Nos fuimos de vacaciones con una portada dedicada piadosamente a los dirigentes –ministros, altos funcionarios y empresarios– que no podrían tomárselas, bien para prever emergencias o bien para adoptar decisiones polémicas al socaire de la gran estampida. Las furias desencadenadas en agosto han desmentido el cínico proverbio que reza: “Hasta lo más urgente puede esperar todavía un mes”, al menos el mes de agosto. No sólo no ha sido así, sino que los problemas se hincharon con el calor y marcan la agenda del nuevo curso. El presidente Zapatero, los ministros Magdalena Álvarez, Alfredo Pérez Rubalcaba, José Antonio Alonso, Cristina Narbona y José Montilla, entre otros, y los presidentes de Galicia y de Canarias no han descansado mucho. Conjurada la huelga de pilotos, las vacaciones de muchos se iniciaron con el gran caos del aeropuerto de Barcelona. Las explicaciones de Rubalcaba, que es nuevo como  ministro del Interior pero que le sobra experiencia ministerial, no fueron convincentes. Si la fuerza pública hubiera intervenido inmediatamente con su acreditada profesionalidad difícilmente se hubieran sufrido males mayores a los que ocasionó su abstención: no sólo los trastornos de miles de pasajeros, sino la creación de un precedente nefasto. Tras el gran atasco, la ministra Álvarez tampoco actuó con la celeridad debida.

Más trágico fue el fuego en Galicia. Dan ganas de llorar ante estas tierras calcinadas, bosques que sólo podrían recobrarse pasadas varias generaciones. Rajoy reprochó al presidente que no designara un coordinador para enfrentarse con la tragedia. No le puedo dar la razón al gallego: la competente era la Xunta de Galicia, que también es Estado, y la Administración central sólo podía hacer lo que hizo: apoyar con todos sus medios al gobierno autónomo en una acción coordinada in situ por el presidente del gobierno de la nación. Parece, sin embargo, que la Xunta todavía poco rodada tardó en percatarse de la dimensión del problema. No puede uno exculparse con el argumento de que los incendios fueron provocados por la siniestra mano de mafias indefinidas e incalificables. Tras la primera dilación, los medios desplegados y los esfuerzos aplicados fueron formidables.

El gran asunto del verano que marca la gran prioridad del otoño ha sido la eclosión como un volcán de oleadas de inmigrantes, complicado asunto al que El Siglo dedica su primera portada del nuevo curso. En agosto llegaron a las Islas Canarias más inmigrantes vivos y muertos que en todo 2005. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, que no para, hizo bien en acudir a la Comisión Europea pues las fronteras españolas son también las de la Unión. Hay que lamentar que su éxito haya sido perfectamente descriptible. Este es ya el segundo problema percibido por los ciudadanos tras el paro y exige una actuación seria y rápida en los puntos de salida de los inmigrantes en el continente africano y en el de llegada: la Unión Europea.

ETA nos dio las vacaciones con un comunicado quejoso y amenazante. Yo estoy convencido de que la organización terrorista ha decidido colgar la capucha porque no le queda mas remedio. El gran escollo reside en Batasuna más que en la propia banda. Ni Batasuna pasa por ventanilla ni el Gobierno derogará el acceso a la misma que pasa por la Ley de Partidos. Zapatero y su mano derecha, Rubalcaba, parece que se mueven bien entre la espada y la pared, así que confiemos en su próximo desplazamiento lateral.

El ministro Alonso ha mandado estos días una avanzadilla al Líbano antes de que España se integre en esas nuevas siglas que hemos tenido que aprendernos: Finul (Fuerza Interina de Naciones Unidas en el Líbano). Por primera vez, Europa –franceses, italianos y españoles– asume responsabilidades concretas en Oriente Próximo.

El Siglo se refería también a las medidas que se tomarían con agostidad como las exigencias de la CNE respecto a la OPA de E.ON sobre Endesa. De nada ha servido la agostidad  pues en este asunto la Comisión  Europea no se tomó un solo día de vacaciones mostrando una diligencia en decir “de eso nada” que el Gobierno español considera sospechosa. También se ha practicado con agostidad, sin pena y sin gloria, la retirada de la estatua ecuestre de Franco en la Academia General Militar de Zaragoza que fue acordada por el Congreso de los Diputados en el pasado mes de febrero. Esta retirada compensa, en cierta manera, la otra, la de algunos artículos conflictivos de la Ley de la Memoria Histórica.

Al menos se ha despejado la incógnita de la sustitución de Montilla por Joan Clos (Juan a partir de ahora), aunque no la de la continuidad de López Aguilar, que se resiste al cese como gato panza arriba.