Consuelo Rumí, secretaria de Estado de Inmigración y Emigración

"RAJOY HIZO REGULARIZACIONES ENSEÑANDO EL BONOBÚS"

Consuelo Rumí asegura que la propuesta del Partido Popular para prohibir las"regularizaciones masivas" es "incongruente" porque el Gobierno de Aznar hizo "regularizaciones con un bonubús sin ninguna vinculación con el mercado laboral". Recuerda además que el Ejecutivo socialista ya ha anunciado que no va a emprender ningún nuevo proceso de legalización y lamenta que el principal partido de la oposición no haya planteado ninguna alternativa razonable para colaborar en la gestión de la inmigración clandestina. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración también reconoce que la Unión Europea debe implicarse más en el control de fronteras, pero dice que desde que gobierna el Partido Socialista, el problema está presente por primera vez en la agenda política de la UE.

Por Virginia Miranda

—Existe cierta polémica sobre las condiciones de vida en los centros de internamiento canarios y se han denunciado falta de recursos. ¿Ha habido imprevisión política?
—El secretario de Estado de Seguridad ha visitado los centros de internamiento en las islas y ha dicho que no sólo se han ampliado; también se han habilitado campamentos del Ministerio de Defensa. Ante una situación evidentemente grave se ha tenido que actuar y se ha actuado, de modo que no ha habido imprevisión por parte del Gobierno y desde luego por parte de los centros. Además, en estas últimas semanas se han puesto en marcha las repatriaciones con Senegal, de donde procede cerca del 90% de inmigrantes llegados a Canarias. Ahora esperamos que en un tiempo razonable los centros estén descongestionados. Es cierto que no es lo mismo un centro de internamiento moderno y equipado que un campamento con tiendas de campaña. Pero en cualquier caso, tal y como dice el secretario de Estado de Seguridad, todas las personasestán siendo atendidas. Quiero poner de manifiesto la gran labor que están haciendo los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tanto en salvamento, a través de la Guardia Civil, como en los trámites y la atención que realiza la policía. Todos los que trabajamos con los inmigrantes estamos poniendo lo mejor de nosotros mismos para evitar esta situación tan complicada. Quien a veces denuncia determinadas situaciones es quien no ha estado en un centro y tampoco ha colaborado en las tareas de salvamento.

—Se ha dicho que Caldera ha estado "desaparecido" y otros ministros han tomado las riendas de la crisis. ¿Es capaz de hacerle frente?
—El ministro Caldera hace frente a las responsabilidades que le corresponden. El control de fronteras es una competencia del Ministerio del Interior. Y las relaciones con los países de origen corresponde al de Exteriores. El tratamiento público y la acción política de la inmigración es una gestión muy compleja porque cada uno tenemos unas competencias, de modo que trabajamos conjuntamente para hacer posible una política integral a través de Vicepresidencia. Nuestra gestión, que es la acogida de los inmigrantes, la estamos viendo todos los días en los medios de comunicación a pie de playa. El Ministerio de Trabajo, a través de la Secretaría de Estado de Inmigración, tiene firmado un convenio con la Cruz Roja para que se encargue de estas tareas y de la acogida en las islas. Quien hace esta crítica es porque no tiene ninguna propuesta que hacer; desde que gestionamos la inmigración no he escuchado ninguna alternativa razonable para abordar un problema como la inmigración clandestina.

—El PP dice que la propuesta de un pacto sobre inmigración es cínica mientras Rajoy se va a Bruselas para plantear a la Comisión Europea una serie de medidas contra la inmigración irregular. ¿Qué le parece?
—En su primer discurso como secretario general del PSOE y tras ganar las elecciones, José Luis Rodríguez Zapatero ofreció un pac to de Estado sobre inmigración al PP, a lo que siempre ha contestado: no, no, no y no. Pero voy a decir más. Usted me habrá oído decir que no hay política común de inmi gración. Bueno pues el señor Zaplana dice que no cumplimos con ella mientras que el señor Rajoy acaba de pedirla en Bruselas y de decir que no entiende por qué no existe. Esto pone de manifiesto dos cosas. La pri mera es la contradicción interna del PP y de eso no tengo nada que decir. La segunda que sí me preocupa, es que no tienen nin gún interés en hablar de inmigración, sino en seguir utilizándola, como siempre han hecho, para sacar rédito electoral.

—¿Qué le parece la proposición presenta da por el PP contra la inmigración irregular? Pide prohibir las regularizaciones masivas.
—No entiendo qué quiere conseguir con eso. El Gobierno ha dicho que no vamos a hacer ningún proceso de legalización. Ade más es incongruente. El Gobierno del PP re alizó hasta cinco, de modo que el experto es Rajoy, que hizo regularizaciones con un bonobús sin ninguna vinculación con el mercado laboral. Si utilizáramos sus calificativos, tendríamos que llamarlas masivas. Este Gobierno sólo ha hecho una normalización precisamente para dar respuesta a la situación de irregularidad que había dejado el PP.

—¿Se reformará la Ley de Extranjería?
—La paternidad de la Ley de Extranjería es del PP y, como hemos visto, no ha tenido ningún efecto a la hora de ordenar las inmigraciones. En nuestro caso, cualquier reforma será abordada desde el consenso. Por eso la vicepresidenta, que es quien coordina todas las competencias ministeriales, va a mantener reuniones con los grupos parlamentarios para saber cuál es su posición.

