Crecimiento, bienestar y lucha contra la pobreza

Por Amparo Valcarce*

La celebración de la Semana Internacional para la Erradicación de la Pobreza constituye un marco apropiado para la concienciación sobre esta lacra que azota a la mayor parte del planeta, pero también representa una oportunidad para analizar el contexto de la exclusión social en España.

Nuestro país ha experimentado en los últimos años un espectacular crecimiento económico. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. Según datos del INE, cerca del 20% de los residentes en España viven por debajo del umbral de pobreza relativa, un dato que nos advierte de que muchos ciudadanos (sobre todo, personas mayores) pueden correr el riesgo de caer en situaciones de vulnerabilidad y cercanas a la exclusión social si no se toman medidas eficaces.

Además, a la pervivencia de algunos problemas estructurales se ha unido la aparición de retos económicos y sociales que nos sitúan en un nuevo escenario sobre el que actuar. El envejecimiento de la población española, los cambios en el modelo familiar, el incremento de familias monoparentales, la necesidad de atender a las personas dependientes, las corrientes migratorias, el mantenimiento de la economía sumergida o la precariedad e inseguridad laboral de la juventud en algunos sectores constituyen algunos ejemplos de esta nueva coyuntura.

Ante estas necesidades, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha tomado la decisión de desarrollar políticas activas dirigidas a la raíz de los problemas de inclusión social con la finalidad de conseguir un aceptable equilibrio entreprosperidad económica y bienestar social a través de nuevos derechos dé ciudadanía, como los que reconocen la Ley de Dependencia o la Ley de Igualdad.

Estas iniciativas han sido incluidas en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social (2006-2008), que pretende impulsar los Objetivos de Lisboa a través de cinco grandes objetivos: el fomento del empleo, la garantía de recursos económicos mínimos, la atención a las personas en situación de dependencia, la consecución de una educación con equidad y la efectiva integración social de los inmigrantes.

En el ámbito laboral, el objetivo de los próximos años se sitúa en la ampliación de la tasa de empleo hasta el 66%, la rebaja de la temporalidad y la reducción del paro femenino y juvenil. Creo que vamos por el buen camino. Desde 2004 se han creado más de 800.000 nuevos empleos y, con la reforma laboral, se están suscribiendo 13.000 contratos indefinidos cada día.

Para garantizar unos recursos mínimos se incrementará el salario mínimo hasta alcanzar los 600 euros mensuales en 2008 y las prestaciones sociales seguirán aumentando.

En este sentido, las personas mayores son especialmente vulnerables (más de la mitad de los ancianos que viven solos se encuentran en esa situación de pobreza relativa). Para corregir esta situación, las pensiones mínimas crecerán un 26% en esta legislatura.

Además, la próxima puesta en marcha del Sistema de Dependencia garantizará la atención pública a los ciudadanos que no se puedan valer por sí mismos a través de servicios (ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, plazas residenciales)y prestaciones económicas para cuidadores familiares o para la contratación de un asistente personal.

Las medidas para la integración de inmigrantes constituyen otro de los puntos de actuación necesarios para la lucha contra la exclusión. El proceso de normalización de trabajadores extranjeros ha rescatado de la ilegalidad y de la economía sumergida a cientos de miles de personas. Además, el Gobierno ha habilitado un fondo para financiar proyectos de atención social a este colectivo.

En educación, la puesta en marcha de la LOE y el progresivo aumento de la cuantía y beneficiarios de las becas (en 2007, el gasto se incrementa en un 16,1%) reforzarán aún más la equidad del sistema educativo.
La lucha contra la pobreza y la exclusión supone, lógicamente, un giro en las prioridades presupuestarias. De hecho, desde 2005, el gasto social representa más de la mitad de las cuentas del Estado y las inversiones en dependencia (26.000 millones de euros hasta 2015), educación, pensiones y prestaciones sociales marcarán la política económica de los próximos años.

Y es que, en las sociedades avanzadas, los poderes públicos tenemos la obligación de no tolerar ninguna fisura en el Estado de Bienestar. Por ello, resulta necesario continuar en esta senda de adaptar el crecimiento económico a una mayor protección social. Un país próspero no puede admitir el discurso de que ciertas situaciones de indefensión resultan inevitables en el primer mundo, sino que debe asumir que la lucha contra la pobreza es, ante todo, un compromiso ético.

* Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad