El 'caso Andratx' amenaza con complicar la campaña electoral del 'barón' del PP

Por V. M.

D espués de haber perdido las elecciones en 1999 y su cargo de presidente balear, Jaume Matas regresó a las islas rodeado del aura de ex ministro que tan buenos efectos tiene para los partidos en unas elecciones
autonómicas. Se benefició de la debilidad del pentapartito que mantuvo durante cuatro años al socialista Francesc Antich en la presidencia autonómica para regresar al Govern en 2003. Y su habilidad para satisfacer
a los unos sin disgustar a los otros le ha servido para gozar de una buena valoración en Génova y en las islas. A diferencia de Josep Piqué, que llegó a ver con buenos ojos algunos preceptos de la reforma del Estatuto de Cataluña ganándose la pública reprimenda del secretario general del PP, Ángel Acebes, Matas se alineó con la posición oficial de su partido en contra de la reforma catalana mientras él emprendía la suya. Y según dijeron entonces desde su Ejecutivo, se sentían en Baleares "con el mismo derecho que Cataluña si surge un sistema de financiación que se salga del establecido hasta ahora". Baleares es, con Madrid y tras Cataluña, la comunidad más beneficiada con un sistema de financiación como el que pactaron José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas, de modo que en las islas la intención tuvo buena acogida. Y para no contravenir la postura del Partido Popular respecto a las reformas estatutarias, Matas propuso crear un fondo de solidaridad destinado "a las demás regiones".

Así las cosas, el presidente balear se disponía a concurrir a los comicios autonómicos del mes de mayo con cierta comodidad avalada por los buenos pronósticos de las encuestas cuando estalla el caso Andratx. A finales de noviembre, en el marco de la operación Voramar, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Alvaro Latorre, decretó prisión comunicada y sin fianza para los dos principales acusados de este caso de corrupción urbanística, el alcalde de ese municipio mallorquín, Eugenio Hidalgo, y el funcionario de obras Jaume Gibert, a los que se les imputa delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública y negociaciones prohibidas. También fue imputado el director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Mas-sot, aunque no entró en prisión.

La reacción del PP balear fue inmediata, suspendiendo de militancia a Hidalgo, exigiendo su dimisión y asegurando que iban a aplicar "tolerancia cero" a los cargos públicos de su partido implicados en casos de corrupción. Sin embargo, no logró poner freno a una polémica que, a lo largo de los días, se ha ido enredando. Después de las detenciones se supo que Hidalgo y Matas habían mantenido un encuentro días antes de que la policía arrestara al alcalde, y el presidente balear tuvo que salir al paso de la polémica explicando que las entrevistas fueron solicitadas por Hidalgo, quien, en palabras de Matas, se sentía "presionado" ante los hechos que intuía. Por si fuera poco, el secretario general del PSIB, Francesc Antich, aseguró que su partido está "muy preocupado" porque el PP gobierna "cerca de 18 ayuntamientos investigados en las islas por temas parecidos" y Andratx era tan sólo la "punta del iceberg". Y el 1 de diciembre, el jefe del Ejecutivo autonómico recibía una llamada anónima informándole de futuras intervenciones judiciales en otros municipios de las islas. Ante estas insinuaciones, Jaume Matas solicitó una inusual entrevista con el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido [ver recuadro El extraño proceder de Conde Pumpido], para averiguar si efectivamente existían esas causas abiertas. Tras el encuentro, el político y el fiscal explicaron el contenido de sus conversaciones sensiblemente distintas. Conde Pumpido, a través de una nota oficial, dijo haber reiterado al presidente balear "la voluntad del Ministerio Público de actuar con la máxima firmeza frente a la corrupción urbanística mediante la persecución penal singularizada de todas aquellas conductas que presenten indicios de delito" –no descartó por tanto otras actuaciones–, y agradeció al presidente balear su voluntad de "cooperar con la acción de la Justicia". Por su parte, Matas dijo que el fiscal general del Estado le había tranquilizado porque no existe la posibilidad de "utilización política ni puede haberla" sobre la corrupción en los municipios de las islas porque "no hay motivo" para sospechar de nuevos casos.

Por otra parte, dice Matas que Baleares no es Marbella. Pero algunos acontecimientos recuerdan al mayor caso de corrupción urbanística de un Ayuntamiento. El juez instructor del caso Andratx ha recomendado que el Consell Insular de Mallorca asuma las competencias de Urbanismo de la localidad.

