Muchas cosas han cambiado en nuestro país desde 1991. Entonces presidía su penúltimo Gabinete Felipe González, en un proyecto que ya daba sus primeros síntomas de agotamiento. ETA asesinaba a 46 personas ese año. 350.000 extranjeros vivían en territorio nacional, de los que casi la mitad eran ciudadanos de la Unión Europea; los créditos hipotecarios estaban por las nubes y no aparecía ni rastro de televisiones privadas. Internet no había irrumpido en los hogares, y las parejas homosexuales seguían viviendo su amor a escondidas o confinados en su ocio a locales de ambiente. Las mujeres ocupaban menos de un 20 por ciento de los asientos del Consejo de Ministros, y el paro rondaba la dramática cifra de tres millones de personas. Hoy son muchos los cambios apreciables, aunque no siempre para bien. El endeudamiento de las familias se ha disparado como consecuencia de los incontrolables e irreales precios de las viviendas, la edad de emancipación se ha retrasado, en buena medida, por el mismo motivo. Y, por poner otro ejemplo negativo, las cifras de violencia contra las mujeres no dejan de crecer.

Por Pedro Antonio Navarro

Tres lustros dan para más de lo que parece. Vividos cotidianamente, los cambios parecen imperceptibles alrededor de nuestra vida, pero basta una mirada con perspectiva para darse cuenta de lo profundas que han llegado a ser las transformaciones que hemos experimentado a lo largo de los últimos 15 años, algunas espectaculares, especialmente en el campo de la economía y también en lo relativo a los hábitos sociales.

En 1991, la renta per cápita española se situaba en el 80 por ciento de la media de los países de la Unión Europea –entonces, sólo 15-. A finales de 2005, con algo más de 21.000 euros al año, ya ha rebasado el 92 por ciento del promedio comunitario, eso, claculándolo únicamente con respecto a los 15 socios anteriores; teniendo en cuenta a los diez nuevos países adscritos al "club", España sobrepasa la media.

De una tasa de desempleo, tan elevada como dramática, que alcanzaba el 22 por ciento y cerca de tres millones de personas en paro, se ha pasado a un índice del 8,5 por ciento –mientras que en algunas comunidades autónomas, el paro, prácticamente ha desaparecido- y a la creación de siete millones de puestos de trabajo, sólo en los últimos diez años, lo que significa un 52 por ciento de aumento y, prácticamente la mitad de todo el empleo creado en la UE en ese periodo.

Aunque bien es cierto que una parte muy importante de estos puestos de trabajo ha de atribuirse al auge imparable de la construcción. Dos millones de estos empleos están relacionados con el boom del ladrillo, 1,4 millones, directamente empleados en el sector, y 600.000 trabajando en las "zonas adyacentes" de los alquileres y todo tipo de actividades inmobiliarias.

Desde 1998 se produce una media anual de un millón de transacciones de viviendasy locales. Las consecuencias, empleos aparte, se están dejando notar muy negativamente en el incremento constante del endeudamiento familiar y en la prolongación excesiva de la edad media de emancipación. Desde 1998, el precio de las viviendas no ha dejado de subir por encima del 10 por ciento anual, incluyendo los duros repuntes de 2003 y 2004, en los que el incremento alcanzaba el 18 por ciento. El último Gobierno conservador, presidido por José María Aznar, tomaba la decisión de excluir los costes de la vivienda para realizar los cálculos de la inflación. La Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas estima en un informe que el precio de la vivienda ha subido más del triple que los sueldos en los últimos 15 años, mientras que el Observatorio Joven de Vivienda en España del Consejo de la Juventud calcula que el 58 por ciento de los ingresos de una persona joven en nuestro país los dedica a la compra o alquiler de una vivienda, mientras que sus estimaciones elevan este porcentaje hasta un escandaloso 80 por ciento para el caso de las capitales de comunidades autónomas como las de Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares. Eso sí, la evolución de los tipos de interés hipotecario seguía el camino inverso. En 1991 y los dos años siguientes, el precio del dinero alcanzaba su cota más alta –exceptuando 1985- de las dos décadas anteriores; se talaba en el 10 por ciento, mientras que la mayoría de las entidades bancarias fijaban sus tipos de interés en el 12 por ciento para operaciones hipotecarias y, en algunos casos, hasta el ¡18 por ciento! para préstamos personales. A partir de 1996 comienza una bajada constante que tenía su punto de inflexión a comienzos de este 2006, situándose en el dos por ciento el precio del dinero, aunque acaban de producirse dos subidas consecutivas de los tipos (y se espera una tercera en diciembre) por parte del Banco Central Europeo, única entidad comunitaria con competencias sobre esta materia (otro de los cambios importantes de este periodo, ya que los gobiernos nacionales –incluido el español- han perdido la capacidad de generar su propia política monetaria), puesto que ahora, la moneda es también común, el euro, que sustituía a la peseta el 1 de enero de 0 2002.

