por Miguel Ángel Aguilar

C uando apenas lleva cinco meses como director general de la Guardia Civil, Joan Mesquida Ferrando sale a la palestra en unas declaraciones al diario El País para dar cuenta de sus proyectos. El que merece más atención se resume en el titular de la entrevista que le hacen al alimón Jorge A. Rodríguez y Miguel González: "Quiero crear equipos de la Guardia Civil contra la corrupción urbanística". Dice Mesquida que "ahora mismo yo no me atrevería a decir que el corruptor y el corrompido estén preocupados, y me gustaría que se preocuparan". Se trataría pues de que la preocupación cambie de bando y en lugar de continuar instalada en el lado de los perjudicados pase a afectar a los que perjudican.

En definitiva, Mesquida, como sus predecesores, ha advertido que el Instituto armado tiene que seguir la línea modernizadora que marca la delincuencia para evitar el desfase inerte de los cuerpos policiales. Esa ha sido la constante que impulsó por ejemplo la creación de la Guardia Civil de Tráfico, de la Guardia Civil del Mar, del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), de los Grupos Antiterroristas Rurales (GAR) o de los Equipos contra la Delincuencia Organizada y Antidrogas (Edoas). Porque la Guardia Civil ha estado siempre alerta para evitar que el criterio de la demarcación según densidades de población la fuera dejando relegada a las áreas despobladas.

En esa línea tiene plena coherencia que el nuevo director general avance el propósito de crear equipos contra la corrupción urbanística. Un fenómeno de gran visibilidad que se viene desarrollando con aceleración uniforme a lo largo y ancho del territorio tanto en el litoral como en el interior, lo mismo en Alicante con Zaplana, que en Almería, o en la muy espectacular aparición de Seseña con El Pocero al frente. Explica Mesquida que "hay unacorrupción relacionada con recalificaciones, con planes generales, con declaraciones de interés social".

Una corrupción que el director general denomina de baja intensidad, frente a la cual los mecanismos actuales de detección son por completo ineficaces, salvo si el caso adquiere caracteres de escándalo mediático o un juez, como acaba de suceder en Marbella, demuestra un valor temerario para desafiar los intereses creados. Insiste Mesquida en la necesidad de luchar contra el favoritismo con el que se trata a determinados particulares que puede determinar modificaciones en la normativa urbanística a cambio de algún tipo de compensación.

De ahí deduce el director general la necesidad de una Guardia Civil especializada en derecho urbanístico, en análisis e investigación de patrimonio personal, que sirva para poner de manifiesto que no hay relación entre las retribuciones que percibe una persona y su tren de vida. Sobre estas desproporciones ya alertaba la Cartilla fechada en 1846 cuyo artículo 23 señala que el Guardia Civil "para tener cumplido su deber, procurará conocer muy a fondo y tener anotados los nombres de aquellas personas que por su modo de vida holgazán, por presentarse con lujo, sin que se les conozcan medios de fortuna, y por sus vicios, causen sospecha en las poblaciones".

Otra cosa es que los así descritos ahora en vez de causar sospechas suscitan admiraciones. En todo caso, si esos son los proyectos, las inscripciones de miembros de la Guardia Civil deberían haber abarrotado el Curso que sobre "El urbanismo factor de corrupción" se ha celebrado estos días en el Palacio de la Magdalena dentro de los programas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Las intervenciones de José Antonio Martín Pallín, José Ramón Parada Vázquez, Fernando Prats Palazuelo y Clemente Auger habrían sido esclarecedoras.