Jordi Sevilla, ministro de Administraciones Públicas

"NO HABÍA CRISIS POLÍTICA, EN EL GOBIERNO SOLO NA "Hay que buscar nuevas maneras de trabajar



Acaba de atravesar el ecuador de la legislatura como titular de Administraciones Públicas y ya dice estar satisfecho. Uno de sus proyectos estrella, el Plan Concilia, es la avanzadilla de la Ley de Igualdad, y el que supondrá toda una revolución en la función pública después de 28 años sin dar respuesta a su previsión en la Carta Magna, el Estatuto del Empleado Público, iniciará su tramitación parlamentaria antes del verano. Jordi Sevilla está dispuesto a modernizar la Administración mediante la mayor definición de la carrera profesional de los funcionarios y la generalización de las nuevas tecnologías para lograr un servicio público abierto las 24 horas. Aún le queda convencer a los altos cargos de las bondades del horario del Plan Concilia, porque quien necesita trabajar más horas "a lo mejor es malo o se organiza peor".

Por Virginia Miranda

EI trabajo del funcionario, ¿es o no es un puesto para toda la vida?
—Tal y como está recogido en este momento y no hay razón para alterarlo, el trabajo es para toda la vida, el puesto de trabajo depende de cómo se desempeñe. Eso es lo que queremos con el Estatuto, que se haga una evaluación del trabajo de los empleados públicos de tal manera que, quien no cumpla satisfactoriamente con las tareas que tiene asignadas, exista la posibilidad de ser cambiado de puesto de trabajo. Y quien lo haga bien, se vea con la posibilidad de ser premiado.

— ¿Existe algún foco de resistencia al Estatuto del Empleado Público por parte de los sindicatos?
— Además de algunas Comunidades Autónomas, los sindicatos me han venido pidiendo este Estatuto porque una de las grandes novedades que aporta es el reconocimiento legal de la negociación colectiva en la función pública. Hay por tanto un buen climapara que, con todas las dificultades que tenga, pueda salir adelante en esta legislatura.

— ¿Cree que el PP va a aceptar el texto? Dicen que va a haber tantas funciones públicas como autonomías.
— En este momento tenemos ya una realidad, y es que las Comunidades Autónomas gestionan más funcionarios que la Administración General del Estado. ,Qué es lo que pretendo hacer con el Estatuto? Garantizar precisamente unos mínimos de igualdad entre todas las funciones públicas que ya existen en España; se trata por tanto de lo contrario de lo que plantea el argumento del PP. Ellos lo intentaron, Acebes en concreto en la legislatura en la que fue ministro del ramo, y estuvieron relativamente cerca de conseguirlo. Nosotros no nos hemos alejado demasiado de algunos de los aspectos esenciales del Estatuto que propuso su Gobierno. Y ahora espero que el PP anteponga los intereses de los empleados públicos a sus intereses de partido y esté en predisposición de negociar el texto como lo hizo el PSOE cuando estábamos en la oposición.

— ¿Cómo va a repercutir en el trabajo del funcionario la aprobación del Estatuto?
— El Estatuto va a recoger los derechos y deberes de los empleados públicos. Va a reconocer la realidad actual, donde lo normal es la relación funcionaria) pero donde también tenemos más de un 30% de empleados públicos que son contratados laborales y que comparten un conjunto de características que los diferencian de cualquier trabajador de la empresa privada. Vamos a definir cuáles son los criterios constitucionales de mérito y de capacidad, de transparencia y de publicidad, en torno a los cuales se tienen que elegir; vamos a definir y a garantizar por ley la carrera profesional; vamos a hacer extensivo el código de conducta que el Gobierno aprobó para los altos cargos al conjunto de empleados públicos; vamos a introducir la evaluación del desempeño; vamos a desarrollar la función directiva dándole la importancia que tiene; vamos a recoger el derecho a la negociación colectiva... La función pública española va a tener muchos más instrumentos para modernizarse después de que se apruebe el Estatuto del Empleado Público; para modernizarse en el sentido de mejorar su eficacia y sobre todo de prestar servicios a los ciudadanos.

— ¿Cuándo cree que será aprobado?
— Después de todos los contactos previos que ya ha habido y de dedicar el mes de mayo al acuerdo con los representantes de la función pública, calculo que en julio estaríamos en disposición de poder aprobar el texto y remitirlo a las Cortes si, como espero, hay acuerdo con los sindicatos y con las Comunidades Autónomas, con quienes venimos trabajando desde hace más de un año.

— Se anunció un plan de prejubilaciones para los empleados públicos. ¿Está relacionado con el envejecimiento de las plantillas?
— Sí. Esta Administración, la más pequeña de las tres en número de funcionarios, tiene una edad media de 48 años, superior a la de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, y un nivel de reposición muy bajo, lo cual quiere decir que la tendencia al envejecimiento, si no se hace nada por evitarlo, va a ser creciente. Por eso, un elemento del proceso de modernización de la Administración es un plan de cesación de actividad para aquellas personas de 61 años en adelante que pudieran decidir dejar de trabajar en unas condiciones que permitan renovar y rejuvenecer la plantilla. Pero todavía lo estamos discutiendo en el seno del Gobierno y después tendríamos que hablarlo con los representantes sindicales.

