¿Qué fue de la 'Directiva Bolkestein'?

Tras tres años de intensos debates, el Parlamento Europeo (PE) aprobó la Directiva que liberaliza la prestación de servicios, conocida como Directiva Bolkestein, por el nombre del comisario europeo que la propuso.

Este proyecto de Directiva ha sido uno de los que más ha movilizado a la opinión pública europea. Sobre todo en Francia, donde creó la figura del fontanero polaco, representación mítica de los riesgos de dumping social.

También en otro países como Alemania, Holanda, Bélgica y los países escandinavos, sobre todo en medios sindicales. O en los nuevos Estados miembros, que asimilaban la liberalización de los servicios con la movilidad de sus trabajadores y una posible ventaja competitiva.

Así, ante un texto que la Comisión no osaba retirar y que quedó embarrancado en el Consejo, lo aprobado en Estrasburgo representa un equilibrio entre la apertura de los servicios a la competencia transnacional y el respeto a las normas sociales de cada país.

Es un éxito para el PE, que aparece como la institución comunitaria más capaz de forjar los consensos necesarios para seguir avanzando en la integración europea.

En realidad, el texto aprobado por el PE no tiene gran cosa que ver con el texto inicial que tanta polémica causó. Uno de los cambios mas importantes ha sido el abandono del polémico principio del "país de origen". Este principio establecía que los suministradores de servicios estarían sujetos a la normativa de su país de origen y no a la del país donde prestaban sus servicios. Para muchos, ello representaba la amenazade un dumping social, al llevar los trabajadores consigo las normas sociales de su país de procedencia, que se suponía que en los nuevos Estados miembros son menos exigentes. Este temor alumbró el mito del fontanero polaco que supuestamente invadiría Francia, importando sueldos y costes sociales polacos.

Pero el PE ha dejado claro que, en todo caso, el derecho del trabajo de aplicación es el del país donde se presta el servicio. Convenios colectivos, salario mínimo, vacaciones, seguridad en el trabajo, Seguridad Social están totalmente fuera del ámbito de la Directiva.

Así, en lo que a normas sociales y salariales se refiere, el principio del país de origen ha sido sustituido por el del país de destino. Este gran cambio no ha sido del gusto de todos, en particular de los que creen que los sistemas sociales deben también entrar en competencia. Para los liberales extremos, con esta Directiva la UE renuncia a un big bang en el sector servicios que hubiese liberado muchas energías competitivas e impulsado la creación de empleo.

Pero la gran mayoría ha considerado, acertadamente, que los riesgos para la cohesión social eran mucho mayores y que la movilidad de los prestadores de servicios no podía romper la uniformidad de los sistemas sociales en cada país.

El PE ha limitado también el ámbito de aplicación de la Directiva. Quedan excluidos los servicios económicos de interés general, los servicios financieros, de telecomunicaciones y de transporte, sanitarios, audiovisuales, las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública, la asesoría fiscal, los servicios de seguridad privados, la vivienda social, los servicios sociales a niños y el apoyo a personas necesitadas.

El compromiso alcanzado es ciertamente el fruto del acuerdo entre los dos principales grupos de la Eurocámara, populares y socialistas. Se les han unido los liberales, pero la Izquierda Unida Europea y Verdes se pronunciaron en contra del texto proponiendo enmiendas, que finalmente fueron rechazadas, por considerar que quedaban demasiados cabos sueltos que producirían un sistemático recurso al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

El compromiso alcanzado es demasiado liberal para algunos y demasiado poco para otros, pero justo es reconocer que se han superado al menos muchos de los malentendidos y tergiversaciones de su contenido que, junto con una pésima explicación, produjeron una explosiva confluencia de mitos y miedos.

Una mejor comprensión de este hecho hubiera ahorrado muchas polémicas inútiles. Porque es evidente que muchos servicios, desde los financieros a los medioambientales, son muy difíciles, por no decir imposibles, de prestar sin un establecimiento permanente allí donde se prestan.

En cualquier caso, el temor racional al dumping social queda disipado. Subsisten ambigüedades que sólo podrán ser resueltas en la práctica por las decisiones que tomen los Estados miembros.

No queda sino congratularse del acuerdo alcanzado. El PE demuestra con ello ser la institución parlamentaria capaz de debatir sobre temas extremadamente complejos y polémicos y construir los consensos que necesitan los europeos.

José Borrell
* Presidente del Parlamento Europeo