Los magistrados de la Audiencia Nacional, claves para el proceso

LOS JUECES... DE LA PAZ

Ya avisaba el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras el anuncio por parte de ETA de un alto el fuego permanente, que el camino hacia la pacificación definitiva sería largo y difícil. Con una gran cantidad de procesos
abiertos contra integrantes de la banda y contra dirigentes de la todavía ilegalizada Batasuna en curso, el papel de los magistrados cobra una fundamental relevancia en el devenir del proceso de paz. Entre los jueces —estrella, o menos conocidos— se perciben diferentes "sensibilidades" en sus actuaciones. En un marco de frontal y radical oposición del PP a las conversaciones con el entorno abertzale, unos togados están teniendo más en cuenta que otros las "circunstancias concurrentes", casi siempre en función de filias y fobias ideológicas, en una actuación general del poder judicial calificada de "muy politizada" desde diversos ámbitos, especialmente, tras el triunfo electoral del PSOE
en mayo de 2004.

Por P. A. N.

A mediados de la pasada semana, y ante la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, de ordenar la intervención policial para impedir una rueda de prensa convocada en Pamplona por dirigentes de la ilegalizada Batasuna y del sindicato (legal) LAB, el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, mostraba públicamente su respeto por las decisiones judiciales, aunque criticó con quienes "aplauden" determinadas resoluciones que favorecen a sus intereses políticos, mientras que después son capaces de "criticar sin medida" otras decisiones de esos mismos jueces que ya no comparten.

Desde que ETA anunciase su decisión de poner en práctica un alto el fuego permanente, y que el Gobierno –tras haber solicitado explícitamente el apoyo del Parlamento en junio de 2005- diera a conocer su voluntad de abrir un proceso de paz que incluiría un diálogo directo con ETA, además de un diálogo político en paralelo entre los partidos políticos, varios procesos en curso contra miembros de la banda y contra dirigentes de la ilegalizada Batasuna, han tenido lugar en las salas de la Audiencia Nacional.

A nadie se escapa que las actuaciones judiciales se han convertido en un elemento de vital importancia para el desarrollo del proceso, en un horizonte en el que el futuro de los presos o la legalización de Batasuna –si asume los preceptos de la Ley de Partidos, en cuanto a condena de todo tipo de violencia, y la aceptación de la vía política como la única posible-, están en el horizonte inmediato de las conversaciones.

Pero, en las actuales circunstancias, algunas actuaciones en este tribunal han sido interpretadas como el lanzamiento de un torpedo a la línea de flotación de un proceso tan delicado. En febrero de 2006, el Tribunal Supremo se pronunciaba a favor de la decisión adoptada en la Audiencia Nacional de modificar el sistema de aplicación de redenciones de condena que se adaptó para el preso de ETA Henri Parot. En contra de toda su jurisprudencia anterior, el alto tribunal decidía que los beneficios se aplicarían sobre el cómputo total de todas sus condenas –varios miles de años-, y no sobre el tiempo máximo de condena, como venía ha sido, ciéndose en aplicación del Código Penal 1973 (más favorable para los reos que el 1995). Esta decisión, muy criticada, y calil cada de "ingeniería jurídica" por parte de asociación Jueces para la Democracia, ha sido interpretada desde diversos ámbitos o mo un intento de obstaculizar el procesos paz.

