Guantánamo debe cerrar

Recientemente el pleno del Parlamento Europeo (PE) pedía el cierre del centro de detención en Guantánamo. No es la primera vez que lo hace. Desde 2002 ha aprobado varias resoluciones demandando su cierre.

Como sabemos desde enero de 2002, esa pequeña porción de la isla de Cuba, que está bajo jurisdicción militar norteamericana, alberga campos de detención, donde permanecen prisioneros sospechosos de pertenecer a la red terrorista Al-Qaeda.

La Base Naval de Guantánamo se estableció en 1898, después de la guerra de Cuba. El gobierno de Estados Unidos obtuvo una concesión perpetua, derivada de la "enmienda Platt" contenida en la Constitución cubana.

Posteriormente, el Tratado de Reciprocidad entre Cuba y Estados Unidos firmado en 1934 y el Tratado HayQuesada, dejaron pendiente la cláusula referente a la Base Naval de Guantánamo.
Debido a ese estatus legal tan peculiar, la Base de Guantánamo fue elegida como centro de detención en la llamada "guerra contra el terror". El gobierno de Estados Unidos argumenta que los detenidos en Guantánamo se encuentran legalmente fuera de EE.UU. y no tienen los derechos constitucionales que tendrían si estuvieran detenidos dentro de su territorio.

Así, Estados Unidos que clasifica a los prisioneros encerrados como "combatientes enemigos ilegales", los mantiene de esta manera en un ominoso limbo jurídico.

Pero afirmar que el campo de Guantánamo es un sinsentido jurídico no es suficiente. No es suficiente decir que constituye una flagrante violación del Derecho Internacional y de las Convenciones de Ginebra. Tampoco es suficiente que una vezmás, nos asombremos de que la administración Bush obvie sentencias ("caso Rasul") del propio Tribunal Supremo de los EE.UU. que le exigió permitir el acceso de los detenidos en Guantánamo a las vías de recurso de la jurisdicción civil norteamericana, bajo el argumento concluyente de que Estados Unidos tiene el control exclusivo sobre la Bahía de Guantánamo.

La resolución aprobada por el PE pide "a las autoridades de los Estados Unidos que apliquen las recomendaciones recogidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y que velen por que no se recurra a 'técnicas especiales de interrogatorio', como aquellos que implican la humillación sexual, el llamado 'submarino', en que se hace creer al prisionero que se está ahogando, el encadenamiento al suelo con cadenas cortas y el uso de perros para crear miedo, etc".

El azar ha querido que la cuestión de Guantánamo haya coincidido en el tiempo con los vuelos de la CIA a través de aeropuertos europeos.

El pasado lunes 12 de junio se votaba en comisión parlamentaria un informe preliminar sobre las actividades ilegales de la CIA en Europa.

Con todas las salvedades que se quieran realizar, la principal conclusión que se extrae del informe es que existen pruebas suficientes para asegurar que la CIA ha operado vuelos y realizado detenciones ilegales en varios Estados Miembros.
En realidad estos dos asuntos nos conducen a interrogarnos sobre las formas y métodos que deben emplear las democracias en su lucha contra el terrorismo internacional.

La vieja polémica entre "seguridad y libertad" reaparece.

La amenaza terrorista confronta alas sociedades democráticas con la prueba de cumplir los compromisos derivados del respeto al imperio de la ley y a la universalidad de los derechos humanos.
Como ha escrito el jurista norteamericano Ronald Dworkin, en épocas de amenaza terrorista, la concesión mutua no es entre nuestra libertad y nuestra seguridad, sino entre nuestra seguridad y su libertad, refiriéndose a las libertades de aquéllos que nos amenazan.

Por ello, las medidas para defender nuestra seguridad deben ser proporcionadas, controlables y basadas en los valores que guían nuestros sistemas democráticos.

El PE en su resolución "toma nota" de que los Estados Unidos definen la lucha contra el terrorismo como «guerra» y que "no reconocen los derechos de los detenidos que se derivan de la Convención de Ginebra". Pero el Parlamento considera que, a pesar de la naturaleza específica de la lucha contra el terrorismo, debe aplicarse el Derecho Internacional.

El PE está convencido de que la lucha contra el terrorismo, que es una de las prioridades de la UE y de los EE.UU., no puede librarse a expensas de los valores fundamentales comunes establecidos y compartidos, como el respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho
Una vez más, el PE ha recordado que los derechos humanos son individuales, y no son divisibles, ni negociables, ni ponderables.

Los sospechosos de terrorismo también tienen sus derechos. Nunca debemos olvidar que la libertad y la seguridad no son alternativas: van juntas de la mano, la una permite que exista la otra.
Guantánamo debe cerrar.

José Borrell
* Presidente del Parlamento Europeo