Evo Morales comienza la anunciada nacionalización de los recursos de su país

BOLIVIA SE PLANTA

Constituyó una de las banderas principales de su programa electoral, y durante su gira mundial, nada más tomar posesión como nuevo presidente de Bolivia, el máximo dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, explicó a sus anfitriones que llevaría a cabo la nacionalización del gas boliviano. A pesar de lo conocido de sus intenciones, y de tratarse del cumplimiento de una promesa electoral, las reacciones ante la decisión gubernamental no se han hecho esperar. Portavoces de las compañías privadas y de diversos gobiernos –entre ellos, el de España– han mostrado su “profunda preocupación” por el futuro de las empresas explotadoras multinacionales afincadas en el país andino. Pese a ello, Morales ha insistido en que “sólo negociará con gobiernos, nunca con las compañías”, las condiciones de futuro para estas firmas. Además, ha reafirmado su intención de nacionalizar la totalidad de los recursos naturales de su Estado.

Por P. A. N.

Falta mucho por hacer …mañana, pasado, será la minería, será lo forestal, serán todos los recursos naturales”. Con esta rotundidad se expresaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, el mismo día, a principios de este mes, en que anunciaba la decisión de su Gabinete de nacionalizar los recursos gasísticos del país, hasta el momento, mayoritariamente explotados por compañías multinacionales extranjeras.

Para escenificar la firmeza y la determinación de su Gobierno, enviaba efectivos armados a tomar el control de las instalaciones, y él, en persona, dirigía una de estas operaciones, al tiempo que se dictaba una orden de militarización de los campos de petróleo y gas. A partir de ahora, el Estado boliviano toma el control de cinco compañías transnacionales que operan en su territorio desde hace años. La empresa pública Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será la depositaria de todo el petróleo y el gas extraídos. Como contrapartida, las multinacionales recibirán el 50 por ciento del valor de la producción, aunque en los dos mayores campos gasíferos, el de Sábalo, hasta ahora explotado por la española Repsol-YPF, y el de San Alberto, adjudicado a la brasileña Petrobrás, el retorno a las empresas privadas será del 18 por ciento.

El Gobierno boliviano ha dado un plazo de seis meses a las empresas extranjeras con presencia en su suelo para llegar a un acuerdo definitivo, o bien, para abandonar su actividad económica en el país. Recientemente, el presidente Morales se reunía con sus homólogos de Brasil, Venezuela y Argentina para explicarles en profundidad los cambios y nuevas condiciones. Tras ese encuentro todos han expresado su intención de mantener el diálogo abierto y su disposición a negociar los términos de participación en la nueva situación. Bolivia, además, ofrecía garantías de mantener los actuales niveles de abastecimiento. El Gobierno español, que ya ha expresado su “profunda preocupación” por los acontecimientos, sostenía, sin embargo, que los niveles de ayuda económica al Estado andino se mantendrían en los mismos niveles que en la actualidad, mientras que Evo Morales expresaba su determinación de entrevistarse con José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechando la celebración de la Cumbre entre la Unión Europea y América Latina que se celebró en Viena el pasado fin de semana –aunque no existía comprobación de este encuentro al cierre de esta edición-, para explicarle los términos de la nueva situación.

En ese sentido, el máximo mandatario boliviano insistía a finales de la pasada semana en que no estaba dispuesto a ningún tipo de negociación con las compañías multinacionales afectadas por la decisión gubernamental, sino que las relaciones serían siempre de Gobierno a Gobierno.

La nacionalización del gas y de los recursos naturales fue una de las principales promesas electorales del entonces candidato Evo Morales. Tras su triunfo en las urnas, muchos analistas pronosticaban que no dispondría de demasiado tiempo ni margen en una nación muy empobrecida y necesitada de un crecimiento económico sostenido y una distribución más justa de la riqueza. Si su Gobierno no conseguía transformaciones visibles en el terreno económico y en el social, su crédito  se extinguiría. Sin embargo, todo indica que Morales tenía bien aprendida esta lección.

Pero no es la primera ocasión en que el Estado boliviano nacionaliza sus recursos. Ya sucedió en 1930 cuando se nacionalizó toda la industria de hidrocarburos que, entonces estaba en manos, casi en su totalidad, de la multinacional estadounidense Standard Oil. Casi 40 años después, en 1969, se produjo una nacionalización muy similar, aunque la empresa –también norteamericana- que explotaba de forma muy mayoritaria estos recursos era Gulf.

