La reforma constitucional se retrasa

Sucesión machista

El nacimiento de la Infanta Leonor hace casi un año recordó al Ejecutivo socialista que aún tenía pendiente una de sus promesas electorales: reformar la Constitución para acabar con la discriminación de la mujer en la Corona. Ahora, el reciente anuncio del embarazo de Doña Letizia acelera la posibilidad de que la primogénita de los Príncipes de Asturias tenga un hermano varón antes de la modificación de la Carta Magna, lo que podría acabar generando conflictos. Aunque los políticos insisten en que la retroactividad impediría la aparición de problemas jurídicos, la reforma tras el eventual nacimiento de un Infante significaría quitarle al niño unos derechos con los que ha nacido. A este contratiempo se suman las tensas relaciones entre el PP y el PSOE y sus consecuencias sobre la Familia Real. Los populares no están dispuestos a que la reforma vaya acompañada del resto de modificaciones previstas. Y el Gobierno no quiere plantearla en solitario para evitar que se convierta en un plebiscito sobre la monarquía. Lo paradójico del caso es que el responsable de que la sucesión sea machista es Don Juan Carlos, quien impuso a los constituyentes la preeminencia de su hijo frente a su primogénita.

Por Virginia Miranda

España tiene una larga tradición de conflictos dinásticos, que se acabaron saldando con cruentas guerras entre los defensores de uno y otro pretendiente a la Corona. A nadie se le ha pasado por la cabeza que en pleno siglo XXI, con una monarquía parlamentaria y en una sociedad que, aunque juancarlista, es mayoritariamente republicana, haya quien se movilice por un asunto como éste como en aquellas batallas carlistas. Pero no es tan descabellado pensar que, adaptados a la sociedad moderna, los conflictos entre dos descendientes del Rey puedan ser motivo de disputas familiares que, en el caso de los Borbones, no le harían ningún bien a la jefatura del Estado. Porque si el bebé que espera Doña Letizia es niño, la reforma constitucional prevista por el Gobierno para eliminar la preeminencia del varón en el orden sucesorio al Trono permitirá que la Infanta Leonor, de acuerdo con el consenso de todos los partidos, el sentir general y el ejemplo de las monarquías occidentales, sea la futura Reina de España. Pero también significará que el pequeño nacerá con unos derechos que después serán transferidos a su hermana mayor.

La fórmula bien es verdad que ya se ha practicado con éxito en Suecia. Cuando nació el hermano de la ahora heredera Victoria, Carlos Felipe, la primogénita no podía subir al trono si tenía hermanos varones. Fue entonces cuando el Parlamento modificó su Constitución, incluso con la oposición del Rey Carlos Gustavo de Suecia. Ya han pasado más de dos décadas de aquello y a los dos hermanos se les ve muy bien avenidos, lo que demuestra que el eventual nacimiento de un niño en el seno de la familia de los Príncipes de Asturias no tiene por qué generar ningún problema.

Pero sea como fuere, el hecho es que en España se podría haber evitado todo tipo de suspicacias si primero el ex presidente Aznar hubiera aceptado amoldar la Constitución a los tiempos que corren al finalizar su segunda legislatura –Don Felipe ya había contraído matrimonio y aún no tenía descendencia pero se suponía que tarde o temprano llegaría– y si ahora el Gobierno socialista hubiera logrado el consenso deseable con el PP para emprender las modificaciones previstas en un mismo paquete de reformas y evitar que, de abordar en solitario la relativa a la discriminación de la mujer en la Corona tal y como aparece en el artículo 57.1 de la Constitución, acabe cuestionando la monarquía. Por si fuera poco, Don Felipe y Doña Letizia han ido a por el segundo de sus hijos antes de que acabe la legislatura y se pueda emprender el complicado proceso que requiere el cambio constitucional y que, dentro de la lógica de un Gobierno, no se plantea antes de las próximas elecciones generales: implica su aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, la disolución de las Cortes y la ratificación de la decisión de las nuevas Cámaras por mayoría de dos tercios y la convocatoria de un referéndum.

