El acuerdo con la Iglesia divide al PSOE

El reciente acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal, para elevar al 0,7 por ciento la aportación del IRPF de aquellos ciudadanos que opten por la casilla de sostenimiento de la Iglesia Católica, ha levantado ampollas en la Ejecutiva socialista. Pese a que el acuerdo suprime la "compensación" que hasta ahora anualmente el Ejecutivo otorgaba (unos 144 millones de euros), y que, tal como exigía la Comisión Europea, desde este momento la Iglesia pagará el IVA, muchos dirigentes del partido gubernamental piensan que no se ha elegido el mejor camino para promover la autofinanciación de esta confesión religiosa. Ese objetivo de autofinanciación está incluso recogido en los Acuerdos con la Santa Sede de 1979—entonces se abrió un período provisional de tres años, que ha llegado hasta hoy—. Los más laicistas piensan que el Gabinete ha tratado de rebajar de este modo la tensión con la jerarquía eclesiástica. Por diferentes conceptos, el Estado aporta unos 5.000 millones de euros al año a la Iglesia Católica.

Por P A. N.

En unas jornadas celebradas en el Congreso de los Diputados, el pasado mes de junio, bajo el lema "La laicidad como marco para la libertad", organizadas por el Partido Socialista, su secretario federal de Política Municipal y Libertades Públicas, y uno de los más cualificados representantes del "sector Iaicista" de la organización, Alvaro Cuesta, proponía la eliminación progresiva de la financiación estatal a la Iglesia Católica. Argumentaba que la actual situación "rompe el principio de neutralidad del Estado". Para ello se sugería un periodo transitorio de tres años en el que la jerarquía eclesiástica seguiría recbiendo una "recaudación mínima garantizada"; una segunda fase de otros tres años en los que esta garantía habría de desaparecer y, finalmente, una tercera etapa en la que el Estado se limitaría a incentivar fiscalmente las donaciones particulares con deducciones fiscales que podrían establecerse en torno a un 15 por ciento.

En aquellas jornadas, en las que también participaron activamente el portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Diego López Garrido, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, Alfonso Pérez Argote, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid o Dionisio Llamazares, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado de la misma universidad, entre otros, se acordaba transmitir las conclusiones al Gobierno. El ministro de Justicia aseguraba entonces que el actual modelo de financiación "no es sostenible y habrá que revisarlo", manifestando su confianza en que las negociaciones con la Conferencia Episcopal permitieran reflejar "un ajuste y una actualización" en los Presupuestos Generales del Estado para 2007.

Pero el hecho es que tras las negociaciones ya concluidas, el acuerdo ha establecido un incremento notable de la aportación a la Iglesia por vía del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas (IRPF). Del 0,52 por ciento del importe de la tasa que los ciudadanos que así lo expresasen se podía ceder al sostenimiento de la Iglesia católica en 2006, se ha pasado al 0,7. Bien es ciero que no se ha alcanzado la cota del 0,8, como reclamaban los negociadores de la Conferencia Episcopal Española, y también, que se suprime la cantidad "complementaria" que, hasta ahora, aportaba el Estado hasta llegar al líquido "suficiente", del mismo modo que, a partir de 2007, la Iglesia habrá de hacer frente al pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) –lo que le supondrá un desembolso de entre 25 y 40 millones de euros-, tal y como le había exigido la comisión Europea al Gobierno español. Aunque la proporción desciende cada año, en el último ejercicio, un 34 por ciento de declarantes marcaron la casilla de sostenimiento a la Iglesia católica.

Los principales arquitectos del acuerdo han sido la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar. Sin embargo, el Gobierno no consultaba con la Ejecutiva Federal Socialista los contenidos de esta negociación y, como el resultado final indica, no se ha ajustado a la propuesta elevada por el secretario de Política Municipal y Libertades Públicas, Alvaro Cuesta. Esta decisión ha provocado un notable malestar en los sectores laicistas del partido (mayoritarios), que esperaban un paso más firme en el camino de conseguir la autofinanciación eclesiástica por parte de un ejecutivo que ha hecho de lo laico una de las banderas ideológicas de su gestión.

Aunque todos reconocen el "avance" por la desaparición de la "compensación" que hasta ahora hacía el Estado, con cargo directo a los Presupuestos Generales, y aunque la vicepresidenta haya calificado el acuerdo como "bueno", porque "normaliza y democratiza las relaciones entre la Iglesia y el Estado y avanza de manera clara y decidida hacia la autofinanciación de la Iglesia", se ha producido una cierta contestación que ha obligado a que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, diera una explicación a la dirección de su partido, después de que varios de los miembros de la Ejecutiva expresasen sus quejas, tanto por el contenido final del acuerdo, como por el hecho de no haber sido consultado en los órganos.

