El mayor atentado de la Historia ha dado paso a un nuevo escenario bélico, diplomático y de seguridad

La primera de las Torres Gemelas humeante. Un segundo avión impactando contra el otro gigante de la ciudad de Nueva York. Los dos colosos derrumbándose sobre el Word Trade Center. Han pasado cinco años desde la masacre del 11 de septiembre de 2001 y la imagen permanece imborrable en la retina de medio mundo. Aquel fue el mayor atentado terrorista de la Historia y el inicio de la lucha global contra el terrorismo. También fue el comienzo del nuevo escenario bélico del recién iniciado siglo XXI, que ha dejado tras de sí centenares de miles de muertos en Afganistán e Iraq y miserias como la de Abu Ghraib o Guantánamo. La batalla diplomática por el uso de programas nucleares, la escalada de atentados de Al Qaeda en Europa, África, Asia y Oriente Próximo, las leyes que contravienen las libertades individuales en aras de la seguridad y el incremento de los controles en el transporte de pasajeros, uno de los principales objetivos de los terroristas. El 11-S no es sólo un mal recuerdo. El 11-S sigue estando presente.

Por V. M.

Esta semana se cumple el quinto aniversario de la mayor y más espectacular masacre terrorista de la Historia. El 11 de septiembre de 2001, Al Qaeda, la organización del millonario saudí Osama Bin Laden, hizo estrellar cuatro aviones contra Estados Unidos; dos de ellos derribaron las Torres Gemelas de Nueva York, símbolo del capitalismo y el progreso del país norteamericano, otro destrozó parte del Pentágono y el cuarto, dirigido contra el Capitolio –ambos representación de la Administración americana–, se estrelló en Pensylvania. El saldo mortal ascendió a casi 3.000 víctimas y el mundo no volvió a ser el que era. Aunque Al Qaeda ya había cometido sus primeros atentados y ataques contra intereses occidentales, la magnitud de la masacre, a la que asistió sobrecogida la sociedad occidental, dio un nuevo significado a la amenaza del terrorismo global. Y a la defensa de la libertad y seguridad. Los ataques contra Afganistán e Iraq, las crisis diplomáticas con Corea del Norte o Irán a propósito del desarrollo de tecnología nuclear, las miserias de la democracia en Abu Ghraib o Guantánamo, las cárceles y los vuelos secretos de la CIA, e incluso las escuchas telefónicas o los más estrictos controles de los aeropuertos de todo el mundo. Todo ello está directa o indirectamente relacionado con el 11-S y la consiguiente reacción de Estados Unidos, cuyos efectos devastadores tuvieron respuestas que, como en el caso de casi todas las citadas, no han estado a la altura de la democracia, donde la seguridad y libertad sigue siendo compatible con la justicia. Mientras, los islamistas radicales capitaneados por el escurridizo Bin Laden no han logrado igualar ni las bajas civiles ni la espectacularidad de la masacre de hace cinco años, aunque han vuelto a atacar con crueldad al mundo. En Europa, Madrid sufrió el mayor atentado jamás perpetrado en España el 11 de marzo de 2004 –el saldo fueron 191 muertos y 1.600 heridos y Londres vio cómo cuatro suicidas causaban la muerte de 52 ciudadanos –el número de heridos ascendió a 700– el 7 de julio de 2005.

