Javier García , vocal por el PP de la gestora de Marbella

"EL AYUNTAMIENTO ESTÁ EN QUIEBRA TÉCNICA"

Javier García no se esperaba formar parte de la comisión gestora de Marbella. Salvador Guerrero era la persona elegida para ocupar el puesto. Sin embargo, su bufete representaba a varios imputados y el Partido Popular, que le había propuesto, le exigió que dimitiera. En su lugar llegó García, el director de un colegio. Ahora, la comisión va a pleno por semana, a marchas forzadas para normalizar una situación que duró más de quince años. Para García, lo que ha sucedido en Marbella ha sido como la obra de Gabriel García Márquez: "Crónica de una muerte anunciada". Por eso trabaja ahora en la regeneración política y social.

Por Luis Marchal

— ¿Considera que se tardó demasiado tiempo en que los partidos políticos negociasen los nombres de los integrantes de la comisión gestora?
— Marbella tenía que haber celebrado unas elecciones municipales. A nosotros no nos ha elegido la soberanía. Por tanto, no somos concejales. No podemos plantear un modelo de ciudad. No es que se haya tardado demasiado tiempo, es que la situación es novedosa, es la primera comisión gestora que se crea en España. Hubo que realizar un reglamento y valorar el perfil de la comisión. Esto es un experimento.

— Experimento al que usted llegó en sustitución del abogado Salvador Guerrero, al que no apoyó el PP tras haberlo propuesto.
— Ángeles Muñoz, presidenta del PP de Marbella, me hizo el ofrecimiento de participar como suplente como un gesto. Querían contar con personas solventes y de cierto prestigio profesional. Mi objetivo era trabajar en la sombra, pero los acontecimientos se precipitaron. Fue una sorpresa que Guerrero jurase el cargo por la mañana y que el PP le solicitara que dimitiese por la tarde.

— ¿Por qué razones le escogieron como vocal del Casco Antiguo y Urbanizaciones?
— Por estar al margen de la vida municipal y haber estado gestionando un centro educativo durante más de diecinueve años, el colegio Monseñor Rodrigo. Consideraron que no podía ser tachado de vinculaciones con el antiguo equipo consistorial.

— Rafael Duarte, vocal de Urbanismo a propuesta del PSOE, fue asesor del ex alcalde de Manilva, imputado en el caso Ballena Blanca. ¿Tendría que haber dimitido?
— No entraré en ese tipo de valoraciones porque pertenezco a la comisión. Dieciséis personas estamos trabajando de forma honesta y con mucho sacrificio. Me debo a la ética personal y al respeto a mis compañeros. No habrá declaraciones en contra de otros vocales o del presidente de ninguno de nosotros.

— Hablando de ética, se les ha criticado fuertemente por fijarse un sueldo de 4.975 euros brutos al mes para los distintos vocales y de 5.975 para Diego Martín Reyes, presidente de la gestora.
— La Diputación Provincial de Málaga, en un principio, dijo que íbamos a cobrar 2.000 euros más 800 de gratificación. De ahí viene la polémica. Se han valorado criterios objetivos: tenemos una categoría de técnico superior. El sueldo es el correspondiente a dicha categoría y sin dietas. No es excesivo dado el servicio que tenemos que hacer durante un año. Estamos trabajando día y noche, regularizar la vida municipal es una carrera contrarreloj. Ningún miembro de la gestora está por dinero.

— Pero se han cuantificado los gastos del Ayuntamiento en diez millones de euros al mes y los ingresos, en la mitad; faltan cinco.
— Lo que es cierto es que tenemos que vivir. Nuestra calidad de vida se verá mermada. No obstante, contamos con reducir otras partidas presupuestarias y conseguir ayudas económicas de las instituciones autonómicas y estatales.

— ¿Llegarán?
— Esperemos que sí, por el bien de Marbella. Sin ellas, la gestora no va a ninguna parte. Los trabajadores municipales están realizando un esfuerzo, pero no podemos reflotar el municipio sin los medios económicos. A las instituciones hay que transmitirles la pregunta de cuándo llegarán. La situación económica es de quiebra técnica, con un gran saldo deudor.

—¿Qué conclusiones ha sacado desde que pertenece a la gestora?
— Es distinto a lo que se veía desde fuera. Es un momento histórico. Tenemos una gran responsabilidad y nos tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones.

—Les presionan los partidos políticos que les han propuesto para tomar esas decisiones?
— Los seis vocales propuestos por el PP mantenemos reuniones con el partido, aunque no hemos recibido presiones. Es cierto que hacen declaraciones a los medios, pero no nos presionan. Esperemos que no se produzcan. Nuestro principio es trabajar por el bien de la ciudadanía, para la regeneración democrática y el imperio de un Estado de Derecho.

— Algunas serán decisiones impopulares.
— Por ejemplo, están los temas de los promotores por un lado o los expedientes de regulación de empleo por otro. Las decisiones las tomamos por unanimidad, independientemente de nuestros criterios ideológicos. Eso nos respalda.

