Por José María Benegas

C oincidí hace unos días con Luís Eduardo Aute en una galería de arte de unos amigos comunes. Además de hablar de pintura y de sus proyectos inmediatos, los comentarios derivaron hacia los problemas territoriales de actualidad. La conversación se mantenía entre dos españoles nacidos fuera de España, él en Filipinas, yo en Venezuela. Además de corroborar que el lugar en que se nace es como el primer beso, nunca se olvida, coincidimos en la seducción del proyecto político democrático de nuestra "querida España". Atractivo por sus avances, por sus experiencias, por el deseo de una generación de recuperar el tiempo perdido, y atractivo también por sus convulsiones, sus rebrotes del pasado y su convivencia pasional. En un momento determinado de la conversación Aute pidió un papel para escribir y me dijo: "Mira, a este país para que todos se queden tranquilos, habría que cambiarle el nombre y llamarlo de la siguiente manera: Estado Social de Pueblos Autónomos y Naciones Históricas Asociadas. Esta larga denominación necesitaría de una fórmula abreviada para su común utilización. Si tomanos la primera letra de cada palabra (le la nueva denominación surge un acrónimo que tendría la siguiente configuración: ESPANHA. Incluso podría resultar atractivo para los portugueses. "Después de un largo recorrido estaríamos más o menos como ahora" – concluyó Aute–, o como diría Rubial, "España siempre empezando de nuevo".

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En relación con el proceso de paz se ha dicho y escrito que un Pacto entre formaciones políticas hecho al margendel Parlamento es "un atentado contra la democracia". En relación con este tema sería preciso señalar que un acuerdo entre partidos no necesariamente tiene que alcanzarse en el Parlamento. En esta institución están representados los grupos parlamentarios, que forman parte sustancial de un partido, pero que no son "el partido". Incluso sus líderes pueden no coincidir. Otra cosa es que lo acordado por los partidos requiera de una traducción jurídica vinculante para lo cual se requiere el posterior acuerdo parlamentario. La mayor parte de los grandes pactos en este país se han fraguado y firmado primero entre los partidos y después de rubricados por éstos han tenido una ratificación institucional.

Como impulsor del Pacto de Madrid contra el terrorismo y de los acuerdos de Ajuria – Enea puedo decir que éstos se alcanzaron al margen de las instituciones, el de Madrid posteriormente se firmó en un acto solemne en el Congreso de los Diputados, y el de Ajuria–Enea, como su nombre indica, en la sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, ratificándose después en el Parlamento.

Los pactos autonómicos para reformar los estatutos del 143 tuvieron el mismo recorrido, primero un acuerdo entre el PSOE y el PP bajo los auspicios del Ministerio de Administraciones Públicas y después encontraron su traslación jurídica en el Parlamento en cada uno de los Estatutos reformados.

Por lo tanto, un acuerdo entre partidos tiene valor en sí mismo, independientemente del lugar en que se alcancen y no pueden constituir nunca "un atentado contra la democracia" como se ha dicho.

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Seguimos con el debate sobre el supuesto derecho de algunas comunidades autónomas, no todas lo piden, a tener selecciones deportivas con capacidad para participar de manera oficial en competiciones internacionales. Con frecuencia invocan los partidarios de esta posibilidad el modelo de Gran Bretaña en el que Escocia participa con su selección en eventos internacionales. Ciñéndonos al caso del fútbol, cuando se recurre al ejemplo de Escocia no se dice toda la verdad, ignorando un hecho esencial. Falta el dato de que Escocia tiene Liga propia de fútbol, reconocida por la FIFA al margen de la inglesa y sus equipos, y, en consecuencia, derecho a participar en los torneos internacionales lo mismo que su selección. Podríamos aplicar el mismo modelo en España. Las comunidades autónomas que lo deseen podrán tener Liga propia al margen de la española, y en este supuesto su selección podría participar oficialmente en competiciones oficiales si la FIFA lo permitiera. Para adoptar esta decisión debería seguirse un procedimiento democrático, consultando, en todo caso, a los afectados, clubes y jugadores. Por cierto, el Celtic de Glasgow y el Ranger, desde hace años están deseando jugar en la Liga inglesa, como aburridos ya de enfrentarse con reiteración entre sí. Sería interesante saber, en el supuesto de que se adoptara esta fórmula, por qué Liga optarían equipos como el Barcelona, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad, el Español, etc., si por la de la Comunidad o la española.