El imperio se rebela. Los terroristas “han fracasado, porque nuestro país se mantiene fuerte y unido” y que “los actos terroristas podrán sacudir los cimientos de nuestros más altos edificios, pero no podrán tocar los cimientos de Estados Unidos”. Fueron las primeras declaraciones del presidente estadounidense, George Bush, tras los ataques del 11-S. Durante aquella primera alocución, se refiere a Corea del Norte, Libia, Irán e Iraq como patrocinadores del terrorismo y señala al disidente saudí, Osama Bin Laden, director de Al Qaeda, como el cerebro del peor ataque terrorista de la historia, que en esos momentos reside en Afganistán protegido por la milicia integrista talibán. Todos y cada uno de los territorios mencionados han estado desde entonces en el punto de mira de la Administración norteamericana, que en nombre de la libertad y la seguridad ha atacado militar o diplomáticamente a estos países en aras de la lucha contra el terrorismo internacional. En octubre de 2001 comienza la Operación Libertad Duradera para destruir las bases de Al Qaeda y al régimen talibán en Afganistán y para exigir la entrega de Bin Laden. Mientras, la Cámara de Representantes aprueba la ley antiterrorista Patriot, que amplía los poderes policiales para realizar escuchas telefónicas, investigar correos electrónicos y registrar viviendas de sospechosos de terrorismo. Además, aumenta el tipo de delitos considerados terrorismo, se endurecen las penas y se incrementa la capacidad para investigar movimientos de dinero de organizaciones terroristas y vigilar fronteras. El fin justifica los medios y las libertades individuales de los ciudadanos norteamericanos se ven mermadas en aras de la seguridad, la libertad y la democracia. En el mes de diciembre se produce la derrota definitiva de Al Qaeda en Afganistán. Pero ni rastro de Bin Laden. Desde entonces, tropas internacionales bajo el paraguas de Naciones Unidas permanecen en la zona, donde a pesar de haber exportado aparentemente la democracia y haber un Gobierno elegido en las urnas, los atentados no han cesado ni tienen visos de desaparecer.

Algo semejante ha sucedido en Iraq. Y atendiendo a lo ocurrido y de no ser por las catastróficas consecuencias de su invasión, Irán y Corea del Norte podrían correr la misma suerte: en enero de 2002, Bush exigió a los tres países, a los que llamó “el eje del mal”, que abandonaran sus programas de armas de destrucción masiva, que podrían ser usadas por gobiernos o terroristas contra Estados Unidos o sus aliados. En septiembre de aquel mismo año, Bush asegura que existen pruebas para demostrar que el Gobierno de Bagdad desarrolla armas de destrucción masiva y debe haber un cambio de régimen. Con los años ha acabado reconociendo que no tenía la certeza de la existencia de ese arsenal, pero lo que no ha aceptado es la retirada de las tropas estadounidenses, que permanecen en el territorio desde la invasión. A pesar de que los inspectores de la ONU no confirmaron tal extremo, Estados Unidos decide liderar una coalición internacional para derrocar al régimen iraquí y es el 19 de marzo de 2003 cuando el país norteamericano y el Reino Unido lanzan su primer ataque contra Iraq –apoyado por el Gobierno español de Aznar de forma simbólica en la famosa foto de las Azores, que llegó a enviar soldados de nuestro país después replegados por mandato de Zapatero–, dando comienzo una guerra que finaliza oficialmente el 2 de mayo y que Bush enmarca en la lucha contra el terrorismo mundial, aunque después tuvo que reconocer que carecía de pruebas que relacionaran a Hussein con el 11-S, aunque insistía en los contactos del dictador con Al Qaeda. Sin embargo, el combate aún no ha terminado; decenas de miles de soldados norteamericanos, de combatientes y de civiles han muerto desde entonces, y a pesar de haber repetido la fórmula de Afganistán controlando unas elecciones democráticas, el país es un hormiguero de terroristas y la guerra y posguerra ya está empezando a pasar factura a la imagen de Bush entre los estadounidenses, que empiezan a exigir el retorno de los soldados y el freno en el constante desembolso de dinero para financiar la ocupación.

