Las grandes reformas sociales, las que forman parte del programa electoral del PSOE y también del ideario del partido, han sido los proyectos estrella de los dos primeros años de Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La vocación de servicio público comparte la misma raíz programática e ideológica, y aunque no tiene el mismo eco mediático, también se está plasmando en nuevas disposiciones legislativas.

En España existen 2,4 millones de funcionarios y todos los ciudadanos acaban realizando algún trámite con el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. A pesar de ello, de su notable peso en la sociedad, la Administración pública no acapara titulares ni suscita encendidos debates políticos. Los sucesivos gobiernos democráticos, después de que se sentaran las bases del modelo todavía vigente, tampoco han prestado especial atención a este asunto, al que han dado una importancia si acaso subsidiaria ocupándose de poco más que de mantener en pie su engranaje. Los réditos políticos que pueda reportar una reforma en la actividad funcionarial apenas son perceptibles y, si acaso, puede provocar una indeseable polémica, como cuando el primer Gobierno de Felipe González estableció un severo control del empleado público. Así las cosas, no es extraño que pocos españoles sean capaces de recordar el nombre de los sucesivos ministros del ramo, que parecen haber pasado de puntillas por el cargo posponiendo una modernización de la función pública que nunca acababa de cuajar porque sus buenas intenciones no venían respaldadas por el presupuesto.

Ante semejante panorama, llama la atención la excepcionalidad de lo que se viene gestando desde hace ya algún tiempo y que está empezando a extenderse por la maraña de oficinas y edificios oficiales del Estado que entretejen la Administración pública. Y es que a pesar de lo mucho que hay por hacer y de lo ingrato de la tarea, el ministro Jordi Sevilla, funcionario de carrera, se ha propuesto cambiar la percepción que los ciudadanos tienen del servicio público modificándolo de abajo a arriba.

En una legislatura como ésta, donde las reformas estatutarias forman parte del eje central de la tarea de Gobierno, el titular de Administraciones Públicas podría haber sido un ministro político de primer orden. Pero su posición reticente al Estatuto catalán ha provocado que haya sido Moncloa la protagonista de los hitos fundamentales de su departamento. Así las cosas, se ha volcado en otra de las patas de su cartera: la Administración pública. Para empezar, ha puesto en marcha asuntos pendientes desde hace largo tiempo: la Ley de Capitalidad de Madrid y la Carta de Barcelona. Y de las iniciativas legislativas concretas, ha pasado a los asuntos que atañen a la totalidad del Estado.

Hasta ahora, su proyecto estrella es el Plan Concilia. En línea con la política de igualdad del Gobierno, ofrece varias soluciones con las que compatibilizar la vida laboral y familiar de los empleados públicos, como el permiso de paternidad de diez días independiente del de la madre o la jornada laboral que no podrá prolongarse más allá de las seis de la tarde.

Pero a pesar de su notoriedad, no ha sido ésta su primera modificación del servicio público. En el Consejo de Ministros del 18 de febrero de 2005 se introdujo el primer cambio normativo surgido del departamento de Jordi Sevilla. Se trata del Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado. Conocido por haber eliminado el tratamiento de ilustrísimo/a y sustituirlo por el más popular señor/a para los ministros, introduce toda una serie de principios éticos y de conducta que deben ser sometidos a evaluaciones periódicas.

De forma paralela se presentó el proyecto de Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado, aprobada el pasado 11 de abril y cuya entrada en vigor tuvo lugar el 5 de mayo. Tres son sus principales modificaciones: se crea por primera vez sistema con el que sancionar, con la cuantía y el procedimiento determinados, a los altos cargos que hayan incurrido en una incompatibilidad; se endurece el sistema de incompatibilidades del alto cargo que el ámbito de la actuación pública; y se publicita, además de su patrimonio, sus actividades.

