Diego López Garrido, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE LOGRAREMOS EL CONSENSO EN LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA"

Aunque sus orígenes políticos se sitúan en Nueva Izquierda, hoy es la voz del Partido Socialista en el Parlamento. Experto y brillante parlamentario, este economista y catedrático de Derecho Constitucional repasa la situación política y económica de la presente legislatura y adelanta las iniciativas más destacadas de un período de sesiones que se presenta muy intenso y con mucho trabajo para sus señorías. Los Presupuestos Generales del Estado, la misión de paz de la ONU en Líbano, la reforma de los Estatutos de autonomía pendientes o las grandes leyes, como la de Dependencia, la de Igualdad o la de la Memoria Histórica, son cuestiones analizadas en esta entrevista.

Por Pedro Antonio Navarro

—¿Qué destacaría de la labor de Gobierno en esta legislatura?
—Yo creo que hay una cuestión a señalar y es que se constata la estupenda salud de la economía española, su crecimiento cada vez mayor, el crecimiento del empleo, en torno a un tres por ciento, el aumento nítido de la tasa de actividad femenina; algunas comunidades autónomas y provincias en las que hay pleno empleo en la práctica. Y también hay que destacar que en ese crecimiento ha tenido una importancia determinante la inmigración. Estaríamos en recesión desde hace 10 años sin ella, según muestran los estudios. Los indicadores de bienestar social son muy positivos. Esa línea se va a continuar con los Presupuestos Generales del Estado.

—Aunque la inmigración sea positiva, la llegada de inmigrantes africanos a las costas canarias está causando cierta alarma social. ¿Es un problema tan grave, o existe una cierta amplificación para provocar esa alarma?
—Hay una gran atención mediatica en el asunto. Son cantidades pequeñas en comparación con lo que significa la llegada de extranjeros a nuestro país por vía turística, pero no hay duda de que a la opinión pública le llegan más las imágenes de los telediarios. Pero un gobierno no puede permitir la llegada de personas por vías no previstas por la ley. Otra cosa es que el Gobierno español desarrolle una política de la legalidad, no como la del PP, que era de la ilegalidad. Nosotros nos encontramos al llegar al Gobierno con 800.000 personas trabajando ilegalmente. Por eso se produjo la regularización. En cuanto a la inmigración desde África a Canarias, se terminará resolviendo, como el Gobierno resolvió las avalanchas sobre Ceuta y Melilla.

—El Parlamento ha dado luz verde al envío de un contingente militar a la misión de paz de la ONU en Líbano ¿Es la escenificación del gran cambio en política exterior?
—Es un cambio de 180 grados. Hemos pa sado desde una situación en la que el Go bierno de España, junto a EEUU y Reino Uni do, en la foto de las Azores, era un patroci nador de la guerra, y además un gobierno desobediente a lo que decían los españoles -el 83 por ciento de los votantes del PP es taban en contra de la guerra de Iraq-, a una situación en la que quien dirige esa misión son las Naciones Unidas. Es una misión de cascos azules, aprobada por unanimidad por el Consejo de Seguridad, que va dirigida, no a hacer la guerra, sino a mantener la paz. En ella, Europa tiene un protagonismo ex traordinario. No va ningún soldado nortea mericano ni británico y, desde luego, si hu biera seguido el gobierno del PP, no hubie se ido ningún soldado español; seguiríamos en Iraq, una guerra que produce desde ha ce años centenares de muertos cada día.

—¿Cuáles van a ser las iniciativas más sus tanciales en este periodo de sesiones?
—Como siempre, en la segunda parte del año está el debate presupuestario. Habrá una serie de leyes importantes, la Ley de De pendencia, la Ley de Igualdad entre hombre y mujer, Ley de Financiación de Partidos Po líticos, la Ley Orgánica del Tribunal Consti tucional, que tiene el objetivo de descolap. sar a la institución respecto a recursos de am paro, y también se debatirá una ley muy importante, en la que vamos a lograr consenso -estoy seguro-, que es la Ley de Memoria Histórica. Luego está todo el capítulo de estatutos de autonomía. Vamos a ver el de Andalucía inmediatamente, tenemos la toma en consideración del de Baleares -será el día 12 de septiembre-, después viene Aragón, y está a punto de llegar al Parlamento el Estatuto de Autonomía de Canarias. Luego se anuncian otros, como el de Castilla-León -sobre el que existe un acuerdo con el PP-, el de Castilla-La Mancha, Galicia, que se está debatiendo. Va a ser un periodo de sesiones muy cargado.