Siria, Corea del Norte e Irán. Aunque en menor medida, los otros tres Estados señalados por la Administración norteamericana por su presunta implicación en el terrorismo internacional permanecen en la lista negra de Bush. Al primer país lo ha sometido a sanciones económicas porque considera que es una amenaza “extraordinaria” para la seguridad nacional –según la lista de organizaciones terroristas catalogadas por la Administración norteamericana, Siria acoge a 10 de un total de 22–. A primeros de abril de 2003, Washington acusó a Siria de poseer armas químicas y de albergar a los antiguos responsables el Gobierno iraquí en su territorio, amenazándola con las sanciones. El 11 de mayo de 2004, la ordenó su aplicación basándose en que apoyaba al terrorismo, mantenía presencia militar en el Líbano y desarrollaba armas de destrucción masiva. El último capítulo de enfrentamientos sucedió el pasado mes de julio: Siria fue acusada por Estados Unidos e Israel de acoger al jefe de Hamas en Damasco, Jaled Mishaal, a quien el Estado hebreo acusa de instigar el secuestro de un soldado israelí en Gaza. Ese mes la carretera que une Damasco con Beirut fue bombardeada por la aviación israelí en respuesta al secuestro de dos soldados israelíes en Líbano por parte de las milicias de Hezbolá.

A los otros dos, las cosas les pueden ir peor. Su negativa a abandonar sus respectivos programas nucleares ha obligado a intensas intermediaciones diplomáticas y Estados Unidos no descarta acciones militares, aunque aún no se ha agotado la vía de la negociación. De hecho, Corea del Norte se llegó a comprometer a desmantelar su programa nuclear con fines armamentísticos a cambio de ayuda energética, aunque inmediatamente después se desdijo argumentando que antes debían garantizarle un reactor de agua ligera de uso pacífico. Mientas, el pasado 4 de marzo, los responsables de seguridad nuclear norteamericana anunciaron que Estados Unidos renovará su arsenal atómico para 2030.

Los ‘puntos negros’. De entre todas las medidas adoptadas por la Administración norteamericana, tres de ellas son las que más han dañado la imagen de la respuesta de Estados Unidos ante la amenaza terrorista: los abusos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib, la retención de centenares de presos sospechosos de terrorismo sin garantías jurídicas en la base de Guantánamo, y la denuncia de vuelos secretos de la CIA para interrogar a sospechosos islamistas sin necesidad de someterse a las limitaciones pertinentes establecidas por la legislación norteamericana. Hace tan sólo dos meses, el coordinador de la lucha contra el terrorismo de la UE, Gijs de Vries, dijo que Abu Ghraib, Guantánamo y los vuelos de la CIA “han afectado a la credibilidad de Estados Unidos”.

En mayo de 2004 se dan a conocer los abusos de militares estadounidenses a detenidos en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. Las escenas de tortura y humillaciones dieron la vuelta al mundo. Bush ordena investigar las denuncias y ordena castigar y enjuiciar a los responsables. Pero el daño ya estaba hecho, desprestigiando la imagen de los soldados norteamericanos desplegados en Iraq.

En enero de 2002 llegan a la base de Guantánamo (Cuba) los primeros 20 prisioneros de Al Qaeda procedentes de Afganistán. Organizaciones internacionales a favor de los derechos humanos, la ONU o la UE figuran a la cabeza de los más críticos por las prácticas de Estados Unidos, que no sólo retiene a sospechosos sin haberles acusado de ningún delito contraviniendo la legislación, sino que les somete a torturas físicas –como impedirles la visión o el olfato– y psicológicas. El pasado 20 de abril de 2006 el Pentágono aceptó hacer pública la lista con los nombres de los 558 presos que han estado presos en Guantánamo, con 40 nacionalidades distintas. De los 490 que permanecen, sólo 10 han sido inculpados. El 29 de junio, el Tribunal Supremo declaró ilegales los tribunales militares especiales creados para juzgar a los presos en la base de Guantánamo.

