Evolución de la variable femenina en los instrumentos demoscópicos y estadísticos

Hasta finales del siglo XVIII no se tiene constancia de los primeros censos de población que introducen la variable sexo en España. Históricamente, la ciencia estadística ha tenido en cuenta a la mujer del mismo modo que lo ha hecho la sociedad y los sucesivos regímenes por los que hemos atravesado –es decir, muy poco–. Su presencia en los estudios demoscópicos ha cobrado una importancia capital coincidiendo, casi exactamente, con la recuperación legal de todos sus derechos y con el establecimiento en las normas jurídicas de la plena igualdad entre sexos. Salvo la breve experiencia republicana, de 1931 a 1936, por increíble que parezca, esto no sucedió hasta hace 28 años, con la promulgación de la Constitución de 1978, cuyo aniversario celebramos en estos días. La evolución del tratamiento estadístico del rol social de la mujer y, en consecuencia, el avance mismo de las conquistas feministas, constituyen el eje del discurso con el que la actual presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), Carmen Alcaide Guindo, concurrió al acto de su ingreso en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, el pasado 17 de noviembre.

Por P. A. N.

Se trata, sin lugar a dudas, de la revolución pacífica más larga y más fecunda que ha traído consigo el río de la historia. Para apreciar el inmenso caudal de prejuicios que el movimiento feminista ha tenido que remover, basta con recordar el concepto de igualdad universal en el siglo XVIII. El gran ideólogo de la Ilustración, el filósofo Jean Jacques Rouseau, consideraba que la igualdad universal era la de todos los hombres, eso sí, con la excepción y exclusión de todas las mujeres. Esta es la razón por la que suele decirse que la igualdad de las mujeres, que hoy nos parece una obviedad, es un hijo no querido de la Ilustración”. Así se expresaba, en relación al movimiento feminista, Carmen Alcaide Guindo, presidenta del Instituto Nacional de Estadística (INE), en un párrafo de su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, el pasado 17 de noviembre.

Desde una perspectiva científica y desde una visión femenina, en este interesante y pedagógico texto, Alcaide realiza un recorrido por la evolución de la presencia de las mujeres en la elaboración estadística y censal a lo largo de la historia que, como demuestra, se produce en paralelo con la evolución de su rol social, desde la práctica marginación y reducción de su papel a la reproducción, cuidado de los hijos y mantenimiento del hogar, hasta el protagonismo en pie de igualdad con los varones que hoy desarrolla en los países democráticos occidentales. Un fenómeno reciente –en España, esta igualdad se establece en la constitución de 1978, hace sólo 28 años, con el breve “oasis” de la Constitución de la II República de por medio-, que en las últimas tres décadas ha experimentado su auténtica eclosión, aunque gracias a una labor larvada y constante del movimiento feminista que nace en el siglo XIX.

Prácticamente hasta el siglo XX, las mediciones poblacionales no tienen en cuenta a la mujer en los parámetros económicos considerados, como tampoco suelen aparecer personas de sexo femenino en las “contabilidades” referentes a educación o, mucho menos, docencia. En España, sólo se conoce un estudio elaborado por la jurista Concepción Arenal, titulado “El  estado de la mujer en España”, fechado en 1895, en el que sin realizar un uso sistematizado de la herramienta estadística, se llega a rotundas conclusiones acerca de la situación de marginación y exclusión en que se encuentran las mujeres de nuestro país en los ámbitos político, social y jurídico, destacando la dependencia establecida de las figuras masculinas, especialmente padres y maridos, cuyo consentimiento y “permiso” es necesario para cualquier decisión social, económica o jurídica que ataña a la mujer. Cuestiones básicas, como realizar trámites administrativos, poseer un pasaporte, disponer y decidir sobre el propio dinero o bienes requieren de una “autorización” masculina, en forma de firma del padre o marido. La mujer necesita el permiso paterno para contraer matrimonio. El Código Civil de 1889 establecía que “el marido debía proteger a la mujer y ésta obedecerle”, con penalizaciones por el incumplimiento de esta obligación. Por muy escandaloso que hoy nos resulte, esa situación se mantiene vigente en nuestro país hasta la reforma del Código Civil de 1975. No será hasta tres años más tarde, en la Constitución de 1978, cuando se plasme definitivamente la igualdad legal entre sexos.

