Ley de la Memoria Histórica: ¿insuficiente o innecesaria?

Los rescoldos de la guerra aÚn queman

El Ejecutivo consiguió superar el primer trámite parlamentario para su polémica Ley  de la Memoria Histórica, pero no lo hizo apoyado por sus tradicionales socios en el Congreso, sino con la inesperada ayuda de Convergencia i Uniò. Los hasta ahora aliados Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya presentaban sendas enmiendas a la totalidad, apoyados, además, por BNG, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai. Pero, incluso la mano de CiU y los nacionalistas vascos tiene un alcance limitado, sólo para permitir el debate de enmiendas, en donde ya han anunciado sus mayores coincidencias con IU y ERC, especialmente en la espinosa cuestión de la anulación de las sentencias sumarias del franquismo, que todos los partidos, a excepción del PSOE y del PP, reclaman. Los populares, como ya habían anunciado, exigieron la retirada de un proyecto que, visto lo visto, aún remueve demasiados rescoldos en sus filas.

Por Pedro Antonio Navarro

Algunos en las estructuras socialistas están pensando a estas alturas si la presentación –retardada una y otra vez sobre las fechas inicialmente previstas– del proyecto de Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica no habrá sido una forma “tonta” de meterse en un jardín del que ahora no va a resultar fácil salir.

Una norma, en principio esperada durante 2005, y sobre la que ha resultado imposible para el Gobierno alcanzar un acuerdo con sus socios preferentes en el Parlamento desde que se inició la legislatura, IU y ERC. Ambos partidos acusan el Gabinete de haber ido “endulzando” el contenido final desde el inicial punto de partida en que su nivel de acuerdo parecía muy superior, hasta haberse convertido en su redacción definitiva en una especie de versión light, que no sólo ha sido criticada desde la bancada de la izquierda, sino también, y con mucha fuerza, por cierto, por parte de diferentes asociaciones, entre las que destaca la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y Amnistía Internacional.

Tampoco los grupos parlamentarios que han prestado su ayuda al Ejecutivo en esta ocasión lo han hecho por su plena identificación con el texto sometido a consideración. El portavoz de CiU en esta sesión, Jordi Xuclá, comenta a el Siglo que el proyecto presentado “es insuficiente y deja insatisfechos a todos los sectores. Hemos permitido la tramitación, no el éxito de la ley, que dependerá de una negociación amplia en la que se pueden dar múltiples geometrías”. CiU es partidaria de que el texto definitivo recoja la posibilidad de la anulación de los juicios franquistas, tal y como proponían en sus enmiendas a la totalidad IU y ERC.

Algo similar sucede con el Partido Nacionalista Vasco. Pese a no haber expresado una posición firme sobre el particular, algunos de sus dirigentes han comentado sus preferencias porque la futura ley permita las anulaciones a quienes particularmente lo soliciten. Izquierda Unida y Esquerra no estuvieron solos. Con ellos votaron los diputados de del Bloque Nacionalista Galego (BNG), de Eusko Alkartasuna (EA) y de Nafarroa Bai. Francisco Rodríguez, del BNG es claro cuando explica su posición a nuestra revista: “Los juicios franquistas han de ser anulados con todas las consecuencias y hay que hacer una ley taxativa en la eliminación de toda la simbología franquista, tanto en lugares públicos de la Administración, como en privados. Anular los juicios crea un problema al actual sistema democrático, nacido de unos acuerdos con el anterior, pero no debe consentirse ningún poso de legitimidad al franquismo”.

En términos parecidos se expresa la portavoz de EA, Begoña Lasagabaster cuando cuenta que desde su formación se han planteado enmiendas “a casi todos los artículos. El proyecto tiene muchas carencias y, a veces, filosofías que no compartimos. Es fundamental la anulación de los juicios. La dificultad técnica aludida por el Gobierno es salvable, y así lo han hecho en otros países; la seguridad jurídica también es salvable. No entendemos por qué no se hace”.

Desde la izquierda se acusa al Gabinete de haberse “acobardado” ante las presiones de la derecha, y para evitar su reacción airada, haber creado un texto descafeinado, aunque, como asegura más adelante Gaspar Llamazares, las críticas de la derecha están aseguradas con cualquier proyecto que se hubiera presentado. El PP, como advirtió, planteó una enmienda a la totalidad, sin texto alternativo, que consistía en la exigencia de retirada del proyecto, por considerar que se pone en peligro con él la reconciliación alcanzada durante el periodo de la transición, pero en opinión de la mayoría de los grupos políticos de la Cámara, su oposición frontal se debe a que, al menos algún sector de este partido, aún hoy se considera heredero del franquismo.