La implicación de Europa. En noviembre de 2005, el Senado pide al Gobierno un informe sobre la presunta existencia en Europa oriental de cárceles secretas creadas por la CIA en el marco de la guerra contra el terrorismo lanzada por la Administración Bush tras los atentados del 11-S, y se denuncia el traslado en aviones de presos islamistas a diferentes países. El escándalo salpicó a otros países. El  diario estadounidense Washington Post denunció al menos ocho países receptores de presos, entre los que figuraban Tailandia, Afganistán y algunas “democracias del Este de Europa” –fue la organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch la que señaló directamente a Polonia y a Rumanía–. Mientras, los aviones cargados de supuestos terroristas detenidos irregularmente que podrían haber sido escenario de prácticas de tortura hicieron escala en distintos aeropuertos del continente europeo. También españoles, concretamente de Canarias y Baleares. Ningún Gobierno europeo, aunque algunos investigan el caso, ha reconocido su implicación –en España, el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, compareció en el Congreso para afirmar que las escalas de aviones civiles se realizaron de acuerdo a la ley–. Pero la investigación del Consejo de Europa concluye que 14 países participaron de forma activa o pasiva en los traslados “ilegales” y el Parlamento Europeo ha denunciado la posible connivencia de Italia, Suecia y Bosnia.

La última noticia surgida en torno a este tema se hizo pública la pasada semana. Bush reconocía por primera vez la existencia de  las cárceles secretas de la CIA. En un breve discurso, acaba de asegurar que el “pequeño número” de detenidos en esas instalaciones incluye a responsables de la planificación de los atentados del 1 de septiembre de 2001 contra Washington y Nueva York. El presidente estadounidense no quiso revelar en qué países se encuentran, porque estos centros son “vitales para la seguridad de Estados Unidos y nuestros aliados”.

Cambios en el día a día. Los cambios introducidos por la Administración Bush como consecuencia del 11-S son extensibles al día a día de ciudadanos y visitantes. Las reformas legislativas que, como consecuencia del 11-S, permiten las escuchas telefónicas o el espionaje informático sin autorización judicial, siguen vigentes; una juez federal ordenó interrumpirlas de forma inmediata pero el secretario de Justicia aseguró el pasado mes de agosto que harán todo lo posible para que siga vigente y continúe “protegiendo” a los norteamericanos porque, asegura, ha sido muy eficaz en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, cada vez son más las quejas contra estos métodos y el Gobierno ha tenido que lanzar una campaña en defensa de este y otro programa: aquel que permite al Pentágono espiar las transacciones financieras internacionales. Hasta que hace unos meses hubo una filtración a la prensa, era de carácter secreto. La Administración lamenta que a partir de ahora sea “más difícil ganar esta guerra contra el terrorismo”. Mientras, la UE, alertada sobre el rastreo de archivos financieros, estudia reforzar la protección de datos de sus ciudadanos.

Cualquiera que haya tomado un avión desde el 11-S, sobre todo si ha viajado a Estados Unidos, se ha dado cuenta de que los aeropuertos han extremado las medidas de seguridad. El 5 de junio de 2002 el país anunció que el Registro de Seguridad Nacional de Ingresos y Salidas tomará fotografías y huellas digitales a extranjeros de países “sospechosos”. Ahora, cualquier pasajero procedente de un vuelo internacional nada más aterrizar en suelo estadounidense debe pasar el mismo trámite en el control de inmigración.

La última medida de seguridad se empezó a aplicar el pasado 10 de agosto, cuando las autoridades británicas desarticularon una trama para hacer explotar 11 aviones en pleno vuelo hacia Estados Unidos. Según el Reino Unido, los presuntos terroristas iban a embarcar en aparatos de compañías norteamericanas desde aeropuertos de Londres y hacer estallar explosivos líquidos durante el viaje. Al parecer, expertos en terrorismo han advertido durante años sobre el peligro que para la aviación comercial constituye la mezcla de sustancias químicas de uso doméstico con los que se pueden fabricar explosivos. La mayoría de esos líquidos requeriría un detonador, pero cualquier aparato electrónico manual, como una radio o un teléfono móvil, tiene suficiente energía como para cumplir esa función, según los expertos. Para un terrorista es el arma perfecta: fácil de fabricar e imposible de detectar. Desde aquel 10 de agosto, todos los vuelos con destino a Estados Unidos comenzaron a prohibir el transporte de cualquier líquido en el equipaje de mano, facilitando a los pasajeros un listado con los productos prohibidos, como agua, colonias o gel de baño.

