E stoy en una pequeña ciudad costera del Sur. Se dice que su alcalde entró lleno de deudas. Se dice que ahora tiene inversiones muchimillonarias hasta en América del Sur. Y sin hacer nada ilegal. Todo pasado por sus correspondientes tramitaciones reglamentarias. Y es que no es un problema de ley, sino de que la ley no es igual para unos que para otros. Es muy sencillo: para unos camino con alfombra, para otros de espinas. Es el valor del tiempo y de la facilidad en la tramitación administrativa. El urbanismo en España es un caos. Desde siempre. Además de solución imposible. Aunque la inefable ministra de la Vivienda ya ha encontrado la causa, y, por tanto, la solución, en su indefectible mentalidad infantil. La culpa es de la legislación del suelo del PP. Genial. Bastará con cambiar la legislación. No le va a la zaga el en su día legislador del PP, que hizo el siguiente y brillante razonamiento. En España otra cosa no habrá, pero suelo, a tupir, por lo que en ese pensamiento infantil liberal la varita mágica era que todo el suelo fuera urbanizable. Fantástico. No menos pueril fue la legislación del 56 (En España los hitos legislativos son 1956, primera Ley del Suelo, su modificación de 1976, la frustrada y absurda de 1992 y la tirada de toalla en 1998) que enfocó el problema del suelo en como repartir, eso sí, equitativamente, entre los propietarios agraciados por la calificación urbanística las plusvalías. En 1962 hubo un hito intermedio digno de mención,
que fue la introducción de la posibilidad de expropiación de suelo a precio casi de rústico. Único avance serio que nunca ha habido en la materia. Que se quiso perfeccionar, pero mal, en la reforma del 76. Luego vino el genio de 1992 que se inventó una majadería de patrimonialización sucesiva del aprovechamiento urbanístico y se olvidó del pequeño detalle de que la Constitución atribuyó competencias casi exclusivas a las comunidades autónomas en urbanismo. Pasó lo que tenía que pasar: el Tribunal Constitucional se la cargó. Por último, en 1998 el Aladino de turno dijo que todo el suelo era apto para urbanizar y se olvidó el pequeño detalle de que el crecimiento urbanístico o es armónico o es papel mojado (véase esa demencialidad reciente en Seseña, Toledo). Es decir, que no sirvió para nada. Nos encontramos con un panorama de normativa urbanística hoy que pone la piel de gallina a cualquiera que sepa algo del tema. Es la consagración de la plusvalía y de la discrecionalidad posibilitante de la arbitrariedad.

Se decía que una mina consiste en un pozo, un ingeniero y un tonto que pone el dinero. Trasladándolo al mundo de las leyes, podemos decir que una ley inservible es un iluminado, un ministro insensato y una mayoría suficiente. Ejemplos los hay en abundancia. Si lo llevamos al suelo, donde es necesaria claridad, precisión, uniformidad, competencia, profesionalidad, agilidad, transparencia, eficacia e ideas muy, muy claras sobre a quién corresponde el aprovechamiento urbanístico (yo creo que todo, entero, tiene que ser público y del Estado) y, sobre todo, sensatez, lo que a todas luces no existe, habrá un río revuelto en manos de desaprensivos. Si le añadimos que la justicia es lenta y mala, el resultado final es el que es. Desgraciadamente, la Unión Europea no tiene competencias en urbanismo.

Han saltado casos de corrupción en urbanismo, corrupción entendida como llevárselo en crudo con la ilegalidad. Pero corrupción es también llevárselo con la aplicación de la legalidad (léase el sabio Código Penal para saber lo que es cohecho y prevaricación). Saldrán muchísimos más y más asuntos que no sean urbanismo. Y lo que no vale es que tenga que ser la prensa quien los destape, porque lo hará mal. Tiene que ser la justicia. Bueno, debería de ser. Aunque si, como en Marbella, hay que esperar 20 años a que reviente algo que sabía hasta el potito, estamos listos. La ley está para algo, y si es insuficiente hay que hacerla o cambiarla. Si no, tan culpable es quien corrompe, o se corrompe, como el que teniendo que actuar no actúa.

Fernando F. Trocóniz