El Líbano se suma a las misiones internacionales de Bosnia, Kosovo, Afganistán y Congo

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 7 de septiembre la participación de las tropas españolas en la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL). El día 8, soldados de Infantería de Marina y del Ejército de Tierra zarparon de la Base Naval de Rota con destino al Líbano a bordo de cuatro buques de la Armada; 490 de ellos pertenecen a infantería de Marina y 76 son del Ejército de Tierra. Estos hombres y mujeres se suman a los más de 2.000 efectivos que actualmente tiene España desplegados en las misiones internacionales de Bosnia, Kosovo, Afganistán y República Democrática del Congo. Desde que en enero de 1989 el Gobierno autorizara la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz, el Ejército español ha estado presente en numerosos escenarios como observadores, fuerzas de interposición, mantenimiento de la paz y ayuda humanitaria. A lo largo de todo este tiempo han sido cerca de 70.000 los militares que han participado en operaciones bajo mandato de la ONU, la OTAN o la UE.

Por V. M.

Las relaciones internacionales de principios de los 90 propiciaron la aparición de un nuevo concepto llamado seguridad colectiva y que según la Carta de Naciones Unidas se define como “la seguridad compartida entre las naciones que defienden un orden internacional asentado sobre valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, de la libertad, de la justicia, de la igualdad y del pluralismo político”. España, que formaba ya parte de organismos como la OTAN y la Unión Europea Occidental, se sumó por aquel entonces a las misiones proyectadas por estos organismos supranacionales; desde entonces ha participado en 50 operaciones de cuatro continentes, ya sea como observadores, fuerzas de interposición, de mantenimiento de la paz y de ayuda humanitaria. En todas estas misiones, que han requerido de la participación de 70.000 militares españoles a lo largo de casi 18 años y de más de 3.100 millones de euros de presupuesto, se ha contabilizado un total de 125 fallecidos que pertenecían o estaban relacionados con el Ministerio de Defensa.

La misión a la que acaban de incorporarse, la del restablecimiento de la paz de la Fuerza Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (FINUL) según la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, ha sido fuente de polémica entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El PP reprocha al Ejecutivo que retirara las tropas de Iraq y envíe ahora soldados españoles a un escenario bélico. Los socialistas se defienden recordando que las Fuerzas Armadas se sumaron a la coalición internacional liderada por Estados Unidos que inició la guerra sin autorización de la ONU, mientras que la de ahora es una fuerza de interposición de paz de las Naciones Unidas. Los populares recriminan al Gobierno que los 1.100 soldados comprometidos vayan a superar el límite de 3.000 militares en misiones en el exterior si se suman a los 2.047 que ahora participan en las operaciones de Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Afganistán y República Democrática del Congo, tal y como determina la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional. El Ejecutivo ya prevé reducir el número de militares presentes en los Balcanes –entre Kosovo y Bosnia suman actualmente 1.213– para ajustarse a la legislación. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, asegura que nunca se habían desplegado tantos militares en el exterior. Lo cierto es que fue en 2002 cuando se alcanzó el máximo histórico de 3.784 efectivos –España participaba en la operación “Libertad duradera”–; el mínimo es de 1.514 y se registró tras la retirada de las tropas de Iraq.

En cualquier caso, tras la comparecencia del 7 de septiembre en el Congreso del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, para solicitar la autorización del Parlamento, el Partido Popular respaldó el envío de tropas españolas al Líbano, que un día después partían ya desde la Base Naval de Rota a bordo de cuatro buques de la Armada.

Los militares españoles han empezado a desplegarse en la zona sureste del Líbano, concretamente en la base de la ciudad de Marjayún, para controlar el alto el fuego entre la guerrilla chií de Hizbolá e Irsael en un territorio de 40 por 60 kilómetros situado al oeste de la frontera de Líbano con el Estado hebreo. El grueso del contingente español está formado por soldados de Infantería de Marina, concretamente del Tercio de la Armada con base en la localidad gaditana de San Fernando. Estos infantes forman el Batallón Reforzado de Desembarco, compuesto por 490 militares, de los cuales 80 son extranjeros y 30 mujeres. En esta primera fase de la misión también participan 76 militares del Ejército de Tierra pertenecientes al Cuartel General, a Transmisiones a La Legión, a la unidad NBQ (intervención Nuclear, Bacteriológica y Química) y al apoyo logístico. Los buques que han realizado la travesía hasta el Líbano son el de Asalto Galicia, encargado del transporte de personal y material de Infantería de Marina, el de Desembarco Pizarro, donde está embarcado el material y los soldados del Ejército de Tierra, el de Aprovisionamiento de Combate Patiño, que ha zarpado con los suministros y elementos de apoyo logístico de la fuerza, y la fragata Almirante Juan de Borbón, encargada de proporcionar escolta y seguridad.

