Roto el matrimonio de conveniencia con Mas

ZP busca novia

El PSOE no volvió al poder con la tranquilidad de una mayoría absoluta. Tuvo que buscar pareja y pactar. Pero justo ahora, cuando apenas queda poco más de un año para el fin de la legislatura y el Gobierno atraviesa su peor momento en valoración ciudadana, es cuando sus alianzas se presentan más inestables. Cataluña, una vez más, ha sido determinante para Moncloa. El acuerdo entre PSC, ERC e IC-V ha dejado a Zapatero sin el novio con el que pretendía llegar a las próximas generales, los convergentes de Artur Mas. Éstos, excluidos del poder en Cataluña, aseguran que a partir de ahora “harán lo que más les convenga” mientras ERC e IU vuelven a ocupar su antiguo puesto de “socio preferente”, aunque sin concesiones. El imposible acuerdo sobre la Ley de la Memoria Histórica o el reparto de consejeros para la nueva RTVE, donde el PSOE va a tener que quedarse en minoría, son sólo algunos ejemplos de la difícil papeleta a la que se enfrenta el Gobierno.

Por Por Inmaculada Sánchez

Esta semana va a escenificarse una inoportuna soledad para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El jueves, día 14, se debatirá por primera vez en el Congreso, después de múltiples aplazamientos, el proyecto de ley de la Memoria Histórica. Una simbólica ley para la que el gobierno no ha conseguido el apoyo de sus socios “preferentes” en la primera parte de la legislatura. Tanto Izquierda Unida como Esquerra Republicana de Cataluña presentan sendas enmiendas a la totalidad. “No estaba previsto que tuviésemos problemas con esta ley. Cuando votamos la investidura y la pusimos como condición, Zapatero la aceptó, incluso, en demasía, diría yo, apelando al testamento de su abuelo”, explica un diputado de ERC.

Dos años y medio después, los compañeros de viaje republicanos han sido expulsados del “olimpo” monclovita, tras su rechazo al texto consensuado con CiU sobre el nuevo Estatut de Cataluña, y, recuperados, “a la fuerza” después de la elecciones autonómicas catalanas y la reedición del tripartito, no están dispuestos a dar el “sí” a una ley que consideran descafeinada por el Gobierno. Ni el PP ni CiU le darán tampoco su apoyo, al menos tal como estaban las negociaciones al cierre de estas páginas.

“Ahora ya no hay guión. Lo han hecho saltar por los aires los socialistas y vamos a hacer lo que más nos convenga en cada momento”.  Son palabras de un alto dirigente de Convergencia i Uniò referidas al tácito acuerdo entre Zapatero y Mas después del apretón de manos con el que desatascaron la aprobación del Estatut de Cataluña. En él se incluía que CiU podría gobernar si era la fuerza más votada en las recientes elecciones autonómicas y que, desde el Palau de la Generalitat, los nacionalistas se convertirían en fieles y estables socios de un Zapatero en minoría y con todos los puentes rotos con el PP.

Pero Montilla y el PSC han desbaratado los planes de Moncloa reeditando lo que algunos círculos políticos denominan el “tripartito express”, por la rapidez con la que se desarrollaron las negociaciones entre socialistas, republicanos y ecosocialistas. El líder de los socialistas catalanes pareció apuntarse al estilo que ya inaugurara el hoy presidente del Gobierno cuando decidió retirar las tropas de Iraq a las pocas horas de ocupar la Moncloa para no dejar que las presiones le influyeran. Montilla decidió libremente y Zapatero se quedó sin novio. “Mi nivel de confianza con el PSOE está bajo cero”, ha llegado a decir Artur Mas.