En los años noventa, con el Gobierno presidido por Gonzalo Sánchez de Lozada se iniciaba un proceso en sentido contrario. Mediante unos decretos se privatizaba buena parte de las empresas dedicadas a la explotación, al transporte y a las prospecciones, mediante la creación de unas empresas mixtas, en el que el 50 por ciento de las acciones pertenecían a compañías multinacionales, y la otra mitad a ciudadanos –que no al Estado- bolivianos que, además no estaban representados directamente en los consejos de administración, sino a través de empresas administradoras de fondos de pensiones. Tras un segundo Gobierno de Sánchez de Losada, la profunda crisis política daba paso a un Gabinete encabezado por Carlos Mesa y, finalmente llegaba el aplastante triunfo electoral de Evo Morales por mayoría absoluta de los votos.

La nacionalización emprendida ahora por el nuevo Ejecutivo se diferencia en varios aspectos de las anteriores a lo largo del siglo XX. El nuevo plan contempla que las compañías transnacionales deben entregar toda su producción de gas y petróleo a la empresa estatal YPFB. Ésta también va a hacerse cargo, a partir de ahora, de todo el proceso de comercialización, incluida la política de precios, la fijación de los volúmenes, los precios para el consumo interno y lo relacionado con las industrias afines o relacionadas de refino y transformación.

Los expertos gubernamentales analizan que con este nuevo sistema, solamente este año, el Estado ingresará 780 millones de dólares más de lo previsto. Las nuevas normas establecen que el Estado ingrese el 82 por ciento de los beneficios de la producción en las cuencas gasísticas en las que se extraiga un volumen superior a 30 millones de metros cúbicos diarios de gas, y un 50 por ciento en aquellos campos de producción inferior. Además, la empresa estatal YPFB se hace, al menos, con el 50 por ciento de las acciones de las empresas mixtas.

Además de las conocidas protestas de algunos gobiernos y, por supuesto, de las compañías afectadas directamente, también se han producido reacciones negativas en el ámbito financiero internacional. Una de las más significativas ha sido la expresada por la firma de investigación financiera en Wall Street, Credit Sights. Para sus analistas, “el ejemplo que Morales está dando podría ser muy peligroso si es exitoso en el corto plazo”, aunque apostillan que a plazos más amplios, la medida no reactivará la economía del país, aunque prosiguen en su análisis explicando que si “en el corto plazo logra nacionalizar un activo que tiene un gran valor, y luego convertirlo en un valor de redistribución, esencialmente haciéndose cargo de Petrobras e YPF y hacerlo llegar a su base política, eso sería un ejemplo difícil de resistir para otros países latinoamericanos”. A este respecto, en la mente de todos está la inminente segunda vuelta de las elecciones en Perú, donde el candidato más votado en la primera ronda, Ollanta Humala, también ha incorporado a su programa electoral la nacionalización de los recursos naturales de su país.

Sin embargo, la importancia de Bolivia por sí misma, más allá de hipotéticos efectos dominó aún no acontecidos, es suficiente como para que las decisiones gubernamentales recientes llenen de preocupación a las compañías transnacionales y buena parte de los inversores internacionales. La nación andina posee en estos momentos la segunda mayor reserva –hasta ahora descubierta- de gas en la Región, además de un sinfín de recursos naturales más (minería, petróleo, agua), y se constituye en pieza fundamental para el abastecimiento a los países de América Latina. Por no hacer referencia a su importancia geoestratégica, lo que a lo largo de los años convirtió al segundo país más pobre del Continente –sólo por encima de Haití- en objetivo central de la estrategia norteamericana de contención. En todos los planes gubernamentales y de la Inteligencia estadounidenses entre 1941 y 1952 (que se conocen por los límites temporales de la Ley de Secretos Oficiales), hoy se sabe que los sucesivos gobiernos de Washington siempre consideraron a Bolivia como una pieza determinante en el control de los recursos de América Latina y una de las principales claves de desestabilización de toda la Región. Desde la revolución emprendida en 1952, posteriormente aplastada con impagable ayuda exterior, la historia boliviana ha estado plagada de dictaduras militares y gobiernos títere que han permitido una relajación suficiente de sus normas para permitir las operaciones de multitud de transnacionales y la explotación de sus vastos recursos.