En su despedida al contingente español, José Antonio Alonso no ocultó el riesgo que rodea al cometido que tiene asignado la FINUL, encabezada por Francia, Italia y España, pero al tiempo subrayó que se han adoptado las medidas para minimizarlo al máximo. El despliegue español en Líbano tendrá un periodo de vigencia de un año, según aprobó el Consejo de Ministros del 8 de septiembre, y contará con un presupuesto mensual para los primeros seis meses de 25 millones de dólares, que se reducirá a 7,5 millones a partir del sexto mes, según los cálculos del ministerio de Defensa.

La brigada multinacional de cascos azules desplegada al sur del Líbano está integrada, además de por Francia –con 2.000 soldados–, Italia –2.450– y España, por Bélgica –ofrece 400 militares–, Finlandia –250– Portugal –140–, Polonia –250– e Irlanda –otros países europeos contribuyen a la misión con recursos logísticos, no con personal militar–. Esta fuerza deberá estar operativa el 1 de noviembre, fecha en la que deberá relevar al contingente español.

Operaciones de paz en activo. Con la del Líbano ya son cinco las misiones internacionales en activo en las que participan las Fuerzas Armadas españolas, todas ellas por mandato de la ONU, la OTAN o la UE –sin contar los observadores en Sudán (7), Etiopía-Eritrea (5), la ex Yugoslavia (4), República Democrática del Congo (3), Kosovo (2) e Indonesia (2) y los 82 militares que participan en la operación de policía aérea del Báltico–. La más antigua, la Fuerza de Protección de la OTAN en Kosovo –junio de 1999–. La más reciente, la Operación de la Unión Europea en apoyo a la Misión de Naciones Unidas en la República Democrática del Congo –junio de 2006–.

Tras el cese de la ofensiva en Kosovo y la firma y puesta en marcha de los acuerdos de Rambouillet, suscritos por las autoridades serbias y la Alianza Atlántica, las tropas de la OTAN comenzaron a desplegarse en la provincia de Kosovo para proteger a las poblaciones que conviven en la zona, normalizar la situación política y social y crear las condiciones para la instalación de un territorio autonómico para la población kosovar.

La Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de la ONU establece un componente de seguridad asumido por la Alianza Atlántica que constituye la Fuerza de Protección de Kosovo en la que participa España con un contingente inicial de unos 1.200 soldados integrados en la Brigada Multinacional Italiana y desplegados en su mayoría en la zona de Pec.

Actualmente, la KFOR cuenta con 16.000 efectivos de 33 países –22 de ellos pertenecen a la OTAN– bajo mandato de las Naciones Unidas. La unidad española, que dispone de alrededor de 700 efectivos integrados en la fuerza internacional, se dedica al mantenimiento de la paz en previsión de conflictos entre la mayoría albano-kosovar y la minoría serbia. Asimismo, además de las labores de vigilancia y protección que requiere esta tarea, ofrecen ayuda humanitaria.

Aunque la presencia española es más reciente, Bosnia es la más antigua de las misiones internacionales que aún permanecen en activo. Desde 1992, primero la Alianza Atlántica y después la Unión Europea se han encargado de la interposición y el mantenimiento de la paz en la zona. En diciembre de 2004, cuando bajo el amparo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la UE asumió el mandato de la nueva fuerza internacional conocida como operación Althea, España entró a formar parte del grupo de 33 países –22 de ellos de la Unión– presentes en Bosnia. Actualmente, Althea cuenta con 6.000 efectivos, de los alrededor de 450 proceden de nuestro país. Las fuerzas españolas están desplegadas principalmente en Mostar como integrantes de la Agrupación Sudeste, en la que participan junto a militares de Alemania, Francia e Italia.

Una de las preguntas que reiteradamente se le formula al Gobierno estas últimas semanas es cuánto tiempo va a permanecer el Ejército español en el Líbano. Pero dependiendo del tipo de operaciones, no siempre existe respuesta. Los 131 efectivos desplazados a la República Democrática del Congo regresarán en noviembre; fueron para garantizar la seguridad del proceso electoral y, cuando concluyan los próximos comicios, regresarán a casa. Sin embargo en casos como el de Bosnia, donde a pesar de no registrarse incidentes graves desde hace años aún no puede confirmarse la total pacificación de la zona, no existe fecha límite y la ONU debe ir renovando periódicamente el mandato.

