El anuncio de que los Príncipes tendrán otra hija no zanja la necesidad de abolir la sucesión machista

Será niña. La segunda hija de los Príncipes de Asturias le da un respiro al Gobierno, que de haber sabido que el bebé que espera Doña Letizia es varón se habría visto en un serio aprieto. Aunque tras el anuncio del segundo embarazo asegurara que la retroactividad impediría la aparición de problemas jurídicos, la reforma tras el eventual nacimiento de un niño implicaría la necesidad de arrebatarle unos derechos con los que habría nacido. Y a pesar de que el Ejecutivo está dispuesto a abordar la reforma constitucional prometida, sus malas relaciones con el PP, cuyo consenso es imprescindible, y su interés en incluirla en un paquete de reformas, evitando así que el referéndum previsto se convierta en un plebiscito, le impiden mover ficha. El reciente anuncio le ha hecho ganar tiempo. Hasta el próximo embarazo.

Por V. M.

E I debate está en la calle". El Príncipe Felipe, después de que la Casa Real anunciara que el segundo de sus hijos sería otra niña, explicó así por qué ahora han decidido hacer público el sexo del bebé, a pesar de que no se supo que su primogénito iba a ser niña hasta que Doña Letizia dio a luz a la Infanta Leonor.

Efectivamente, y a pesar de que no es una de las preocupaciones más acuciantes de los españoles, en la mente de todos está el hecho de que, de haber sido varón, la primera hija de los Príncipes de Asturias no las tendría todas consigo para ser reina. La ingeniería jurídica tiene herramientas suficientes para que la pequeña, tras el eventual nacimiento de un niño, sea la sucesora legítima de su padre. Pero antes hay que ponerlas en práctica, y para eso el Gobierno necesita superar los obstáculos que en estos momentos le impiden abordar la cuestión sucesoria. Y a nadie se le escapa que el pequeño perdería unos derechos con los que ha nacido, y quién sabe hasta qué punto eso puede convertirse en un conflicto familiar algo más que anecdótico como para comprometer la jefatura del Estado.

Con el anuncio, Zarzuela ha querido evitar que estas interpretaciones pongan en duda la condición de heredera del heredero de la Infanta, porque a pesar de que el Rey asegure que Leonor es como cualquiera de sus nietos, la formación y educación que reciba será conforme a las altas exigencias que le depara el futuro del Estado tal y como hoy le conocemos. Así será porque así lo ha querido la clase política y la ciudadanía. La Casa Real hará por tanto lo que se espera de ella, amoldándose a los tiempos y al resto de monarquías europeas preparando a la que un día sea reina. Por si fuera poco, la providencia o la genética le acaba de dar un respiro al Gobierno, que acaba de ganar tiempo tras conocer el sexo del bebé. Pero ahora la pelota está en el tejado de Zapatero. El Príncipe lo ha dejado bien claro. "No es cuestión nuestra [...] son el Gobierno y el Parlamento los que tienen que tomar cartas en el asunto, siempre con el mayor consenso posible", ha dicho tras el anuncio.

El Partido Socialista, tras saberse que los Príncipes esperaban su segundo hijo pero se desconocía aún que sería niña, intentó trasladar una imagen de normalidad y tranquilidad asegurando que del nacimiento no se derivan consecuencias jurídicas porque el heredero es Don Felipe. Pero toda precaución es poca e incluso el Consejo de Estado ha aconsejado al Ejecutivo que no se demore. El órgano emitió un informe el pasado mes de febrero sobre las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno: modificar el Senado para convertirlo en una cámara territorial, incluir las 17 Comunidades Autónomas con su denominación, añadir alguna referencia a la Constitución Europea, sustituir el término minusválido en la Carta Magna y cambiar el artículo 57.1 para eliminar la preeminencia del varón sobre la mujer –impuesta por cierto por Don Juan Carlos a los constituyentes para que fuera su hijo y no su primogénita el heredero–. Respecto a la reforma de este último artículo constitucional, el Consejo de Estado advirtió que "hasta que se produzca esa sucesión en el trono [la de la heredera de Don Felipe], la reforma que ahora se contempla no tendrá aplicación alguna, lo cual no excluye la conveniencia de efectuarla sin más demora que la que resulte de la apreciación del interés público". Pero el enrarecido clima político se ha cruzado en el camino de la Infanta Leonor, y el presidente aún no ha encontrado el momento de zanjar el asunto para evitar posibles equícovos.

Primero fue por la investigación sobre el 11-M. Después por el Estatuto de Cataluña. Ahora, por el proceso de paz. Las desavenencias entre el Gobierno y el principal partido de la oposición han ido en aumento y, a día de hoy, resulta impensable que pacten todas las reformas previstas –el acuerdo es imprescindible porque implica su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara–. Porque si bien es verdad que el PP no tiene ningún inconveniente en acordar con los socialistas la modificación del artículo 57.1 de la Carta Magna, no están dispuestos a aceptar que aparezca dentro de un paquete de reformas. A lo que se niega el Ejecutivo es a que su propuesta se convierta en un plebiscito sobre la monarquía. La consulta popular, última fase del proceso, se formularía sobre la idoneidad de eliminar la discriminación sexista en la Corona. Pero si se planteara en solitario, sin acompañarla del resto de reformas previstas, la baja participación de los españoles, circunstancia más que probable en un país sin demasiado apego a los Borbones, la institución no quedaría deslegitimada, pero sí cuestionada. Y esa mayoritaria abstención animaría a las formaciones republicanas a plantear el cambio en la forma de Estado.

Aparentemente, Zapatero se encuentra en una encrucijada, pero los expertos constitucionalistas han planteado algunas soluciones. Por ejemplo, aplicar el artículo 57.5 de la Carta Magna, donde dice que "las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán mediante una ley orgánica". Este podría ser un recurso temporal hasta que se aborde la prometida modificación, aunque algunos de estos mismos expertos consideran que una ley orgánica no tiene efectos jurídicos sobre un artículo tan blindado como el 57.1. La otra es que las Cortes, en sesión conjunta y solemne, declaren su voluntad de afrontar la reforma al término de la legislatura.

Ahora que sabe que una niña está de camino, el Gobierno ha logrado ganar tiempo. Pero no conviene que aparque el asunto por mucho tiempo porque ya ha visto que los Príncipes han cogido carrerilla y en cuanto se descuide van a por el tercero.