Pese a esa riqueza, de sus escasos 7,2 millones de habitantes, seis de ellos viven en la más absoluta pobreza. Además, desde el estallido de la profunda crisis que puso fin al segundo Gobierno de Sánchez de Lozada y al breve Gabinete de Carlos Mesa, una nueva amenaza en forma de balcanización se cierne sobre el país. En el departamento de Santa Cruz, el más rico del Estado y donde se concentra la mayor parte de los recursos, se ha fraguado un movimiento secesionista que presiona al Gobierno central para la promulgación de un laxo estatuto de autonomía, como paso previo a una secesión jaleada por los sectores más conservadores y pudientes del país.

Tras las medidas nacionalizadoras, a expensas de la definitiva reacción internacional y de los resultados de las negociaciones sobre la decisión final de las empresas, el Gobierno venezolano se ha mostrado dispuesto a incrementar la colaboración económica y técnica con Bolivia para optimizar la explotación de sus recursos, así como a la firma de acuerdos a través de la empresa pública de la energía venezolana, para proseguir con las prospecciones en busca de nuevos yacimientos y para la transformación e industrialización del gas y el petróleo boliviano.

La cercanía ideológica de Evo Morales a Hugo Chávez y su identificación con el ideario socialista representado por Fidel Castro, ha provocado que desde determinadas instancias políticas y mediáticas se hable de un eje Cuba-Venezuela –Bolivia, al que en breve, en caso de que se confirmen los pronósticos electorales, podría sumarse Nicaragua tras sus próximas elecciones, si finalmente el sandinista Daniel Ortega resultase vencedor.

Bolivia está incluida en el grupo de los 18 países más pobres del planeta y, en principio, incluida en un plan general del G-8 para la condonación de su deuda. Esto podría verse truncado si los países de bandera de las transnacionales radicadas en Bolivia iniciasen una andadura por los tribunales internacionales –como algunos ya han anunciado, y como pide fervorosamente la oposición del PP que haga el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero-. Un camino de confrontación con cierto aire “preventivo” que, sin duda dificultará, tanto el progreso de Bolivia como nación, como las posibilidades de operación de estas compañías en su territorio.

Pero lo que debería llamar a la reflexión es el hecho de que uno de los Estados más ricos del mundo en recursos naturales, y con una población relativamente baja, tenga al 85 por ciento de su habitantes en niveles por debajo del umbral de la pobreza y que engrose el triste ranking de los “Top 18” de la miseria.

Multinacionales de bandera española ‘copan’ América Latina

Las políticas de privatizaciones sistemáticas de los servicios públicos, emprendidas por buena parte de los gobiernos latinoamericanos en la década de los noventa, se convirtieron en la puerta de entrada ideal para las políticas de expansión comercial diseñadas por numerosas compañías de bandera española –muchas de ellas, recientemente privatizadas, a su vez, en nuestro país-.

Si en 1996 la inversión de empresas de bandera española América Latina se situaba en casi el 27 por ciento del total de inversiones españolas en otros países. Un año después, ese porcentaje ascendía al 37,25. el gran salto cualitativo se produce en 1998, cuando las inversiones de capital bajo bandera española casi se duplican, alcanzando el 66,60 por ciento de todas las inversiones nacionales en el extranjero. España pasaba a convertirse en el primer inversor mundial en el continente, desplazando de esta posición hegemónica a las empresas norteamericanas.

En 1999, el conjunto de los países de Latinoamérica recibían una inversión extranjera cercana a los 70.000 millones de dólares. De ellos, casi la mitad –el 49 por ciento- procedía de empresas con domicilio fiscal en territorio español. Mientras que las inversiones de compañías estadounidenses representaban el 31 por ciento. Las firmas procedentes del conjunto de los otros países de la Unión Europea aportaban un 17 por ciento. A lo largo de toda la década de los noventa, el total invertido por empresas ubicadas en España ascendió a algo más de 90.000 millones de dólares.

Las empresas españolas, a diferencia de las norteamericanas que llevaban muchos más años en la Región, dedicadas a la producción de bienes de mercado, se han especializado, casi en exclusiva, en la prestación de servicios públicos que antes ofrecían los Estados.