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán (ISAF) fue establecida por medio de la Resolución 1386 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2001 para prestar apoyo al Gobierno Interino afgano en el marco de los acuerdos alcanzados en Bonn. Pero poco antes, en el mes de octubre y en aplicación del principio de legítima defensa de la ONU, en el país se desplegó la operación multinacional Libertad Duradera liderada por Estados Unidos, en la que España entra a formar parte en enero de 2002 con un contingente de unos 350 efectivos pertenecientes a unidades de mando, comunicaciones y apoyo logístico, ingenieros, un equipo de desactivación de explosivos y otro de apoyo al despliegue aéreo –esta participación se redujo un año después a 130 militares de la unidad de ingenieros y otra de apoyo al despliegue aéreo–.

En julio de 2004, el presidente Zapatero, que acababa de retirar las tropas de Iraq, decidió salir también de la misión Libertad Duradera para entrar a formar parte de la ISAF, operación bajo mandato de la ONU y control operativo de la OTAN desde agosto de 2003 –hasta entonces el mandato era rotatorio y variaba cada seis meses–. La aportación española es un hospital de campaña en Kabul complementado por elementos de transporte, cuatro helicópteros, un destacamento del Ejército del Aire en Manas (Kirguizistán) y una unidad de apoyo y protección. Asimismo, para apoyar los procesos electorales en Afganistán, las presidenciales de julio de 2004 y las legislativas de julio de 2005, el Consejo de Ministros autorizó el despliegue de un batallón de Infantería con un máximo de 500 efectivos.

Actualmente, España cuenta en la región con alrededor de 680 efectivos dedicados básicamente a dos operaciones. En Qala i Naw, capital de Baghis, trabaja el Equipo de Reconstrucción Provincial (en inglés, PRT), encargado de reconstruir el norte y el oeste del país. Además de militares, personal civil de la agencia de desarrollo permanece en la zona. El resto de efectivos se encuentran en la base avanzada de Herat, que desde este verano cuenta con otros 150 militares. Los soldados pertenecen a la Fuerza de Reacción Rápida, que el pasado 8 de julio sufrió la pérdida de Jorge Arnaldo Hernández, fallecido como consecuencia de una explosión. Las Fuerzas Armadas españolas también cuentan con una fuerza de apoyo logístico de aviación para transporte en Manás.

Esta es la operación con participación española en la que más bajas ha habido. Además del soldado Hernández, 62 militares fallecieron en el accidente aéreo en Turquía el 26 de mayo de 2003 y otros 17 perdieron la vida en el accidente de helicóptero del 16 de agosto de 2005.

La más reciente de las misiones en el exterior previas a la del Líbano es la Operación de la Unión Europea (EUFOR) en apoyo a la Misión de Naciones Unidas (MONUC) en la República Democrática del Congo del mes de junio. Se trata de una operación aprobada por una acción común de la UE en respuesta a la petición del secretario General de la ONU; Kofi Annan solicitó a la Unión el envío de una fuerza que garantizara el proceso electoral de finales del mes de julio y el previsto para el mes de noviembre. El pasado 2 de junio, el Consejo de Ministros autorizó la participación española por un período de cuatro meses. Actualmente la misión, en la que destaca la presencia de franceses y alemanes y en la que los soldados y oficiales suman un contingente de más de 2.000 militares, cuenta con 131 españoles desplegados en Kinshasa.

Otras misiones. Los antecedentes de la primera operación de paz en la que participó nuestro país se remontan a 1856, cuando algunas tropas españolas integraron un Ejército formado por soldados de varias nacionalidades en la ciudad china de Shanghai, que en aquella época era una pequeña torre de Babel sujeta a la jurisdicción de un órgano formado por 14 potencias con derechos extraterritoriales.

Pero la primera experiencia española en el exterior tal y como hoy las conocemos tiene lugar en enero de 1989, después de que el Gobierno autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de paz. Desde el punto de vista político, este acontecimiento histórico supuso la creación de un grupo de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores formado por representantes del propio departamento, de Presidencia del Gobierno y del Ministerio de Defensa, cuyo cometido consistió en la elaboración de unas directrices generales con las que definir la participación española en misiones de paz. Y desde el punto de vista militar, la cartera dirigida en aquel entonces por Narcis Serra proporcionó a sus oficiales la instrucción necesaria en este tipo de operaciones en prestigiosas escuelas internacionales.

Coincidiendo con la asunción de estas medidas, la primera misión internacional consistió en la verificación de la ONU en Angola del repliegue de las tropas cubanas. Con la participación de oficiales de diez países, entre ellos España con siete observadores, la operación finalizó en julio de 1991 con la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla de la Unión Internacional para la independencia total de Angola (UNITA).