El todavía presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, -que deberá cesar en los próximos días, tras sentencia del Tribunal Supremo, puesto que su nombramiento se producía de modo irregular (tras cuatro votaciones, cuando el máximo establecido es tres, y por entregar su proyecto de reform, fuera de plazo)-, expresaba su "satisfacciór por esa decisión del TS que obligaría a que Parot cumpliese 30 años íntegros de condena, cuando, con el sistema de cómputo al anterior estaba a punto de salir a la calle, al haber pasado 18 años en prisión. Esta misma norma se hará extensiva a otros históricos de ETA en las cárceles españolas. Su irregular nombramiento al frente de la Sala de Penal no es la única polémica que persigue a Gómez Bermúdez. En enero de 2005 fue apartado del juicio contra Emilio Botín, a intancias del abogado de las acusaciones particulares, Rafael Pérez Escolar, que había sido condenado por este mismo juez en el "caso Banesto", y que sostenía que existía "enemistad manifiesta" e "interés indirecto". La Audiencia Nacional estimaba la recusación, argumentando que "ha podido crear una apariencia de falta de imparcialidad". Se da la circunstancia de que, en un primer momento, la Sección Tercera, encargada de juzgar el caso, había quedado constituida por Angela Murillo y los magistrados Peñafort Loren-te y Luis Martínez de Salinas. Sin embargo, mediante un acuerdo gubernativo del propio Bermúdez, se propuso a sí mismo para sustituir a Angela Murillo como presidente del tribunal.

Otros jueces están apareciendo también en las primeras planas de la prensa por su relación con procesos que afectana integrantes de ETA y dirigentes de Batasuna. La juez Teresa Palacios imputaba a Arnaldo Otegi, el sindicalista Rafael Díaz Usabiaga y a otras 21 personas, en mayo de este año, un delito de enaltecimiento del terrorismo, por su intervención en un acto homenaje, en septiembre de 2003, al miembro de ETA Arkaitz Otazua, muerto en un enfrentamiento con la ertzaintza en Álava. Esta magistrada tuvo que archivar la querella presentada contra eldirector del diario Gara, Josu Juaristi, a raíz de la publicación en su rotativo de un comunicado de ETA en septiembre de 2003, cuando la fiscalía de la Audiencia Nacional se inhibió en el caso. Ya existía jurisprudencia en este sentido, cuando en 1986, el Tribunal Constitucional anulaba dos sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo contra José Félix Azurmendi, entonces director del diario Egin, precisamente por haber publicado dos comunicados de ETA.

Teresa Palacios saltaba a los titulares de la prensa en agosto de 2004, al rechazar su inhibición en favor del juez Juan del Olmo, que le solicitaba la fiscal del caso del 11-M, Olga Sánchez., para la investigación de la muertes de siete presuntos terroristas implicados en los atentados del 11 de marzo de 2004, y de un policía de los GEO, ocurridas en la madrileña localidad de Leganés. La solicitud se fundamentaba en que la instrucción del sumario sobre aquellos terriblesatentados la llevaba precisamente el juez del Olmo, y en el hecho de que los identificados constaban ya en ese sumario. Del Olmo calificó entonces la actitud de Teresa Palacios como "incomprensible".

Muy diferente ha parecido la actitud de otro juez de la Audiencia Nacional. Santiago Pedraz, al frente del Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia, rechazaba el procesamiento del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos por integración en banda terrorista, en junio de 2005. De Juana Chaos, histórico miembro del Comando Madrid, con condenas por más de 3.000 años, que estaba a punto de abandonar la prisión tras cumplir 18 años de condena, había sido imputado por el juez Fernando Grande-Marlaska de nueve cargos por pertenencia a banda armada y amenaza terrorista,por dos artículos que había publicado desde la cárcel en el diario Gara. Muchos argumentaron entonces que el verdadero motivo de este procesamiento era, en realidad, impedir esta puesta en libertad tras la aplicación de los beneficios penitenciarios vigentes. Tras recalar el caso en su juzgado, Santiago Pedraz rechazaba procesar a de Juana Chaos. En el auto, el magistrado afirmaba que "no hay base para acreditar que el citado imputado pertenezca a ETA en la actualidad". En la resolución establece que no se desprenden indicios de pertenencia a banda armada y amenazas terroristas, y que de las afirmaciones vertidas en sus artículos no se desprende apoyo a ETA, sino al Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), que "no está calificado como organización terrorista".