CAMBIOS SOCIALES, NUEVOS PARÁMETROS

La primera vez que un censo de población toma en cuenta el sexo de los habitantes en España ocurre en 1768, con el Censo del Conde Aranda (concluyó el trabajo en 1769). –se distingue entre “varones” y “hembras”, teniendo en cuenta, además, el estado civil. Dos décadas más tarde, el censo de Floridablanca (1787), añade a los anteriores parámetros el número de colegios de niños y de niñas –totalmente segregados en aquella época-. Se contabilizaron 170 colegios de niños, a los que asistían 6.430, y 48 colegios de niñas, con 1.298.

A comienzos del siglo XX, en el censo del año 1900, en el estudio se incluyen datos acerca del nivel cultural, diferenciado por sexos. En ese momento, 6,8 millones de mujeres, el 72 por ciento del total de censadas, no sabían leer ni escribir, aunque no se tiene en cuenta la edad de las personas, por lo que están incluidas también todas las niñas en edad inferior a la que hoy consideramos escolar. La pirámide de edad comienza a ser considerada una variable una década más tarde, en el censo de 1910. En el de 1920 constan, además, el número de hijos de cada matrimonio, y una distribución por edades de los progenitores.

Pero, como señala Carmen Alcaide, hasta muy entrado el siglo XX, “no hay modo de saber qué ocurría con las mujeres en el terreno económico, laboral, educativo, sanitario o judicial. Sólo se sabían aquellas cuestiones ligadas inevitablemente al sexo femenino, como el bautizo de los hijos que habían tenido, el matrimonio eclesiástico que contraían o sobre el enterramiento a que daba origen sus muertes”.

Ha sido en los últimos 30 años cuando la irrupción de la mujer en todos los aspectos de la vida social se ha producido de forma rápida y masiva, condicionando también las herramientas de medición que han debido adaptarse a una nueva realidad. La población femenina se ha incorporado masivamente al campo educativo, al laboral y a las esferas de decisión política, en lo que Alcaide llega a considerar una “segunda transición demográfica”. Esta integración masiva de la mujer ha tenido como consecuencia profundos cambios en las relaciones y los hábitos sociales. La masiva incorporación femenina a la formación y al mercado laboral, como objetivos vitales prioritarios, ha traído consigo variaciones de gran calado. El descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida vienen de la mano de una mucho más tardía asunción de un compromiso matrimonial o de pareja. Estas relaciones, además, adquieren un carácter más informal o más personal, alejándose de las estructuras administrativas. La inestabilidad conyugal (separaciones, divorcios) lleva a una diversificación de los modelos familiares y de convivencia.

Así, se ha detectado un fuerte descenso de la tasa de nupcialidad y un considerable aumento de la edad media para contraer matrimonio. La edad media en que una española se casaba en 1975 era los 24,3 años, mientras que en 2004, excedía los 29.

El descenso de natalidad ha sido uno de los fenómenos más impactantes y de mayores consecuencias. La media de nacimientos en España por pareja era de 2,8 hijos en 1975, una de las tasas más elevadas de Europa, mientras que en 2005 –y ya llevaba varios años en índices similares- se situaba en 1,3, la más baja de todo el Viejo Continente.

Otro cambio profundo se deriva de la edad media de maternidad, que se ha incrementado en más de dos años en el periodo que va desde 1975 hasta hoy. En la actualidad, la española media tiene su primer hijo con algo más de 30 años de media.

Otro dato interesante está relacionado con la mayor esperanza de vida, y en especial de las mujeres. La mayoría de los nacimientos en España son de hijos varones, una media del 51,5 por ciento cada año. Desde 1975 hasta hoy, las mujeres han incrementado en siete años su esperanza de vida, que está 6,7 años por encima de la de los varones. En 1975, una mujer al llegar a la edad de jubilación –65 años-, estadísticamente podía aspirar a vivir 16 años más, hasta los 81. En 2004 esa esperanza había crecido hasta los 21 años tras la jubilación, es decir, hasta los 86.