Este tipo de misión, que se ha seguido sucediendo a lo largo de los años, ha requerido en ocasiones de la participación española en operaciones de fuerzas de interposición. Muchas de ellas se han desarrollado en los Balcanes, donde otras misiones precedieron a las ya mencionadas KFOR y Althea. La primera tuvo lugar en septiembre de 1992 en Bosnia (UNPROFOR), una de las más complejas emprendidas por las Naciones Unidas, en este caso para “facilitar el mantenimiento del alto el fuego entre croatas y serbios”, y en la que España participó de forma considerable con observadores, tropas en la zona y apoyo de unidades navales, aéreas y de la Guardia Civil. Con la extensión del conflicto a la República de Bosnia-Herzegovina, la presencia de nuestro país se incrementó significativamente; la participación máxima fue de alrededor de 1.000 hombres y, durante todo el conflicto, la misión contó con 7.800 militares españoles.

En 1992 se establece la Fuerza Específica para la Ayuda Humanitaria en la antigua Yugoslavia dependiente de la Agencia Humanitaria de la Comunidad Europea (ECHO), que desarrolla los programas de distribución de alimentos en Croacia y de coordinación con otras organizaciones internacionales. A la cabeza de la misión estuvo un General español, que contó con el apoyo de un oficial y un suboficial en la oficina de Zagreb.

Tras la partición política y geográfica de Bosnia Herzegovina en 1993 que contempla la ciudad de Mostar como un caso singular, la Unión Europea asume su administración durante dos años. En este caso, España volvió a jugar un importante papel: un general y dos oficiales de las Fuerzas Armadas son designados como asesores en asuntos militares del administrador de Mostar durante todo aquel periodo. En agosto de 1995 surge la Oficina del Alto Representante de la UE en Bosnia Herzegovina con la misión de supervisar los aspectos civiles del Acuerdo de Paz de Dayton. En junio de 1997, y tras ser nombrado alto representante el embajador Carlos Westerndorp, tres oficiales españoles se incorporan a la oficina en calidad de asesores, donde permanecen hasta julio de 2003.

Por su posición en el concierto internacional, España ha dirigido su actuación de forma preferente hacia aquellos ámbitos geoestratégicos considerados prioritarios por razones geográficas, históricas o culturales. Así, en la misión de la ONU de 1989 en Centroamérica solicitada por los cinco presidentes de los países de esta región, un general español fue nombrado primer comandante: era la primera vez que España ostentaba la jefatura de una operación internacional de este tipo, consistente en “verificar el cese de ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos insurrectos y el no uso del territorio de un Estado para agredir a otros Estados”. Y en 1999 y a petición de las Naciones Unidas, oficiales de nuestro Ejército participaron como expertos en el conocimiento del terreno y de la población para apoyar a los observadores del referéndum del Sahara Occidental.

La polémica de Iraq. Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 cambiaron el mundo. Algunas zonas del planeta más que otras. Como por ejemplo Iraq. En septiembre de 2002, el presidente norteamericano George Bush aseguraba que existían pruebas para demostrar que el Gobierno de Bagdad desarrolla armas de destrucción masiva y que debía haber un cambio de régimen. A pesar de que los inspectores de las Naciones Unidas no confirmaron tal extremo, Estados Unidos decidió liderar una coalición internacional para derrocar a Sadam Hussein y el 19 de marzo de 2003, el país norteamericano y el Reino Unido, con el respaldo explícito del entonces presidente español, José María Aznar, lanzan su primer ataque contra Iraq. La guerra finaliza oficialmente el 2 de mayo y Bush la enmarca en la lucha contra el terrorismo mundial, aunque después tuvo que reconocer que carecía de pruebas que relacionaran a Hussein con el 11-S.

La participación militar de España comenzó en el mes de abril de 2003, cuando el buque Castilla y un hospital de campaña, entre otras unidades de apoyo, llega a Unm Casar como soporte de la operación “Libertad Iraquí” para permanecer tres meses. En el mes de julio de ese mismo año, una vez finalizada la operación bélica, se produce el despliegue de la Brigada Multinacional Plus Ultra con 1.300 militares en la zona de An Najaf y An Nasiriya, cuya misión se encuadraba dentro de la categoría de ayuda humanitaria. La operación finaliza con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero, que nada más tomar posesión del cargo anuncia la retirada de las tropas españolas tal y como prometió durante la campaña electoral.