Mientras los socialistas catalanes celebran su segunda oportunidad, con Montilla de President, entre el resto de dirigentes del PSOE cunde la inquietud. Hace unos días se daba a conocer el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y en él la distancia entre socialistas y populares aparecía más reducida que nunca desde las últimas elecciones: apenas 1,4 puntos de diferencia en intención de voto, lo que los expertos llegan a denominar “empate técnico”. Si lo que queda de legislatura ha de contar con el beneplácito de la siempre imprevisible Esquerra, argumentan, no se sabe lo que podrá pasar.

El desencuentro con CiU, cuya complicidad ha cuidado Moncloa desde que se aprobase el Estatut catalán y ERC fuese expulsada del gobierno de la Generalitat, ya está teniendo consecuencias para el Gobierno. El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007 ha transitado con la amenaza del veto del Senado hasta hace apenas unos días, cuando CiU, finalmente, ha decidido abstenerse, en lugar de sumarse al PP y complicar la tramitación parlamentaria de la ley más importante del año. “Podremos votar con el PP cuando nos parezca conveniente”, amenazan los convergentes. “Nuestro “sí” tendrá un precio mucho más alto a partir de ahora”, añade un alto cargo de la coalición nacionalista con acceso directo a Artur Mas.

Los nacionalistas catalanes se debaten estos días en un complejo escenario (Ver entrevista en páginas siguientes a Josep Antoni Durán y Lleida) pero ya están empezando a “cobrar” por sus votos. La abstención en el Senado para que los Presupuestos no tuvieran que superar el veto en el Senado “ha costado” nada menos que la mayoría socialista en el consejo de la futura corporación de Radiotelevisión Española.

Según el reparto de consejeros establecido en la reforma de RTVE, ya pactada con el PP, el PSOE iba a contar con cuatro consejeros, el PP con otros cuatro, y dos puestos más se reservaban a grupos minoritarios (aparte los dos establecidos para los sindicatos mayoritarios en el actual ente).

“López Garrido nos vino con el mensaje: “hombre, tenéis que renunciar al consejero, ya os daremos uno en el Consejo del Poder Judicial...” explican desde el grupo parlamentario de ERC refiriéndose al portavoz socialista en el Congreso. “Pero Zapatero nos lo prometió”, añaden. Y también a IU, y Llamazares no ha sido nada discreto los últimos días respecto a la promesa.

El problema para los socialistas es que también había que hacer hueco a CiU para atemperar su disgusto. Resultado final: el PSOE renuncia a un consejero propio, se queda en minoría frente al PP, con tres consejeros, pero consigue uno para cada uno de sus posibles apoyos en el Congreso: CiU, ERC e IU. Al PP sus cuatro consejeros le han salido gratis.

Esta situación es la que tiene de los nervios a algunos veteranos socialistas que siempre vieron con cierto temor las alianzas del Gobierno de Zapatero.

Ya en el último Comité Federal del PSOE, en el que se aprobaron sin fisuras los candidatos socialistas a las próximas elecciones autonómicas y municipales, incluído el candidato-sorpresa para el ayuntamiento de Madrid, Miguel Sebastián, hubo alguna voz crítica con la actual estrategia monclovita.

Aunque bien es cierto que sólo fue una (Ver recuadro: “Solchaga, el eterno Pepito Grillo”), el ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, recogió el sentir de más de un compañero al apuntar hacia los errores que se pueden estar cometiendo por expulsar al PP hacia la extrema derecha sin conseguir para el Gobierno una imagen “de centro”.

Esta preocupación ha crecido después de las  elecciones catalanas y la constatación de que CiU ya no va a ser el socio del final de la legislatura sino la muchas veces desconcertante Esquerra de Carod y Puigcercós y la dividida IU de Llamazares y Saura.

