por Miguel Ángel Aguilar

Habíamos convenido en que para lograr que ETA desistiera de la violencia terrorista, objetivo de primer orden de toda nuestra sociedad, era necesaria la unión de todas las fuerzas políticas democráticas, la renuncia por parte de todos a cualquier uso partidista en aras de obtener cualquier ventaja electoral propia, la aceptación indiscutida del papel director que corresponde al Gobierno de turno, el respeto a las víctimas sin erigirlas en absurdas referencias arbitrales, el progreso moral de la tolerancia cero al asesinato y además la instauración de un nuevo clima reconciliador.

Empecemos por reconocer que el PP desde su salida del Gobierno, tras la derrota electoral en las generales de marzo de 2004, se ha instalado en una actitud inédita respecto de la lucha contra el terrorismo, nuestro más delicado desafío del que ha querido hacer ariete para agredir de forma permanente a sus sucesores en las responsabilidades de la administración del Estado. Los populares de la tripleta Rajoy, Acebes y Zaplana han liquidado cualquier resto de consenso en campos que eran de tradicional acuerdo como la política exterior, la defensa, los nombramientos institucionales o el antiterrorismo. Es lo mismo que hizo a partir de 1993 José María Aznar cuando era líder de la oposición al proclamar aquello de que "contra el Gobierno de Felipe González valía todo". Un proceder que puso en riesgo al Estado, según vino a reconocer a toro pasado Luis María Ansón, uno de los pilares básicos de la conspiración mediático-política.

Podemos discrepar sin tasa de los socialistas pero se les debe reconocer que a lo largo de toda nuestra trayectoria democrática iniciada con la Transición y sellada con la Constitución de 1978, en este asunto de la lucha antiterrorista los socialistas fueron ejemplares durante los ocho años del gobierno Aznar. Fueron ellos los que propusieron el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Propuesta de la que inicialmente se mofaron los del Gobierno de entonces. Nunca discutieron que la dirección política en ese campo correspondía a quien fuera en cada momento el inquilino de La Moncloa. Además se abstuvieron siempre de incordiar o de servirse del terrorismo para dar la vara al Gobierno.

De regreso en la oposición, los peperos han vuelto a las andadas, sin advertir que, como dice el poeta, "lo peor es creer que se tiene razón/ por haberla tenido/ y esperar que la historia devane los relojes/ y nos devuelva intactos/ al tiempo en que quisiéramos que todo comenzase. Cuando gobernaban exigían a los socialistas la adhesión inquebrantable a cualquiera de sus iniciativas en este campo. Ya fuera para reunirse en conversación con los etarras en Suiza, para dirigirse a la banda en términos de Movimiento de Liberación Nacional Vasco o para dictar la Ley de Partidos, pensada ad hoc con la finalidad de ilegalizar a Batasuna.

Ahora que gobiernan los socialistas, el PP se embandera en la intransigencia y en la sospecha. De forma que todas las afirmaciones del Gobierno de que sólo se va a tratar del abandono de la violencia sin pagar precio político alguno –ni sobre la territorialidad, ni sobre Navarra, ni sobre la autodeterminación–, se consideran endebles y ellos prefieren reiterar en términos de exigencias indeclinables cuanto el Gobierno tiene suscrito de antemano. Al mismo tiempo que azuzan al presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo para que lance sus huestes contra Zapatero. Otra cosa es que si ETA desistiera de la violencia terrorista muchas normas decaerían en su aplicación por falta de destinatarios. •