Elo retorno del juez-estrella desplaza a Grande Marlaska

GARZÓN REVOLUCIONA LA AUDIENCIA NACIONAL

El retorno este mismo lunes del juez-estrella por excelencia, Baltasar Garzón, a la titularidad del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, tras 15 meses de excedencia, se produce en un momento clave del proceso de paz, justo cuando el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de anunciar el inicio de los contactos con ETA. La reincorporación de Garzón ha desplazado a Fernando Grande-Marlaska —quien le ha sustituido en su ausencia— de la gestión de la mayor parte de los sumarios que hay abiertos contra ETA y el entorno abertzale. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), contrarios al proceso de negociación, contemplan con desconfianza la vuelta de un Garzón que recientemente declaraba que "los márgenes del Estado de Derecho son amplios" y que se mostraba partidario de "tener en cuenta" la nueva situación. Los opuestos a las conversaciones de paz han defendido sin fisuras las actuaciones de Grande-Marlaska, especialmente las últimas y más polémicas, desde la convicción de que él no es tan proclive a la "comprensión de las nuevas circunstancias". El segundo juez más famoso, pese a la llegada Garzón, continuará en la Audiencia Nacional, al menos, hasta el 25 de octubre.

Por Pedro Antonio Navarro

S i llega a cuajar –el proceso de paz abierto por el Gobierno- y lo hace en los límites del Estado de Derecho, lo recibiría con ilusión y esperanza, pero también con cautela. Porque está también la dignidad de las víctimas, que debe ser respetada, como debe ser respetada la igualdad ante la ley. Un terrorista no tiene por qué tener más beneficios que cualquier delincuente. (...) El poder legislativo, el judicial y el Gobierno tendrán que actuar juntos para encontrar un camino común, pe ro no se trata de que cada uno de ellos vaya de francotirador. Los márgenes del Estado de Derecho son amplios, sin olvidar nunca a las víctimas ni los principios constitucionales. (...) El juez no es ajeno a lo que sucede a su alrededor y a la sociedad en la que
vive, y entonces tiene que pulsar cuál es esa situación y trabajar en ese sentido". Estas palabras eran pronunciadas el pasado mes de mayo ante la prensa por el juez Baltasar Garzón, durante la presentación de su ensayo "La lucha contra el terrorismo y sus límites" en la Feria del Libro en la capital del Estado.

A poco más de un mes para su reincorporación al Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, estas declaraciones parecían llevar implícito un mensaje de declaración de intenciones de quien va a volver a hacerse cargo de la mayoría de las causas abiertas contra miembros de ETA y contra personalidades de la izquierda abertzale. Precisamente estas declaraciones son el origen de la "desconfianza" que inspira su reincorporación al tribunal especial entre aquéllos que más se oponen a la puesta en marcha del anunciado proceso de paz y de las conversaciones entre el Gobierno y ETA. En la Asociación de Vñictimas del Terrorismo (AVT) ya han hecho notar las "dudas" acerca de la "imparcialidad" del magistrado que les asaltan tras haber escuchado estas palabras.

La vuelta de Garzón tampoco parece una noticia del agrado del entorno del Partido Popular y de la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial. Y eso que Garzón es, en buena medida, el principal arquitecto del diseño jurídico que conseguía cercar al aparato logístico de ETA. El juez promovió el cierre del diario Egin y de la revista Egunkaria, extendió la consideración de terroristas a las organizaciones de apoyo que no habían participado en acciones armadas, acuñó el término "entorno de ETA", dotándolo de la misma carga de persecución penal que a la organización propiamente dicha, y fue uno de los principales artífices de la ¡legalización de Batasuna.

Pero los enemigos del proceso parecen sentirse mucho más "seguros" con la labor de su sustituto. En poco tiempo, el juez Fernando Grande-Marlaska ha conseguido subir muy rápidamente los peldaños hacia la fama. En ausencia de Garzón, se había convertido en el nuevo juez-estrella de la Audiencia Nacional. A ello, sin duda ha contribuido el hecho de que en ese Juzgado de Instrucción número cinco se ventilasen la mayoría de las causas que afectan a ETA y a políticos abertzales.