Un símbolo que no deja de disgustar en determinados sectores socialistas es, por ejemplo, la asistencia, o, mejor dicho, la no asistencia, de estos grupos políticos a la institucional recepción del Congreso de los Diputados con motivo del Día de la Constitución. Al cierre de esta edición ningún parlamentario de ERC, al igual que los del PNV, Eusko Alkartasuna, BNG o Nafarroa Bai, iban a asistir a la misma. El PNV no suele asistir nunca y los republicanos catalanes sostienen que, aunque acatan la Carta Magna, no la votaron y, por tanto, no sería coherente homenajearla en el Congreso. Izquierda Unida, por su parte, tiene problemas internos. De sus cinco diputados, los dos pertenecientes a Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Herrera y Carme García, no tienen previsto asistir “por problemas de agenda” mientras que los otros tres, con Gaspar Llamazares en cabeza, sí acudirán a la recepción.

Estos tres diputados tampoco son un ejemplo de cohesión. Angel Pérez, el líder de IU Madrid, libra estos días una sorda batalla contra la dirección federal, con Gaspar Llamazares como principal enemigo interno (Ver recuadro “Simancas, de los nervios por IU”), por lo que , aunque el líder de la coalición ha conseguido, hasta ahora, mantener la disciplina de voto dentro del grupo, nadie dentro del PSOE pone la mano en el fuego por esos cinco votos.

Con todo, la principal incógnita para los socialistas está en la asamblearia Esquerra. “Hemos aprendido mucho. El nuevo tripartito va a durar los cuatro años de legislatura. Todo estamos interesados”, intentan tranquilizar desde la dirección republicana.

También en algunos sectores del actual gobierno apoyan esta tesis. “Están domesticados. Saben que no pueden volver a cometer los mismos errores y quieren que se les tenga en cuenta”, afirman fuentes bien informadas de determinadas negociaciones.

Uno de los ejemplos que citan estos informadores es la reciente aprobación de la trascendente Ley de la Dependencia. Han sido los votos tanto de IU como de ERC los que han  cerrado el paso a determinadas enmiendas presentadas tanto por el PP como por CiU que desvirtuaban, a su juicio, la creación del futuro sistema público de asistencia a los mayores dependientes y discapacitados.  Su intención venía inspirada por el sistema “de cheque” en el que el poder público da un dinero al usuario y éste acude al mercado privado en busca de la asistencia que necesita. “Esta es una ley de izquierdas y no íbamos a dejar que fuese tergiversada”, aseguran desde IU, donde constatan la coincidencia con ERC en las 62 enmiendas presentadas a la misma.

El PP, finalmente, se ha sumado al consenso de tan histórica ley pero los convergentes han optado por la abstención. “Había un acuerdo previo con ellos pero tras las elecciones en Cataluña no han querido aparecer en la foto”, explican desde el PSOE. “Han sido ganas de hacer un feo al Gobierno porque ni desde ERC discuten la invasión de competencias autonómicas que argumentan los de Mas”, añaden.

Contar con sus socios “de izquierdas”, no obstante, tampoco le ha salido gratis a los socialistas. La ampliación del colectivo sujeto al derecho de asistencia previsto en la ley va a complicar aún más, si cabe, su rápida aplicación, en palabras de quienes han vivido su larga y dificultosa gestación. Las fuentes informantes se refieren a la inclusión del tramo de edad entre cero y tres años y de los enfermos mentales, impulsada por los diputados de IU y ERC.

Pero no son“concesiones” como éstas las que preocupan a los más veteranos del PSOE sino la imagen de debilidad que el Gobierno pueda transmitir. Desde sectores cercanos a Presidencia, por el contrario, señalan a la capacidad para acordar pactos con diferentes grupos como uno de los grandes valores de la legislatura. Sobre todo, mientras la economía continúe viento en popa.

Desde Moncloa se resta importancia a la inestabilidad parlamentaria mirando hacia la cifras macroeconómicas. Tal como ya contaba El Siglo en su número 718 de hace un par de semanas (Ver reportaje de portada: “ZP se hace “solbente”. Sin Montilla ni Sebastián y con La Caixa en retirada”), el presidente ha descubierto que la evolución económica le es más propicia que cualquier otro de los frentes de su política y se presta a agitarla como bandera de su gestión.

