Alerta en Moncloa

La inmigración desborda al Gobierno

Con el relevo de Montilla solucionado, las tropas españolas enfiladas hacia el Líbano y el proceso de paz en el tejado de Batasuna, este comienzo de curso político está teniendo un protagonista claro: la inmigración. O para ser más exactos, el drama de la llegada masiva de hombres, mujeres y niños que, desesperados, se juegan la vida en su intento de encontrar un futuro mejor en Europa, arribando a las costas que están más cerca de sus países de origen, es decir, España y concretamente las Islas Canarias. Una tragedia en la que el PP cree haber visto un filón para arremeter contra un Gobierno que ha vuelto a pedir ayuda en Europa ya que se encuentra sobrepasado.

Por Vera Castelló

Lamentablemente, ya casi nos hemos acostumbrado. Llevamos semanas escuchando en las radios la continua llegada de cayucos a nuestras cosas, viendo las imágenes en los telediarios de cómo salvamento marítimo transporta en sus barcos a quienes el mar ha estado a punto de devorar, incluso los cuerpos de personas y niños que no han resistido los fatales avatares de un viaje que comenzó en algún punto de África y tenía como destino una vida mejor. Los periódicos no dejan de darnos cifras, transmitirnos testimonios de las odiseas y, lo que es más triste, relatarnos el fuego cruzado de acusaciones entre los diferentes partidos, que han encontrado en esta tragedia humana el campo de batalla política más candente para este comienzo de curso. Aún conscientes de que la tragedia sólo se puede entender a nivel mundial -la eterna lucha entre pobreza y riqueza-, lo cierto es que es a España a quien le está tocando hacer no sólo de guardián de las fronteras europeas, sino de salvavidas.

Un fenómeno renovado. "El fenómeno de la inmigración no es nuevo, pero estamos ante unas pautas migratorias nuevas", aseguraba el pasado jueves Alfredo Pérez Rubalcaba en su comparecencia extraordinaria en el Congreso. Efectivamente, que nuestras costas reciban personas procedentes de África no es ninguna novedad, pero sí la magnitud que ha ido tomando el fenómeno. A medida que la riqueza de nuestro continente ha ido creciendo, han aumentado las ganas de otras personas por beneficiarse de nuestro bienestar. Y si antes eran cientos ahora se cuentan por millares a quienes llegan a nuestro país jugándose la vida, tanto es así, que según los últimos datos oficiales, las islas canarias han recibido este mes de agosto más gente que en todo 2005. Hablamos de más de 18.000 nuevos inmigrantes.

En Moncloa son plenamente conscientes de que estas "pautas migratorias nuevas" se está convirtiendo en un problema de gran dimensión política. De hecho, las recientes encuestas del Centro de Investigaciones Científicas (CIS) detectan cómo la preocupación de los españoles por la inmigración no ha dejado de crecer en el último año, hasta el punto que ya hace meses que sobrepasó al terrorismo -la quinta cuestión que más inquieta a los ciudadanos tras la ausencia de atentados y el alto el fuego de ETA- y en la oleada de julio estaba a punto de desbancar al paro, tradicionalmente la principal preocupación junto al mencionado terrorismo. La encuesta aparecía publicada unos días antes de que el Instituto Nacional de Industria (INE) diera a conocer que los extranjeros empadronados en España suponen ya el 8,7% de la población, es decir, 3,88 millones de personas. Un colectivo que, según un reciente estudio de Caixa Catalunya, ha conseguido con su trabajo y capacidad de gasto que el Producto Interior Bruto (PIB) español haya crecido un 2,6% anual en la última década. Dicho en otras palabras, si no llega a ser por su aportación nuestro PIB hubiera descendido una media del 0,6% por año.