Pedraz también formaba parte del tribunal encargado de juzgar el conocido como "caso Jarrai", en junio de 2005, en el que se sentaban 28 personas en el banquillo de los acusados, imputados por la fiscalía y por la acusación particular, ejercida por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) por integración en banda terrorista. La sentencia condenaba a 24 de los 28 acusados a penas de entre dos años y medio y tres años y medio por delito de asociación ilícita no terrorista. En la resolución, que considera sus actividades ilegales, se distingue "una dicotomía entre ETA y sus satélites". Santiago Pedraz dejaba también en libertad sin medidas cautelares, días atrás, a Sandra Barrenetxea, la representante del sindicato abertzale LAB, que fue detenida el 24 de abril de este año y enviada a prisión por el también magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno. Estaba relacionada con los bonos para aportaciones a ETA detectados en abril de este año. Su puesta en libertad era argumentada por la inexistencia de indicios criminales suficientes.

Desde la desaparición de la vida pública de Baltasar Garzón -que se reincorporará a su puesto en la Audiencia Nacional el 25 de octubre próximo-, el juez "estrella" de la temporada es Fernando Grande-Marlaska. De conocidas ideas conservadoras, su presencia en la primera línea informativa es constante de un tiempo a esta parte. No sólo por su actuación de la semana pasada impidiendo una rueda de prensa de antiguosdirigentes de Batasuna y sindicalistas de LAB o imputando a de Juana Chaos nueve cargos de pertenencia banda terrorista y amenazas por dos artículos escritos desde la prisión. Hace menos de dos semanas, ante la ausencia de petición en ese sentido por parte de la fiscalía, desistía de imponer medidas de prisión cautelar para Arnaldo Otegi y otros ocho miembros de la antigua mesa de Batasuna. Sin embargo, y con posterioridad a la apertura del proceso de paz, había enviado a Otegi a prisión en dos ocasiones, solicitando altísmas fianzas para su puesta en libertad -la última, de 650.000 euros-.

Ante la expectativa creada por el retorno en otoño del juez Baltasar Garzón, cuyo peso y reconocimiento podría influir a la hora de inclinar la balanza en uno u otro sentido en los criterios a aplicar por los jueces de la Audiencia Nacional en los sucesivos casos que tengan relación con ETA o con el entorno de la izquierda abertzale, de momento, y antes de terminar su excedencia, el magistrado ya se ha pronunciado en el seno del respeto de la ley, aunque teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado parece haber emprendido pasos hacia esa "mayor comprensión de la coyuntura", y ha designado a Juan Antonio García Jabaloy, presidente de la Unión Progresista de Fiscales, para que se haga cargo de parte del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que es, precisamente al que se reincorporará Garzón en octubre, y el que instruuye la mayor parte los sumarios contra miembros de ETA y personas del entorno de la izquierda abertzale.

En un clima casi irrespirable por la oposición frontal y durísma del PP, el frentismo se ha visto radicalizado tras el anuncio efectuado por el Partido Socialista de Euska de su disposición a entablar un diálogo con Batasuna, incluso antes de que vuelva a ser legalizada -si asume los condicionantes la Ley de Partidos-, hasta el extremo de que el presidente del Partido Popular, Maria Rajoy, ha anunciado solemnemente, y en dede parlamentaria, la "ruptura de relaciones con el Gobierno. Muchos oponentes tiene el proceso de paz cuando apenas ha echado a andar. El secretario general del PP, en otro exceso verbal en una escalada que parece no tener límites, aseguraba que la estrategia del Gobierno es la estrategia de ETA". Otro frente, abierto por la Asociación de Víctimas del Terrorismo y su cada vez más radicalizado presidente en posturas de derecha extrema, y apoyado sin fisuras por el PP, ponía en marcha la cuarta manifestación contra el Gobierno y, en este caso, contra la ne gociación con ETA y con la insidia sobre autoría de los atentados del 11-M, en su huida hacia delante que se empeña, contra toda evidencia, en relacionarlos con ETA- a finalización de esta crónica, la concentración aún no se había producido-.

El papel de la judicatura se antoja determinante para que la estrategia del Ejecutivo pueda dar sus frutos. Descartado con rotundidad el diálogo político con ETA, la situación de sus presos y los paulatinos procesos de integración que de ello puedan derivarse, serán el elemento fundamental, el objeto mismo de la negociación.