Es por eso, por ejemplo, que ante la posible inflexión en esta percepción de ”bonanza económica” que podría suponer la propuesta de subida de las tarifas eléctricas de casi un 10 por ciento del Ministerio de Industria la vicepresidenta no ha tardado en cortar de raiz el supuesto: no habrá subida por encima del IPC, ha dicho tajante.

Otros sectores socialistas, sin embargo, no consideran que la economía por sí sola pueda tapar los delicados frentes abiertos  en estos momentos, con el proceso de paz como eje y centro de la agenda política (Ver recuadro “Y mientras, el proceso de paz en crisis”).

ERC busca su segunda oportunidad, pero el flamante conseller de Gobernación, Joan Puigcercós, ya ha dado lugar al primer chirrido en el Govern catalán retirando la bandera de España de la sede de su consellería y obligando a Montilla a reclamar que se cumpla la ley.

“Entre la noche negra del aznarismo y el gobierno del PSOE no hay color”, señala un diputado de ERC que reivindica el entendimiento con los socialistas. Sin embargo, esta semana rechazarán la Ley de Memoria Histórica del Gobierno. “Es que Zapatero está perdiendo fuelle”, añade. ¿Será cierto?, se preguntan en algunas sedes del PSOE.

Carlos Solchaga, el eterno Pepito Grillo

“Genio y figura, hasta la sepultura”. El dicho popular se adapta perfectamente al ex ministro Carlos Solchaga quien sigue diciendo lo que piensa aunque eso pueda "doler" y crear polémicas dentro del PSOE.

Su polémica intervención en el Comité Ejecutivo del 18 de noviembre no es la primera vez que el ex ministro de Economía disiente públicamente de la mayoría de sus compañeros de partido, algo que fue habitual en los años en los que formó parte de los sucesivos gobiernos de Felipe González.

Por aquella época, Solchaga, cabeza visible del entonces sector "renovador" tuvo que vérselas con los "guerristas" en una batalla interna que consiguió ganar, al tiempo que aprovechaba su cercanía al presidente del Gobierno para decirle aquello que otros no osaban pronunciar.

Aunque hace ya diez años que dejó la política activa para dedicarse a la docencia y a la empresa privada -también asesora a Moncloa en cuestiones relacionadas con el mundo empresarial-, parece que con el nuevo presidente del Gobierno está pasando algo similar. El navarro, que apoyó la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero por encima de la de José Bono para ocupar la secretaría General del PSOE, está utilizando su silla en el Comité Federal -es uno de la docena de "notables" que no representa a ninguna federación- para hacer valer su "independencia" y leerle la cartilla al líder socialista cuando haga falta, abanderando, de alguna forma, la voz de parte de la vieja guardia que no acaba de dar el visto bueno a sus políticas.

V.C.

Y mientras, el proceso de paz en crisis

Si al menos el proceso de paz dejara algún resquicio a la esperanza, bien valdría la pena que a Zapatero le estén dando plantón sus novias políticas. Pero de poco ha servido que las haya tenido desatendidas para poder volcarse en un asunto del que no ha obtenido todavía los resultados esperados.

Largo, duro y difícil. Así aventuró el presidente que iba a ser el proceso de negociación con ETA. Pero que después de ocho meses no haya el mínimo indicio positivo no es buena señal. Buena parte de culpa la tiene un incesante ruido de fondo que amenaza a diario la iniciativa de paz del Gobierno. La prensa contraria al proceso, la política de oposición del Partido Popular, la kale borroka, las presiones de la izquierda abertzale, las manifestaciones contrarias a la política antiterrorista del Ejecutivo socialista, los procesos judiciales. Demasiados frentes abiertos que arrojan por el momento un balance descorazonador.