— ¿Ha sido duro cerrar el periódico La Tribuna y Radio Televisión Marbella, ambos municipales?
— Sí. Hay un Consejo de Administración que se llama Difusión y Comunicación 2.000 en el que estamos seis miembros de la gestora. Hemos valorado unos criterios de viabilidad económica. Hay una serie de servicios públicos que se han de atender y unos medios de comunicación no son prioritarios en este momento. La otra parte es la más complicada: la de los trabajadores. Queremos respetar sus derechos. Se ha planteado
un expediente de regulación de empleo. Aunque ya no se emita ni se publique, la empresa sigue abierta y los trabajadores acudirán a su puesto de trabajo hasta que el ERE se ejecute. Afecta a cerca de cien personas, no significa el despido de todos los trabajadores, puesto que algunos podrán ser trasladados a otras áreas.

— ¿Cuánto dinero se ahorra el Ayuntamiento con esta medida?
— No hay una cifra cerrada, dar un número podría ser inexacto. Es un enorme gasto porque estos medios no se financian con publicidad. El equipo de gobierno que llegue tras las elecciones tendrá que decidir si están interesados en tener unos medios de comunicación municipales. Nosotros no estamos legitimados.

— Se ha criticado el cierre brusco de las emisiones y publicaciones.
— No queríamos encontrarnos con una situación desagradable. Han sido unos medios propagandísticos del anterior consistorio, una correa de transmisión de una forma de gobernar. Hay que dar paso a una nueva etapa donde los medios de comunicación sean independientes.

— Otra medida tomada es la de paralizar las nuevas construcciones que no se ajustan al Plan General Urbanístico.
—No estamos paralizando, simplemente damos cumplimento a sentencias judiciales firmes. Eso genera cierta alarma social, están los intereses de los promotores y de todas aquellas personas que han comprado de buena fe. Lo que sí que nos gustaría es que las competencias urbanísticas se quedasen en Marbella. Los criterios de la gestora, consensuada y nombrada por las cuatro formaciones políticas principales a nivel autonómico, están dentro de la legalidad, por lo que ahora mismo no hay elementos para retirar al Ayuntamiento estas competencias.

— ¿Cuáles serán los siguientes pasos más urgentes que debe tomar la gestora?
— Lo primero es volver a poner en marcha la maquinaria municipal. La situación de deterioro político era enorme, el Ayuntamiento funcionaba al impulso de los funcionarios. El segundo objetivo es reflotar económicamente el consistorio, aumentando los ingresos y disminuyendo los gastos con un plan de viabilidad económica. Con unos servicios públicos básicos y austeros. Carlos Rubio, vocal de Economía y Hacienda, está trabajando en ese plan de viabilidad junto al Patronato Provincial de Recaudación y a Hacienda. También está renegociando la deuda con la Seguridad Social. De la misma forma, sería esencial que se desbloqueara la deuda histórica de cien millones de euros con la Junta de Andalucía. Otro objetivo es la optimización de los recursos humanos.

— Y está la recuperación de la confianza de los ciudadanos de Marbella en las personas que gobiernan la ciudad.
— Personalmente creo que es muy importante, que vean que todas nuestras decisiones no tienen nada que ver con los últimos 15 años. La ciudadanía tiene que recuperar la autoestima, estamos machacados por todos los escándalos. Es fundamental la regeneración política, pero también social.

— ¿Intentarán que se devuelva el dinero y los bienes robados a las arcas municipales en la trama urbanística?
— Es un clamor popular entre la ciudadanía. Es nuestra intención y es lo que solicitamos. No obstante, esas decisiones corresponden a las instituciones judiciales y tardarán tiempo en llegar. Ha habido un mal precedente con los caballos. Se reclamaron para que se quedasen en Marbella y, en principio, han pasado a pertenecer a la Policía Nacional. Algo que no revierte en las arcas municipales.

— A raíz de la Operación Malaya también ha sido destituido el jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.
— Se le ha cesado porque hay un proceso judicial abierto. Esta acusado de un supuesto delito de omisión del deber de perseguir un delito, de encubrimiento, de tráfico de influencias y tres de tenencia ilícita de armas. Está la presunción de inocencia, pero se ha considerado que la mejor decisión era apartarlo de sus funciones.

—¿Habrá más decisiones de este tipo?
—No lo sé. Vamos día a día. Son muchos los fuegos que estamos apagando. No sabemos qué rumbo van a tomas las investigaciones policiales y judiciales. En base a esos procesos, la gestora también tendrá que tomar decisiones.

—Respecto al pasado, ¿qué opinión le merece el hecho de que Julián Muñoz haya eludido la cárcel mientras se resuelve su petición de indulto?
— Creo en la división de poderes y son los jueces los que tienen que decidir. No me gustaría caer en opinar durante este año. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar. Los ciudadanos sí que pueden hacerlo libremente.

— Por tanto, tampoco hablamos de Marisol Yagüe, ex alcaldesa, y García Marcos, ex primer teniente de alcalde.
— Son personas imputadas y privadas de libertad. Hay que dejar trabajar a los jueces y respetar a las personas y a sus familias.