Telefónica, participada mayoritariamente por La Caixa y el BBVA, está implantada en 16 países y tiene más de 90 millones de clientes y casi 160.000 empleados. En América Latina sus operaciones se centran en Argentina, Brasil, chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Mantiene prácticamente la totalidad del negocio de las telecomunicaciones en Argentina y Perú, casi el 90 por ciento en Brasil y el 50 por ciento en Chile.

Repsol-YPF es la mayor compañía privada dedicada a la energía de toda Latinoamérica. Con 30.000 trabajadores, opera en 28 países y produce un volumen de 1,1 millones de barriles/día, con una reserva estimada de 5.000 millones de barriles.

Endesa se encarga del suministro de electricidad y gas a más de 22 millones de clientes. Con 30.000 trabajadores, y participada mayoritariamente por Caja Madrid y Chase International posee numerosas filiales, como Enersis, Endesa-Chile, Chilectra, Edesur, Costanera, El Chocón, Dock Sud, Cien, Ampla Coelce, Endesa Fortaleza, Emgesa, Codensa, Edegel o Edelnor, que operan en Chile, Argentina, Brasil, colombia y Perú.

En cuanto a la banca, el BSCH y el BBVA mantienen una posición de absoluto dominio del mercado latinoamericano. El BBVA obtenía unos beneficios de 2.082 millones de euros en 2004, casi un 26 por ciento más que en el ejercicio de 2003. De ellos, 1.239 fueron conseguidos por las filiales en América Latina.

Hasta en prensa y comunicación existe una estrategia de despliegue de compañías españolas protagonizada, principalmente por el Grupo Prisa, que controla canales de televisión, emisoras de radio y publicaciones en varios países de la Región, como México, Argentina, Chile, Colombia y Bolivia, donde edita el principal diario, La Razón, y controla la cadena de televisión ATB

Sin embargo, esta masiva presencia de compañías de bandera española, en numerosas ocasiones ha ido acompañada de situaciones de tensión en los países donde han desarrollado su actividad.

Como recoge el Dossier ALPE, el Gobierno boliviano de Carlos Mesa denunció a Repsol-YPF, a través de su filial, Andina, por la mala gestión y la pérdida del contrato de exportación con Estados Unidos, al tiempo que imputaba a la compañía el haber vendido gas natural a Brasil a precios inferiores a los establecidos por el Ejecutivo boliviano. Tampoco han faltado imputaciones a estas empresas de bandera española de precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores, de conculcar derechos sindicales y de generar de hecho situaciones de monopolio, además de “aprovecharse” de la pésima situación económica de algunos países. Se cita el ejemplo de Repsol comprando la empresa argentina YPF, a cambio de bonos para reducir la deuda externa. Una vez adquirida, en 1999, en sólo un año mutiplicó por cuatro sus beneficios, llegando a los 1,150 millones de euros. El 66 por ciento de estas ganancias tuvieron su origen en operaciones desarrolladas por YPF. Precisamente Repsol, a finales de la pasada semana anunciaba su intención de recurrir a la Justicia Internacional si no se alcanzaba un acuerdo satisfactorio con el Gobierno boliviano tras la nacionalización del gas.

El indio que asusta al mundo

Hasta hace sólo unos años, este indio aymará, como su colega actual presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, era sólo un dirigente sindical, en su caso, del gremio de los cocaleros. De nombre completo Juan Evo Morales Aima, nació en 1959, en un poblado minero llamado Oruro. No tuvo una infancia ni una juventud fáciles. Cuatro de sus cinco hermanos murieron por causas muy relacionadas con la pobreza en la que vivían. Evo desempeñó numerosos oficios en los primeros años de su vida; pastoreó rebaños de ovejas, fabricó ladrillos, fue, eventualmente músico. Se las apañó para proseguir estudiando y consiguió terminar la educación secundaria.