Para los hombres, aunque también se ha ido produciendo un aumento en su esperanza de vida, el incremento ha sido menor, aumentando el diferencial entre sexos de 3 a 4 años. Este factor es el que explica que, aunque es mayor el número de nacimientos de varones, a día de hoy, la población española la componen un 51 por ciento de mujeres y un 49 por ciento de hombres. Unas 550.000 mujeres más que varones en todo el territorio nacional.

A LA CONQUISTA DE LA EDUCACIÓN

La formación constituye el campo en el que se percibe con más fuerza el cambio del papel social de la mujer en los últimos años, que ha llegado a desembocar en una situación en la que el alumnado femenino en los centros de educación superior y universidades es superior al de alumnos masculinos, al igual que está sucediendo con el número de titulados en esta enseñanza superior.

En la década de los 50, el analfabetismo aún afectaba al 22 por ciento de las mujeres en nuestro país, aunque por pirámides de edad, la incidencia del problema era prácticamente nula en mujeres menores de 60 años. En 1900, sólo un 3,2 por ciento de los varones tenían acceso a la enseñanza media, mientras que el número de chicas era diez veces inferior, con apenas un 0,3 por ciento del total de mujeres en edad de cursar estos estudios. A comienzos de la década de los 30, estos niveles habían alcanzado a un 4,7 por ciento de los chicos y un 1,8 por ciento de chicas. La universidad era terreno vedado a la mujer. Antes de la II República sólo se contabilizaban 40 alumnas universitarias, algunas de las cuales asistían como “no oficiales”.

En la actualidad, el cambio es espectacular. Las estudiantes representan el 52 por ciento del alumnado en  las carreras de ciclo corto, una tendencia –la de mayor número de alumnas que de alumnos- que se mantiene inalterable desde el curso académico 1996-1997. En los estudios universitarios de ciclo largo, las diferencias son todavía mayores, un 55 por ciento de alumnas frente a un 45 por ciento de varones, dándose la circunstancia de que esa mayoría femenina se mantiene desde hace 12 años. Las mujeres, teniendo en cuenta todo tipo de estudios superiores, constituyen el 54 por ciento de los matriculados en universidades españolas. No sólo tenemos más mujeres que hombres en nuestros campus, sino que también son ellas las que mayor índice de éxito en su formación mantienen. Pertenecen al sexo femenino el 59 por ciento de los estudiantes que completan su educación superior.

TERREMOTO EN EL MERCADO LABORAL

La incorporación de la mujer española al trabajo remunerado ha venido arrastrando un cierto retraso en comparación con nuestro entorno socio-cultural. Si a comienzos del siglo XX, el 70 por ciento de las mujeres solteras de entre 20 y 45 años en Reino Unido trabajaban fuera del hogar por un salario, en España, en 1930, la población activa femenina constituía sólo el 12,7 por ciento del total de los trabajadores, y sólo un nueve por ciento contaba con remuneración, especialmente dedicadas a tareas agrícolas. El verdadero asalto de las españolas al mercado laboral se ha producido desde la década de los años 60 y, muy especialmente, desde los 70. Todavía existe una mayoría de varones en todos los parámetros relacionados con el mundo laboral, pero el crecimiento de la presencia femenina es mucho más rápido.

En el primer trimestre de 2006 el porcentaje de varones activos se situaba en el 68,9 por ciento, frente a un 47,5 por ciento de mujeres, pero en los últimos 30 años, el incremento de la demanda de trabajo por parte de las mujeres crecía un 124 por ciento, mientras que en los hombres, esa demanda sólo aumentaba un 19 por ciento.

También se aprecian notables diferencias en la evolución de la cualificación profesional. El número de mujeres en activo con estudios superiores es mayor que el de los hombres en las mismas circunstancias, con una tendencia clara a incrementar esta diferencia. En 2004, el porcentaje de licenciadas, ingenieras o arquitectas entre las mujeres activas era del 37 por ciento, mientras que el de varones era algo inferior al 28 por ciento. Una diferencia muy notable. Nuevamente se refleja esta diferencia de capacitación entre los técnicos-profesionales, un 25 por ciento de mujeres, por un 19 por ciento de hombres.