El Ejecutivo ha intentado responder rápido a esta crisis y el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, el del pasado 25 de agosto, se dedicó a los incendios en Galicia -el otro drama del verano- y a la oleada de cayucos. Ese mismo día se aprobó la comparecencia urgente del ministro de Interior en el Congreso para informar a los grupos parlamentarios de las gestiones del Gobierno para hacer frente a la oleada de inmigrantes llegados a Canarias. Alfredo Pérez Rubalcaba aprovechó su comparecencia para explicar cómo "la presión migratoria se ha desplazado desde el Estrecho, donde está ‘razonablemente controlada’, hacia las islas Canarias". "Nos enfrentamos al reto más complejo que nuestro país tiene por delante. Necesitamos a los inmigrantes, que han creado riqueza, pero no podemos acoger a todos los que quieran venir. Sencillamente, no es posible", ha señalado el ministro.

Se multiplican las críticas. Pero si el Gobierno se ha fijado la resolución de esta crisis como uno de sus principales deberes, también el Partido Popular ha hecho de la inmigración uno de sus caballos de batalla en los últimos tiempos.

Ya en el Debate sobre el Estado de la Nación los populares se empeñaron en ligar la inseguridad ciudadana con el aumento de extranjeros ilegales. Más recientemente, el secretario general del partido ha arremetido contra el Gobierno por su incapacidad de respuesta y su incompetencia ante el “estado de emergencia” creado por la inmigración. A esto hay que añadir las recientes declaraciones de la secretaria de Política Social del PP, Ana Pastor, que ha calificado la gestión que el Gobierno está haciendo del "mayor problema que tiene"  de "catástrofe", una "calamidad" y que ha generado un "agosto negro" que ha visto cómo se "poblaba de cadáveres el fondo del mar". Además ha vuelto a exigir la derogación del Reglamento de extranjería que, en su opinión, es el causante del efecto llamada que ha multiplicado la llegada de inmigrantes ilegales. "Toda Europa y toda África saben que este Gobierno tiene una política de inmigración que favorece a las mafias", ha afirmado Pastor, que cree que es  el motivo de que Europa no nos esté haciendo ni caso y que los viajes realizados por la vicepresidenta se reduzcan a meros actos de "propaganda".

No han sido tan duros ERC o CC pero tampoco se están ahorrando críticas a la actuación del Ejecutivo de Zapatero, una circunstancia a tener en cuenta dado que sus votos en el Congreso son muy valiosos para este gobierno que no cuenta con mayoría absoluta. CiU, sin embargo, ha optado por la moderación apuntándose al carro de un posible pacto de Estado sobre inmigración que parece haber caído bien en todas las formaciones excepto en la de Génova.

En la solución, o al menos atenuación, del problema se están implicando distintos ministerios coordinados por Vicepresidencia, departamento que se lo ha tomado muy en serio, consciente de la magnitud que puede llegar a tener el problema para nuestro país. La pasada semana, sin ir más lejos, Mª Teresa Fernández de la Vega viajó a entrevistarse con las autoridades finlandesas, país que ostenta la presidencia semestral de la UE, y comunitarias para reiterarles la necesidad de una mayor implicación dado que la cuestión se debe considerar de magnitud europea y no sólo nacional. Finlandia se ha comprometido a realzar la intensidad del debate sobre la cuestión en los próximas reuniónes de los socios –el más inminente, el encuentro informal de ministros del ramo el próximo mes en Tampere–, pero la inmigración será también uno de los temas principales de las dos cumbres de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrarán en octubre y en diciembre-, mientras que Bruselas hará un llamamiento especial para que los países individualmente presten más medios. No obstante hay razones para cierto escepticismo.

La vicepresidenta ya acudió a Bruselas en mayo. Entonces consiguió que se pusiera en marcha un paquete de medidas que, sin embargo, se han demostrado insuficientes para frenar la oleada de inmigrantes indocumentados procedentes de África. Empezando por la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex). En mayo se dijo que las patrullas que coordina la casi recién nacida Frontex, con sede en Varsovia, estarían desplegadas en dos semanas, es decir a principios de junio. Aún hoy no se ha completado el despliegue.