En el polémico envío de tropas está la raíz de uno de los cambios fundamentales en la legislación en materia militar. La Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional introduce una serie de consideraciones acerca de las misiones en el exterior, como la definición del tipo de operaciones, las condiciones que deben reunir para que el Gobierno apruebe la intervención de los Ejércitos en escenarios de crisis o conflicto o el procedimiento a seguir para autorizar el envío de tropas.

De entre todas ellas cabe destacar la necesidad de que “se realicen por petición expresa del Gobierno del Estado en cuyo territorio se desarrollen o estén autorizadas en Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o acordadas, en su caso, por organizaciones internacionales de las que España forme parte” y de que “sean conformes con la Carta de las Naciones Unidas y que no contradigan o vulneren los principios del derecho internacional convencional que España ha incorporado a su ordenamiento, de conformidad con el artículo 96.1 de la Constitución”. Asimismo, se establece que “para ordenar operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional, el Gobierno realizará una consulta previa y recabará la autorización del Congreso de los Diputados”. Desde su aprobación, el Ejecutivo socialista ha seguido todos estos trámites, los mismos que se echaron en falta en la controvertida decisión de Aznar de enviar tropas españolas a la guerra contra Iraq.

La ayuda humanitaria

La ayuda humanitaria se viene desarrollando desde 1991. La primera intervención, denominada Operación Provide Confort, fue ejecutada por un contingente del Ejército de Tierra que acudió a Iraq para colaborar en la construcción de campos de refugiados iraquíes de origen kurdo, aportando un hospital de campaña y ofreciendo seguridad a las instalaciones españolas desplegadas en la región.

Esta tuvo un origen bélico, pero gran parte de las misiones sucesivas han estado motivadas por catástrofes naturales. Es el caso del huracán Mitch de Centroamérica, donde una unidad de ingenieros del Ejército de Tierra acudió a la zona a bordo del buque Galicia de la Armada española para instalar puentes y permitir la reutilización de las vías de comunicación cortadas por la tormenta, tanto en Honduras como en Nicaragua. O del terremoto de Turquía de 1999, donde el Gobierno envió una unidad médica de campaña compuesta por 27 efectivos para instalar un hospital de campaña en la zona de la catástrofe y atender a miles de damnificados. O de las graves inundaciones que asolaron Mozambique en 2000, donde las Fuerzas Armadas desplegaron tres helicópteros para realizar evacuaciones y distribuir ayuda, una unidad sanitaria de campaña, 50 camas de hospitalización y dos quirófanos, una unidad de evaluación de daños y cooperación cívico militar para el apoyo a la distribución de ayuda y un contingente de 152 hombres.

Los casos más recientes tuvieron lugar el pasado año. La misión Respuesta Solidaria para atender a los damnificados por el maremoto que asoló el sureste asiático en Indonesia contó con dos contingentes españoles integrados por 650 militares; el aéreo, compuesto por cinco aviones con los que trasladar personal y ayuda humanitaria dentro de la zona de operaciones, y el naval, formado por el buque Galicia, tres helicópteros, dos embarcaciones de desembarco, una unidad quirúrgica, tres equipos médicos desplegables y una unidad de Ingenieros del Ejército de Tierra.

La otra misión, denominada Respuesta Solidaria II, se ha desarrollado en Pakistán. El 10 de octubre del años pasado, el país solicitó oficialmente ayuda de emergencia a la OTAN para paliar los efectos del terremoto del 8 de octubre. Poco después, la Alianza Atlántica aprobaba su autorización ordenando el despliegue de una fuerza en la que se integran las unidades españolas del cuartel general y unidad de cuartel general para el mando táctico de las operaciones en zona, la plana mayor de un batallón de ingenieros y una compañía de ingenieros, el elemento de apoyo nacional y un hospital de campaña.

La dependencia de la ONU

Desde el inicio de las misiones de paz tal y como hoy las conocemos, la ONU ha intentado articular su propia fuerza militar de cascos azules, el Ejército de pacificación que debería dotar al organismo internacional de mayor credibilidad y prestigio en todo el mundo. Sin embargo, los presupuestos de las Naciones Unidas no alcanzan para financiar a todos los recursos humanos, técnicos y logísticos requeridos; cada uno de los cascos azules cobran 1.000 euros al mes, cantidad insuficiente para la mayoría de ellos, y el material, apoyo logístico, estratégico o de comunicación es insuficiente y, por sí solos, ofrecen una muy insuficiente capacidad operativa. Además, en muchos casos no puede garantizar que las instalaciones del territorio donde están desplegados los efectivos militares reúna unas condiciones mínimas de vida y habitabilidad.