La Ley de Dependencia garantiza servicios sociales a mayores y personas con discapacidad

Por V. M.

El Congreso de los Diputados acaba de protagonizar una jornada histórica. El pasado 30 de noviembre, la Ley de Dependencia superaba su último trámite parlamentario en la Cámara baja. Nacía así el proyecto legislativo que articulará el cuarto pilar del Estado del Bienestar, que bajo el nombre de Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), garantizará la atención y cuidados que empezarán a recibir a partir de 2007 y hasta la total implantación del sistema en 2015, los más de 1,2 millones de personas residentes en España que no pueden valerse por sí mismas. Estos beneficiarios son, según la ley, mayores y discapacitados, incluidas las personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y menores de tres años con graves discapacidades.

A partir de su puesta en marcha, el SAAD, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, coordinará el trabajo de los centros y servicios, públicos y privados, implicados en la función de promover la autonomía personal y garantizar la atención y protección a las personas en situación de dependencia.

Las prestaciones asistenciales y económicas previstas en la ley se comenzarán a aplicar a requerimiento de los ciudadanos, que deberán acudir a los órganos designados por sus respectivas Comunidades Autónomas para que éstos evalúen su grado de dependencia y el tipo de atención que tienen derecho a percibir. Tras este estudio previo, los servicios sociales establecerán un Programa Individual de Atención para cada caso y que dependerá del nivel de dependencia, ya sea moderada, severa o total.

En todos estos casos, el SAAD ofrece dos tipos de prestaciones; de servicios, a través de centros y programas públicos o concertados, y económicas. Las primeras incluyen servicios de prevención de las situaciones de dependencia, teleasistencia, ayuda a domicilio –atención de las necesidades del hogar y cuidados personales–, centros de día y de noche –los primeros, para mayores y para menores de 65 años y de atención especializada–, y atención residencial –de mayores dependientes y de atención a personas en situación de dependencia con varios tipos de discapacidad–.

Las económicas son de tres tipos. En caso de que el beneficiario no disponga de la oferta pública de servicios en función de su nivel de dependencia, la Administración le ofrecerá una prestación económica vinculada para que pueda adquirir el servicio en el mercado privado, cuya cuantía dependerá de su grado de dependencia y de su capacidad económica. Con carácter excepcional, la persona dependiente podrá optar por ser atendido en su entorno familiar. Este cuidador recibirá una compensación económica y será dado de alta en la Seguridad Social. Además, recibirá la formación adecuada y disfrutará de periodos de descanso. Por último, con la prestación dirigida a la contratación de una asistencia personalizada durante un número de horas se pretende que el usuario disfrute de una vida más autónoma.

El desarrollo del SAAD será gradual, de forma que el Estado pueda acompasar el desarrollo de las prestaciones con la creación de la infraestructura necesaria para ello. Según las previsiones, el proceso durará ocho años; cuando finalice este periodo, el sistema habrá alcanzado su implantación definitiva.
El Gobierno correrá con todos los gastos generados por la cobertura básica común para todo el Estado. Además, establecerá convenios con las Comunidades Autónomas para cofinanciar las prestaciones. El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015.
Para alcanzar este nivel presupuestario, y según la memoria económica de la ley, la Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de euros hasta que finalice el plazo de implantación del sistema. Las Comunidades Autónomas deberán aportar una cantidad similar. Mientras, la participación de los beneficiarios se determinará de forma justa y equilibrada y estará en en función de su renta y patrimonio. Esta aportación la determinarán el Gobierno y las Comunidades Autónomas en el Consejo Territorial del SAAD, un instrumento de cooperación entre Administraciones para articular el sistema que deberá crearse tras la entrada en vigor de la ley. En cualquier caso, este nuevo organismo deberá tener en cuenta que ningún beneficiario dejará de recibir atención por falta de recursos.

El Observatorio de la Discapacidad, en Olivenza

Estudiar la situación de las personas con discapacidad en España y centralizar y coordinar toda la información relacionada con esta materia. Esta es la filosofía de trabajo del Observatorio Estatal de la Discapacidad, que empezará a funcionar en 2007 en Olivenza (Badajoz) gracias al convenio de colaboración que firmaron el pasado 3 de diciembre la secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, y el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

El protocolo también fue suscrito por los representantes del resto de instituciones implicadas en el proyecto; el rector de la Universidad de Extremadura, Juan Francisco Duque, el presidente del Co-mité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Mario García, y el presidente de la Fundación Tutelar de Extremadura (Futuex), José Javier Soto. Universidad, comité y fundación colaborarán para que este observatorio, cuya dirección y gestión correrá a cargo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Futuex, cumpla con todos sus objetivos. Así, además conocer y coordinar la información relacionada con las personas con discapacidad y sus familias, fomentará las jornadas de formación, sensibilización y divulgación en esta materia; analizará el impacto de las políticas de acción social destinadas a este colectivo; fomentará la igualdad de oportunidades y accesibilidad universal; realizará investigaciones prospectivas sobre cómo puede evolucionar esta realidad social; y detectatá y difundirá iniciativas recomendables en el ámbito de las políticas públicas y privadas de discapacidad, entre otras cosas.

Cuando el observatorio comience a trabajar en 2007, se ubicará en una sede provisional cedida por el ayuntamiento de Olivenza. En el futuro, desarrollará su tarea en el Centro Estatal de Referencia de Promoción de la Vida Independiente, que el Gobierno construirá en la misma localidad extremeña. Amparo Valcarce aprovechó su estancia en el municipio la semana pasada para visitar los terrenos donde se construirá el inmueble y cuya inversión ascenderá a más de ocho millones de euros - el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinará 575.000 euros en 2007 para los trabajos previos-.

El proyecto será un centro de experimentación e implementación de todas aquellas técnicas y experiencias encaminadas a proporcionar a las personas que así lo necesiten, por su condición de grave discapacidad, la autonomía necesaria para realizar una vida lo más independiente posible.