Críticas. Pero existe otra que afectará al más honrado, y es que ninguno de ellos podrá percibir remuneración alguna por pertenecer a los consejos de administración de las empresas o entidades con capital o derecho público. Altos cargos nombrados por el PSOE consultados por El Siglo ya han manifestado su malestar ante esta medida. Esta retribución siempre se ha considerado una compensación económica para aquellas personas de alto nivel profesional que en el sector privado ganarían unos sueldos considerablemente mejores que los que perciben en razón del puesto. Una garantía para que el Estado pudiera contar con gente preparada. Pero la desaparición de estas remuneraciones no será tan drástica. El ministro Jordi Sevilla, en la entrevista que aparece a continuación, asegura que “vamos a complementar, a través de la productividad, las liquidaciones que dejen de percibir estos altos cargos en concepto de dietas”.

Otro asunto que ha provocado cierto desconcierto es la imposibilidad, recogida en el Código de Buena Conducta, de “realizar uso impropio” de los bienes y servicios públicos. Dicen los altos cargos consultados que impedir el uso del correo electrónico del trabajo o del coche oficial para un asunto privado, de forma ocasional e incluso necesaria en determinadas ocasiones –acudir por ejemplo a una cita médica con rapidez para regresar pronto al trabajo–, puede dar pábulo a la oposición gracias a una restricción que consideran desmedida, pero el código impulsado por el departamento de Sevilla se ha propuesto asumir el riesgo para reforzar la imagen de los altos cargos. Por cierto que en el capítulo de quejas de este personal de alto nivel, los hay también que lamentan que algunas consecuencias del Plan Concilia no sean válidas para ellos; dicen que aquello de salir a las seis de la tarde no sirve para quienes como ellos deben responder al horario intensivo de los miembros del gabinete Zapatero. El propio Sevilla reconoce en la entrevista que su cumplimiento “todavía es mejorable en los niveles altos de la Administración. Incluidos los ministros”.

Medidas en marcha. Las medidas legislativas y reglamentos impulsados bajo la dirección de Jordi Sevilla responden a tres parámetros: organización, funcionamiento y personal. La Ley de Agencias Públicas, que en estos momentos se encuentra en el Senado, responde al primero de ellos. Las futuras agencias del BOE, de Inmigración, de Cooperación Internacional o de Investigación tendrán ingresos propios, mientras que el director de cada una de ellas controlará a su personal. Por otra parte, los ciudadanos tendrán mayor conciencia del organismo que les presta determinado servicio, sabiendo a quién reclamar y pedir resultados. La primera agencia, que está a punto de constituirse –entrará en vigor antes del verano–, será la de Evaluación de la Política Pública y Calidad de los Servicios. Por primera vez, y para incentivar la eficacia, se vinculará la posibilidad de que el buen funcionamiento de un órgano administrativo tenga consecuencias positivas sobre las retribuciones de los funcionarios de ese departamento.

Las oficinas de atención personalizada 060 –a medio camino entre los parámetros de organización y funcionamiento– permitirán solucionar los problemas de los ciudadanos con cualquiera de las tres Administraciones públicas en una sola oficina, con la que se puede contactar de forma presencial, por teléfono o a través de internet. Durante la celebración en Sevilla de las IX Jornadas del TECNIMAP (Tecnologías de la Información para la Modernización de las Administraciones Públicas), previstas para finales de mayo y principios de junio, el servicio quedará inaugurado con una primera experiencia piloto. Cinco procedimientos de la Junta de Andalucía, cinco del Estado y cinco del Ayuntamiento serán gestionados por los mismos funcionarios públicos. En cualquier caso, para la puesta en marcha de este proyecto será necesario el cambio legislativo y el acuerdo de las Comunidades Autónomas.

El Estatuto del Funcionario. En cuestión de personal, existe un plan de formación aplicable a la práctica totalidad de los funcionarios, donde destacan especialmente los cursos en materia informática.

