El PSC cede espacio a ERC y acepta a Carod como 'número dos' del Govern

El nuevo Gobierno catalán, denominado Entesa Nacional pel Progrés (Entendimiento Nacional para el Progreso), tendrá una composición cualitativamente distinta a la del Ejecutivo presidido durante tres años por Pasqual Maragall. El futuro presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, dispondrá de un margen de maniobra más reducido frente a ERC e ICV-EUiA, que aumentan su peso político en el nuevo tripartito. Tras varios días de intensas negociaciones entre el PSC, ERC e ICV-EUiA, y a la espera de conocer oficialmente el organigrama definitivo del nuevo Ejecutivo catalán, todo indica que el PSC, además de la Presidencia, dirigirá un total de siete consejerías, frente a cinco para los independentistas y dos para los ecosocialistas de Joan Saura coaligados a los neocomunistas de Jordi Miralles. El PSOE no ha podido hacer más que aceptar la decisión de sus compañeros catalanes.

Por Paco Soto (Barcelona)

ElEl fin del mandato del actual Consejo da inicio
a la batalla
TENSA RENOVACIÓN DEL
PODER JUDICIAL
A comienzos de la pasada semana vencía el mandato del actual y polémico Consejo General del Poder Judicial. Cinco años en los que el órgano de Gobierno de los jueces ha sido constante protagonista en los medios, más por su identificación con las posiciones políticas de la actual oposición —que fue quien desde el poder designó a la mayoría de sus miembros— que por su labor estrictamente profesional. La nueva norma, que implica una mayoría cualificada de tres quintos para la elección de los nuevos consejeros (y también para el nombramiento de todos los cargos judiciales), dificultará la elección de los nuevos integrantes del Consejo y obligará a un ejercicio de grandes consensos, lo que, en el actual y crispado clima político nacional, podría
dilatar enormemente la tarea. Mientras tanto, aunque en funciones, el CGPJ presidido por Francisco Hernando continuará ejerciendo su labor.

Por Pedro Antonio Navarro

Francisco Hernando, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y, preceptivamente, del Tribunal Supremo, ya ha entregado al presidente del Congreso, Manuel Marín, la lista con los 36 precandidatos a ocupar un puesto de vocal en el nuevo Consejo, propuestos por las diversas asociaciones judiciales (32), o avalados en suficiente número por jueces y magistrados no adscritos a estas entidades (4). De entre ellos, las Cortes Generales habrán de elegir a 12 –seis el Congreso y seis el Senado– para formar parte de este órgano, cuyo mandato actual (de cinco años) concluyó el pasado 7 de noviembre.

Los otros ocho integrantes no tienen por qué necesariamente ser jueces o magistrados, y son designados entre personas de reconocida trayectoria en el mundo del Derecho. Por el momento, y al no haberse producido un acuerdo suficiente, se prorroga la función de este organismo hasta la designación de su sustituto.

Pero un acuerdo se antoja muy difícil, más en las circunstancias concurrentes, en las que la crispación política alcanza cotas desconocidas en la historia de la democracia, yen una situación en la que este CGPJ ha venido desempeñando una especie de oposición a las iniciativas legislativas del Gobierno surgido de las urnas el 14 de marzo de 2004, sobre todo, porque la actual composición del Consejo es obra mayoritaria del entonces –2001– gobernante Partido Popular.

Más difícil aún, si se tiene en cuenta que tras la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial se requiere, a partir de ahora, una mayoría cualificada de tres quintas partes para aprobar el nombramiento de cualquier consejero y también para efectuar cualquier designación para cargo jurídico que efectúe el propio Consejo.
Por el momento, y aunque se han producido diversos contactos, especialmente entre Partido Socialista y PP, las distancias parecen insalvables. Las negociaciones van a llevarlas directamente los portavoces parlamentarios de los dos grandes partidos, Diego López Garrido y Eduardo Zaplana, pero lo que resulta evidente es que el PP no tiene prisa. La actual composición del órgano de Gobierno de los jueces le favorece, y puede seguir gozando de una mayoría en su seno que en ningún caso le garantizaría la actual aritmética parlamentaria.

Algunas voces advierten de que es posibleque no tengamos fumata blanca hasta la próxima primavera, y otras, más pesimistas, incluso alargan el plazo. Lo cierto es que tampoco favorecería en nada una indefinida situación de interinidad al ya maltrecho prestigio de la institución, y también lo saben en las filas populares. Lo que sí queda claro es que desde la gran formación conservadora se va a negociar duramente con un objetivo nítido: contar con nueve designaciones. Esta cifra es clave, puesto que es el número que permite vetar cualquier decisión. Ocho queda por debajo, y el resto de consejeros podrían efectuar nombramientos y hacer públicos sus pronunciamientos con la mayoría cualificada suficiente. Sin embargo, proporcionalmente no le corresponden esos nueve consejeros al PP atendiendo a su número de diputados. Hay que tener en cuenta, además, que esa sobredimensión pretendida perjudicaría la cuota de otras fuerzas políticas con menor representación parlamentaria.