Con respecto a las opea raciones hipotecarias, otra notable diferencia reside en las prácticas bancarias a actuales para extender los periodos de amortización de los préstamos. Ahora son moneda corriente las hipotecas a 30, 35, y hasta 50 años en algunos casos, cuando en 1991 y posteriores, casi nunca excedía los diez años. Lo acierto es que con los acta tuales precios, casi ninguna economía familiar podría hacer frente a esas cantidades en un periodo tan corto. Otro de los grandes cambios que ha experimentado el país en estos tres lustros es el del desarrollo de sus infraestructuras, con especial incidencia en las dedicadas al transporte. La red de autovías y autopistas se extendía más de 11.500 kilómetros por todo el territorio nacional en diciembre de 2005, tres veces más que a finales de la década de los 80, con una previsión de extenderla hasta los 15.000 kilómetros antes de 2020. La Alta Velocidad ferroviaria llegaba en 1992. Un primer trazado de 471 kilómetros que une las ciudades de Madrid y Sevilla. Tuvieron que pasar 11 años hasta la puesta en marcha de otra línea de similares características. En octubre de 2003 arrancaba el servicio de alta velocidad Madrid-Guadalajara-Zaragoza-Lleida, como primer paso a una red diseñada para dar cobertura a todas las comunidades autónomas peninsulares y con conexiones internacionales, que alcanzará los 7.200 kilómetros previstos en el Plan Nacional de Infraestructuras. Aunque, de momento, la alta velocidad de este trazado no haya sido tan alta, ni tan veloz.

Si ha habido un colectivo que haya experimentado notables avances en su condición y en su vida cotidiana durante este periodo, ha sido el de las mujeres. Si ya a comienzos de los 90 aventajaban en presencia a los varones en la enseñanza media y en la educación universitaria, esa tendencia no ha hecho más que reforzarse en estos 15 años. En 1996, mientras que un 55,4 de los hombres habían completado, al menos, la educación secundaria, era un 58,2 por ciento de mujeres quien lo había hecho. Hace tres años, el nivel general había ascendido notablemente, pero las mujeres mantenían e incrementaban la diferencia a su favor; un 67,3 por ciento de varones frente a un 72 por ciento de féminas. Otro tanto sucede con la enseñanza superior. En 1991, con excepción de las carreras denominadas técnicas (ingenierías y arquitectura), la presencia de la mujer ya era más numerosa que la de los hombres en las facultades, pero, si entonces, las mujeres constituían el 20 por ciento de las estudiantes de ingeniería, en 2005 sobrepasaron el 30 por ciento, mientras que en las facultades relacionadas con las denominadas ciencias de la salud, su presencia ha crecido desde un 64 por ciento a un apabullante 73 por ciento en la actualidad.

Sin embargo, este superior número de estudiantes femeninas no tiene un correlato consecuente en su presencia en los puestos de responsabilidad académica en nuestras universidades. En 2004, sólo un 17 por ciento de catedráticos eran mujeres, aunque su porcentaje se disparaba en los puestos de profesores ayudantes (48,8) o colaboradores (45 por ciento). En el cómputo general, mientras que en 1991 había un 10 por ciento de profesorado femenino en las facultades de las diversas ingenierías y arquitectura, y un 26 por ceinto en el resto de las licenciaturas, en 2005 se había pasado a un 20 y un 37 por ciento, respectivamente.
En cuanto a la situación de la mujer en la política, el incremento de su influencia parece aún más espectacular. El actual Gobierno de la Nación está compuesto por idéntico número de ministros y ministras, frente a un escaso 20 por ciento de representación femenina en el Gabinete de 1991. Sin embargo, esta proporción cambia radicalmente en los demás niveles gubernamentales. Sólo cuatro mujeres entre los 21 secretarios de Estado, dos entre los 17 delegados del Gobierno, cuatro de entre 101 embajadores en el extranjero, y ninguno de los•11 embajadores españoles ante organismos internacionales es mujer.

