Además de Andalucía, otras siete Comunidades reclaman la gestión de sus ríos

LA BATALLA DEL GUADALQUIVIR

Está visto que será muy difícil que cualquier modificación que se produzca en los vigentes Estatutos de autonomía no venga acompañada de su respectiva polémica. Ahora, el Estatuto andaluz desata la tensión entre distitnas comunidades autónomas por la inclusión de la "gestión exclusiva" de la cuenca del Guadalquivir, y no sólo entre ellas, sino también en el propio seno del PSOE, en el que Juan Carlos Rodríguez Ibarra ya ha hablado de "recurso de inconstitucionalidad", y otros dirigentes, como Alfonso Guerra o Joaquín Leguina han expresado sus reservas.

Por P A. N.

El pasado 5 de mayo llegaba a las Cortes Generales el proyecto de modificación del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado en su Parlamento regional con los votos del PSOE e Izquierda Unida, y con la oposición –aunque por razones muy distintas- del Partido Popular y del Partido Andalucista. Muchos son los cambios introducidos con respecto al viejo texto aún vigente.Ya se reconocán competencias en materia de fomento, agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales, desarrollo rural, energía, minas, denominaciones de calidad, algunos aspectos de la política de aguas, educación, universidades, investigación, desarrollo y nuevas tecnologías.

El nuevo código amplía éstas y además incorpora otras de sanidad, farmacia, vivienda, urbanismo, ordenación territorial, obras públicas, medio ambiente, espacios protegidos, régimen local, servicios locales, voluntariado, menores, inmigración, empleo, relaciones laborales, seguridad social, transportes y comunicaciones, protección civil, servicios de emergencias, prisiones, cultura, patrimonio, medios de comunicación o publicidad, entre otras.

Pero la polémica en torno a su aprobación no va a estar centrada en esta notable ampliación competencial, ni siquiera en la controvertida referencia de su preámbulo a la "realidad nacional" andaluza, sino en su artículo 48, que establece que la comunidad andaluza tiene "competencias exclusivas sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre la protección del medio ambiente y de las obras públicas hidráulicas de interés general", y también en la Disposición Adicional Quinta, que apela al artículo 150.2 de la Constitución Española para reclamar al Estado, mediante transferencia o delegación adicional, las competencias sobre puertos y aeropuertos de interés general, Servicio Meteorológico de Andalucía, Tráfico y Seguridad Vial, sobre museos, archivos y bibliotecas y también sobre la cuenca hidrográfica del Guadalquivir.

Las primeras reacciones contrarias llegaban de la vecina Comunidad de Murcia, en cuyo territorio se encuentra un 0,2 por ciento de dicha cuenca hidrográfica. El ejecutivo murciano, gobernado por el PP, acusaba al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de "imitar el modelo catalán de rapiña competencial". El 14 de mayo, el portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, anunciaba que la Región de Murcia "llevará ante el Tribunal Constitucional la Disposición Adicional Quinta planteada para el nuevo Estatuto de Autonomía de la comunidad andaluza, en caso de ser finalmente ratificada". Su argumento es que si una cuenca afecta a varias comunidades, "sólo podría ser razonable la gestión conjunta entre las partes afectadas".

Pero la reacción más llamativa ha venido por parte del presidente de la Junta de Extremadura y compañero de partido de Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El eternamente discrepante presidente extremeño anunciaba ante su Parlamento regional que también su comunidad estudiaría plantear un recurso de inconstitucionalidad contra el traspaso de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir que se contempla en el proyecto de reforma del Estatuto andaluz. En la sesión parlamentaria se dirigía a los diputados del PP de la siguiente forma: "No tiene sentido que si ustedes se escandalizan del Estatuto catalán y no les escandaliza el valenciano, el balear, o incluso el andaluz, en algunos aspectos, como por ejemplo, que Andalucía quiera quedarse con la competencia exclusiva del Guadalquivir, que es un disparate mayúsculo". Proseguía en su argumentación asegurando que "nosotros tenemos 1.300 kilómetros de cuenca del Guadalquivir, y siempre hemos dicho que todo aquello que tenga paso por distintos territorios es una competencia indeclinable y exclusiva del Gobierno central".

Pero sus compañeros socialistas de la Comunidad andaluza no son de la misma opinión. El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, replicaba que el traspaso de las competencias sobre la cuenca hidrográfica es "posible y deseable, a la par que irrenunciable. Hay fórmulas y cláusulas para evitar problemas legales y constitucionales, de manera que las otras tres comunidades por las que transcurre la cuenca vean garantizados sus derechos".

El secretario de Organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro, abundaba en esta línea argumental. Considera que si hay otras comunidades autónomas preocupadas por la reivindicación andaluza, están dispuestos a explicar en profundidad los términos de su proyecto, porque "no agrede al Estado ni al resto de comunidades autónomas", puesto que la aspiración de la la Junta andaluza no es la de conseguir competencias exclusivas sobre esta cuenca hídrica "contra los territorios que también comparten la cuenca".

Entre los argumentos esgrimidos por Pizarro para justificar esta competencia exclusiva, además del de que más de un 90 por ciento de esta cuenca transcurre por territorio andaluz, y que el río, nace y muere en esta comunidad, está el poder actuar "contra los poderes de dentro" de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que "se han puesto al lado del PP", poniendo como ejemplo a las patronales de regantes que "hasta ahora han manejado a su antojo el agua de Andalucía y eso se va a terminar, porque a partir de ahora se va a gestionar atendiendo el interés general".