Las precandidaturas se confeccionan en función de la representatividad de las asociaciones judiciales. Por eso, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), con 1.152 asociados –de un total de 4.265 jueces censados– es quien más precandidatos presenta, un total de 16. La Asociación Francisco de Vitoria (471 afiliados) presenta siete precandidatos, la progresista Jueces para la Democracia (451 adscritos), otros siete, y el Foro Judicial Independiente (186 socios) presenta a dos. A los jueces y magistrados no afiliados a ninguna asociación, un 48 por ciento del total, les correspondería la mayor cuota, 17 precandidatos, pero para poder presentarse han de conseguir el aval de, al menos, otros 85 jueces independientes, y sólo cuatro lo han conseguido, por lo que los 13 precandidatos sobrantes son repartidos proporcionalmente entre las asociaciones.

De entre los independientes destacan algunos nombres. En primer lugar, el de Fernando Grande-Marlaska, convertido en juez-estrella desde el puesto en el que sustituyó temporalmente a Baltasar Garzón en el Juzgado Central Número Cinco, y ahora en comisión de servicio en la misma Audiencia Nacional, o el de Beatriz Grande –la que ha conseguido mayor número de avales, 351–, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona y que durante tiempo estuvo afiliada a la conservadora APM, y que ha optado por concurrir como independiente. También destaca en la candidatura de la APM la presencia de la juez Gemma Gallego, que saltaba a la fama en fechas recientes por hacerse cargo del caso de los peritos del ácido bórico, dando la vuelta por completo a la argumentación del juez Baltasar Garzón, quien tuvo que inhibirse en ese caso, precisamente por la actuación del CGPJ en su contra. La juez Gallego ha sido investigada por el Consejo debido a la baja productividad de su juzgado madrileño en el segundo semestre de 2005.

El órgano de Gobierno de los jueces se ha convertido en una instancia política de primer orden, especialmente tras el triunfo electoral del Partido Socialista en la primavera de 2004. La mayoría conservadora –de sus 20 componentes, once fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por CiU, uno por Izquierda Unida y un independiente– ha seguido un sistemático programa de oposición a buena parte de las iniciativas legislativas del Gobierno. Ha presentado informes contrarios –en varias ocasiones sin ser solicitados, como es preceptivo–, ha estado detrás de los recursos de inconstitucionalidad presentados contra leyes como la del matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a la adopción, la ley de divorcio rápido, el Estatuto de Autonomía de Cataluña u otras normas. Además, antes de la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por la que ahora son requeridos tres quintos de los votos para las designaciones de cargos judiciales, ha llevado a cabo una política de nombramientos al frente de Audiencias Provinciales y Tribunales Superiores de jueces y magistrados afines, sin tener en cuenta los votos (nueve) de la minoría progresista, que ha sido sistemáticamente marginada de las grandes decisiones adoptadas por el CGPJ.

En el Ejecutivo existe gran preocupación por lo que parece una campaña orquestada desde las instancias más conservadoras de la judicatura para poner palos en la rueda del ya de por sí difícil proceso de paz. La coincidencia temporal de sentencias y acciones judiciales que parecen encaminadas a entorpecer las negociaciones, se han sucedido en cadena a lo largo de las últimas semanas.

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, presidido por Francisco Hernando, anulando la absolución de Juan María Atuxa (ex presidente del Parlamento Vasco) y de Gorka Knórr y Kontxi Bilbao (miembros de la Mesa de la misma institución) que sentenció el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por no haber disuelto el Grupo Parlamenario Socialista-Abertzaleak, se considera en esa línea. Igualmente se ha encausado al propio lehendakari, Juan José Ibarretxe, y al líder de los socialistas vascos, Pat-xi López, por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, a instancias de denuncias efectuadas por el PP, el Foro de Ermua y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, por haberse reunido con representantes de Batasuna.

Otro tanto sucede con la sentencia contra Iñaki de Juana Chaos, de 12 años, seis meses y un día por parte de la Audiencia Nacional por un delito de amenazas terroristas, teniendo en cuenta que la mayor condena aplicadahasta el momento por el mismo delito ha sido de cinco años –el fiscal, inicialmente pedía 96 años, y la acusación particular, de la AVT, la ha mantenido hasta el final–.