Estos datos llevan también a deducir que existe una notable discriminación laboral. Si un 93,2 por ciento de los españoles activos tiene trabajo, sólo un 87,7 por ciento de las trabajadoras activas tiene empleo. Es decir, el desempleo afecta al 6,8 por ciento de los hombres y al 12,2 por ciento de las mujeres. Además, el paro de larga duración tiene mayor incidencia entre las trabajadoras.

Igualmente, las diferencias son exageradas en cuanto a los contratos a tiempo parcial, patrimonio casi exclusivo de las féminas. El 78 por ciento de los contratos de estas características concertados durante el primer trimestre del presente año 2006 afectaron a trabajadoras.

La discriminación contra la mujer tiene otro modo de expresión en las diferencias salariales. Por grupos profesionales, los salarios medios de las mujeres se sitúan entre un 61 y un 91 por ciento de los que perciben los varones por el desempeño de igual función, dándose en muchas ocasiones la circunstancia de que un hombre con un nivel de estudios de secundaria obtiene un salario superior al de una mujer con titulación universitaria superior.

Se da un fenómeno a tener en cuenta de “feminización” de determinadas profesiones y de ciertos sectores laborales. El 60 por ciento del personal que trabaja en la enseñanza es de sexo femenino, el 54 por ciento de las personas que desempeñan su labor en las diferentes administraciones públicas. La sanidad constituye otro ejemplo relevante. Son mujeres el 81,6 por ciento de los asistentes técnicos sanitarios, el 94,6 por ciento de las matronas y el 41,4 por ciento de los médicos. Curiosamente, aunque en los órganos de gobierno del Poder Judicial la presencia femenina es muy escasa, 1778 mujeres están integradas en los diferentes cuerpos judiciales. Representan al 67 por ciento de los jueces y al 38,16 por ciento de los magistrados españoles.

Uno de los elementos que incide con fuerza en estos elementos discriminatorios es el reparto por sexos de las tareas del hogar. Según una encuesta sobre Empleo del Tiempo, elaborada por el INE entre 2002 y 2003, la mayor parte del trabajo no remunerado de los hogares y el cuidado de los hijos y personas dependientes sigue recayendo mayoritariamente en las personas de sexo femenino. El 70 por ciento de los hombres emplean 2,08 horas cada día al desempeño de estas labores, mientras que el 92,7 por ciento de las mujeres dedican una media diaria de 4,45 horas. Por esta razón resulta más difícil a las trabajadoras conciliar su jornada laboral con el desempeño de un trabajo fuera de casa.

A pesar de ello, la tendencia de participación femenina en el mercado laboral sigue creciendo muy por encima de la de los hombres. En España, en 1975 sólo el 20 por ciento de los asalariados eran mujeres, mientras que en la actualidad esa tasa roza el 35 por ciento. Según las estimaciones estadísticas dirigidas por Carmen Alcaide, en los próximos años el papel de la mujer puede ser responsable de un 80 por ciento del crecimiento de la población activa.

Otro de los avances espectaculares del papel social de la mujer en nuestra sociedad lo encontramos en el espectacular aumento de su presencia en la política, tanto en su participación militante en organizaciones, partidos y sindicatos, como en su acceso a los órganos e instituciones públicas. El primer Congreso de los Diputados surgido de las elecciones generales de 1977 contaba con 20 diputadas, sobre un total de 350 escaños, un seis por ciento. Tras los comicios de la primavera de 2004 hemos pasado a una representación femenina de 126 personas en esta institución, un 36 por ciento. En el Senado la proporción desciende hasta el 25 por ciento, mientras que los parlamentos de las diferentes autonomías mantienen unos niveles similares al Congreso (36 Por ciento). Un 27,4 por ciento de los concejales de los ayuntamientos de toda España son mujeres.

La incorporación a los órganos de decisión de las estructuras privadas lleva un ritmo mucho más lento. A finales de 2005, sólo el cuatro por ciento de los presidentes o consejeros delegados de los consejos de administración de las empresas españolas eran mujeres.

