Edmundo Rodríguez Achútegui, portavoz saliente de Jueces para la Democracia

"LA AUDIENCIA NACIONAL DEBERÍA SUPRIMIRSE"

La asociación progresista de los jueces españoles acaba de concluir su XXI Congreso en Vitoria. El evento, convocado en el País Vasco con total intencionalidad, se ha convertido en un acto de apoyo al proceso de paz inminente
que va a abrirse a raíz de la declaración de alto el fuego permanente por parte de ETA. Sus más de 500 afiliados han pretendido escenificar esta posición en un momento en que el principal partido de la oposición ha decidido retirar todo su
respaldo al Gobierno en esta cuestión. Edmundo Rodríguez Achútegui, que por razones estatutarias no ha presentado su candidatura a la reelección, explica la posición de Jueces para la Democracia ante esta vital cuestión, al tiempo que
apuesta por la desaparición de la Audiencia Nacional y una renovación consensuada del
Consejo General del Poder Judicial.
Por Pedro Antonio Navarro

El reciente congreso de su asociación ha coincidido con un momento político-jurídico trascendente.
— Sí. Precisamente, quisimos que coincidiera con él, y el hecho de que el congreso haya tenido lugar en el País Vasco (Vitoria, 8 y 9 de junio) fue una decisión deliberada. Quisimos poner de manifiesto nuestro apoyo a la situación esperanzadora que se abre a partir de la declaración de alto el fuego de ETA.

—Su asociación también ha advertido de que, aunque se quiera apoyar el proceso, no se pueden saltar los márgenes de la ley.
—Tenemos límites. Tenemos también que apreciar las circunstancias que concurren, que han de ser especialmente valorables en el caso de adopción de medidas cautelares, como ha sucedido hasta ahora, pero queremos dejar claro a la sociedad que, aunque tengamos la voluntad de no ser un obstáculo al proceso de paz, los jueces vamos a seguir cumpliendo la ley porque es nuestra obligación.

— También es cierto que la ley establece ciertos márgenes de interpretación.
—Efectivamente. El ordenamiento jurídico nos vincula; los jueces han de estar sometidos al principio de legalidad, pero dentro de ese principio, la propia ley abre a los jueces y al poder ejecutivo, en su caso, numerosas fórmulas de modulación de las circunstancias concurrentes. Eso no se puede obviar. Quien pretenda que no se pueden tener en cuenta esas circunstancias, y en cada caso concreto, no conoce los instrumentos que el ordenamiento jurídico facilita para poder adaptar cada caso a las circunstancias concretas.

— Aunque la existencia de esa capacidad para interpretar que tienen los jueces, podría también facilitar lo contrario.
— Creo que no. Hay que distinguir los planos; el plano de la legalidad ningún juez puede obviarlo y, por tanto, si una norma dice que una determinada conducta es un delito, si existen pruebas para acreditar la comisión de ese delito, lo que procede es una sentencia condenatoria. Lo que ocurre es que hay circunstancias que concurren en cada caso, que se pueden ponderar; están en el Código Penal y, por lo tanto, se pueden tener en cuenta. Por otro lado, hay que tener en cuenta otro plano diferente, que es el de las instrucciones, el de las investigaciones de los delitos. Si se están pidiendo medidas cautelares gravísimas en determinados supuestos, cuando tenemos una situación en la que se puede apreciar que los riesgos que trata de conjurar es medida cautelar no existen, entonces esas cir cunstancias se tendrán que ponderar, y creo que ningún juez va a dejar de hacerlo.

— ¿Cómo puede contribuir la judicatura este proceso de paz?
— Nosotros creemos que lo importante e que la judicatura no se convierta en un obs táculo. El periodo que se abre a partir de anuncio del alto el fuego de ETA, como se es tá percibiendo, va a estar cargado de nume rosas dificultades que ya estamos aprecian. do; dificultades que cada opción partidista, en unos casos va a explotar, y en otros, a in. tentar eludir. Si ya el proceso es dificultoso er sí, y lleno de imponderables y circunstancias imprevisibles que pueden influir en él, lo que no es razonable es que, de repente, la judicatura se convierta en un obstáculo más. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, a perseguir los delitos cuando se cometan, pero no parece razonable que encontremos más dificultades de las que derivan de la tramitación de los procedimientos judiciales, y de esa manera, pueda fructificar una esperanza que tenemos todos de que la situación que se abre pueda terminar alcanzando una paz irreversible en la que el terrorismo desaparezca.

— Parece que la crispación política permanente y la declaración de ruptura con el Gobierno efectuada por el PP, no favorece demasiado la labor de los jueces.
— Es una pena. Nosotros creíamos que los demócratas iban a hacer un ejercicio de responsabilidad y de consenso para tratar de poner las cosas más fáciles a quienes están convencidos de que es posible que esta situación que tenemos ahora termine catalizando en una desaparición completa del terrorismo. Pero hemos celebrado un congreso la pasada semana, en el que, como representantes que somos de un colectivo que ha sido amenazado y perseguido por el terrorismo, hemos querido dejar claro a quienes han iniciado este proceso que tienen nuestro apoyo; que nosotros confiamos y que, además, queremos animar a quienes tienen la responsabilidad de hacerlo, para que se camine en esa dirección. Si eso supone que haya que adoptar algún tipo de medidas, legislativas o las propias que proceden del poder ejecutivo, animamos a quienes tienen esa responsabilidad a que las adopten, porque aunque lo deseable -y hacemos un llamamiento para que así sea- esque las fuerzas políticas mayoritarias actúen con unidad, y que quienes se van a sentar a negociar sobre cómo conseguimos que desaparezca definitivamente el terrorismo percibieran que tienen a todos los demócratas de este país, aunque en estos momentos no vaya a ser así, creemos que no se puede parar en estas circunstancias esperanzadoras que ahora concurren, ni se puede tampoco dejar de trabajar para que quienes están cuestionando esa posibilidad, en el futuro puedan reconsiderar su posición.