Mientras, el presidente y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se manejan como pueden haciendo frente a las exigencias de una y otra parte en conflicto. Lo que sí han logrado es mantenerse firmes en sus planteamientos de partida. Batasuna no ha sido legalizada porque aún no ha aceptado las reglas del juego democrático. Y a pesar de que el PP haya basado su política de oposición en el proceso, como acaba de decir la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el Gobierno no ha bajado la guardia. Con apenas unos días de diferencia, la policía gala, en sendas operaciones en las que han colaborado las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españoles, ha detenido a la cúpula del aparato logístico de la banda terrorista, relacionado, según las investigaciones, con el robo de 350 armas el pasado 23 de octubre en la localidad francesa de Vauvert. Según Rubalcaba, los últimos detenidos "estarían trabajando en tareas de aprovisionamiento de ETA".

La certeza del ministro y la reacción de Batasuna tras las detenciones, que ha acusado al Estado español y francés de estar "echando por tierra las expectativas abiertas en este país" manteniendo "permanentemente mecanismos de guerra" -en palabras de Joseba Permach-, hacen impensable, a día de hoy, que ETA emita el esperado anuncio de su abandono definitivo de las armas. Mientras, al Gobierno se encuentra en medio de un tira y afloja que no lleva a ninguna parte y que mantienen el proceso en punto muerto.

En el País Vasco se exige ya el derecho a la autodeterminación y el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, dice que la izquierda abertzale está deseando hacer política, mientras sigue reivindicando la integración de Euskadi y Navarra. Mientras, el secretario general del PP, Ángel Acebes, dice que las detenciones confirman que ETA no está dispuesta a dejar las armas y ha instado al Gobierno a "evitar que ETA-Batasuna se presente a las elecciones" bajo "ningún nombre o rostro, incluido el PCTV [Partido Comunista de las Tierras Vascas]".

En medio de este fuego cruzado, al Ejecutivo le ha salido un aliado. El presidente del PNV, Josu Jon Imaz, le ha contestado a Otegi desde Radio Euskadi diciendo que "enviar a una cuadrilla de fascistas" contra un local de recreo de los peneuvistas o robar pistolas "no es hacer política". El líder nacionalista desveló durante la entrevista que "en los últimos meses, la vía política en el proceso de paz iba bien" porque las conversaciones entre los partidos políticos "estaban avanzando y empezando a dar sus frutos", hasta que, "en mitad de ese proceso, ha vuelto a surgir la amenaza violenta" de ETA. Estas declaraciones no han sentado nada bien a sus socios en el Parlamento de Vitoria. El secretario general de EA, Unai Ziarreta, ha respondido a Imaz acusando al PNV de decantarse a favor del PSOE.

Precisamente, una de las grandes losas que soporta el proceso de paz es el constante goteo de manifestaciones que no hacen sino enturbiarlo. Como dijo en una reciente entrevista en la cadena Ser el presidente del Congreso, Manuel Marín, preguntado por el vídeo del PSOE sobre la tregua de 1998, "al proceso le sobra el megáfono". El coordinador general de EB, Javier Madrazo, acaba de proponer una manifestación ciudadana para dar un impulso al proceso de paz "en este momento de crisis". El secretario general de UPN, Alberto Catalán, dice que "la libertad de Navarra ha estado pocas veces tan amenazada como ahora". El portavoz parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardá, le pide "valentía" al Gobierno para llevar a cabo "gestos importantes" como el acercamiento de presos de ETA. Y todos los grupos le piden a Rubalcaba una ronda de partidos para que comparta su información sobre el proceso. Si además de este ruido de fondo, en las calles vascas se recrudece la kale borroka cada vez que se produce alguna detención o un tribunal dicta sentencia contra la banda terrorista y su entorno -como la causa en el Supremo contra Segi-, bien puede decirse que el proceso de paz sólo se encuentra en un callejón de difícil salida.