En la reunión intervinieron en este sentido nombres tan destacados como los de Alvaro Cuesta, Pedro Zerolo, Leire Pajín y hasta el secretario de Organización, José Blanco. Elpresidente tuvo que aclarar que este acuerdo constituía un paso más , "no el paso definitivo" en la dirección de conseguir la autofinanciación de la Iglesia católica.

Precisamente esa aclaración de "provisionalidad" es la que exigen muchos diputados socialistas para dar su voto afirmativo a este apartado de los Presupuestos Generales. Desean que conste por escrito en el texto definitivo que este acuerdo es eventual y susceptible de modificación en un futuro próximo. A ello se refirió en la reunión del Grupo Parlamentario Socialista posterior a la Ejecutiva, el diputado aragonés Gerardo Torres, quien recordó que "el sistema anterior se acordó para tres años –en refeencia al contenido del Concordato de 1979- y ha durado 25". En el mayoritario sector laicista dan por descontado que se introducirá en el texto esa referencia a la provisionalidad para evitar tensiones y "tentaciones" de votos "alternativos". Ya en la discusión de los Presupuestos del año pasado, hasta 17 diputados socialistas –en sesión de voto secreto- respaldaron una iniciativa para la denuncia de los acuerdos con el Vaticano presentada por Izquierda Unida. Otros siete parlamentarios socialistas también rompían la disciplina de voto para apoyar otra moción de IU en la que se exigía la supresión de la aportación "compensatoria" a la Iglesia.
Los laicistas son mayoritarios en el seno del Partido Socialista. De hecho, la organización se funda por Pablo Iglesias ya como "partido laico". Curiosamente, algunos de los defensores de este laicismo sostienen creencias religiosas en su vida personal, como es el caso del rector de la Universidad Carlos III, ex presidente del Congreso y uno de los "padres" de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, impulsor, junto con otros destacados dirigentes socialistas de un "Estatuto de laicidad". En esa posición activa encontramos a varios miembros destacados del PSOE. Pedro Zerolo, miembro de la Ejecutiva y secretario de Movimientos Sociales ha llegado a apostatar de la fe católica, acusando a la Iglesia de constituir una "institución homófoba". También son conocidos representantes del "espíritu laicista" María Jesús Sansegundo, ministra de Educación, Miguel (ceta, diputado del PSC, Gonzalo Puente Ojea, ex embajador español ante el Vaticano y ateo militante; Juan Fernando López Aguilar, ministro de Justicia, el ya mencionado Alvaro Cuesta, Marta Mata, presidenta del Consejo Escolar del Estado, el diputado por Cáceres Victorino Mayoral o el diputado por Madrid Juan Antonio Barrio.

Pero también entre los socialstas creyentes predominan los que defienden el Estado laico y la autofinanciación de la Iglesia, como el histórico Manuel de la Rocha o el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos.

Victorino Mayoral, que también preside la Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica y la Fundación Educativa y Asistencial CI-VES, comenta a El Siglo que la "laicidad de nuestra Constitución está limitada por la subsistencia de un modelo de regulación del hecho religioso que data de la transición democrática y que se sustenta en los acuerdos con el Vaticano de 1979, que no sólo son contrarios a aspectos sustanciales de la aconfesionalidad oficial del Estado, sino que tampoco van acordes con la sociedad española actual". Para este diputado socialista, el empeño de la Iglesia en mantener la financiación estatal "es más una cuestión de fuero que de huevo", ya que, a su criterio no pretenden conseguir dinero, "sino mantener un estatus, lo conquistado del Estado durante el nacional-catolicismo o, al menos, lo alcanzado mediante los acuerdos con la Santa Sede de 1979".

También se dan casos, aunque minoritarios, de cristianos socialistas críticos con la laicidad de sus compañeros. Carlos García de Andoáin es el coordinador federal de Cristianos Socialistas del PSOE. Concejal de Sestao, es miembro del Instituto de Teología Pastoral, profesor de Fe y Políticay pertenece al Consejo General de Apostolado Seglar de la propia Conferencia Episcopal Española. Hasta su marcha ala sede madrileña de Ferraz para coordinar este grupo federal y minoritario, estuvo contratado por la diócesis de Bilbao, siendo uno de los más próximos a Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal. García de Andoáin, a diferencia de muchos de sus compañeros, sostiene que "ya no es posible lo que se incluía en el Programa 2000 –del PSOE- de que la fe cristiana es un asunto privado. Un partido como el nuestro necesita elaborar una política respecto a la Iglesia católica y la religión en general". Pese a reconocer una cierta identificación idelógica con las posiciones más conservadoras de la jerarquía ecleiástica, cree necesario que supartido "neutralice" las presiones laicistas de Izquierda Unida.