El partido del Gobierno y el mismo Ejecutivo son conscientes de la importancia política del Consejo General del Poder Judicial, máxime ante una segunda parte de legislatura en la que están programadas iniciativas
legislativas de gran calado, como la Ley Integral de Violencia de Género, la creación de los consejos de Justicia Autonómicos, el desarrollo de los nuevos estatutos de autonomía, o la que se presume larga negociación con ETA. Pero no parece fácil que pueda sustituirse el actual por otro más acorde con el nuevo mapa político nacional. Al menos, no a corto plazo.

El juicio del 11-M arranca con polémica

La contundencia con la que la Fiscalía de la Audiencia Nacional centra en exclusiva todas sus cargas de prueba en el terrorismo islamista radical, choca con la ambigüedad con la que el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez –a su vez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (cargo del que fue apartado por un recurso ante el Tribunal Constitucional, y posteriormente vuelto a ser designado para el mismo)–, se ha pronunciado acerca de las responsabilidades del más terrible atentado de la historia de nuestro país.

En su escrito de conclusiones provisionales sobre el 11-M, la fiscal Olga Sánchez incluye un dilatado anexo en el que se incluyen los informes aportados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en los que reiteradamente se advierte del notable incremento del riesgo de un atentado islamista radical en territorio nacional, desde que en 2001 se llevara a cabo una amplia operación policial contra la célula islamista dirigida por Abu Dandah. En estos informes se incluyen severas advertencias del crecimiento del riesgo debido, entre otras razones a la "posición de España en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la cuestión de Iraq, la presencia del Ejército español en territorio iraquí, las acciones contraterroristas contra células islamistas radicales o la celebración en España de la Conferencia de Donantes para Iraq". También se citan los vídeos de Bin La-den en los que señala a nuestro país como posible objetivo, y la llegada masiva de radicales islamistas provenientes del Magreb.

En sus diferentes informes, el CNI recomendaba el reforzamiento de las medidas de seguridad en ese ámbito y ya en 2003 se identificaba a Allekema Lamari, que posteriormente se suicidaría en Leganés junto a otros seis activistas implicados directamente en los ataques del 11-M, como organizador de un posible gran atentado.

Nada en los escritos presentados por la Fiscalía hace la menor referencia, ni siquiera indirecta, a la extensión de las responsabilidades a otros grupos distintos de los isla-mistas radicales. Sin embargo, el presidente del tribunal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez, realizaba recientemente unas declaraciones al diario El Mundo, en las que ponía de manifiesto una calculada ambigüedad, cuando no una velada coincidencia con las tesis de la "conspiración islamista-etarra" sostenida contra viento, marea y toda evidencia por el rotativo dirigido por Pedro J. Ramírez. El magistrado, en vísperas del inicio del juicio más esperado de la historia de España, afirmaba en esta entrevista que "lo que se va a juzgar es a 29 personas –el número de imputados– y se va a decidir si han intervenido en estos hechos o no, sin ir más allá", dejando en esta última afirmación una sombra de duda. Proseguía en esa línea un poco más adelante, cuando sostenía, coincidiendo con la línea del diario conservador, que "se descubrirá la verdad, se tarden más o menos años".

Tras el conocimiento de estas declaraciones, la presidenta de la Asociación 11-M Afectados de Terrorismo, Pilar Manjón, personada como acusación particular en la causa, instó al juez a "que se esté callado", puesto que ha de realizarse "un juicio técnico y no político". Como consecuencia de esta entrevista, los abogados que representan a esta asociación han presentado una solicitud de recusación del magistrado, al sospechar de su imparcialidad, que no ha prosperado. Se da la circunstancia de que no es la primera vez que Javier Gómez Bermúdez es recusado para presidir un tribunal. En enero de 2005 sí fue admitido a trámite y, posteriormente aceptado, un escrito de recusación presentado contra el magistrado por el abogado de una de las acusaciones particulares en el jucio contra Emilio Botín, por el caso de las jubilaciones multimillonarias concedidas a los ex consejeros del Banco de Santander, José María Amusátegui y Angel Corcóstegui. En aquel juicio, Gómez Bermúdez sustituyó sin previo aviso al presidente originalmente designado. En la argumentación para aceptar la recusación se apreció "interés directo en la causa", porque "al haber modificado la composición de los magistrados que integraban la Sección Tercera –la encargada del caso-, sin justificación alguna, se ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad".

Con esta tensión, en la que se dejan vislumbrar los argumentos de uno y otro lado que se dan en la confrontación política en torno a esta cuestión, arranca el megajuicio más esperado. La mayoría de juristas coincide en que la vista oral comenzará, con total probabilidad, el próximo mes de febrero, y que el juicio quedará visto para sentencia a finales de mayo o en junio, con lo que la sentencia definitiva podrá ser conocida en julio.