Lo paradógico del caso es que el problema político al que ahora se enfrenta el Gobierno para eliminar la única referencia machista de la Carta Magna tiene como principal responsable al abuelo de la Infanta Leonor. El director de El Siglo, José García Abad, en su libro La soledad del Rey (La Esfera de los Libros), cuenta que Don Juan Carlos desplegó ingentes esfuerzos para que Don Felipe fuera nombrado Príncipe de Asturias –título que ostenta el heredero al Trono– y la Constitución garantizara su deseo de que fuera su hijo varón, y no su primogénita la Infanta Elena, su sucesor. El autor asegura que condicionó “a los constituyentes que debían fijar el orden sucesorio y se adelantó a la renuncia a los derechos dinásticos de Don Juan, quien, en clave monárquica seguía siendo reconocido como el rey Juan III y Don Juan Carlos como Príncipe de Asturias. Fue un “trágala” real y en lógica monárquica un pecado de lesa dinastía”. García Abad considera que el Monarca “no es el ‘invento’ sino el ‘inventor’ del modelo. Ha habido que tragar también el hecho consumado de la prioridad de los varones en la lista sucesoria, en contradicción fragante con la igualdad de derechos entre los sexos proclamada en la Constitución Española”.

Al hablar de “trágala”, el autor hace referencia a las opiniones encontradas que generó el favoritismo del Rey hacia su hijo varón. Hacía años que se venían revisando en España los modelos monárquicos europeos y, en la mayoría de los casos, no se discriminaba al heredero por razón de su sexo. Incluso algunas feministas de la época, como la socialista Carlota Bustelo, se manifestaron abiertamente contra el artículo 57.1, donde se dice que la “sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”. Sometida la disposición a votación en su tramitación parlamentaria, Bustelo y otros 14 diputados votaron no. Ella siguió manifestándose en contra, hasta que su propio partido la “sugirió” que lo dejara correr.  Han pasado casi tres décadas de aquello y la pareja de los Príncipes de Asturias parece mucho más idónea para suceder a los Reyes que la formada por la Infanta Elena y Don Jaime de Marichalar. Pero una cosa son las circunstancias y otra los principios del Estado de derecho.

El celo con el que Don Juan Carlos trató de garantizar la sucesión en la figura de Don Felipe puede que acabe volviéndose en contra de la institución a la que representa. El Gobierno y la Casa Real, aunque en todo momento han tratado de abordar con total naturalidad este asunto, temen que el referéndum al que habrá que someter la reforma del artículo 57.1 sirva para cuestionar la monarquía. La consulta popular se formularía sobre la idoneidad de eliminar la discriminación sexista en la Corona. Pero si se planteara en solitario, sin acompañarla del resto de reformas previstas, la baja participación de los españoles, circunstancia más que probable en un país sin demasiado apego por la monarquía, la institución no quedaría deslegitimada, pero sí cuestionada. Y esa mayoritaria abstención animaría a las formaciones republicanas a plantear el cambio en la forma de Estado, que por otra parte le vino impuesta a los españoles. Esta sería la primera vez que la Familia Real se somete, aunque no sea de forma directa, a la votación ciudadana. La inmensa mayoría de los ciudadanos aceptaron la monarquía parlamentaria en 1978 porque no les quedaba otra; la forma política del Estado venía determinada por la Constitución, que es lo que realmente se sometía a la consideración de los españoles. Por eso, la Familia Real no puede contabilizar en su haber el 87,9% de las papeletas afirmativas emitidas. Y hoy en día, los españoles no habrían aceptado como entonces esa otra “trágala”. En buena medida, querían evitar un mal mayor; la dictadura había desaparecido, pero aún se escuchaba el ruido de sables en los cuarteles.