Europa ha asimilado algunas de las medidas de seguridad aérea de Estados Unidos para hacer frente a posibles ataques terroristas. Y según un reciente informe de la Comisión Europea, son los usuarios los que asumen el mayor coste: deben desembolsar una media de dos euros por billete de avión. Y sobre todo y más importante: la seguridad interior de los países occidentales también se ha reforzado y se han creado instrumentos específicos para prevenir el terrorismo. En España, tras el 11-M, se creó el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista que prevé tres situaciones de alerta: baja activada de forma permanente, media con intensificación de control de medios de transporte y lugares con alta concentración de personas, y alta o máxima, que implica la automática intervención del Ejército. Además, el personal dedicado a la lucha contra el terrorismo islamista se ha incrementado notablemente: se ha pasado de 100 a 1.000 policías y guardias civiles. Por otra parte, y en respuesta a la directiva europea sobre Retención de Datos de Tráfico Telefónicos y de Comunicaciones Electrónicas, el Gobierno presenta estos días un anteproyecto de ley que obligará a todas las compañías telefónicas a conservar durante 12 meses los datos de sus clientes de teléfonos móviles de prepago. Se da la circunstancia que gracias fue la investigación de las comunicaciones la que permitió la detención de los responsables del 11-M.

Todos estos cambios, políticos, diplomáticos, económicos y sociales, pueden ser interpretados como una pequeña victoria de Al Qaeda. Pero aunque ha sufrido alguna herida de gravedad, la democracia sigue resistiendo a los envites del terrorismo internacional. Y continúa buscando el modo de combatirlo con medidas preventivas y de cooperación para que el mundo no vuelva a sentir el miedo y la vulnerabilidad de aquel fatídico 11 de septiembre de hace cinco años.

Al Qaeda, la amenaza invisible

Creada por el millonario saudí Osama Bin Laden hacia 1988 al final de la invasión soviética en Afganistán para luchar contra cruzados (cristianos) y judíos, Al Qaeda –“ La Base”– es la organización terrorista más peligrosa y sanguinaria, capaz de poner en jaque a los servicios secretos y de seguridad de todo el mundo Occidental. En 1990, tras el despliegue estadounidense en Arabia Saudí por la Guerra del Golfo, los norteamericanos supieron ya de su existencia, y tres años más tarde, el 26 de febrero de 1993, sufrieron el primer ataque en su propia casa: Estados Unidos atribuye a Al Qaeda un primer atentado contra las Torres Gemelas en el que murieron seis personas. Desde entonces, y sin contar los constantes atentados perpetrados en territorio iraquí, donde desde el comienzo de la invasión norteamericana han muerto a manos de los terroristas decenas de miles de personas, los seguidores de Bin Laden, ya sean miembros de Al Qaeda o de alguna de sus grupos afines, han operado en medio mundo. Esta es la sucesión de masacres relacionadas con su organización terrorista:

13 de noviembre de 1995. Un coche bomba explosiona en un centro de entrenamiento de la Guardia Nacional saudí por expertos de Estados Unidos en RIAD (Arabia Saudí) y mata a seis personas, cuatro de ellas estadounidenses.

25 de junio de 1996. Un coche bomba estalla en un edificio militar estadounidense en Dahran (Arabia Saudí), causando la muerte a 19 militares norteamericanos.

7 de agosto de 1998. Dos atentados casi simultáneos perpetrados en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, causan la muerte de 241 personas y miles de heridos.