A los 24 años, en 1983, se desplaza junto a toda su familia al departamento de Chaparé, área eminentemente agrícola entre selvas tropicales en las que el cultivo de coca, una tradición ancestral en la cultura boliviana, se encuentra muy extendido. Forma parte del sindicato de cultivadores y rápidamente se convierte en uno de su líderes más destacados, a pesar de la ilegalización de su organización por parte del Gobierno del dictador Hugo Bánzer. Más tarde obtiene un escaño en el Congreso, en 1997, por la circunscripción de Chacaré y Carrasco de Cochabamba, como integrante de la candidatura apoyada por los cocaleros. En estos comicios obtiene el mayor porcentaje alcanzado entre todos los parlamentarios electos, con un 70 por ciento de los votos.

En el año 2002 es acusado de haber participado en un levantamiento popular violento contra la erradicación de los cultivos de coca, en el que perdieron la vida ocho personas, cuatro agricultores y cuatro militares. Por ello se le retira el acta de diputado, aunque tras un recurso judicial, y demostrada su inocencia, la revocación de su condición de parlamentario es declarada inconstitucional.

Fue también 2002 el primer año en que Morales presentó por primera vez su candidatura a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS). En las elecciones del 27 de junio obtenía el segundo lugar, a muy poca distancia de Sánchez de Lozada, y ello, a pesar de la intromisión de Estados Unidos en el proceso electoral, a través de su embajador en La Paz, que advirtió de que caso de producirse una victoria del MAS, Washington suspendería toda la ayuda económica oficial que venía prestando.

En diciembre del año pasado, Evo Morales conseguía la victoria de modo rotundo, cosechando el 53,75 por ciento de los votos, y con ello lograba que un indígena consiguiera por primera vez en la historia de Bolivia investirse con la banda presidencial.

A su llegada al poder prometió cambios profundos en materia económica y social, y dejó ver con nitidez sus preferencias en la búsqueda de alianzas regionales, aunque ya se había expresado con claridad al respecto durante toda la campaña electoral. Antes incluso de tomar posesión de su cargo inició una gira mundial para explicar sus planes políticos, y para solicitar apoyos y ayudas. En un gesto claro, su primer destino fue La Habana, y la segunda etapa lo llevaba a Caracas. Sus preferencias regionales quedaban establecidas. El tercer destino fue nuestro país, donde explicó al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, los pormenores de sus acciones iniciales de gobierno y ya también informaba de sus planes de nacionalización del gas y de los demás recursos naturales de su nación. También en España se entrevistaba con el rey y una nutrida representación de empresarios nacionales, que escuchaban de primera mano las intenciones del nuevo Ejecutivo boliviano. No pudo encontrarse con la oposición, ya que Mariano Rajoy, anticipando la posición hostil que hoy sostiene, declinaba encontrarse con Morales. Bruselas, Pekín y Sudáfrica fueron los siguientes destinos antes de su retorno a La Paz, dejando una muy evidente declaración de intenciones de la línea de su política internacional.

La primera decisión a su llegada al Palacio presidencial fue la de rebajar su salario, el de los ministros y el de los altos funcionarios en un 50 por ciento. Recientemente ha promovido una subida del salario mínimo en un 18 por ciento, con el compromiso de sucesivos incrementos anuales, así como una ley que obliga a la realización de contratos controlados por el Departamento de Trabajo en toda relación laboral

Acaba de nacionalizar el gas y ha prometido que hará otro tanto con el resto de los recursos naturales. Este indio da miedo.

Javier Bernabé, presidente del IPPAI

“Estos gobiernos merecen la oportunidad que tuvieron sus antecesores”

Codirige el Curso de Especialista en Información Internacional y Países del Sur en la Universidad Complutense de Madrid, y desde hace cuatro años preside el Instituto de Periodismo Preventivo y Análisis Internacional, configurado por académicos y expertos en información mundial de varias naciones. Profundo conocedor de la problemática boliviana, defiende el derecho de cada Estado a desarrollar sus propias políticas y argumenta contra el alarmismo que se ha instalado en ciertos sectores tras el anuncio del presidente Evo Morales acerca de la nacionalización del gas boliviano.

—¿Qué consecuencias tendrán las nacionalizaciones anunciadas por Evo Morales?