—¿Cuál es la perspectiva de posibles acuerdos parlamentarios sobre estas cuestiones?
—Sobre los presupuestos, nuestra actitud es la de seguir manteniendo los pactos que se derivan de la Investidura, que incluyen a Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, Coalición Canaria y algunos partidos del Grupo Mixto, como Chunta Aragonesista y Bloque Nacionalista Galego. Esta es la mayoría que surge del voto de Investidura. En este tiempo hemos conseguido ampliarla a PNV y CiU. Nos vamos a mover en esa dirección, convencer a nuestros socios preferentes, IU y ERC, y ampliarlo a PNV y CiU, si fuera posible.
Pero en la reforma fiscal se produjo un cambio de apoyos. IU y ERC estuvieron en contra y apoyaron CiU y PNV.
Pero no fue una reforma fiscal en profundidad. Es cierto que, en este caso, la visión de ERC y, sobre todo, de IU, no coincidía con la del Gobierno. Izquierda Unida proponía el aumento de los impuestos, pero eso no estaba en nuestro programa. IU lo sabe, y mantiene el acuerdo con nosotros, sabiendo que no coincidimos en todo. Pero para toda una serie de leyes muy progresistas, ha habido colaboración de estas formaciones, y no cabe duda de que también ellos han obtenido una gran rentabilidad política en términos de proposiciones de ley o mociones, iniciativas que han sacado adelante con los votos del PSOE. Hubo un desencuentro con ERC en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero ese estatuto había que sacarlo adelante con mucho más apoyo, pero eso no tiene que impedir que se continúe con los acuerdos del voto de Investidura.

—Hay una nueva discrepancia sobre la Ley de Memoria Histórica, a la que IU y ERC han presentado enmiendas a la totalidad.
—Vamos a intentar convencerles de que es una ley muy progresista. En este asunto se habla de las causas penales como principal motivo de divergencia. El asunto de los juicios sumarísimos está ya abolido legislativamente, porque hay una Ley de Amnistía –la primera ley de la democracia española-que eliminó los antecedentes penales, los efectos de esas causas desaparecieron. Ahora falta que en cada caso individual se restituya la memoria y la dignidad de la persona que fue objeto de esos juicios incalificables.

— Lo que plantean es la nulidad de Derecho de esas causas.
—Eso plantea unos problemas jurídicos serios, pero ya el legislador, a través de la Ley de Amnistía, ha eliminado todos los efectos de esos juicios. Estamos hablando de algo estrictamente simbólico. Pero estamos a tiempo de ver a fondo esa ley, para consensuarla, y estoy convencido de que lo lograremos.

—¿Admitirán enmiendas?
—Por supuesto, hay disposición absoluta a mejorarla.

—¿Qué posibilidades de consenso existen con respecto a las otras grandes iniciativas?
—La Ley de Dependencia está consensuada con IU y con ERC. Hay ya una mayoría para esa ley, y queremos ampliarla, incluso al PP. Con ellos nos parece muy difícil el acuerdo en la Ley de Memoria Histórica, pero la Ley de Dependencia, la Ley de Igualdad, la reforma de la financiación de los partidos políticos, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, son iniciativas que pueden ser aceptadas por el PP, y tenemos esa esperanza.

—¿Se está convirtiendo el proceso de paz en un riesgo para el Gobierno, o se está produciendo según lo previsto?
—El proceso va orientado como se pensaba que tenía que ir. No olvidemos una cosa; la ventaja que tenemos acumulada ahora mismo -creemos que tiene suficiente solidez- es que hay un alto el fuego indefinido de ETA. No se han producido asesinatos en más de tres años y medio; no hay actividad terrorista de ningún tipo (salvo algún episodio aislado de kale borroka) desde hace medio año. Eso no se ha dado nunca en la historia de la democracia. Es una situación que hay que aprovechar para que no vuelvan a producirse asesinatos, atentados ni secuestros. Y en eso estamos. Es un proceso lento por definición. No hay que pensar que las cosas van mal, para nada. Del desarrollo del diálogo con ETA que, por definición, debe ser discreto y reservado, dará cuenta el Gobierno en este mes de septiembre.

—¿Estaría dispuesto el Gobierno a realizar algún gesto, como el acercamiento de presos, para acelerar el proceso?
—El Gobierno tiene que administrar el diálogo con ETA y no tenemos que interferir en eso. Cuanto menos se diga, mejor. Es el Gobierno el que tiene que decidir en cada momento lo que se debe hacer, siempre conforme a la ley. La dispersión tiene que ver con que ETA sigue existiendo en las cárceles y, por tanto, no hay que favorecer la conexión de los miembros de la banda. En el momento en que desapareciese ETA, desaparecería el sentido de la dispersión.