Los retrasos se han achacado al carácter pionero de la experiencia, no obstante Fernández de la Vega ha mostrado en Bruselas su decepción por la "lentitud" con la que se ha llevado a cabo el despliegue de la misión europea. "Creemos que el camino iniciado es el camino correcto, pero hay que recorrerlo con más medios, con más celeridad y con una mejor coordinación", ha asegurado la vicepresidenta española.

A medio plazo. El viaje a Bruselas también parece haber servido para que la misión de Frontex en Canarias se prolongue. De las ocho o nueve semanas que iba a durar se va a prorrogar hasta finales de año.

Asimismo, coincidiendo con su visita, el colegio de comisarios aprobó la creación de un grupo de trabajo permanente para tener un enfoque global en el problema de la inmigración. Además, el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Interior, Franco Frattini ha confirmado ya su participación en la reunión ministerial de países mediterráneos que se celebrará, en las próximas semanas, en España a instancias del Gobierno de Zapatero, para avanzar en la elaboración del modelo europeo de gestión de la frontera marítima.

Hasta aquí las mediaciones realizadas con Europa, pero la otra pata de la solución a un problema que amenaza con protagonizar el presente siglo está en el continente africano. En los últimos meses el Ejecutivo ha dado pasos cruciales, pero aún queda mucho por hacer. Tanto desde el ministerio de Interior como desde Exteriores están intentando profundizar el diálogo político con nuestros vecinos del sur para cerrar acuerdos de colaboración e intensificar los medios para luchar contra la pobreza. De hecho, este verano Zapatero ha anunciado que en 2007 se duplicará la ayuda al desarrollo una vez que en julio fuera presentado el Plan África (2006-2008) aprobado por el Gobierno para fomentar la cooperación con este continente, en especial con la región subsahariana, y reforzar el control de la llegada de inmigrantes.

El principal objetivo del Ejecutivo es evitar que los inmigrantes salgan de sus países. "Toda mi obsesión es transmitirle al Gobierno algo que ya tiene interiorizado: es necesario hacer todos los esfuerzos para disuadir a los jóvenes africanos de que se suban a un cayuco para que no se jueguen la vida en la mar. Hay que patrullar dentro de las 25 ó 30 millas próximas al litoral africano para, con tecnología adecuada, detectar los cayucos y acudir a pedirles que vuelvan al punto del que han partido", corrobora el Delegado del Gobierno en Canarias, José Segura quien está convencido de que los medios que han puesto las distintas administraciones del Estado han permitido salvar millares de vidas humanas.

Las negociaciones con Senegal están siendo las más difíciles. Después de diversos avances y marchas atrás, la pasada semana una patrullera española con una tripulación de ocho hombres partía rumbo a Senegal, en virtud de los acuerdos firmados entre España y el país africano para controlar la salida de inmigrantes. El Gobierno de Senegal ha sido sumamente reacio a que las patrulleras españolas vigilen sus aguas territoriales y el Ejecutivo español ha mantenido arduas negociaciones para que finalmente permita trabajar a las embarcaciones de la Guardia Civil. Además, un helicóptero de la Benemerita ya está operando en el país, así como el avión italiano que se encuentra encuadrado en los efectivos de Frontex.

En cuanto a Mauritania, las patrullas conjuntas entre la Gendarmería local y la Guardia Civil han dado buenos resultados y han logrado frenar en gran medida la salida de cayucos desde ese país africano. Asimismo, Zapatero tenía previsto viajar a Rabat este sábado para ampliar los convenios y tratar la posible readmisión de menores y de inmigrantes de terceros países, sin embargo un "problema de coordinación de agendas" ha retrasado la reunión.

