que acaba de aprobar el Congreso de los Diputados. Otras dos comunidades autónomas habían promulgado con anterioridad sus propias leyes de Igualdad. El Parlamento de Castilla-La Mancha modificaba su Ley Electoral introduciendo en su texto: “para garantizar el principio de igualdad en la representación política, la Junta Electoral sólo aceptará las candidaturas que alternen hombres y mujeres, ocupando los de un sexo los puestos pares, y los del otro, los impares”.

La otra comunidad que había impulsado una norma similar es la balear. En su ley se especifica que “las listas se integrarán por candidatos de uno y otro sexo, ordenados de forma alternativa”. Antes del recurso presentado por los 62 diputados del PP, el Gobierno de la nación, presidido entonces por José María Aznar, presentaba recurso de inconstitucionalidad contra ambas. Al ser una iniciativa del Gobierno del Estado, la aplicación de estas dos leyes quedaba paralizada automáticamente. En ninguno de los tres casos se ha producido todavía el pronunciamiento del alto tribunal. Curiosamente, a su llegada a La Moncloa, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero anunciaba que su ejecutivo retiraría 80 de los 300 recursos de inconstitucionalidad que el Gabinete de Aznar había interpuesto durante su mandato, pero no lo hizo con los presentados contra estas leyes autonómicas.

El proyecto de Ley de Igualdad impulsado por el Gobierno y por el Partido Socialista es mucho más amplio y afecta a muchas más áreas y aspectos que estas iniciativas autonómicas. Además, en lo relativo a la confección de listas electorales –para cualquier tipo de comicios, generales, autonómicos municipales, forales, europeos- difiere de lo planteado en las tres autonomías mencionadas. Si en ellas la paridad exigida en las papeletas era total, un 50 por ciento para cada sexo, el texto que el Ejecutivo ha llevado ante el Congreso establece algo más parecido a un sistema de cuotas. No podrá haber presencia de uno u otro sexo por encima del 60 por ciento. Otra notable distinción está en la organización por tramos de esa distribución en función del sexo. Mientras que los parlamentos autonómicos se habían pronunciado a favor de una estricta alternancia, el modelo del Gobierno diseña tramos de cinco, en los que habrá tres personas de un sexo y dos del otro. Si, por ejemplo, en una lista apareciesen en los cinco primeros lugares tres hombres y dos mujeres, en el siguiente tramo de cinco, esa proporción debe invertirse, es decir, tres mujeres y dos hombres.

La ley  toma en consideración el tamaño de las poblaciones para el caso de los comicios municipales. El 60/40 sólo es aplicable, en una primera fase, en municipios con más de 5.000 habitantes. En la siguiente cita electoral municipal (2011) ya se aplicará a poblaciones con más de 3.000 censados.

Pese a los recursos presentados por el Partido Popular y su conocida posición anticuota, la medida se ve con simpatía en la sociedad española. Según los estudios demoscópicos elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), un 65 por ciento de los encuestados son partidarios de esta medida.

Pero el PP no está solo en su rechazo. También se opone con fuerza la patronal CEOE, puesto que la norma también dedica un amplio apartado a la promoción de la igualdad en las empresas –aquéllas con más de 250 trabajadores deberá presentar y negociar con los sindicatos la aplicación de un plan de igualdad-, que incluso prevé la paulatina incorporación de la mujer a los puestos de dirección, y establece un horizonte de ocho años para que en los consejos de administración de las corporaciones quede establecida esa proporción de 60/40, pese a que en su enunciado, la ley, huyendo de términos impositivos, utiliza el verbo “procurar”. La responsable de políticas de Igualdad y de Seguridad Social de la CEOE, Pilar Iglesias, afirmaba que la ley, en su actual redacción “sería recurrible, pero no me puedo adelantar a lo que ocurrirá y esperamos que se considere nuestra postura. La CEOE entiende que este proyecto de ley vulnera los principios de libertad de empresa, capacidad y mérito, y que incluso contraviene la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la representación en los consejos de administración en función de la participación de capital.

Tampoco goza la norma de simpatía entre algunos intelectuales próximos al Partido Popular, como el polémico filósofo Amando de Miguel, que en un artículo publicado en un blog que su firma frecuenta, trataba de ridiculizar los contenidos de la norma. Según de Miguel, “la infausta ley es un monumento a la desigualdad por sexo y, por tanto, es un atropello jurídico y una cretinez sociológica (…) cada día tengo más claro que el feminismo es la forma más estúpida de sexismo y, por tanto, de racismo. Me llamarán machista, pero con su pan se lo coman”.

Sin embargo, el consejo de Estado no ha puesto ninguna objeción jurídica a la aplicación de la cuota en las listas electorales, que constituye el principal caballo de batalla de quienes se oponen. Tal vez, las dudas surgen de algunos planteamientos acerca de partidos de naturaleza peculiar, como por ejemplo, las formaciones de carácter feminista que, a partir de ahora, se verán obligadas a introducir en sus listas a hombres.

De todos modos, son más las voces que se manifiestan en defensa de lo que denominan una “acción positiva”. Para la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, “la Ley de Igualdad encuentra sentido pleno en el artículo 1 de la Constitución, que establece como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y también el artículo 14, dedicado expresamente a la igualdad y no discriminación por razón de género”. La ministra de Cultura, Carmen Calvo, sostiene que esta ley “va a servir de modelo a muchos países”, mientras que frente a la oposición expresada desde varios ámbitos, especialmente de la patronal, argumenta que “todas las leyes necesarias, justas y valientes históricamente tienen contestación, lo que no tiene contestación nunca es lo simple y lo que está hecho, siendo lógico, porque el empresariado, básicamente es masculino”.