El último capítulo de este enredo, hasta el momento, lo protagoniza Joan Carmel Massot. La oposición le exige al Govern el cese del director general de Relaciones Europeas y para el Mediterráneo y ahora ex concejal de Andratx. Pero Matas se resiste a que el caso dé origen a un goteo constante de altos cargos y el Govern quede tocada A finales de la pasada semana, el barón popular dijo que no aceptará la dimisión del director general si éste la presenta por su imputación en el caso Andratx. Dijo que ésta es "de carácter formal" y que "no hay ninguna sospecha de duda sobre la actitud" de Massot, aunque tomará la decisión de destituirle "cuando la duda sea razonable". Por otro lado, ha dicho que el PSIB-PSOE intenta, "con cierta lógica", hacer un "uso partidista" de lo sucedido en el consistorio de la localidad mallorquina y sacar un "rendimiento político", probablemente "hasta que lleguen las elecciones" de 2007.

Efectivamente, esa es la preocupación de Jaume Matas y también de Mariano Rajoy. En las elecciones de mayo de 2007, los dos grandes partidos no sólo se juegan la permanencia en las plazas autonómicas y locales donde ya gobiernan. Los resultados que obtengan el PSOE y el PP serán un buen indicativo de lo que les espera en las generales de 2008.

De modo que el líder del PP tiene depositada toda su confianza en sus barones, especialmente en los que ya cuentan con la ventaja de gobernar. Hasta ahora, Baleares era uno de esos territorios que no debería re-vestir ningún problema y que tendría que se ejemplo del modelo de gestión en el que Ro joy pretende apoyarse. Jaume Matas, con e presidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps, representan el éxito de Partido Popular más centrista, capaz de al canzar pactos con la oposición y de em prender reformas estatutarias acordes con e ideario del partido. Después de más de do! años donde eran otros los que dictaban e discurso de la formación, el presidente po pular ha conseguido marcar un paso más moderado de camino a las generales, y para eso necesita acompañarse de los líderes territoriales que ya han ensayado la misma fórmula con éxito. Si el caso Andratx depa. ra nuevas sorpresas, éstas no pasarán finad. vertidas a la labor de oposición de los socialistas de Baleares, y la mayoría del PP en el Govern podría correr peligro. Un giro electoral inesperado daría así al traste con los planes de Rajoy, que sufriría una de las bajas más importantes de cuantas podrían deparar las elecciones de 2007.

El extraño proceder de Conde Pumpido

La reunión entre Jaume Matas y Cándido Conde Pumpido resulta, cuanto menos, extraña e inusual. La única de estas características hasta que el fiscal general del Estado volvió a mantener un encuentro días después con otro presidente autonómico, el extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que mantuvo una reunión con el representante del Ministerio Fiscal a raíz de la denuncia del diario El Mundo sobre la cesión de un despacho por parte de Ibarra a Rafael Vera para que movilizara a sus contactos policiales tras los atentados del 11-M.
El objetivo del encuentro, según sus protagonistas, era decirse el uno al otro que el fiscal iba a inestigar el caso de corrupción descubierto en Andratx y que el político, además de averiguar si existían investigaciones abiertas en otros municipios gobernados por el PP, que estaba a disposición del Ministerio Público para cuantas pesquisas judiciales hicieran falta. Todo normal si no fuera porque a los dos se les supone ese grado de compromiso por cuanto es su deber, de modo que no existe ninguna necesidad de que medie una reunión entre Conde Pumpido y Matas.

Ninguna ventaja, todo inconvenientes. El encuentro no ha servido para dilucidar nada que no pueda hacerse con el uso de la lógica y la observación de las competencias del Ministerio Público o, si se quiere, en una comparecencia parlamentaria del fiscal general del Estado. Lo que sí ha procado es la crítica de quienes conocen los procedimientos habituales en estos casos.

El carácter privado de la reunión ha sido, tras el mero hecho de haberse producido, uno de sus principales errores. Compromete la imagen del presidente autonómico y sobre todo la de Conde Pumpido, cuyo cargo, de carácter pol(tco, no implica que deba reunirse con dirigentes políticos. Además, el fiscal general del Estado debe ejercer su ministerio con imparcialidad, y aunque el encuentro no represente la vulneración de ese principio, ha podido quedar en entredicho. Y pono supuesto, cualquier malentendido se habría evitado si el presidente balear no hubiera solicitado la entrevista y Conde Pumpido se hubiera negado a celebrarla.