Durante su suplencia, la actividad de Grande-Marlaska no ha pasado desapercibida al escrutinio público. Con posterioridad a la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, en la que se autorizaba al Gobierno a iniciar los contactos necesarios para la apertura de un proceso negociador para la pacificación y normalización de la vida política en el País Vasco, por dos veces, en función de causas abiertas en 2003, Grande-Marlaska encarcelaba a la cabeza visible de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, fijando en ambas ocasiones altísmas fianzas para ser puesto en libertad –puesto que los encarcelamientos eran preventivos-. En otra ocasión enviaba a las fuerzas de orden público a impedir la celebración de una rueda de prensa conjunta en Pamplona con participación de dirigentes de la izquierda abertzale, pero también de personalidades de organizaciones perfectamente legales, como el sindicato LAB.

Pero ha sido en las últimas semanas antes de su relevo cuando el juzgado dirigido por este joven juez ha desarrollado una actividad frenética. El togado decretaba la detención de Julen Madariaga –hoy integrado en el partido Aralar y que en reiteradas ocasiones ha condenado los atentados de ETA- y de Joseba Elosegi, propietario de un conocido establecimiento hostelero en Behovia,como integrantes de la red de financiación de ETA. Sin solución de continuidad, también ordenaba la detención de dos empresarios navarros bajo la acusación de haber pagado el "impuesto revolucionario", en una decisión judicial sin precedentes en estos casos, y también citaba como imputado en la trama de financiación ilegal de la organización independentista al dirigente del Partido Nacionalista Vasco y responsable de las relaciones exteriores de esta formación, Gorka Aguirre. La citación se hacía extensiva, en este caso, como testigo, a Xabier ArzaIluz. En una semana sin tregua, el juez Grande-Marlaska impedía la participación de Arnaldo Otegi en una conferencia a la que había sido invitado, para que interviniese a título personal por el Foro Tribuna Barcelona, argumentando que se trataba de un acto de una organización ¡legalizada.

Sus polémicas actuaciones concitan la crítica o el apoyo, en función de la posición que se mantiene frente al proceso de paz. El responsable de Organización del PSE, Rodolfo Ares, calificaba de "poco comprensibles" las decisiones del juez, mientras que en Madrid, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego López Garrido, salía al paso de la imputación de Gorka Aguirre, asegurando que el PSOE está convencido de que ni los dirigentes ni los militantes del PNV tienen "nada que ver con redes de extorsión". Desde la formación nacionalista vasca, el tono ha sido más duro. El portavoz del PNV, Íñigo Urkullu acusaba a Grande-Marlaska de hacer "política judicial espectáculo que provoca el descrédito de determinados ámbitos de la justicia", mientras que el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, instaba al Consejo General del Poder Judicial.(CGPJ) a investigar las actuaciones del juez y compruebe si, como ha sido denunciado en reiteradas ocasiones, toma sus decisiones sin conocer ni interesarse por la opinión de la Fiscalía. También solicitaba una investigación por parte del Fiscal General del Estado. El vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, de la minoría progresista conminaba a Grande-Marlaska a "hacer resoluciones explicables y entendibles por la sociedad", mientras que la patronal navarra calificaba la detención de los dos empresarios como "barbaridad".

Por el contrario, la mayoría conservadora del CGPJ imponía su criterio para elaborar un comunicado en el que se pedía a los políticos el respeto para la actuación del juez ante el "cúmulo de descalificaciones" que "sobrepasan los mínimos cánones de respeto y racionalidad". En la misma línea se haexpresado el presidente del PP, Mariano Rajoy, que consideraba "inaceptables" las críticas desde el PSOE a un juez "por cumplir la ley".

Pese a su comportamiento demostrada-mente imprevisible y a su tendencia a determinados golpes de efecto con los que gusta de demostrar su independencia, el juez Baltasar Garzón, seguramente por sus mencionadas recientes declaraciones no es recibido con mucho agrado por la mayoría conservadora del CGPJ. A mediados de la pasada semana, con escándalo incluido al ausentarse de la votación los vocales de la minoría progresista y el vocal independiente, que denunciaban un cúmulo de ireregularidades en el proceso, el CGPJ volvía a elegir a Javier Gómez Bermúdez como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que había sido destituido de este mismo cargo por una sentencia del Tribunal Supremo, que apreciaba irregularidades en su primer nombramiento para el cargo hace dos años. En la terna que optaba este nombramiento, junto al votado por los consejeros conservadores y Félix Alfonso Guevara, se encontaba Baltasar Garzón. El informe del CGPJ dedicaba seis folios a los méritos de Gómez Bermúdez. Los de Garzón quedaban recogidos en tres párrafos.