Tal vez, desde una perspectiva más amplia, sea este el quid de la cuestión. Como narra Felipe González en su libro escrito junto a Juan Luis Cebrián, “El futuro no es lo que era”, en una cita que recoje José García Abad en su obra “Las mil caras de Felipe González”: “Un día estaba yo en el despacho de Moncloa, siendo presidente Adolfo Suárez, con Manuel Gutiérrez Mellado. Era inmediatamente después de la Operación Galaxia y el general me dijo: ‘¿le puedo pedir un favor personal? Usted va a ser responsable del Gobierno en algún momento, ¿por qué no espera a que la gente de mi generación haya muerto para abrir un debate sobre lo que supuso la Guerra Civil y sus consecuencias? Debajo del rescoldo sigue habiendo fuego, le ruego que tenga paciencia”. Unos párrafos más adelante, el ex presidente socialista recuerda que “No hubo, no ya exaltación, ni siquiera reconocimiento de las víctimas del franquismo, y por eso hoy me siento responsable de parte de la pérdida de nuestra memoria histórica…”.

La decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de presentar este proyecto tiene sus fuentes en esa evocación de González, en la constatación de una reparación no cumplida, pero, al tiempo, viene con el corsé del “fuego que aún hay bajo el rescoldo”. Así, además de no haber evitado, una vez más, el enfrentamiento con el PP, ni ha contentado a las asociaciones de víctimas y represaliados, ni a las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ni a sus aliados parlamentarios desde el comienzo de la legislatura, ni, probablemente a muchos dentro del propio Partido Socialista que, como el eurodiputado Luis Yánez –y no es el único- lleva años promoviendo resoluciones de condena del franquismo desde Bruselas.

El momento es delicado porque en el tramo final de la legislatura el Gobierno ha sostenido un profundo desencuentro con sus socios “preferentes” parlamentarios sin haber sido sustituidos por otros –puesto que la decisión de José Montilla de reeditar el tripartito en Cataluña ha alejado las posibilidades de colaboración en Madrid con CiU-. Muchos se estarán planteando aquello de que para este viaje no hacían falta las alfojas. l

Todos en contra

Tres grupos parlamentarios presentaban el pasado 14 de diciembre enmiendas a la totalidad al proyecto de Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica que el Gobierno llevaba al Pleno del Congreso. El Partido Popular, una enmienda sin texto, que solicitaba directamente la retirada de la proposición, porque, a su criterio, con ella se amenazaba la reconciliación alcanzada en la transición. Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Catalunya acudían con textos de sustitución muy similares que profundizan en las consecuencias de la ley y, en los que, sobre todo, se incide en la anulación de los juicios de los tribunales franquistas. Sus portavoces explican a El Siglo las motivaciones de sus enmiendas.

MANUEL ATENCIA (PP)
“LAS HERIDAS DEL PASADO QUEDARON CERRADAS EN LA TRANSICIÓN”

Hemos presentado una enmienda de devolución porque es una norma innecesaria. El título de la ley habla de reconocer derechos, pero durante la etapa democrática se han adoptado medidas para equiparar derechos y corregir errores en satisfacción de las víctimas. Para, además de lo ya hecho, adoptar algunas medidas complementarias, mejorar situaciones económicas o incluir a quienes estuvieron en batallones de castigo entre las personas a reconocer e indemnizar, y con lo que estamos de acuerdo, no hacía falta esta ley.

La reparación a las víctimas ya se ha hecho; las heridas del pasado quedaron cerradas en la transición. El trasfondo de la mal llamada Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica es un error. Las cosas se hicieron bien en la transición, hubo algunas lagunas, pero hubo mucha memoria y de la buena. Las posiciones del antifranquismo y de sectores moderados del franquismo tuvieron la memoria presente. Hay que mirar hacia delante. Con esta norma se pretende aplicar la tesis de imponer una memoria oficial. ¿En qué país de nuestro entorno se ha planteado una ley similar a ésta? Está fuera de la realidad, del sentido común y de los anhelos de la sociedad.

La base de nuestro sistema funciona bien. No tiene sentido revisarla; hemos tenido la mayor etapa de libertad y de progreso social, político y económico, y nuestro modelo de transición es ejemplo en el mundo.