Así las cosas, el Gobierno prefiere esperar el momento propicio para cambiar la Carta Magna. Esto es, aquel en que sus relaciones con el principal partido de la oposición se relajen y puedan abordar de forma conjunta todas las reformas previstas por el Ejecutivo; modificar el Senado para convertirlo en cámara territorial, incluir las 17 comunidades autónomas con su denominación, añadir alguna referencia a la Constitución europea, cambiar el ya mencionado artículo 57.1 y, desde el pasado año y tras el anuncio del presidente Zapatero, sustituir el término minusválido en la Carta Magna por el de discapacitado.

A día de hoy, resulta impensable que los dos principales partidos alcancen ese deseable consenso antes del final de la legislatura –el portavoz parlamentario popular, Eduardo Zaplana, dice que el Partido Socialista, “en vez de haber reformado la Constitución con los partidos nacionalistas a través del Estatuto de Cataluña, podría haber reformado esto de forma sensata con el PP”– y todo apunta a que habrá que esperar al final del próximo periodo de sesiones para que pueda abordarse una reforma que no debería seguir demorándose. Así lo dijo el pasado mes de febrero el Consejo de Estado, que en su informe sobre las reformas constitucionales propuestas por el Gobierno, advirtió que “hasta que se produzca esa sucesión en el trono, la reforma que ahora se contempla no tendrá aplicación alguna, lo cual no excluye la conveniencia de efectuarla sin más demora que la que resulte de la apreciación del interés público”. El Consejo de Estado, por cierto, propone que la modificación se realice en los siguientes términos: “la Corona de España es hereditaria de los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón [...]. La sucesión en el trono corresponde a su hijo, el Príncipe heredero Don Felipe de Borbón, y después seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores”.

En vista de que la reforma constitucional no se hará antes de que nazca el segundo hijo de los Príncipes de Asturias y a pesar de la aparente “tranquilidad” que tratan de hacer notar los políticos y la Familia Real, algunos constitucionalistas como Jorge de Esteban, Joaquín María Nebreda o Ramón López Vilas advierten del inevitable agravio y del posible conflicto de legitimidades si nace niño y plantean algunas soluciones. Una de ellas es aplicar el artículo 57.5 de la Carta Magna, donde dice que “las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán mediante una ley orgánica”. Este podría ser un recurso temporal y de urgencia hasta que se aborde la prometida modificación, aunque algunos de estos mismos expertos consideran que una ley orgánica no tiene efectos jurídicos sobre un artículo tan blindado como el 57.1. La otra es que, antes de que se conozca el sexo del bebé, las Cortes, en sesión conjunta y solemne, declaren su voluntad de afrontar la reforma al término de la legislatura. Sin embargo, y a pesar de que los catedráticos de Derecho Constitucional aducen el acuerdo entre todos los partidos para eliminar la discriminación sexista en la sucesión monárquica, mucho tendrían que cambiar las cosas para que el PP y el PSOE acuerden abordar las modificaciones previstas –todas ellas, el Gobierno no lo haría de otra forma– de aquí a año y medio.

Pero aunque hoy en día es la situación política la que impide que la primogénita de los Príncipes de Asturias pueda ser considerada, sin ningún género de dudas, “la heredera del heredero”, no son los partidos los responsables. Si la Infanta Leonor tiene que pedirle cuentas a alguien, que le pida cuentas al Rey.

El embarazo mejora la imagen de la Princesa

No podrían haberlo anunciado en momento más oportuno. La noticia del embarazo de Doña Letizia llega cuando su popularidad atraviesa sus horas más bajas. A lo largo de las últimas semanas, la Princesa de Asturias está siendo objeto de comentarios que han llegado a dañar sensiblemente su imagen. La delgadez de la mujer del Heredero siempre ha sido motivo de especulaciones, algunas veladas y otras más evidentes, sobre sus posibles problemas con la alimentación. Pero ha sido a partir de este verano cuando su aparente pérdida de peso ha empezado a suscitar mayor preocupación. Tanto es así que en círculos periodísticos se ha llegado a comentar que el precipitado anuncio del embarazo -apenas ha transcurrido un mes de gestación- podría querer evitar especulaciones sobre el origen de sus indisposiciones, que ahora ya se sabe que responden a el típico malestar de las embarazadas.