Los socialistas de Murcia echaban una mano a sus compañeros andaluces. Pese a plantear también una opinión contraria a la gestión exclusiva por parte de la Junta de Andalucía, también argumentan su sentir contrario a que se ceda la gestión del trasvase Tajo-Segura a la Junta de Castilla-La Mancha, una propuesta apoyada por el PP en esa comunidad, y en contra de la gestión exclusiva del Duero que será reclamada por el PP en la redacción del nuevo estatuto de Castilla-León. El portavoz de los socialistas murcianos en el Parlamento regional, José Ramón Jara, imputaba al Gobierno de la comunidad que "plantear que por diez kilómetros cuadrados de una pedanía de Murcia que entran dentro de la cuenca del Guadalquivir, peligra la territorialidad regional si la gestión del Guadalquivir depende o no de la Junta de Andalucía, es un disparate impropio de un presidente autonómico". Jara opina que el anuncio de recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo murciano obedece a que "la debilidad del Gobierno regional le lleva a inventar debates absurdos para tapar la corrupción que persigue su gestión".

En el Gobierno central no se ha dado un pronunciamiento claro. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, sostenía recientemente que acerca de las reivindicaciones de gestión sobre cuencas hidrográficas por parte de algunas comunidades autónomas, algunas sería posible cederlas, y en otros casos, no. Sevilla comentaba que "el Gobierno toma nota de todo ello e intenta darle un sentido armonizado, que sea compatible con los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, y compatible con la eficiencia de las infraestructuras, como los rías, que no son parcelables".

La cuenca hidrográfica del Guadalquivir transcurre a lo largo de cuatro comunidades autónomas, aunque con una distribución extremadamente desigual. En territorio andaluz nace y muere el río y se ubica el 90,2 por ciento del total de la cuenca hídrica; en Castilla-La Mancha se encuentra el 7,13 por ciento, el 2,45 en Extremadura, y sólo un 0,2 por ciento en la Región de Murcia.

La cuestión de fondo radica en. que esta reivindicación no está planteada exclusivamente desde el Parlamento andaluz. Otras comunidades autónomas, cuya reforma estatutaria está en una fase menos avanzada también tienen previsto reclamar la gestión de sus cuencas hidráulicas. Hace más de diez años que los principales partidos en Castilla-León (PP, PSOE e IU) reivindican la gestión de las aguas del Duero. Su cuenca hidrográfica ocupa 79.300 kilómetros cuadrados en esta comunidad, más de un 98 por ciento de su paso por territorio nacional –ya que el último tramo del río transita por Portugal-.

También la cuestión del agua ha estado presente en el recientemente aprobado Estatuto valenciano. Su artículo 17 "garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a disponer de abastecimiento suficiente de agua de calidad", basado en un "derecho de redistribución de los sobrantes de aguas de cuencas excedentarias", en clara referencia a un futuro trasvase desde el Ebro. Por esta razón, el Gobierno de Aragón elaboró un recurso de inconstitucionalidad contra estepunto del Estatuto valenciano. Marcelinc Iglesias, presidente socialista de Aragón ha advertido que incluirá un blindaje de sus aguas en el proyecto de reforma de su propio estatuto de autonomía. Para él, "ninguna comunidad puede reclamar el uso de agua de otras cuencas sin tener en cuenta la opinión de la cuenca cedente".

Durante su tramitación en las Cortes Generales, el proyecto de Estatuto catalán sufrió importantes recortes en lo relativo a las competencias sobre el Ebro. El estatuto resultante aún reconoce a la Generalitat la competencia ejecutiva sobre "el dominio público hidráulico y las obras de interés general", pero no las ha mantenido sobre ejecución y explotación. Del texto original nacido del Parlament, en el que se especificaba que en materia de posibles trasvases sería necesario un informe "determinante" de la Generalitat, se ha pasado a un informe "preceptivo" en la redacción definitiva".

"Las cosas de Juan Carlos"

"Eso son las cosas de Juan Carlos", comentaba un grupo de parlamentarios socialistas andaluces al día siguiente de la intervención del presidente de la Junta de Extremadura, en la que daba a conocer que estaba estudiando la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el articulado del Estatuto andaluz que establece competencias exclusivas sobre la cuenca del Guadalquivir. En el Gobierno andaluz se juzgaba "precipitado" el anuncio de Rodríguez Ibarra, y se atribuía esa iniciativa a uno de los "típicos calentones" que suelen darle al presidente extremeño, especialmente en asuntos relacionado-con la política territorial, y que en más de una ocasión le han llevado a sostener posiciones enfrentadas con la dirección nacional de su partido.

Manuel Gracia, portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, aseguraba que "no nos va a hacer cambiar de opinión ni Ibarra ni nadie". Gaspar Zarrías, consejero de Presidencia, utilizaba un tono menos vehemente ymás conciliador, asegurando que la reacción de Rodríguez Ibarra era producto de que todavía no conocía en profundidad el contenido de la propuesta andaluza, al tiempo que expresaba su seguridad de que el presidente de la Junta de Extremadura "hará cualauier cosa, menos contribuir al acoso y derribo".

Lo cierto es que la voz de Rodríluez Ibarra en este asunto no es la única discrepante en la familia socialista. El ex vicepresidente del Gobierno y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Alfonso Guerra, ya ha expresado sus reservas al respecto de esa reivindicación andaluza. Otro tanto ha hecho el diputado por Madrid Joaquín Leguina, quien ha asegurado que votará afirmativamente la reforma estatutaria andaluza en el Parlamento Nacional, siguiendo la disciplina de partido, aunque, particularmente, considera "muy peligrosa y gravísima" la exigencia de las competencias exclusivas para la Junta de Andalucía de la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Guadalquivir.