En la fase de tramitación estaríamos dispuestos a apoyar algunos planteamientos de compensaciones económicas que se establecen, algunas nos parecen, incluso cicateras. De todos modos, me gustaría recordar que en mayo de 2002 alcanzamos un acuerdo unánime en el Parlamento con mandatos. Acordamos que todo lo relativo a restañar heridas del pasado se haría por consenso, pero el Gobierno no nos ha llamado para esto. Si lo hubiera hecho, habríamos estado de acuerdo en mejorar, incrementar y extender la atención a otros colectivos que habían quedado fuera de las medidas ya adoptadas en el periodo democrático. En la fase de enmiendas vamos a apoyar la inclusión de algunos grupos de víctimas que han de saber que tendrán nuestro respaldo.

Tampoco entendemos que se plantee la retirada de símbolos franquistas, cuando esta cuestión está resuelta por la vía de los hechos, ni tampoco la creación del Centro Documental de la Memoria Histórica.

GASPAR LLAMAZARES (IU)
“COMPLETAR LA RECONCILIACIÓN DE LA TRANSICIÓN”

Hemos presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo al “Proyecto por el que se reconocen y se amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”; un proyecto tan ampuloso en su título como raquítico en su contenido, que desperdicia una oportunidad para reparar la memoria de la izquierda y a los antifranquistas. Para IU es irrenunciable en esta ley la anulación general de los juicios de la dictadura y que el concepto de memoria tenga un alcance colectivo, no individual. El Gobierno mantiene una posición totalmente rígida sobre su proyecto inicial, como si fuera el máximo al que puede llegar, lo que le ha llevado a rechazar los argumentos que, tanto nuestra formación, como los expertos que nos han asesorado, les hemos ido presentando en sucesivas reuniones.

Este proyecto puede ser un punto de inflexión en la legislatura, porque demostrará si el Gobierno apuesta por el continuismo o por los cambios. El PSOE ha alargado la tramitación de la ley para valorar si le merecía la pena mantener la iniciativa o retirarla. El Ejecutivo se ha sorprendido por la posición de los grupos del Congreso, más ambiciosa y comprometida que la suya. Deben sopesar si van a aprobar su proyecto sin el apoyo de la izquierda, sin legitimidad, o incumplir una promesa electoral y aplazar la ley. Deben saber que, en cualquier caso, las críticas del PP están aseguradas, porque la derecha sigue considerándose heredera del franquismo.

El Gobierno desperdicia una oportunidad de saldar una deuda de la transición democrática con la memoria, la justicia y la reparación de los republicanos. Se trata de completar la reconciliación que tuvo lugar en la transición. Algunos identificaron reconciliación con olvido y es imprescindible unir reconciliación con memoria.

Hemos planteado una serie de iniciativas para configurar una política estatal de recuperación y fomento de la memoria y cultura democráticas, con una red informatizada para que los ciudadanos dispongan de información completa sobre los represaliados del franquismo. Exponemos la necesidad de que el Ministerio de Educación, en colaboración con las comunidades autónomas, adecue los planes de estudio y los libros de texto para un tratamiento didáctico de la República como referente de la cultura democrática.

También es de suma importancia que la localización, exhumación e identificación de las fosas y enterramientos de las víctimas del franquismo sean tarea asumida por las administraciones públicas y que se habiliten cada año las partidas presupuestarias pertinentes para ello.

JOAN TARDÁ (ERC)
“ANTÍDOTO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES”

Este proyecto presentado por el Gobierno, para nosotros es un insulto a la memoria republicana y antifascista. En el 2006, en la Europa rica y culta, tras más de 25 años de democracia, que no sepamos hacer los deberes que otros sí hicieron, no es de recibo. El Gobierno sabe que tiene la complicidad y el apoyo de ERC en otras iniciativas. Desde el principio sabíamos que la puesta en marcha de una ley para la recuperación de la memoria histórica sería compleja, y de ello advertimos al Gobierno, pero esta iniciativa fue una condición del apoyo que dimos a la Investidura de Rodríguez Zapatero.

Con el proyecto presentado estamos en el sinsentido de que la víctima sea doblemente víctima, al quedarse sin reconocimiento. No sólo hay que declarar ilegítimo el franquismo, sino asumir los convenios internacionales nacidos con el Proceso de Nüremberg y auspiciados por la ONU. En cambio, el Gobierno no promoverá la anulación de todos los procesos de tribunales franquistas. Nunca apoyaremos una ley que no cierre definitivamente todos los agravios.