12 de octubre de 2000. Ataque contra el destructor estadounidense ‘Cole’ en el puerto de Adén (Yemen) en el que murieron 17 marineros.

11 de septiembre de 2001. EEUU sufre el mayor atentado terrorista de la Historia, cuando dos aviones secuestrados impactaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y un tercero contra el Pentágono. Un cuarto avión se estrelló cerca de Pittsburg. El balance oficial fue de 2.976 muertos.

11 de abril de 2002. Atentado suicida contra la sinagoga de Yebra (Túnez) en el que mueren 21 personas, 14 de ellos alemanes, al estallar un camión bomba.

12 de octubre de 2002. Un coche bomba estalla ante una discoteca en Kuta, al sur de la isla Indonesia de Baili, causando 202 muertos, 88 de ellos australianos. Fue obra de la Jemaa Islamiya, el brazo de Al Qaeda en el sureste asiático.

28 de noviembre de 2002. Doble atentado en Mombasa (Kenia), en el que mueren 16 personas y 80 resultan heridas en un hotel de propiedad israelí.

12 de mayo de 2003. 35 muertos y 200 heridos al estallar bombas en tres urbanizaciones habitadas por occidentales en Riad (Arabia Saudí).

16 de mayo de 2003. 45 muertos, entre ellos cuatro españoles, en Casablanca (Marruecos) en cinco atentados, uno de ellos contra la Casa de España, donde se registraron 24 muertos.

5 de agosto de 2003. Una bomba en los sótanos del hotel Marriott en pleno centro financiero de Yakarta (Indonesia) causa 13 muertos.

8 de noviembre de 2003. 17 muertos de varias nacionalidades y 65 heridos en atentado con coche bomba en una exclusiva zona residencial del oeste de Riad (Arabia Saudí).

15 de noviembre de 2003. 17 muertos y 450 heridos en atentados contra dos sinagogas en Estambul (Turquía), reivindicados por las Brigadas de Abu Hafs Al-Masri.

20 de noviembre de 2003. 25 muertos, entre ellos el cónsul británico Roger Short, y 300 heridos en explosiones contra intereses británicos en Estambul (Turquía), reivindicadas por el mismo grupo terrorista.

11 de marzo de 2004. Diez explosiones en cuatro trenes de cercanías de Madrid causan 191 muertos y más de 1.600 heridos. El atentado fue atribuido al Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), vinculado a Al Qaeda.

29 y 30 de mayo de 2004. Cuatro terroristas atacan un complejo petrolífero en Jobar (Arabia Saudí) y matan a 22 personas de diez nacionalidades.

9 de septiembre de 2004. Diez indonesios mueren y 180 resultan heridos por un coche bomba ante la embajada de Australia en Yakarta. Fue reivindicado por Jemaa Islamiya.

7 de octubre de 2004. 35 muertos, entre ellos 14 israelíes, y 124 heridos en tres explosiones en complejos turísticos en la Península de Sinaí (Egipto). Al Qaeda reivindicó el atentado.

6 de diciembre de 2004. Nueve muertos (ninguno estadounidense) y 13 heridos en un ataque contra el consulado de Estados Unidos en Yeda (Arabia Saudí).

28 de mayo de 2005. 27 muertos al estallar dos bombas en el mercado de la localidad de Tentana, en las islas Célebes (oeste de Indonesia). Pudo ser obra de Yemaa Islamiya.

7 de julio de 2005. Cuatro explosiones –tres en el metro y una en un autobús– causan 56 muertos (incluidos los cuatro terroristas) y 700 heridos en Londres (Reino Unido). Aunque Al Qaeda las reivindicó y emitió un vídeo en el que salen Ayman Al Zawahiri y uno de los suicidas, el gobierno británico no halló pruebas concluyentes de su apoyo, según un informe de mayo 2006.