—Bruselas acaba de acordar una partida de 1,5 millones de euros para el control de la inmigración en Canarias. ¿Llega tarde?
—El Gobierno del PP no tuvo iniciativas ni capacidad para que Europa comprendiera que la inmigración debe tener un tratamiento común. Pero desde que José Luis Rodríguez Zapatero gobierna, la inmigración
esté presente en la agenda política de la UE. ¿Lo hace al ritmo que nos gustaría? No, pero también es verdad que hay un antes y un después. Las ayudas o la financiación para distintos programas bienvenidas sean, aunque tendría que haber más. España está soportando una carga muy importante de personas procedentes de África que no vienen a Canarias, ni siquiera a la Península. Vienen porque somos el punto de entrada más cercano a la UE. Igual le ocurre a Italia.

—El presidente del PE, Josep Borrell, dice que la agencia Frontex no es efectiva. ¿Le sorprenden estas declaraciones?
—Yo no suelo comentar las declaraciones de los representantes de otras instituciones. Lo que digo es que ha costado montarla y está costando el rodaje inicial, pero tiene un valor importantísimo: por primera vez se comparte la gestión de todas las fronteras marítimas de forma conjunta. Y ya ha dado sus primeros frutos en Senegal devolviendoun gran número de cayucos a sus costas.

—¿Hay más de una sensibilidad respecto a la inmigración en el partido? Ha habido declaraciones contradictorias en el PSOE.
—En primer lugar, yo no he visto ninguna contradicción. En segundo lugar, la conferencia política consensuó por unanimidad un texto sobre las líneas de trabajo en torno a la inmigración. Desde que gobernamos, sus pilares básicos han sido y son la lucha contra la clandestinidad, la ordenación de la inmigración de acuerdo a la capacidad de nuestro mercado laboral y la integración de los que se incorporan a nuestra sociedad. Lo que ocurre es que ante la situación que se está viviendo en Canarias, la primera de esas dimensiones se ha evidenciado más. Pero está muy claro es que en el mercado laboral no tiene cabida la inmigración irregular.

—¿Cuál es la responsabilidad de la sociedad civil en el desarrollo de África? Un encuentro empresarial en Canarias ha propuesto de la implantación de empresas españolas.
—Este es el primer Gobierno que mira a África. Es el primero en aprobar un plan para África y en incentivar programas concretos para su desarrollo. Armar la cooperación con todos estos países es complicado, pero la respuesta está ahí. Hay que abrir canales de colaboración eficaces para que sus habitantes no tengan que emigrar en busca de una vida más digna huyendo de la miseria. Más adelante deberá haber una inversión directa. Evidentemente los empresarios pedirán garantías, pero deberemos dar el salto.

—Dice que más allá del control de fronteras, el Gobierno está realizando esfuerzos sin precedentes en materia de inmigración.
—Las acciones políticas son de gran envergadura. El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, elaborado con la colaboración de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, ONGs y expertos, está dotado de un presupuesto de 2.000 millones de euros. También está el Fondo para la Acogida e Integración, creado por primera vez el pasado año y financiado en 2005 con 120 millones de euros y en 2006 con 182 millones. Tenga en cuenta que en 2004 y con el Gobierno del PP, la financiación que se dedicaba al fomento de la integración era de siete millones de euros. Todo esto lo hacemos porque tenemos la obligación de gestionar adecuadamente la inmigración para que tenga una repercusión positiva en nuestra sociedad.

—El Ministerio de Trabajo ha logrado que las Comunidades estén dispuestas a recibir a menores inmigrantes de Canarias. Pero hay matices. Dicen en Madrid que el Gobierno quiere que le saquen las castañas del fuego.
—En cualquier caso, las castañas del fuego se las tendrían que sacar a Canarias, porque la tutela de menores es una competencia de las Comunidades Autónomas. El Gobierno lo que ha hecho ha sido poner a disposición del Ejecutivo canario el Consejo Superior de Política de Inmigración para que solicitara la solidaridad del resto de Autonomías y hacer un reparto de los menores llegados a las islas. Además financiaremos con una partida presupuestaria extraordinaria el coste del acogimiento. Por tanto la consejera de Inmigración de Madrid lo que debe decir es que el Gobierno canario le quiere endosar al resto de Comunidades su problema. Y si no quiere ser solidaria que lo diga, está en su derecho.

—La inmigración se ha convertido en la principal preocupación de los españoles. ¿Se ha traducido en xenofobia?
—Debemos poner el apellido a la preocupación, y la preocupación es la inmigración irregular, que está abocada a la marginalidad. También en una última encuesta del CIS los españoles dicen mayoritariamente sí a la inmigración legal y ordenada. Por tanto comparto tanto la primera como la segunda respuesta de los españoles.

—¿Cree que les va a restar votos este problema en las elecciones que se avecinan?
—Estoy convencida de que pasará factura a quienes utilicen la inmigración para crear crispación y como arma arrojadiza y para sacar réditos electorales.

Los analistas dicen que el fenómeno de la inmigración marcará el siglo XXI.
Sin lugar a dudas. Acabo de asistir a un foro de diálogo de alto nivel sobre migraciones y desarrollo en la ONU donde se ha puesto de manifiesto que la globalización afecta a los movimientos migratorios, que durante este siglo van a tener una trascendencia no comparable con ninguna otra y que efectivamente van a existir migraciones mientras exista un mundo rico y un mundo pobre. Hay que trabajar en los países de donde procede este éxodo desde una dimensión económica, social, política. Y hay que hacerlo en el ámbito internacional.