—Parece que las consecuencias inmediatas han estado marcadas por la perplejidad de la comunidad internacional. En realidad lo que ha ocurrido es que el único país de la Región que no tenía nacionalizados los hidrocarburos estratégicos para su subsistencia, tanto por su posible venta como por su utilización nacional, ha comenzado un proceso de nacionalización. Esta medida puede llevar a Bolivia unos 250 millones de euros durante 2007, que van unidos a la crítica internacional por la falta de seguridad ante posibles inversiones futuras, dada la cambiante situación política. Las empresas multinacionales están estudiando la situación y decidirán durante los próximos seis meses si negocian o se van del país. Los créditos e inversiones internacionales han perdido confianza ante la situación, pero no hay que olvidarse de los apoyos de países amigos y vecinos, como Venezuela, que pueden significar oxígeno para el presidente Morales.

—¿Por qué cree que se ha producido tanto revuelo por esta medida?

—La sorpresa se ha producido porque parece que ya no creemos a los presidentes que cumplen lo que prometen en sus programas electorales. Evo Morales avisó de las nacionalizaciones en enero durante su visita a nuestro país, dijo que no expropiaría, pero que sí nacionalizaría. Creo que el revuelo se debe a la posible pérdida de beneficios de las grandes multinacionales energéticas que operan en Bolivia desde hace años, obteniendo muchos más beneficios en este país andino que en otros donde hacen el mismo trabajo. Políticamente se está defendiendo a estas empresas como si fueran pilares fundamentales de los pueblos de los Estados a los que pertenecen, cosa que dista mucho de la realidad. Sólo por poner el ejemplo de Repsol YPF, evidentemente tiene que defender sus intereses, mantener los puestos de trabajo de sus empleados e intentar obtener ganancias; pero hay que contabilizar lo más precisamente posible si lo que aporta a España esta multinacional es equivalente a la reacción mayoritaria española, de estupor, susto y rechazo frontal, sin mayor conocimiento, a la medida boliviana.

—¿Existe un diseño político-económico de mayor envergadura a través de estas nacionalizaciones?

—Hay una intención de apropiarse de los beneficios económicos de los hidrocarburos para el avance de Bolivia, como primera acción. Después debería llegar un trabajo, difícil, ya que hasta ahora no se ha llevado a cabo con éxito, de distribución de esos beneficios de una manera equitativa para la mejora de las condiciones de vida del pueblo boliviano. Pero evidentemente los intereses de países cercanos, como Venezuela, también marcan que ese diseño político-económico sea lo más regional posible, buscando una independencia energética, unida a una mayor independencia política.

—¿Considera que se está creando un nuevo eje político en América Latina entre Venezuela, Cuba y Bolivia, al que podrían sumarse en un futuro otras naciones?

—Muchos en estos días se aventuran a calificar a estos gobernantes como populistas. Habría que comenzar a definir populismo de una manera precisa y ver si los gobiernos que ahora son acusados con este adjetivo logran disminuir las condiciones de pobreza, extrema pobreza de sus países, reto fundamental de todos ellos; creo que como poco se merecen la oportunidad que tuvieron sus predecesores. Se están formando alianzas entre Estados con intereses comunes que no eran imaginables hace unos años. Se luchó mucho por que en estos países hubiera procesos electorales limpios, avalados por la comunidad internacional; se produjeron estos procesos, que no han gustado a parte de dicha comunidad internacional, a pesar de haberlos avalado. Estamos viviendo una situación de cambio en gran parte del continente americano, esto sorprende y asusta, pero creo que dista mucho de una conspiración socialista-comunista, como tristemente y simplificando de una manera muy burda, se está intentando explicar desde muchas partes.

—¿Qué diferencias existen entre estos Gobiernos y otros, también considerados de izquierdas en toda Latinoamérica?

—Otros gobiernos, como el chileno o el brasileño, se están poniendo de ejemplo de una izquierda moderna y civilizada. Cada país tiene que vivir sus procesos sociales, políticos, poblacionales y económicos, y hacer comparaciones aventuradas creo que es muy atrevido. Bolivia está eligiendo un camino que es completamente legítimo, ya que soberanamente pueden tomar las decisiones que estimen oportunas, exactamente igual que Chile o los demás países. Pero las diferencias que me preguntaba, que más se están resaltando, radican, entre otras, en el cumplimiento a rajatabla de las normas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial o no; en el trato y relación que se tiene con Estados Unidos y la Unión Europea; también en el discurso y la puesta en escena de los presidentes, que desgraciadamente es lo que más destacan los medios de comunicación de todo el mundo, sin profundizar demasiado en el asunto.