Más beligerante se ha mostrado aún el ex alcalde de A Coruña, y actual embajdor español ante el Vaticano, Francisco Vázquez. Desde Roma ha terciado en la polemica de su partido, asegurando que la posición de aquéllos que se han opuesto al nuevo acuerdo de financiación con la Iglesia, se debe a "un anticlericalismo absurdo que intenta negar a la Iglesia el reconocimiento al papel tan importante que desarrolla a favor de la propia sociedad". A su juicio, el argumento empleado por los laicistas es "un poco casposo y decimonónico". Vázquez ya había dado muestras de su militancia católica cuando, en dos ocasiones, siendo diputado en el Congreso por A Coruña, se ausentó del hemiciclo para no votar, en primer lugar, la Ley del Aborto, y en la segunda ocasión, durante la votación del denominado "Cuarto supuesto", que ampliaba las siotuaciones en las que quedaba legalizada la interrupción del embarazo. Para el diputado Victorino Mayoral, en esta ocasión, el peculiar ex alcalde gallego, "se ha comportado más como embajador del Vaticano en España que como embajador español en la Santa Sede". También opina Mayoral sobre el grupo de Cristianos Socialistas, "apoyado por Ramón Jáuregi, y que nada tienen que ver con Cristianos por el Socialismo, aquel grupo muy avanzado, muy progresista y defensores del Estado laico". Considera el diputado extremeño que su creación no ha sentado bien entre la mayoría de la militancia, porque "si hubiera un grupo de Musulmanes Socialistas, de Budistas Socialistas y de Protestantes Socialistas, se destrozaría el partido, un partido de tradición laica. No aportan al debate interno ni a la proyección externa. Ya se ha visto la confrontación que ha lanzado la Conferencia Episcopal, y este grupo no ha servido para frenarla ni para hacer de colchón. Andoáin está vinculado a la conferencia Episcopal y es mano derecha de Blázquez. Da la impresión de que la intención con ellos es la de tener un canal abierto con la parte más civilizada de la Conferencia Episcopal, con la más abierta".

Si, como todo indica, se incluye finalmente una referencia a la provisionalidad del acuerdo con la Iglesia católica, probablemente no se dará una ruptura de la disciplina de voto en las filas socialistas durante la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pero la presión de los muchos laicistas se hará notar. Juan Antonio Barrio, diputado socialista por Madrid, confiesa que este acuerdo "no me parece bien. Aunque el sistema anterior era aún peor, éste no es un avance hacia la autofinanciación. Es cierto que en el partido hay un sector declaradamente laicista y más activo en este ámbito, pero el resto del partidotambién acepta a regañadientes este pacto. Seguro que se hará constar la 'provisionalidad', aunque será una provisionalidad larga, porque la Iglesia es mucha Iglesia y son muchos los campos de integración y de conflicto. Interesaba tener ese campo despejado. Era un contencioso que había que cerrar de algún modo".

Pese a las posiciones más condescendientes como la del grupo de Cristianos Socialistas, la beligerante de Francisco Vázquez o la intermedia de un José Bono –"yo soy socialista y cristiano y no conviene que los laicos olviden que Cristo nació en una cueva y murió en una cruz (...) despreciar el sentimiento religioso desde el socialismo me parece una torpeza"-, que acaba de propinar un duro golpe a su partido, tras coquetear públi-
camente con la aceptación de la candidatura al ayuntamiento de la capital, y negarse horas después, una gran mayoría de creyentes y no creyentes del Partido Socialista apuestan por un Estado laico y la completa autofinanciación de la Iglesia. Con la fórmula acordada, es el Estado el que renuncia a la totalidad de los tributos, no es el fiel el que realiza la aportación. Por todos los conceptos, además de la vía del IRPF, la Iglesia católica recibe umnos 5.000 millones de euros (800.000 millones de pesetas) al año. La mayor parte de las subvenciones, unos 3.200 millones, son subvenciones a centros de enseñanza de propiedad eclesiástica; los salarios de los profesores de Religión, sufragados íntegramente por el Estado, ascienden a 517 millones de euros anuales, mientras que, a título de ejemplo, otros 30 millones de euros están destinados a sufragar los gastos de más de mil capellanes que ejercen su función en cuarteles militares, cárceles y hospitales, incluido un arzobispo que tiene el grado de general de división. Por el contrario, el conjunto de las otras tres grandes religiones monoteístas–Islam, Judaísmo y Protestantismo-, reciben tres millones de euros anuales, que deben emplearse y justificarse, exclusivamente, en obras sociales, quedando excluido su uso para asuntos relacionados con el culto o el abono de salarios.