La corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid entra en campaña

No es que la corrupción urbanística en la Comunidad de Madrid se haya intensificado las últimas semanas. Más bien se trata de que el Partido Socialista en la región está dispuesto a abanderar una operación de limpieza democrática en los consistorios y por eso está destapando la caja de los truenos. Caiga quien caiga. Es cierto que en el mayor escándalo, el de Ciempozuelos, están implicados dos ex alcaldes socialistas, pero la determinación con la que ha actuado el partido expulsando al hasta ahora primer edil pretende ser ejemplar. La formación ha presentado un décalogo contra la especulación y anima al resto de formaciones a sumarse a su iniciativa. El PP rechaza un pacto y limita la actuación al ámbito judicial. Además, ante las acusaciones que vinculan a sus ayuntamientos, dicen que el mayor número de implicados gobierna bajo las siglas socialistas. Estos apuntan más alto recordando que las recalificaciones necesitan la aprobación del Consejo de Gobierno presidido por Esperanza Aguirre. La batalla no ha hecho más que empezar.

Por V. M.

L a comisión de investigación que hace tres años trató de esclarecer la posible relación entre Eduardo Ta-mayo y María Teresa Sáez, los dos diputados tránsfugas que impidieron la formación de un Gobierno de izquierda en la Comunidad de Madrid, y una posible trama de intereses inmobiliarios, donde se apuntaba la supuesta implicación de altos cargos del PP en la región, no arrojó ninguna prueba que demostrara esta hipótesis. Pero el Partido Socialista de Madrid (PSM) no acaba de resarcirse de aquella funesta experiencia y ha avivado el rescoldo de sospechas para articular la que ya es su principal estrategia de oposición en la precampaña electoral de las autonómicas y municipales; atacar al partido en el Gobierno destapando los escándalos urbanísticos que afectan a los Consistorios del PP.

Uno de los primeros, de los más graves que han salpicado al Gobierno regional, es el del dimitido director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en la Asamblea, Ruth Porta, acusó a Enrique Porto a principios de octubre de ser responsable de "diversas irregularidades" del Plan General de Urbanismo de Brunete y de impulsar su nuevo ordenamiento urbano "por tener intereses directos y personales en él". La diputada autonómica se refería a que, antes de ser alto cargo, Porto formaba parte de Plarquin, una empresa de arquitectos y urbanistas que han realizado muchos planes generales en Madrid. Poco después, la prensa publicó que varias ventas de terreno le habían proporcionado plusvalías de 4,3 millones de euros porque autorizó en Villanueva de la Cañada un plan parcial que incluía terrenos de su propiedad.

La presidenta de la Comunidad también se ha visto implicada en una denuncia de supuesto pelotazo urbanístico. El diario El País denunciaba el 17 de octubre que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, ganó 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada, cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto. En una carta al director, la presidenta madrileña negaba cualquier vinculación con la operación y recordaba que los terrenos fueron recalificados en un plan aprobado antes de que los compraran sus parientes. Un caso similar, esta vez en otra localidad del noreste de Madrid, volvió a poner a Aguirre en un compromiso. El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea denunció el día 20 que familia "directa" de la presidenta regional ganó ocho millones de euros con la compra de un terreno "rústico" en Tres Cantos en mayo de 2001 y con su venta, 32 meses después, como "urbanizable". Su número dos en la Asamblea, Antonio Beteta, relaciona las acusaciones con "la situación de extrema debilidad" en que se encuentra Simancas.

