El Siglo y muchos españoles nos vamos de vacaciones sin que España se hunda. Zapatero veraneará en la finca La Mareta, en Lanzarote, donde tratará de convencer a Juan Fernando López Aguilar de que desaloje el Ministerio de Justicia  para presentarse a la presidencia de Canarias. El cese de Montilla puede esperar a septiembre, cuando el enigma del ministro canario se despeje. Es posible que el presidente rectifique su opinión inicial de no hacer más crisis que la que se refiere a Montilla y, eventualmente, la de López y proceda a un cambio más amplio. El cese de un ministro, salvo en circunstancias especiales como la de  Montilla, es como reconocer un fracaso. Sin embargo, aguantar con los malos ministros es un doble fracaso, el error del nombramiento y mantenerlo contra viento y marea. En ese caso sería sorprendente que no cesara a María Antonia Trujillo y a Miguel Ángel Moratinos. La opinión se divide respecto a Magdalena Álvarez y Carmen Calvo.

A no ser que decida anticipar las elecciones, como le sugieren algunos estrategas, haciéndolas coincidir con las municipales y autonómicas de la primavera próxima, antes de que las negociaciones con ETA pudieran fracasar. En lo que atañe a las municipales, persisten incógnitas como el candidato a la Alcaldía de Madrid. Trinidad Jiménez no parece entusiasmada por repetir un fracaso y parece que Zapatero estima que quizás su amiga no sea la mejor alternativa a Gallardón. Según ha sabido esta revista el presidente le ha ofrecido esta oportunidad a Javier Solana, el abrazos de Europa, que ya optó por este puesto en las anteriores elecciones. A Solana, demasiado viajado, pudiera tentarle ser alcalde de su pueblo pero, como es habitual, no ha dicho ni sí ni no, sino quizás, lo pensaré y ya veremos.

La gran cuestión es José Montilla y las elecciones catalanas. Puede ganarlas si logra movilizar, por  primera vez en unas autonomicas, a la clase obrera del área metropolitana de Barcelona. En los cuarteles de Convergència y Unió, Artur Mas propone un pacto con los socialistas catalanes: el que saque más escaños que gobierne en minoría –el PSC con Iniciativa per Catalunya pero sin Esquerra, y CiU sin el apoyo ni siquiera táctico del PP–. Gane quien gane contaría  con la leal oposición del adversario. En el PSC se acepta el pacto pero cambiándolo ligeramente: debe gobernar quien obtenga más votos y no más escaños. Los socialistas no tienen derecho a quejarse pues durante el gobierno tripartito han dedicado todo su esfuerzo a elaborar un Estatuto en lugar de cambiar la Ley Electoral.

Me da la impresión de que a Zapatero le interesa, más que gobernar en Cataluña, contar con el apoyo en Madrid de los nacionalistas catalanes, a ser posible mediante un gobierno de coalición, y ya se sabe que los convergentes no están dispuestos a ello si no gobiernan en Cataluña. La aritmética electoral, no obstante, puede matizar todos estos planteamientos previos. 

También es tiempo para que la oposición medite, pues se encuentra en un callejón sin salida. Hasta la CEOE estima que la derecha se equivoca con sus posiciones intransigentes. ¿Qué hacer cuando no hay un mínimo consenso entre el Gobierno y la oposición respecto a las cuestiones básicas de convivencia? Mariano Rajoy ha ido demasiado lejos, hasta la conculcación del Estado de Derecho, al negar que el ganador de las elecciones represente al Estado; el sentirse débil le obliga a uno a extremar las machadas. Mientras, José María Aznar prescinde de guardar las formas trocando las sugerencias e indirectas por órdenes. Si Rajoy no le dice: “O tú o yo”, habrá perdido la batalla antes de que ésta se inicie.

Mientras tanto, la economía marcha bien. En unos días Pedro Solbes, de cara a la confección de los Presupuestos Generales del Estado, elevará las previsiones iniciales de crecimiento del PIB del 3,3 al 3,4 por ciento. Pero los grandes problemas están ahí y no desaparecerán en vacaciones: ¿Puede este país absorber un millón de viviendas al año? ¿Puede integrar a 600.000 inmigrantes al año? El Instituto Nacional de Estadística (INE) los está contando tras la renovación bianual del Padrón y la próxima semana hará públicas unas cifras que asombrarán al país y al mundo, pero que inquietarán al Gobierno y a ciertos alcaldes y presidentes autonómicos. Ahora sabremos que, un año después de la regularización de un millón  de inmigrantes, se ha colado otro millón largo de personas, contando los trabajadores y sus familias.