Pero sin duda la gran apuesta de Jordi Sevilla es el Estatuto del Empleado Público, que modificará la ley 30/84 para la reforma de la función pública todavía en vigor. De igual aplicación a los funcionarios y a empleados con contrato laboral, ya va por su segunda versión oficial, a la espera de continuar la negociación con Comunidades Autónomas, corporaciones locales, sindicatos, y partidos políticos. El texto contendrá los principios esenciales de la función pública y el empleo público, pero no agota toda la capacidad normativa, que corresponderá acabar de desarrollar a las Comunidades. Este es precisamente el motivo de desencuentro con el PP, que considera que habrá 17 funciones públicas distintas. El principal partido de la oposición dice además que contempla principios demasiado amplios y que hace falta más concreción. Mientras, desde Administraciones Públicas alegan que la mayoría de los funcionarios no son del Estado –el 22,5%, frente al 49,81% de las Comunidades Autónomas y el 23,66% de las Corporaciones locales–, de modo que a los Gobiernos autonómicos les corresponde aprobar sus propias disposiciones dentro de las normas comunes que contendrá el Estatuto.

Una de sus innovaciones más reseñables será la evaluación del desempeño, negociada ya con los sindicatos. Durante la presentación del anteproyecto de ley, Sevilla dijo que haría desaparecer la presunción de estar obteniendo “un puesto para toda la vida”, y hubo quien interpretó en sus palabras la posibilidad del despido. Pero ese no será el caso. Si de la evaluación se desprende que el funcionario presenta un buen rendimiento, podrá mejorar en su carrera administrativa con mayores retribuciones vía complementos y a través de la promoción vertical y horizontal; ésta última posibilidad es novedosa y significa que el empleado público podrá ascender sin cambiar de un puesto de trabajo donde ha demostrado su eficacia. Si en cambio no supera las evaluaciones de forma sucesiva y reiterada, en el peor de los casos no ascenderá, tal vez no percibirá los mismos complementos, e incluso podrá ser trasladado a otro puesto de trabajo. Pero no será expulsado de la Administración.

Por otra parte, el Estatuto contempla la equiparación de las retribuciones básicas en todas las Administraciones –variarán los complementos–, la articulación de un sistema de acceso en función del mérito y la capacidad en todo el sector público –lo que incluye a las empresas o fundaciones dependientes por ejemplo de Ayuntamientos–, y la aprobación de un código de conducta de los funcionarios públicos –principios como la imposibilidad de utilizar los recursos “en provecho propio”, son equiparables a los de los altos cargos–.

La modernización también llegará a los procesos selectivos; ya no se exigirá tanto el conocimiento como las aptitudes de los candidatos a las oposiciones, de modo que se minimizarán los aspectos memorísticos y se valorará la exposición curricular, las pruebas prácticas o las entrevistas personales.

Entre los funcionarios hay división de opiniones sobre el futuro Estatuto. Algunos plantean objeciones sobre la posibilidad de cambiar de puesto, alertan incluso de la posible arbitrariedad del superior responsable de la evaluación del desempeño. Consideran además que cada departamento tiene sus propias reglas; en unos se valora el cumplimiento estricto del horario, en otros la productividad, y no todos se miden por el mismo rasero. Otros en cambio alertan de aquellos compañeros que cumplen a rajatabla los peores estereotipos que pesan sobre el funcionario y de la falta de instrumentos como el que ahora plantea el Estatuto para tratar de evitar su conducta. 

Tecnología. Los últimos gobiernos han coincidido en la necesidad de aplicar las nuevas tecnologías en la Administración General del Estado. Y aunque han existido planes voluntariosos, la falta de presupuesto ha impedido que la sociedad de la información acabara de arrancar en las ventanillas públicas. Aún no se puede hablar de un uso generalizado, pero Sevilla ya ha presentado toda una batería de iniciativas y proyectos tangibles. Lo más ambicioso, la futura ley de Administración electrónica, que entre otras cosas contemplará un registro telemático único y el ya aprobado DNI electrónico –puesto en marcha en colaboración con el Ministerio del Interior–, y el S. A. R. A. (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), una infraestructura tecnológica con capacidad potencial de 1.200 servidores con una librería cuya capacidad de almacenamiento es de seis terabytes. La puesta en marcha del S. A. R. A. y del DNI electrónico permite al ciudadano, entre otras cosas, inscribirse en una oposición, abonar tasas, operar con valores del Tesoro o solicitar subvenciones. También destacan planes como el Conecta, el Avanza y en el Consejo de Ministros del 28 de abril se aprobaron dos reales decretos; la supresión de la fotocopia del DNI y la de los certificados de empadronamiento, que los funcionarios podrán descargar de sendas bases de datos. El desarrollo tecnológico no plantea objeciones entre los funcionarios, aunque su implantación definitiva no será sencilla. Durante los últimos años, y debido al control del gasto público, no ha habido oposiciones de gran entidad. Esto ha provocado que las plantillas hayan envejecido y dicen algunos empleados públicos que “eso se nota” a la hora de acceder a las nuevas tecnologías.