FEMINIZACIÓN DE LA ESTADÍSTICA

En su clarificador discurso de ingreso en la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, la presidenta del INE, Carmen Alcaide, reclamaba la generación de herramientas útiles para poder medir y observar esta nueva situación social que permanece en constante evolución: “Deseo expresar mi convicción sobre la conveniencia de continuar mejorando las estadísticas de género, necesarias para poder aplicar políticas correctas a la nueva realidad social. En el ámbito estadístico, tanto desde la Comisión Económica y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas como desde la Oficina Estadística Europea (EUROSTAT), se ha instado a los distintos niveles de la administración pública a poner en marcha estadísticas de género. Desde un talante claro que suelo resumir con una frase lapidaria: lo que no se cuenta no existe”.

En esta propuesta también se hace eco de lo que denomina “territorios estadísticos vírgenes y de algunas reclamaciones, como la efectuada por autoras como Ángeles Durán, que abogan por la contabilización del trabajo no remunerado en el Producto Interior Bruto (PIB), Durán asegura que, de computarse el trabajo doméstico no remunerado en la Contabilidad Nacional de España, “el PIB integral resultante sería más del doble del que se reconoce habitualmente”.

Una evolución de la estadística que ya se va perfilando como una adaptación a unas nuevas formas sociales, a nuevos usos, a nuevas circunstancias condicionadas por la integración veloz de la mujer en todos aquellos campos que hasta hace “tres días” quedaban fuera de su ámbito de participación. Una sociedad paritaria en sus comportamientos, en su desarrollo y en su crecimiento, que requerirá de las nuevas y precisas herramientas de medición de las ciencias sociales, y muy especialmente, de la estadística.

 Economista al frente de la demoscopia

Carmen Alcaide Guindo goza de un gran prestigio profesional y su perfil corresponde al de una científica social meticulosa. Pese a que su llegada a la presidencia del Instituto Nacional de Estadística fue producto de un nombramiento efectuado en 2000 por el Gobierno del PP presidido por José María Aznar, el cambio de orientación política y de inquilino en el Palacio de la Moncloa, tras las elecciones de 2004, no supuso el menor sobresalto para ella, quien ha conservado ese puesto tan delicado, probablemente por su incuestionable experiencia y profesionalidad, al margen de los “vientos” políticos de la coyuntura.

Nacida en 1945, en el seno de una más que numerosa familia, en la que es la mayor de nada menos que 20 hermanos (de los que viven 19), se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y obtuvo un master de Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra en 1995. Ha sido profesora de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y profesora asociada de la Universidad Carlos III desde 1991 hasta 1996, impartiendo el curso de Economía Española. Estuvo durante un año trabajando como interina en el propio Instituto Nacional de Estadística, y en 1969 ingresó en el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao. En 1993 fue nombrada directora de Coyuntura y Macroeconomía del Servicio de Estudios del Banco de Bilbao-Vizcaya, cargo en el que permaneció por tres años, hasta 1996. En 1997 pasó a ser directora de Análisis de Mercados en esta misma empresa.

En 1998 saltaba a la empresa pública, siendo nombrada directora del Servicio de Estudios del Instituto de Crédito Oficial, cargo en el que permaneció hasta su nombramiento como presidenta del INE en 2000.

Durante varios años colaboró en las páginas del diario El País, en el suplemento Negocios que se publica cada domingo, escribiendo una página sobre coyuntura nacional.

Su afición por la estadística parece directamente heredada de su padre, Julio Alcaide Inchausti, autor de numerosos trabajos econométricos, fue el principal impulsor de la primera estimación de la Contabilidad Nacional y fue colaborador de Enrique Fuentes Quintana, en su etapa de ministro de Economía en los tiempos de Unión de Centro Democrático (UCD).

Junto a su padre, Carmen Alcaide es la responsable de numerosos trabajos en el Servicio de Estudios del Banco de Bilbao y en diferentes ocasiones en Fuentes Estadísticas referidas a la distribución de la renta de todo el sigo XX. Por este trabajo ingente, Julio Alcaide recibía en 1991 el Premio de Economía Rey Jaime I.