Mientras todo esto ocurre en casa, el recién reelegido presidente venezolano a punto ha estado de introducir un nuevo elemento de crispación desde el otro lado del Atlántico. El Gobierno de Hugo Chávez, según la prensa de su país, había ofrecido la nacionalidad a cuatro terroristas de ETA para impedir su extradición a España. Y según la agencia Vasco Press, a otros dos les concedería una indemnización de 350.000 euros por haberles entregado a las autoridades españolas en 2002. Rubalcaba dijo tras conocer la noticia que la decisión era "inaceptable" -una "argucia bananera" la ha llamado el portavoz popular, Eduardo Zaplana- y que, de ser cierta, "Exteriores tomará las decisiones oportunas". El Gobierno venezolano reaccionó con rapidez dando marcha atrás.   

V.M.

Simancas,  de los nervios por IU

En la federación socialista madrileña están que no les llega la camisa al cuello ante las noticias de “gresca permanente” que se vive en Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Las luchas intestinas de la coalición de izquierdas están incidiendo negativamente en sus posibilidades de obtener unos buenos resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas de la próxima primavera. Para el PSM, las posibilidades de arrebatar al PP la alcaldía de la capital, la presidencia de la comunidad, o ambas, pasa indefectiblemente por un buen papel de sus “futuros socios” en esos comicios.

Si las encuestas que, hasta el momento, manejan los dos grandes partidos, no resultan muy optimistas para las aspiraciones socialistas, la situación se les podría complicar aún más si se da un retroceso de IU. El enfrentamiento de la dirección de la federación madrileña, liderada en la sombra por el diputado Ángel Pérez, y la estructura federal de IU es más que notorio en los últimos tiempos. La gota que parece haber colmado el vaso ha sido el proceso de primarias seguido por la coalición, que ha sido impugnado por destacados dirigentes regionales, como Inés Sabanés o Virginia Díaz, ambas candidatas alternativas al propio Ángel Pérez y a Gregorio Gordo –coordinador de IU en Getafe y mano derecha de Pérez.

Ambas argumentan que en las elecciones primarias, la candidatura de Ángel Pérez recibió votos de organizaciones ajenas a Madrid ciudad y otra serie de irregularidades, presentando un recurso en contra de la decisión del Consejo Político Regional que avaló las listas definitivas, ante la Comisión de Garantías Federal.

Por su parte, el coordinador de IU-Madrid. Fernando Marín, hombre impuesto por Pérez en sustitución del antaño “aliado” Fausto Fernández, abría un expediente disciplinario y llevaba ante la Comisión de Garantías al propio Fausto Fernández, a Inés Sabanés, ex portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, al diputado regional José García y al miembro de la Comisión Permanente de Izquierda Unida Federal, Enrique de Santiago, por su participación en un acto público en el que se mostraba apoyo a José Luis Vila, concejal de Móstoles a quien la dirección madrileña también había abierto un expediente sancionador.

La reacción de las estructuras federales de Izquierda Unida no se ha hecho esperar, y ha desautorizado esta incoación masiva de expedientes. El coordinador Ejecutivo de Organización y Áreas, Joan Josep Nuet, hombre muy próximo a Gaspar Llamazares, comunicaba a la dirección madrileña de la coalición que “la dirección federal será garante del principio de pluralidad como pilar fundamental del proyecto de IU y considera una prioridad política las elecciones de mayo próximo”. Para los dirigentes nacionales, la “caza de brujas” emprendida en Madrid “atenta contra la recuperación política y electoral de IU que han demostrado los resultados de las recientes elecciones en Cataluña”.

La guerra abierta proseguirá con el “amparo” que la Comisión de Garantías Federal está dispuesta a dar a los expedientados, frente a la Regional y, según fuentes próximas a la presidencia, podría también atender la reclamación de Virginia Díaz e Inés Sabanés sobre las presuntas irregularidades en el proceso de primarias madrileño. La “guerra” está servida y en el PSM se echan a temblar.

P.A.N.

La batalla decisiva se juega en Euskadi, por Enric Sopena