23 de julio de 2005. 64 muertos, entre ellos varios extranjeros, y cien heridos en una serie de atentados en la ciudad turística egipcia de Sharm el Sheij (sur del Sinaí). La Organización Al Qaeda en El Sham (Siria) y Al Kinana (Egipto), Brigadas del mártir Abdula Azam, reivindicó los ataques.

1 de octubre de 2005. 23 muertos y cien heridos en varias explosiones en dos zonas turísticas al sur de la isla de Bali (Indonesia), atribuidas a Yemaa Islamiya.

9 de noviembre de 2005. Tres terroristas suicidas causan 60 muertos en tres hoteles de lujo en Amán, en el primer atentado de este tipo en Jordania, reivindicado por la Organización de Al Qaeda en Mesopotamia, liderada en Iraq por Abu Musab Al-Zarqaui.

24 de abril de 2006. Atentado en comercios de la localidad egipcia de Dahab, que se salda con un total de 18 muertos.

7 de marzo de 2006. Un ataque en la ciudad de Benarés (India) acaba con 21 muertos.

11 de julio de 2006. Un atentado en siete estaciones de ferrocarril en Bombay se salda con un total de 200 fallecidos.

El mundo contra el terror

Tras el 11-S, la lucha antiterrorista se ha desarrollado en varios frentes. La entrada en vigor en abril de 2002 de la Convención de la ONU para la Represión de la Financiación del Terrorismo ha permitido bloquear fondos de personas y entidades vinculadas a Al Qaeda por valor de más de 150 millones de dólares. En octubre de 2001, Estados Unidos inició la Operación Libertad Duradera contra Afganistán, que logró en diciembre siguiente destruir las bases de Al Qaeda y derrotar a los talibanes. Sin embargo, no se logró que Bin Laden fuera capturado. En 2002 y 2003, la Administración Bush lanzó nuevas ofensivas en Afganistán.

Por su parte, el gobierno de Pakistán, “aliado vital” de Estados Unidos en la lucha antiterrorista, ha entregado al país norteamericano a más de 700 presuntos miembros de Al Qaeda desde 2002, que en su mayoría fueron trasladados a la base estadounidense de Guantánamo. En junio de 2002 el ejército pakistaní entró, por primera vez en su historia, en la región de Waziristán, donde se refugiaron seguidores de Bin Laden y talibanes huidos de Afganistán. Más de 250 soldados y cientos de rebeldes murieron en enfrentamientos. En febrero 2006, Afganistán entregó a Pakistán una lista de 150 talibanes que se ocultan en esa región. Estados Unidos mantiene un contingente de 19.000 soldados en aquel país, además de 9.000 bajo mandato de la ONU. En los enfrentamientos han muerto más de 200 soldados estadounidenses y cientos de rebeldes.

Desde 2003, Iraq se ha convertido en el principal escenario del terrorismo islamista, al atraer a muyahidines de varios países dispuestos a inmolarse. En diciembre de 2004, Bin Laden anunció que el jordano Abu Musab al-Zarqawi era el líder de Al Qaeda en Iraq. El grupo de Zarqawi pasó a denominarse Organización de Al-Qaeda en Mesopotamia y reivindicó la mayoría de los atentados en Iraq hasta la muerte de éste en junio de 2006.

Jordania, país de Zarqawi,  ha practicado numerosas detenciones desde 2000 y dictado más de una veintena de condenas a muerte.

En Arabia Saudí se han registrado desde 2003 varios choques armados entre fuerzas de seguridad e islamistas con más de cien muertos. La campaña de desestabilización de Al Qaeda ha incluido atentados contra la colonia extranjera e instalaciones petroleras.

Marruecos es el país con más detenciones desde los atentados de Casablanca en mayo de 2003 (45 muertos): 3.000 sospechosos de 44 células en 16 ciudades, la mayoría del Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM), vinculado a Al Qaeda. Más de 1.500 han sido procesados y unos 743 condenados, varios a la pena capital. Unos 600 marroquíes se habrían entrenado en campos de Al Qaeda en Afganistán, Bosnia o Chechenia.