— En caso de que el proceso continúe, se llegará a hablar de beneficios penitenciarios, de acercamiento de presos, de reinserción. ¿Cómo puede hacerse esto?
— Se puede hacer, ahora mismo, con los instrumentos jurídicos que tiene el Estado de Derecho. Hay que hacerlo con prudencia, medir los tiempos para que nadie se sienta ofendido; hay que ser generosos, porque en otros procesos semejantes al que ahora se vive en España se ha percibido que era necesario ese esfuerzo de generosidad, que no significa, en absoluto, olvido, y que bien instrumentado puede garantizar que esta situación de sufrimiento que padece muchísima gente, no se vuelva a reproducir. El Estado de Derecho tiene sus instrumentos. La política penitenciaria depende del poder ejecutivo, que puede decidir, si se dan las garantías suficientes, acercar el lugar de cumplimiento de las penas a la residencia de las personas condenadas; se pueden dar progresiones de grado, conforme a las previsiones de la Ley General Penitenciaria, que establece que eso es posible. Si se percibiera que existe una voluntad de abandonar la actividad terrorista y si se cumplen el resto de requisitos establecidos, en cuanto al tiempo de cumplimiento –en muchos casos ya se dan-, pues serían posibles esas progresiones de grado. Y si con el tiempo, tras el transcurso de un periodo de garantía, en el que todos pudiéramos percibir que existe una voluntad irreversible de dejar de delinquir, también existe el derecho de gracia, que es una facultad del poder ejecutivo que han utilizado todos los gobiernos de la democracia.

—La decisión del Supremo de acumular las penas para computar sobre ellas los beneficios penitenciarios y evitar que se sustanciaran como tales en la práctica, ¿no parece una decisión negativa en el proceso de paz?
— No creo que fuera una decisión para intervenir en el proceso de paz. Lo que sí creo es que se trata de una decisión jurídicamente muy discutible. Nació de una iniciativa del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ideó un sistema de cómputo de las penas absolutamente novedoso, y que contrariaba toda la doctrina del Tribunal Supremo y de las Audiencias Provinciales que, unánimemente, a lo largo de todos estos años, habían utilizado un criterio diferente basado, en definitiva, en que el Código Penal de 1973 era más favorable al reo que el Código Penal de 1995. Esa operación de "ingeniería jurídica" que nosotros criticamos, fue ratificada por el Supremo. Pero la hemos criticado porque no nos parece que se acomode a los principios constitucionales y a las reglas de interpretación jurídica en materia de Derecho Penal. Confiamos en que, dado que sólo se ha producido una resolución por parte del Supremo, esa doctrina tan restrictiva y tan retrógrada sea revisada.

— Cada vez hay más voces que denuncian la existencia de la Audiencia Nacional, a la que califican de tribunal de excepción que no tiene cabida en un país democrático.
— Hace años que venimos proclamando que la Audiencia Nacional debería suprimirse. Llevamos 21 años –los que ahora cumplimos como asociación- haciéndolo, porque nos parece un órgano innecesario que no tiene cabida razonable dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Después de tanto tiempo, creo que tenemos ganada la legitimidad para volver a insistir sobre el particular. A la larga tendría que seaparecer; es cuestión de tiempo, permanezca el fenómeno del terrorismo, o desaparezca definitivamente, como esperamos todos. Es un órgano jurisdiccional que sobra dentro de la organización judicial española. Hay, además, una demostración de que instrucciones que se han llevado a cabo por jueces que no pertenecen a la Audiencia Nacional, a pesar de ser complicadas, se han desarrollado en muchísmos casos con más rapidez y capacidad de resolución de las que, con unos tiempos que nadie comprende, se realizan en la Audiencia Nacional.

— Hay que abordar ya la renovación del Poder General del Poder Judicial, con un clima en el que la sociedad detecta una elevada politización de estos cargos. ¿Qué se puede hacer para evitarlo en el futuro? ¿Será útil la ley de los tres quintos?
— Es cierto que la actuación de la mayoría conservadora, desde que se produjo el cambio de mayoría democrática hace dos años, ha propiciado la sensación de que el Poder Judicial está al servicio de algunos partidos políticos. Ahí están algunos ejemplos en su actitud ante la Ley de Matrimonio, el Estatuto de Cataluña, los pronunciamientos de su presidente, que continuamente se ha alineado con una fuerza política, coincidiendo sistemáticamente con sus planteamientos y tergiversando el papel institucional que debía tener. La forma de acabar con eso es pedir responsabilidad a los partidos políticos a la hora de se renueve, con urgencia, el Consejo; en segundo lugar, convenir la designación de un presidente que cumpla su papel arbitral y de fomento del consenso. Para eso necesitamos que suceda lo mismo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional, que tenía un presidente cuya locuacidad provocaba debates políticos continuos y críticas bastante justificadas, hasta que se ha escogido a una jurista de prestigio incontestable, como es María Emilia Casas, y todo ese problema y la división han desaparecido.