El asunto que sí ha llegado a suscitar abiertos reproches a Doña Letizia en algunos programas del corazón es el del chiste del “funambulista”. Joaquín Sabina acaba de revelar en su biografía “Yo también sé jugarme la boca. Sabina en carne viva” (Ediciones B) ciertas intimidades sobre Doña Letizia que la Princesa habría preferido que no hubieran salido a la luz pública. “El caso es que estoy bailando con Leti -recuerda Sabina- y le digo al Príncipe a gritos: 'Oye, Felipe, ¡saca a bailar a mi novia que le está dando un tremendo ataque de cuernos!'. El Príncipe la sacó porque es un caballero -no por príncipe, sino por caballero- y bailamos el vals nupcial Leti y yo y el Príncipe y Jimena. Luego me contó mi novia que, cuando acabó el vals, el Príncipe le dijo una sola frase: 'Bailas de cojones'. La Leti me contó, casi de entrada, un chiste de Lepe sobre ella muy divertido: '¿En qué se parece Estefanía de Mónaco a Letizia? En que Estefanía folla con un funambulista y Letizia es una fulana muy lista'. Ése es el límite al que puedo llegar sobre esa noche. Leti es una chica lista e inquieta. En fin. Yo la apoyo porque creo que, con un poquito de suerte, puede traernos la Tercera República. Y ya no diré más". Desde luego ha sido bastante. Para que la Princesa se arrepienta de aquel encuentro y para que los cronistas de la cosa rosa le afeen una conducta que consideran impropia de la mujer del Heredero.

Como no hay dos sin tres, su discurso en la entrega de la bandera de combate de la fragata Álvaro de Bazán en el puerto de Motril el pasado 19 de septiembre también ha sido objeto de críticas. Según ha sabido El Siglo, mandos militares presentes en el acto se mostraron contrariados ante la evidente similitud entre las palabras pronunciadas aquel día por Doña Letizia y las que dirigió a los asistentes al acto de amadrinamiento de la bandera de la unidad de acción rural de la Guardia Civil de Logroño el 15 de junio de 2005.

“Es para mí un gran honor y un motivo de emoción especial...”, comenzó en la capital riojana. “Es para mí un honor especial y un motivo de honda emoción...”, dijo en la localidad granadina. “Permitidme que, antes de continuar, exprese nuestra alegría de encontrarnos en Logroño...”, “Permitidme que os diga que estamos encantados de estar hoy aquí, en esta ciudad de Motril...”. “Como madrina de esta entrega, deseo comenzar mis palabras cumpliendo fielmente y con agrado el encargo que he recibido de Su Majestad el Rey de transmitir a la Guardia Civil y, muy en particular, a su unidad de acción rural, su felicitación más sincera y cordial...”, “En un día tan señalado, y como madrina de esta entrega, cumplo con fidelidad el muy grato encargo que me ha encomentado Su Majestad el Rey de hacer llegar a todos los miembros de la Armada y, en especial, a toda la dotación de la fragata Álvaro de Bazán, su más sincera felicitación...”. “Una felicitación a la que el Príncipe de Asturias y yo misma nos unimos de todo corazón, y que hacemos extensiva a todos y cada uno de vosotros y a vuestras familias, cuyo amor y comprensión os ayudan día a día a cumplir con ilusión renovada las misiones tan importantes que tenéis encomendadas”, “El Príncipe y yo nos unimos de corazón a esta felicitación que extendemos a vuestras familias, cuyo apoyo, comprensión y cariño, alientan la disciplinada tarea que, por vuestra Patria, lleváis a cabo en el mar”. La misma semejanza se repite en párrafos sucesivos, aunque si algo tienen que reprochar los militares tal vez no sea a la Princesa. Menos mal que a nadie se le ocurre cuestionar un embarazo y, al menos por unos meses, darán tregua a Doña Letizia.

Todos los deberes, hechos, por Enric Sopena