Más esperanzadoras resultan las cifras de la presencia femenina en los órganos de representación democrática. En 1991, sólo un 4,2 por ciento de alcaldes del país eran mujeres; en 2004 ya eran el 13 por ciento. En 1999 había un 30 por ciento de diputadas autonómicas, cifra que crecía hasta el 36 por ciento en 2004. Una situación similar se daba en el Congreso. Las mujeres representaban el 28,29 por ciento en la pasada legislatura,proporción incrementada hasta el 36 por ciento tras los últimos comicios. No ha sucedido lo mismo en el Senado, donde el incremento resultaba muy pequeño, de un 23,14 a un 25,1 por ciento. Tampoco se han producido grandes avances en el mundo de la judicatura. Por ejemplo, aunque quien preside el Tribunal Constitucional es una mujer, sólo el 16 por ciento de sus integrantes también lo son. Mientras que en el conjunto del Poder Judicial alcanzan el 42 por ciento, su presencia en los órganos Constitucionales (Consejo de Estado, CGPJ, Tribunal de Cuentas, Junta electoral Central y Consejo Económico y Social), se queda en un exiguo 9,42 por ciento.

Sí constituye un cambio apreciable la presencia de personal femenino en la Policía y en las Fuerzas Armadas. De una presencia testimonial a comienzos de los 90, se ha pasado a una situación en la que el 12,83 por ciento de los funcionarios policiales son mujeres, y casi llegan al 20 por ciento en el conjunto de las Fuerzas Armadas. Donde menos se ha apreciado una evolución en este aspecto en los tres últimos lustros es en la empresa privada. La mujer continúa estando infrarrepresentada en los consejos de administración de las compañías. En 2004, al igual que en 1991, no llegaba al tres por ciento la cantidad de mujeres consejeras, mientras que como presidentas sólo figuran un 5,5 por ciento.

Pero la gran transformación social de estos años, el gran cambio, ha venido de la mano del fenómeno migratorio. De los 350.000 inmigrantes que vivían en nuestro país en 1991, hemos pasado a los 3.884.573 que constaban en los censos municipales a finales de 2005. De éstos, 2.738.932, en posesión del permiso de residencia. En total, casi un nueve por ciento de la población española, un 72 por ciento de los cuáles, son de procedencia extracomunitaria. Una población cuyo crecimiento había estado prácticamente estancado durante buena parte de esta década y media. En 1991, el número de habitantes era de 39.433.942, y se mantuvo en niveles similares hasta la eclosión de la llegada de inmigrantes a nuestro territorio, de una manera mucho más acusada a partir de 2001. La población española en 2005 llegaba a 44.108.530 habitantes. Sólo en 2003, España recibía a la mitad de todos los inmigrantes que llegaban a la Unión Europea. Su rápida incorporación ha producido un contundente efecto demográfico, evitando el crecimiento cero de la población española, debido a las bajas tasas de natalidad (1,2), y evitando el rápido envejecimiento que reflejaban las estadísticas. De igual modo se ha revitalizado el sistema de protección pública, con la incorporación de casi dos millones de inmigrantes como cotizantes de la Seguridad Social, como también han puesto un efecto dinámico para la economía, la reactivación del consumo interno y el mercado de la vivienda.

Pero la rápida incorporación también p duce efectos menos positivos. Los ser mientos de rechazo hacia la población tranjera se han incrementado. Mientras c las encuestas del Centro de Investigacion Sociológicas (CIS) desvelaban en 1996 q un 18 por ciento de los encuestados opinan ban que los inmigrantes eran demasiados en 2004 esa cifra casi se ha triplicado y ah ra son un 53 por ciento los que así lo cree La inmigración ha desplazado al paro o terrorismo del primer puesto en las preo paciones de los españoles que siempre guraban en los estudios demoscópicos.

1991-2006, 15 años que han dado mucho de sí, en los que Sevilla t uvo su exposición Universal y Barcelona sus Juegos Olímpicos, en los que los divorcios han crecido más que los matrimonios, y en los que, de casarnos, lo hacemos más viejos –de los 30 para varones y 26 años para mujer, de media en 1991, a los 30 y 32, respectivamente, de l a actualidad-. Una década y me dia que ve nacer a muchos más hijos fuera del matrimonio –un 25 por ciento en 2005, frente a un 10 por ciento en 1991-, y que ha reparado la injusticia ancestral cometidac:on el colectivo de homosexuales y lesbianas, legislando para permitir la plena adquisición de sus derechos, incluidos el matrimonio y la adopción. 15 años que arrancaban con el envío de nuestras tropas a Iraq –en la Primera Guerra del Golfo por parte del Gobierno de González-, y que casi concluyen con la retirada de nuestra tropas de Iraq, en esta ocasión, también por medio de un Gobierno socialista.

Tres lustros intensos, con claroscuros con una violencia contra las mujeres qu no cesa- pese a las nuevas leyes, cuya efectividad puede ser aún pronto para juzgar-, con una crispación política que remite a la memoria lo acontecido entre 1993 y 1996, pero también con unos avances innegables y mejoras para casi todos, que permiten afrontar con más optimismo los próximos 15 años.