Los populares le han cogido el guante a sus adversarios y también la han emprendido a ladrillazos. El secretario ejecutivo de Comunicación del PP, Gabriel Elorriaga, dice que "en la última temporada" los casos de corrupción urbanística en distintos Ayuntamientos "afectan más directamente al PSOE que al PP". Sus compañeros madrileños se han pronunciado en términos semejantes. Las denuncias de presuntas corruptelas afectan por igual a socialistas y populares. Lo que sí es cierto es que el caso más escandaloso, por la cuantía de la supuesta comisión aceptada por un alcalde, salpica a los primeros. El diario ABC publicaba a mediados de octubre que el ex alcalde socialista de Ciempozuelos, Joaquín Tejeiro, había pactado con una promotora inmobiliaria la re-calificación prioritaria de unos terrenos a cambio del pago de 40 millones de euros. La operación se ha realizado durante el mandato del actual regidor, Pedro Torrejón, quien, según las denuncias, habría pactado con su antecesor la recalificación. Es aquí cuando aparecen el cambio de actitud del PSM respecto a la hasta ahora vista en el PP. Tras publicarse las primeras denuncias, los socialistas madrileños le pidieron a Torrejón que dimitiera y le suspendieron de militancia. De hecho, su secretario general, Rafael Simancas, está dispuesto a hacer bandera de la regeneración democrática de los Ayuntamientos y ha anunciado varias medidas para imponer "tolerancia cero" contra la corrupción. El líder del PSM ha presentado un decálogo contra la especulación y el urbanismo "salvaje", que contempla medidas como impedir desarrollos urbanísticos sin servicios públicos, reforzar la evaluación ambiental de los procesos urbanísticos, contemplar la plena responsabilidad de las Comunidades Autónomas en la ordenación de territorio, limitar el crecimiento urbano, dar carácter excepcional a las recalificaciones o potenciar las medidas contra las prácticas ilegales. El PP ha rechazado sumarse a la iniciativa y su líder, Mariano Rajoy, se ha negado a alcanzar un acuerdo. "El único pacto es que dejen de robar y que actúen la policía y los jueces". Por otra parte, Ruth Porta ha anunciado que su grupo acudirá a la Fiscalía General del Estado para que investigue todos los escándalos de corrupción de Madrid, incluídos el de Ciempozuelos y el de la familia de Esperanza Aguirre.

Anticorrupción tendrá tarea para rato. Antonio Reino, ex concejal del PP de Tres Cantos, ha destapado sospechas de corrupción en el contrato urbanístico que decidía en 2003 el futuro de la localidad y nombraba, en unas conversaciones grabadas, al entonces secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, cuyo nombre también se vio comprometido tras la espantá de Tamayo y Sáez. La alcaldesa, María de la Poza (PP), lo ha negado.

Al alcalde de Aldea del Fresno (PSOE), el fiscal de Medio Ambiente le ha retirado las competencias en urbanismo después de que El Mundo dijera que había obtenido 1,3 millones de beneficios al vender a una inmobiliaria una finca rústica. El PSM ya le ha suspendido de militancia.

La alcaldesa de Quijorna (PP) vendió una parcela en zona protegida a un implicado en el caso Malaya. Y su PGOU prevé que su población pase de 2.300 a 30.000 habitantes. Algo similar ocurre en Morata deTajuña (Grupo Mixto) y en Torres de Alameda (PSOE); con los PGOU de sus alcaldes, la primera con los votos del PP –al socialista lo ha denunciado su secretario general–, se pasaría de 6.000 a 140.000 y de 6.000 a 40.000, respectivamente.

Los Consistorios de Getafe y Leganés también están bajo sospecha. En el primer caso, un ex edil del PSM podría tener intereses en el desarrollo del barrio Perales del Río. En el segundo, denunciado por Beteta, el Ayuntamiento (PSOE) adjudicó a su ex concejal de Urbanismo 16 hectáreas para construir chalés de lujo, cuando debían ser para vivienda joven. Además de todo esto, Simancas viajó a la UE hace unos días para pedirle a Bruselas que abra una investigación sobre el urbanismo del noroeste de Madrid.

