Javier de la Rosa y el Rey

  El juicio eterno de KIO, o al menos su cauce central, toca a su fin con la declaración del principal implicado, Javier de la Rosa. Es un proceso río, de aguas sucias, con afluentes y meandros que salpican hasta al lucero del alba. Se juzga la apropiación de 375 millones de euros, más de 62.000 millones de pesetas, de la agencia kuwaití, una parte de lo sustraído que los gestores del emirato cifran en 600 millones de euros, 100.000 millones de pesetas. El río se ramifica, pues el astuto catalán dedicó mucho dinero a blindarse políticamente y transfirió 75 millones de euros –más de 12.000 millones de pesetas– a Manuel Prado y Colón de Carvajal, amigo y  administrador privado del Rey, para que éste lo hiciera llegar al monarca.

Algunos meandros ya fueron juzgados, como la turbia operación de Urbanor/ Prima Inmobiliaria con las Torres KIO de la Plaza de Castilla de Madrid, con cuyas plusvalías reales y ficticias pudieron Los Albertos, los primos Alberto Cortina y Alberto Alcocer, hacerse con un paquete de Cartera Central, colaborando para que De la Rosa se hiciera con el banco de Escámez. Los Albertos, amigos íntimos del Rey, fueron condenados en sentencia firme por estafa a sus socios aunque los condenados no entraron en la cárcel en espera de una decisión del Tribunal Constitucional.

El pasado martes, Javier de la Rosa reiteró ante la Audiencia Nacional sus acusaciones. Con el dinero entregado pretendía que se autorizara a aviones estadounidenses el uso de la base de Rota para liberar Kuwait de la invasión iraquí así como apoyo diplomático para que Arabia Saudí autorizase el paso de soldados americanos para salvar a unas princesas kuwaitíes retenidas tras la invasión.

Es evidente que, con estas manifestaciones, el empresario catalán pretende difuminar la basura, pero ello no desarma la gran cuestión: ¿Existió tal basura? Manuel Prado negó inicialmente haber recibido tal suma pero después, ante los hechos apabullantes, tuvo que reconocerlo y dio sobre ello explicaciones peregrinas. Como consecuencia, fue condenado en sentencia firme. Su edad y un estado de salud precario lo hubieran podido librar de la prisión pero los jueces, con buen criterio, lo condicionaron a la devolución del dinero. Con un criterio igualmente razonable, Prado prefirió ingresar en la cárcel de Sevilla, a sabiendas de que apenas permanecería en ella unos días, como ocurrió. 75 millones de euros bien valen unos meses en prisión.

Lo que está en cuestión es si Prado, que recibió las transferencias del catalán en nombre del Rey, se lo transfirió a éste. El Rey es, según se establece en la Constitución, inviolable y “no está sujeto a responsabilidad”, que es la fórmula utilizada por los constituyentes para no calificarle de “irresponsable”. Sin embargo, el monarca tiene derecho a demostrar su inocencia sin que quede la más mínima duda sobre su honorabilidad y hasta ahora se le ha privado de tal derecho. Prado, como cuento en mi libro La soledad del Rey, correspondió a la ayuda del hombre de Torras-KIO que le había asociado en sus pelotazos propiciando contactos con el monarca a partir de que el escándalo estallara en 1991; primero fue una foto dedicada del Rey que impresionaba a los incautos; en junio de aquel año Prado le organizó un refrigerio con la Familia Real al completo. JR quiere demostrar que está bien protegido. De vuelta a Barcelona se encuentra en el aeropuerto con Miguel Roca, a quien invita a hacer el viaje en su avión privado. Tenía prisa en divulgar con quién había comido y lo cordialmente que habían conversado. Cuando, a finales de 1993, Prado intenta desmarcarse, ya es tarde.

Pero si la prensa no investigó las acusaciones contra el Rey –autocensura obliga– la justicia hizo lo mismo. Las denuncias de Javier de la Rosa exigían excitar su celo contra quien calumniaba al monarca asegurando que tenía cartas con membrete de la Casa de SM; que disponía de grabaciones en el hotel Claridge de Londres en las que Don Juan Carlos agradecía las aportaciones hechas a Prado; que podía presentar cartas de Prado quien, en nombre del Rey, agradecía el envío de 429 millones de dólares, etc. El fiscal general del Estado, Carlos Granados, trató de conjurar el escándalo asegurando que “el Rey era totalmente ajeno”, pero no estimó conveniente instar el procesamiento por calumnias. Una faena para el monarca, pues un juicio por calumnias hubiera permitido dejar libre de polvo y paja su buen nombre. Como en otras ocasiones se optó por movilizar al Cesid, que presionó sin éxito a Manuel Prado y Colón de Carvajal para que huyera de España. Pero Prado se sentía protegido.