Transcurridos más de 20 años desde que se articulara el actual modelo de la función pública y después de que la Administración fuera la maría de los sucesivos gobiernos, Jordi Sevilla dice estar satisfecho de todos estos proyectos. Y todavía dice que aún le queda mucho por hacer en lo que queda de legislatura.

 

Las mujeres son mayoría...
 hasta que llegan los ascensos

 

A día de hoy, las mujeres son ya algo más de la mitad de los empleados públicos, un 50,31%. Sin embargo, a medida que se asciende de nivel, el porcentaje de funcionarias va disminuyendo, una circunstancia que el Plan Concilia o la futura Ley de Igualdad están tratando de corregir. A continuación mostramos los datos del personal de carrera según el grupo de pertenencia, donde en cualquier caso se evidencia que la progresión de mujeres va en aumento.

 De los ‘moscosos’ a los ‘sevillas’

Aún no se acuñado el término, pero puede que al titular de Administraciones Públicas le acabe ocurriendo con los diez días de permiso de paternidad del Plan Concilia lo que al también ministro de Presidencia de la época de Felipe González, Javier Moscoso, “padre” de los días de libre disposición de los que actualmente disfrutan los trabajadores del Estado conocidos como “moscosos”. Y es que son tan escasos los cambios introducidos por un Ejecutivo en la Administración pública que acaban haciendo historia.

Ocurrió en 1982, tras la llegada de Felipe González a Moncloa; el Gobierno decidió implantar un severo control del funcionario, que a partir de entonces empezó a fichar al entrar y salir del trabajo. Aquello provocó una gran agitación entre el colectivo, pero los empleados públicos se fueron adaptando a las nuevas circunstancias. Tal vez se animaran cuando en 1983 se aprobaron los “moscosos”, incluidos en el artículo séptimo de la Instrucción de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 21 de diciembre de 1983.

Un año después se promulga la ley 30/84 para la reforma de la función pública. Este modelo todavía en vigor establece, entre otros, el sistema retributivo, de promoción y de carrera profesional. Desde entonces, en los Gobiernos de González apenas se puede hablar de cambios especialmente destacables.

Durante las dos legislaturas del Partido Popular los procesos de mejora han sido poco perceptibles. Existía la voluntad de dar servicio público al ciudadano, pero aunque hubo planes de modernización como el Info XXI, no existía suficiente presupuesto para sacarlos adelante. Los primeros años de Aznar estuvieron marcados por el control del gasto público para cumplir con los criterios de convergencia de la UE, de modo que aquella fue una época de gran austeridad en las dependencias del Estado. Entre eso y la concepción liberal del PP, desapareció la política de gasto donde una empresa privada podía hacer el trabajo, la Administración dejó de crecer y se contuvieron las subidas salariales. Siempre se trató de potenciar el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero bien por el mal diseño de estos planes o por la escasez de recursos, no acabaron de cristalizar. Tras esta etapa llegó Zapatero al Gobierno y con él Sevilla a Administraciones Públicas. Habrá que esperar a que acabe la legislatura para hacer balance de su gestión, pero a pesar de que se encuentra a medio camino, ya se puede decir que está siendo mucho más prolija que la de muchos de sus antecesores.

Entrevista con Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas