Manuel Conthe no se cortó un pelo el pasado miércoles –en general se corta pocos– en su intervención ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó de entrada como “grave error” la normativa aprobada en 2003 por la que se permite a las entidades no financieras asumir compromisos de recompra sobre bienes tangibles. Acto seguido, elevó su calificación de “grave” a la de “gravísima”. En consecuencia, el presidente de la CNMV  pidió al Gobierno la urgente modificación de dicha norma para prohibir “radicalmente a cualquier compañía que no sea financiera la asunción de compromisos de recompra de cualesquiera bienes tangibles”. Admite Conthe la legítima dedicación de quien comercia con sellos u obras de arte pero matizó: “Lo importante es que quien las adquiera no tenga la seguridad de que el intermediario financiero se las va a comprar en el futuro, porque cuando eso ocurre, lógicamente, el que ha colocado el ahorro en esos bienes deja ya de prestarles atención, porque lo que le interesa es el compromiso de recompra que le protege”.

Recuerdo a los lectores que la nefasta decisión gubernamental –Aznar gobernaba con mayoría absoluta– que dejó fuera del control financiero a Afinsa y Forum Filatélico se instrumentó en una norma anodina de enunciado letárgico: “Disposición Adicional Cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva”, pero suficientemente activa como para dar cobertura legal a una estafa de dimensiones aún no cuantificadas. La ya famosa inspectora de Hacienda María Teresa Yábar, que destapó el escándalo, ha señalado un “desfase patrimonial” de 1.105 millones de euros, sólo en Afinsa, a finales de 2004. En realidad, Forum y Afinsa no vendían sellos, sino activos financieros de una alta rentabilidad desconectada de la revalorización de las estampitas. Organizaron, en definitiva, un sistema piramidal al estilo de los grandes timos que en el mundo han sido que hubiera sido imposible bajo la estrecha vigilancia que la CNMV y el Banco de España ejercen sobre los productos dedicados a recoger el ahorro ciudadano.

Este negocio, tan viejo como el capitalismo, tuvo sonados episodios en España con el Banco de Doña Baldomera en el siglo XIX y Sofico y Gescartera, en el XX. Es un timo para mucha gente –unas 400.000 personas entre Afinsa y Fórum– de poco dinero y escasa formación financiera. La declaración de Conthe en el Congreso, que no estaba en el Orden del Día y surgió por incitación del diputado Utrera Mora, del Grupo Popular, será un elemento que usarán las asociaciones de afectados para exigir indemnizaciones por negligencia legislativa y controladora.

Manuel Conthe sí se cortó un pelo a la hora de señalar las responsabilidades del PP. El diputado del Grupo Vasco Azpiazu había señalado que la referida disposición adicional “se metió en el Senado con cierta nocturnidad y alevosía, yo diría por parte del Partido Popular, que después de haber sufrido lo indecible en el tema de Gescartera yo supongo que no querían tampoco correr el riesgo de sufrir con la posibilidad de que surgieran temas como Forum o Afinsa”.  El diputado del PNV concluía con buen criterio que si en aquel momento los órganos reguladores –la CNMV, el Banco de España, la Dirección General del Tesoro– hubieran asumido su responsabilidad el impacto sobre los afectados hubiera sido mucho menor. Conthe no quiso entrar en este terreno de las responsabilidades políticas valiéndose de una elegante larga cambiada: “No somos partidarios de dedicarnos  a la historia económica”. Era una actitud prudente puesto que tampoco Solbes ha hecho nada por enmendar esta situación. Por otro lado, el propio Conthe ha sido director general del Tesoro con el PSOE de 1988 a 1995 y secretario de Estado de Economía durante el ultimo bienio de González: 1995-1996.

Los afectados se acogerán a las contradicciones del Estado: la inspectora de la Agencia Tributaria María Teresa Yábar, que depende del Ministerio de Solbes, sostiene que el negocio de Forum y Afinsa era financiero. No es un mero debate nominalista: si el negocio es financiero y no mercantil el Estado tendrá que pagar como viene haciendo desde hace más de dos décadas con los afectados por el  síndrome tóxico.