Mientras se van destapando todos estos casos, los dos partidos aprovechan para desgastar al adversario. A raíz del caso de Aldea del Fresno, Beteta ha dicho que demuestra "cómo a lo largo de los años en el seno del PSOE se ha ido generando una cultura marxista-Iadrillista incompatible con la ética y, en muchos casos, con la ley". Tras la denuncia de corrupción en Ciempozuelos, Juan José Güemes, consejero de Empleo y Mujer, dice que el caso "huele a financiación ilegal del PSOE". Y Porta sostiene que no es posible ha cer ninguna recalificación sin la aprobación del Consejo de Gobierno que preside Agui rre, responsabilizando a su Ejecutivo de todas las irregularidades. De aquí a las elecciones, quién sabe qué más pelotazos saldrán a la luz. Pero más que para lanzarse acusaciones, populares y socialistas harían bien en poner freno a esta incontrolada corrupción.

El resto de España no se libra

Se puede comenzar por la Comuidad Valenciana. El alcalde de Ali.inte, Luis Díaz Alperi ( PP), está imputado por una adjudicación irregular de tres aparcamientos. En Orihuela, la construcción de miles de esas y de campos de golf está salpicada por recalificaciones y por adjudicaciones con cierto favoritismo que no ha sabido ocultar un edil popular . Además, a los 5.000 chales ilegales construidos en Onteniente, junto a los 25 adosados levantados en el Parque Natural de la Albufera, hay que sumarle los intentos del alcalde socialista de Estivella por querer levantar un campo de golf en la Sierra Calderona.

El levante español, junto con la Costa del Sol, son los puntos elegidos para muchos constructores. Constituye un auténtico paraíso favorecido por una importante cantidad de turismo, que elige a estos lugares como sus destinos vacacionales. Los Alcázares (Murcia), ha conocido de cerca los negocios de Juan Antonio Roca, encarcelado por la operación Malaya. Varias inversiones fueron dirigidas a este municipio, una operación que traspasa la comunidad andaluza.

Por supuesto, en Andalucía el caso más llamativo es el de Marbella, pero el resto de esta Comunidad también cuenta con varios de estos desórdenes. Otro de los lugares que últimamente suenan más en esta lista negra es el ayuntamiento de Camas, en Sevilla. Aquí, el alcalde Agustín Pavón, de IU, y el empresario Eusebio Gaviño habrían intentado sobornar a un concejal con más de 600.000 euros y con una casa para que favoreciese unas recalificaciones. En Manilva (Málaga) se investiga a su alcalde, el independiente Pedro Tirado y a ocho de sus ediles por dar cierto trato de favor a determinados promotores. Cádiz, Huelva y Córdoba engordan esta suculenta proporción de escándalos e intereses urbanísticos.

También, hay que hablar de Se-seña (Toledo), donde la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias al constructor Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, quien no había dudado en comprar el 44% de 180 hectáreas días antes de su recalificación.El alcalde de la propia localidad, Manuel Fuentes, de IU, llamó la atención sobre el caso. En un pueblo de Albacete, Hellín, se denunció la existencia de casi 700 chalés de lujo, con piscinas individuales, ubicados en una zona de protección de aves.

En Castilla y León, la trama más conocida es la que los vecinos de Las Navas del Marqués (Ávila) han denunciado. La tala de 5.000 pinos ha provocado la ira de los habitantes de la zona, quienes no están dispuestos a que se lleve a cabo la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un lugar donde especies como la cigüeña negra o el águila imperial, pueden desenvolverse libremente por ser un espacio protegido. Salamanca también cuenta con un pelotazo urbanístico, donde se han recalificado terrenos de la familia de un consejero del PP.

Las islas tampoco quedan ajenas a este movimiento de capitales fraudulentos. En Tenerife se investiga al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la compra de unos terrenos por una cantidad superior a la que en un principio les había costado a dos empresarios tres años antes. En Telde (Gran Canaria) se está investigando un cobro de comisiones por parte de varios miembros del consistorio popular.

En cuanto a Las Baleares, en Calviá, la ex alcaldesa Margarita Nájera está acusada por la venta fraudulenta de un solar. En esta zona, además, hay varios casos denunciados por no respetar las zonas protegidas. También en la comunidad gallega han abierto investigaciones sobre recalificaciones, como en Vigo, donde supuestamente el presidente del Celta tiene 12 fincas.

Por Estefanía López