Zapatero anuncia el inicio de las conversaciones con ETA

Casi al final del plazo autoimpuesto y, de modo sorpresivo, sin tener lugar en una sesión parlamentaria, el pasado 29 de junio, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciaba de modo oficial el inicio de las conversaciones con ETA para la pacificación y la normalización política del País Vasco.

Sabía que constituía una sorpresa el modo elegido para realizar la declaración formal. Todos esperaban que el anuncio se efectuara ensede parlamentaria –aunque la rueda de prensa fue precisamente en el Congreso de los Diputados-, pero durante una sesión plenaria, tal y como se había comprometido el propio Zapatero. Consciente de ello, el presidente, tras agradecer la actitud de todos los partidos, explicaba que "la forma de realizar este anuncio a la opinión pública es responsabilidad exclusiva del Gobierno". El PP también había exigido que esta declaración fuera efectuada durante un pleno y tener, de este modo, la ocasión de que su presidente hubiera dsipusto de una intervención en el Hemiciclo. Quizá el inquilino de La Moncloa trataba de
evitar de esta forma que un anuncio tan importante fuera acompañado de más escenas de crispación y de la fotografía de la bancada popular en airadas protestas.

Lo que está claro es que el presidente sí supo dar la solemnidad requerida al momento. Con un semblante mucho más serio de lo habitual, en una intervención muy calmada, sin llevar escrito su discurso, se dirigía a la prensa congregada en el Congreso, pero sobre todo, a la Nación, transmitiendo toda la convicción en el propósito, y al mismo tiempo una gran serenidad y aplomo.

Al inicio, sus referencias se dirigieron a los intentos de gobiernos anteriores de abrir procesos de diálogo con ETA, tanto al presidido por Felipe González durante las conversaciones de Argel, como, más recientemente al proceso abierto por el Gobierno de José María Aznar. Pese al fracaso de ambas iniciativas, mostraba su agradecimiento a la intención.

En todo momento dejó claro que no habrá concesiones políticas: "la democracia no va a pagar ningún precio político para alcanzarla paz. (...) el Gobierno va a iniciar un diálogo con ETA, manteniendo el principio irrenunciable de que las cuestiones políticas sólo se resulven con los representantes políticos de la voluntad popular". Aunque sí se ponía sobre el tapete la constitución de la mesa de partidos y la posibilidad de conseguir cualquier objetivo político dentro del marco de la legalidad y de la Constitución: "El Gobierno respetará las decisiones que los ciudadanos vascos adopten libremente, respetando las normas y procedimientos legales, los métodos democráticos, los derechos y libertades de los ciudadanos, y en ausencia de todo tipo de violencia ocoacción", para lo que instaba a la consecución de un gran acuerdo político de convivencia entre todas las formaciones políticas, "con el máximo consenso posible" y teniendo en cuenta la pluralidad política que existe en el Páis Vasco, haciendo referencia, aunque sin mencionarlo, a la división entre nacionalistas y no nacionalistas.

En varias ocasiones se comprometió a que el proceso no iría en detrimento del reconocimiento, la memoria y la dignidad de las víctimas, así como hacía constantes referencias al valor y vigencia de la Constitución de 1978 "que ha representado un éxito colectivo para nuestra convivencia".

Prometiendo prudencia y discreción en el desarrollo del proceso, buscaba la complicidad de esa mayoría de ciudadanos españoles que, según todas las encuestas se muestran favorables al proceso de paz, al asegurar quela sociedad es conocedora del "alcance" y la trascendencia de este momento y de la oportunidad que brinda de terminar definitivamente con la violencia política en nuestro país.

Para el final quedaba una petición de apoyo a los medios de comunicación, al menos de no entorpecimiento de una tarea, de un proceso que, como volvía a reclacar, será "largo, duro y difícil". Una petición que hace presagiar que habrá "silencio oficial" sobre el asunto durante bastante tiempo. De hecho, el presidente del Gobierno dejaba claro que no volvería a producirse una información a los grupos parlamentarios hasta finales de septiembre.