Tras los atentados de Bali (octubre 2002) y los de Yakarta en 2003 y 2004, más de doscientos miembros de Yemaa Islamya, vinculada a Al Qaeda, han sido detenidos en Indonesia. Su líder, Riduan Isamuddin “Hambali”, conocido como “el Bin Laden del sureste asiático”, fue capturado en Tailandia en 2003 y entregado a Estados Unidos.

Yemen, antaño un santuario para islamistas, ha dado varios golpes a Al Qaeda tras el 11-S, en estrecha colaboración con el país norteamericano, que le proporciona entrenamiento y equipo militar. Una Comisión de Diálogo integrada por jueces e imanes moderados inició en 2002 una campaña para disuadir a los simpatizantes de Al Qaeda. El balance es que más de doscientos yemeníes han sido liberados tras rechazar a la violencia.

En España han sido detenidos al menos 229 islamistas desde 2004, 131 vinculados al 11-M (191 muertos). Los demás están acusados de preparar ataques contra la Audiencia Nacional, entre otros, de reclutar a ‘muyahidines’ para Iraq u obtener fondos para el GICM y el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC).

Tras los atentados de 7 julio 2005 (7-J) en el Reino Unido (56 muertos), hubo más de 40 detenidos en ese país y unos 200 en Pakistán, país visitado por dos de los terroristas británicos. La última gran operación antiterrorista acaba de tener lugar en agosto 2006, cuando fue desarticulada en el Reino Unido una trama, con vínculos en Pakistán, que pretendía hacer estallar aviones estadounidenses en pleno vuelo.

El cine recuerda el 11-S en su quinto aniversario

La meca del cine ya ha dejado atrás el luto. Después de perpetrarse la mayor masacre de la historia contra uno de los símbolos más reconocibles de Estados Unidos, la industria cinematográfica paralizó o modificó todos los proyectos en los que debía aparecer la imagen de las Torres Gemelas y durante mucho tiempo, los programadores de las televisiones norteamericanas censuraron todas las películas en las que pueden verse los imponentes edificios del World Trade Center. Ahora, transcurridos cinco años, no sólo se ha levantado el veto, sino que coincidiendo el aniversario y de acuerdo con la tradición fílmica de un país que ha convertido sus grandes dramas históricos en éxitos de taquilla –es el caso de la guerra de Vietnam– estrena dos cintas sobre el drama de aquel fatídico día de septiembre.

United 93, la primera producción de Hollywood sobre los atentados, es una cinta de gran realismo que ya ha conmovido profundamente a los espectadores norteamericanos. Dirigida por el británico Paul Greengrass, sigue minuto a minuto y con un tono casi documental el vuelo del último de los aviones secuestrados, que nunca llegó ni a su destino original ni al que pretendían alcanzar los terroristas. Es una cinta sin estrellas, donde muchos de sus intérpretes ni tan siquiera son actores sino personas que vivieron de cerca esa jornada o compañeros de trabajo de algunos de los fallecidos, y que contó con el apoyo de las familias de las víctimas.

La producción de 11,61 millones de euros, que se presentó en el reciente Festival Internacional de Cine de Cannes, llegó envuelta en una gran polémica sociológica y moral en Estados Unidos en torno a si los estadounidenses están o no preparados en este momento no sólo para rememorar el horror sino para revivirlo de manera encarnizada. Se trata de la misma polémica con que se ha recibido el estreno de ‘World Trade Center’, la gran producción de Oliver Stone sobre el atentado del mismo día en las Torres Gemelas que el director acaba de presentar en el Festival de Cine de Venecia. Con un presupuesto de 49,10 millones de euros y la estrella de Nicolas Cage como protagonista, el film se centra en el rescate de dos de los últimos supervivientes sacados de las ruinas de las Torres Gemelas.