Creo –es una impresión personal- que una de las razones por las que el PSOE no está dispuesto a anular las sentencias franquistas es porque hay ciertas corrientes internas, sectores que fueron muy protagonistas en la transición, y cuestionar lo que se hizo es cuestionar, tal vez, su proyecto político. También hay otra causa en esta desgracia que tiene el Estado español de tener una derecha que ha metabolizado el franquismo y no ha renegado de él, y que está presionando al Gobierno.

Sin duda ninguna, Ezquerra Republicana volvería a votar la investidura de un gobierno de izquierda en el Estado español, pero ese apoyo no es un cheque en blanco. Desde que contemplamos la posibilidad de un proyecto de ley de esta naturaleza hemos dado al Gobierno todo el tiempo del mundo, y no me parece que se nos pueda acusar de deslealtad. Algo ha debido de cambiar, porque la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, hace tiempo, un 25 de octubre, en un acto en el lugar en que fue asesinado Lluis Companys –presidente de la Generalitat durante la II República-, se reafirmó en la necesidad de anular el juicio por el que fue condenado a muerte, y se reafirmó en la idea de las anulaciones de los procesos franquistas.

Esta ley debe ir más lejos, porque es necesaria, debe tener la capacidad de generar antídoto en las nuevas generaciones.

Amnistía Internacional y el punto final

Un nuevo frente y, probablemente inesperado, se le ha abierto a José Luis Rodríguez Zapatero de la mano de una de las organizaciones no gubernamentales más prestigiosas del mundo, a cuenta del proyecto de Ley de la Memoria Histórica. Amnistía Internacional ha terciado en la polémica de modo contundente. Para esta ONG el contenido del proyecto resulta equiparable a la tristemente famosa “Ley de Punto Final” que durante varios años impidió el enjuiciamiento de los militares de la Junta argentina.

El director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, asegura que el proyecto “incluye disposiciones claramente contrarias al derecho internacional, hasta el punto de que podría convertirse, si no es modificado sustancialmente, en una especie de Ley de Punto Final”. Para el dirigente, la ley llevada ante el Congreso contiene “mecanismos de impunidad para los autores de violaciones de los Derechos Humanos durante la Guerra Civil y la dictadura; una amnistía general encubierta para los responsables de torturas, ejecuciones extrajudiciales o ataques contra población civil”.

Beltrán ha expresado sus quejas ante la paradoja de que en España puedan ser juzgados crímenes cometidos durante las dictaduras argentina o chilena, mientras que no se permite la anulación de los juicios sumarísimos, efectuados sin ninguna garantía jurídica, durante la Guerra Civil o la postguerra. El tono del portavoz de Amnistía Internacional es duro frente al Ejecutivo cuando se cuestiona: “Nos preguntamos cómo es posible que el Gobierno español vaya a tener una política exterior comprometida con los Derechos Humanos, si no es capaz de hacerlo a nivel interior”. AI reprocha que con el proyecto presentado se pretende ignorar normas internacionales que hacen referencia al derecho a conocer la verdad y al derecho de las víctimas a interponer recursos y conseguir reparaciones.

“Parece que no existieran los Derechos Humanos antes de que se aprobara la Constitución española de 1978, lo que constituye un grave error y una terrible afrenta a la dignidad de las víctimas y sus familiares. Este proyecto de Ley debe eliminar algunos de sus artículos y debe cambiar en muchos aspectos. Si no, debe ser retirado. Es insostenible en las actuales condiciones. De continuar tal y como está, puede suponer un peligroso antecedente de impunidad frente a otros abusos contra los Derechos Humanos que puedan cometerse en el futuro o que se hayan cometido en el pasado”. Con esta crudeza, el director de Amnistía Internacional en España avisa también de la posibilidad de presentación de un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

Entre las recomendaciones que esta prestigiosa organización hace para que sean incorporadas destaca la inclusión de toda la información relevante sobre los crímenes del pasado, que no se eliminen los nombres de los presuntos autores de los crímenes cometidos durante la guerra y el franquismo. También instan a la creación de un órgano oficial temporal que contribuya al esclarecimiento de la verdad, la instauración de una Fiscalía especializada en las violaciones de los Derechos Humanos y un protocolo de exhumaciones.

Por último, Amnistía Internacional hace hincapié en la introducción de un procedimiento idóneo que pueda revisar, y en su caso, anular las sentencias condenatorias dictadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Son prácticamente todos estos puntos, los que tanto Izquierda Unida como ERC, pretenderán introducir en la fase de enmiendas que debería comenzar sus debates en el próximo febrero.

La historia, un arma cargada de futuro, por Enric Sopena