También ha encontrado la norma respaldo en los sindicatos. Si en febrero y marzo, cuando el Consejo de Ministros daba luz verde a la tramitación del primer texto, las centrales sindicales criticaban un proyecto al que atribuían no pasar de “ser una declaración de intenciones”, y expresaban su “decepción por una oportunidad perdida”, tras la aceptación por parte gubernamental de varias modificaciones  a iniciativa de los sindicatos en la Mesa de Diálogo Social, éstos ahora dan su apoyo claro a la ley.

Los hasta ahora “socios preferentes” en el Parlamento, Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya, los nacionalistas vascos, el BNG, Chunta Aragonesista y otros llevaban tiempo expresando su conformidad, al igual que la totalidad de los colectivos feministas y un sinfín de asociaciones y organizaciones sociales.

La ley española, además de las normas de tres comunidades autónomas, también tiene un precedente internacional, con el que guarda varias similitudes. Se trata de la ley francesa aprobada en junio de 2000, que, además, supuso la modificación de algunos artículos de la Constitución –que data de 1958-. En cuanto a la proporción de sexos en la composición de las candidaturas, se atiene, como las leyes autonómicas antes contadas, al 50 por ciento, mientras que su aplicación es obligada en municipios de más de 3.500 habitantes. A diferencia de la española, lo que no queda plasmado es la aplicación por tramos de las listas.

Comparativamente, la situación española en cuanto a la presencia de mujeres en puestos de representación política en el contexto europeo, es actualmente de las más avanzadas. Según un estudio de la Fundación Robert Schuman, nuestro país ocupa el quinto lugar de entre los 25 que integran la Unión Europea en este concepto. El 36 por ciento de mujeres en el Congreso de los Diputados, sólo es superado ligeramente por Dinamarca, Holanda y Finlandia, que oscilan entre el 36,7 y el 38,5 por ciento. Proporciones muy superiores a la de parlamentos  como el alemán –31 por ciento-, el británico –19,6-, o el italiano –17,14 por ciento-. Sólo Suecia supera la frontera del 40 por ciento establecida en la cuota de la Ley de Igualdad española.

De todos modos, algunos partidos habrán de introducir modificaciones en las listas que ya tenían confeccionadas para estas elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar el próximo mes de mayo.

Los comicios más femeninos

Las próximas elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo de 2007 pasarán a la historia porque, sin ningún género de dudas, serán las que mayor número de candidatas incluyan en sus listas, teniendo en cuenta cualquier periodo democrático (República incluida) que haya vivido nuestro país.

La aplicación de la nueva Ley de Igualdad ya tenía prevenidas a algunas formaciones que –no parece casual-, además son las que más han defendido su aprobación en el Parlamento. El Partido Socialista, como ya hizo en las anteriores elecciones municipales en 2003, confeccionará sus listas aplicando la cuota mínima del 40 por ciento, pero a diferencia de lo sucedido hace casi cuatro años, cuando sólo siete mujeres eran cabeza de lista para la alcaldía de capitales de provincia, en esta ocasión serán 15 las que ocuparán el lugar más alto de las candidaturas en capitales. Destacan Carmen Alborch pugnando por la alcaldía de Valencia, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Ejecutiva Federal, Soraya Rodríguez, que opta a la alcaldía de Valladolid, o María Bustinduy en Málaga y Carmen Heras en Cáceres.

No ocurre lo mismo en lo que se refiere a la presidencia de las comunidades autónomas que también están en liza. Sólo dos féminas optarán a ocupar estos cargos. Dolores Gorostiaga repetirá su candidatura en Cantabria, mientras que María Antonia Palomo lo hará por la presidencia de la ciudad autónoma de Ceuta.

En Izquierda Unida también están por impulsar las candidaturas de mujeres, aunque esta formación, salvo en lugares muy concretos, también lleva tiempo respetando el sistema de cuota en sus listas. Ya a comienzos de este año realizaban un acto de presentación de dos de sus más destacadas candidatas a alcaldías de capitales. Rosa Aguilar –con muchas posibilidades de resultar reelegida- repetirá en el primer puesto de la lista de Córdoba, mientras que la novedad la representa la candidatura de Paula Garvín para Sevilla.

En el PP podrían verse obligados a modificar algunas de sus listas para poder cumplir con la nueva normativa, aunque el proceso de confección de sus candidaturas aún está abierto en muchos lugares.

La aplicación de la nueva Ley de Igualdad puede generar algunos “problemas” a ciertos partidos en determinadas áreas donde les resulte más difícil contar con una proporción de militancia adecuada para la confección de sus listas. Grandes cambios de tendencia deben introducirse, por ejemplo, en Asturias, si se deben atener a la norma recién aprobada. En esta comunidad, sólo hubo un municipio –Pravia- en las elecciones de 2003 en el que los tres grandes partidos ya cumplían con los requisitos establecidos en la Ley de Igualdad. En el Principado, el partido que más debe evolucionar para cumplir los nuevos criterios es el PP. En 2003, del total de sus 564 candidatos en localidades de más de 5.000 habitantes, sólo 175 eran mujeres. Para llegar al 40 por ciento exigido, deberán incorporara a otras 57 candidatas. Si en 2003 el PP incluía un 27 por ciento de féminas, también se daba la circunstancia de que eran las que menos puestos “de salida” ocupaban.

Izquierda Unida contó con un 34 por ciento de mujeres en sus listas electorales asturianas en las elecciones de 2003, incorporaban 216 de un total de 564, pero a diferencia de lo sucedido con el PP, muchas de ellas sí se encontraban ubicadas en los primeros puestos.

Sólo el PSOE cumplió anticipadamente en Asturias con lo estipulado en la nueva norma. Las 243 candidatas representaban el 43 por ciento de las listas.

"Se hace camino al andar", por Enric Sopena