Los populares exigen que el Gobierno acabe con esta situación, sin embargo el propio ministro de Interior ha admitido que la solución no está cercana ya que la presión migratoria sobre Canarias no va a bajar en breve. Desde el Gobierno niegan rotundamente que sea fruto de la regularización extraordinaria de inmigrantes que se llevó a cabo en la primera parte de la legislatura e insisten que el verdadero efecto llamada es la necesidad de huir del hambre y que este fenómeno será más o menos incesante mientras que continúen las abismales diferencias económicas que presentan dos continentes separados por tan sólo unas millas de distancia.

Los traslados. "No debe de ser un debate sobre el control en las fronteras. No se parece en nada a la llegada vía aérea de ecuatorianos, peruanos o rumanos que llegan con visado de turista y pasados los tres meses no abandonan el país, por que ellos no se juegan la vida. Eso es otro fenómeno y me duele el debate porque esto no es inmigración, sino un genocidio humanitario en el que seres desamparados se juegan la vida y se lanzan hacia Europa encontrando unas islas por el camino", se lamenta Segura.

El PP ha encontrado en el reparto de inmigrantes por los diversos centros de acogida del país la artillería más potente para su trabajo de oposición. Una vez más las dos mayores fuerzas políticas se han enzarzado en una guerra de cifras y datos para unos intentar demostrar que el grueso de desplazamientos se ha hecho a comunidades gobernadas por el PP y, los otros, para asegurar que la distribución ha sido del todo equitativa y que, además, el grueso de la atención la concentran las ONGs y no las comunidades. Al mismo tiempo Moncloa ha recordado que los traslados desde la islas comenzaron a hacerse en 2002 con Mariano Rajoy como responsable de Interior, sin embargo los viajes en avión de inmigrantes no fueron regularizados hasta comienzos de 2005, con el PSOE ya en el poder.

Cuestiones que podrán abordarse entre las propias comunidades autónomas que han sido convocadas por el Gobierno para este mes con un doble objetivo: la distribución de inmigrantes llegados a Canarias y por otro, la reunión del Consejo Superior de Políticas de Inmigración, que agrupa a los consejeros autonómicos con responsabilidad en la materia, para que negocien el reparto de más de 700 menores que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Hay que recordar que el Estado no tiene competencias en materia de tutela y custodia de menores que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas.

Pero el reparto de llegados por el territorio nacional no sólo ha creado tensiones entre el Gobierno y los populares, sino que incluso Cataluña, comunidad gobernada por los socialistas, ha presentado una queja formal después de que llegaran una cincuentena de personas sin que previamente las autoridades hubieran avisado. Jesús Caldera, que comparecerá en el Congreso esta semana, ha achacado a un “error de coordinación” la falta de comunicación a la Generalitat.

El mal ejemplo francés

El talante Zapatero no ha impregnado en Francia. Al contrario, el Gobierno de Dominique de Villepin está endureciendo progresivamente su política inmigratoria, una medida que ha cobrado gran protagonismo en la precampaña de cara a las elecciones presidenciales de 2007.

La inmigración incontrolada y su supuesta vinculación con la inseguridad ciudadana forman parte ya del discurso político no sólo de la extrema derecha local sino también del decálogo  del ministro del Interior y máximo aspirante conservador a la jefatura del Estado, Nicolas Sarkozy, impulsor de una polémica ley aprobada en junio que está permitiendo incrementar considerablemente las expulsiones de sin papeles.

 También la gran favorita de la izquierda para las elecciones presidenciales, Ségolène Royal, ha comenzado su campaña para convencer, antes que nada, a sus compañeros socialistas, atacando a su rival de derechas por su "insoportable" política de inmigración.

Aunque en nuestro país comienza a tomar forma un posible Pacto de Estado sobre  Inmigración, tampoco hay que descartar que con las elecciones autonómicas en unos meses y las generales ya en el horizonte la actual crisis de los cayucos haga irrumpir con fuerza las cuestiones migratorias en los debates pre electorales, corriendose el riesgo de que la población perciba la situación de forma alarmista.