— También se ha propuesto generalizar el uso de las nuevas tecnologías en la Administración. ¿En qué va a cambiar su relación con los ciudadanos y por qué no se había desarrollado como ahora pretende?
— Tenemos dos grandes instrumentos como la Seguridad Social y la Agencia Tributaria con un nivel de avance tecnológico bastante elevado. El problema es que hay otra parte de la Administración General del Estado que se ha quedado atrás en este proceso de modernización. Yo digo de manera llamativa que por qué si podemos hacer la declaración de la renta por Internet, para renovar el DNI hay que hacer cola. Eso es lo que va a formar parte del plan de modernización para la incorporación de las nuevas tecnologías. En este momento, el DNI electrónico introduce un cambio cualitativo y es que va a permitir a los ciudadanos hacer muchas gestiones con las Administraciones desde cualquier ordenador. Sin desplazamientos ni colas. En la aspiración de tener una Administración abierta las 24 horas. Si hasta ahora no se ha hecho es porque desde Administraciones Públicas posiblemente no ha habido mucho interés. Cuando llegué a este Ministerio, en la mesa del ministro no había ordenador. Pero es que en la mesa de su secretaria tampoco, lo cual es una prueba simbólica de la importancia que se le había dado al tema.

— ¿Sabe que existe cierto malestar entre algunos altos cargos por la Ley de Conflictos de Intereses? La desaparición de las dietas por asistir a consejos de administración de empresas públicas, que compensaba el sueldo de personas de alto nivel que en empresas privadas ganarían un sueldo más elevado, ¿podría volverse contra el Gobierno?
— Todo lo que signifique mejorar la transparencia no se puede volver contra el Gobierno nunca. Y de eso es de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la Ley de Conflicto de Intereses. Los últimos años se viene hablando mucho de los códigos de buen gobierno de las empresas, pero este es el primer Ejecutivo que ha aprobado un Código de Buen Gobierno del Gobierno donde explicitamos cuáles son nuestros compromisos de comportamiento ético, que asumimos y a los que responderemos ante los ciudadanos. En España había ya una ley de incompatibilidades, pero se había quedado obsoleta respecto a las normativas y realidades de otros países, concretamente de la OCDE. Nosotros hemos hecho un esfuerzo especial por incrementar la transparencia. Creemos que las personas que están presentes en los consejos de administración de empresas públicas en calidad de representantes públicos tienen que estarlo porque su cargo y sus funciones les aconseje o les obligue esa presencia, no la retribución o la dieta. Nosotros vamos a complementar, a través de la productividad, las liquidaciones que dejen de percibir en concepto de dietas estos altos cargos, pero vamos a darle una racionalidad y una transparencia que en este momento no tenía. Y junto a eso, la ley introduce el cumplimiento de un punto del programa electoral del Partido Socialista, que es el compromiso de hacer públicos lbs patrimonios de los altos cargos de la Administración.

— Las mujeres son más de la mitad de las funcionarias. Pero si subimos de nivel, su porcentaje va disminuyendo. ¿Esto va a cambiar con la Ley de Igualdad?
— Este es uno de los graves problemas de la sociedad moderna. Superada la revolución que significó la incorporación de la mujer al mercado laboral, ahora se trata de dos cosas: de mantenerla y sobre todo de incrementar sus espacios de libertad. Una sociedad que pone a las mujeres ante la tesitura de elegir entre llegar hasta donde quiere en su carrera profesional o tener familia es una sociedad que funciona mal. Y un Gobierno responsable tiene que adoptar medidas que ayuden a que esta elección no se plantee en términos tan drásticos. Dicho de otra manera, a que pueda ser compatible la vida familiar y la vida laboral. Es el caso de las medidas que hemos aplicado en el Plan Concilia, avanzadilla de la Ley de Igualdad. Para remover los obstáculos que están impidiendo a muchas mujeres aceptar puestos de responsabilidad hace falta ayuda legal para que esa realidad del 51% de empleadas públicas se traslade con la misma naturalidad a lo que la estadística y la lógica nos lleva, yes que el 51% de los altos cargos tienen que ser mujeres sin que eso signifique que han sacrificado su vida familiar.

— ¿Cómo va la aplicación del Plan Concilia? ¿Qué otras medidas va a desarrollar?
— Presentaremos esta semana el primer balance del Plan Concilia. Lo que puedo decir es que las medidas de flexibilización de horarios, los permisos de paternidad y la ampliación de los permisos de maternidad están funcionando bien. Y tenemos que mejorar lo que tiene que ver con el nuevo horario, especialmente en lo que respecta a los niveles altos de la Administración; todavía no se ha generalizado la idea de que trabajar más horas no es necesariamente trabajar mejor. Hay que romper esa sensación que todavía existe en España de que quedarse en a trabajar hasta las tantas es un acto positivo y empezar a pensar que quien necesita hacerlo a lo mejor es que es malo o se organiza peor. Por otra parte, el sector público, que es la primera empresa del país, tiene que ser también una empresa que incentive y que busque nuevas maneras de trabajar. Llevamos más de un año en el Ministerio con una experiencia piloto de teletrabajo, donde 34 voluntarios han venido haciendo parte de su trabajo en casa a través de las nuevas tecnologías. El resultado ha sido lo suficientemente bueno como para arriesgarme a proponer que se generalice el teletrabajo al conjunto de la Administración General del Estado para determinados empleos y colectivos. Porque la obligación de la Administración por supuesto es prestar un buen servicio, pero sobre todo es innovar en la manera de trabajar.

— ¿Se está generando algún problema por el hecho de salir a las seis de la tarde?
— Hubo casos que podrían plantear algún problema pero ya los hemos resuelto. La medida además ha tenido un apoyo mayoritario entre los funcionarios y también ha recibido el de organizaciones empresariales como el Círculo de Empresarios, que la respalda por lo que supone de incremento y mejora de la productividad en contra de lo que otros sectores empresariales podrían estar pensando. En cualquier caso, sigo diciendo que el cumplimiento del horario todavía es mejorable en los niveles altos de la Administración. Incluidos los ministros.

— Háblenos de los Estatutos. ¿Cuál le gusta más el valenciano o el catalán?
—Para Cataluña el catalán, para Valencia el valenciano y para Andalucía el andaluz. Siempre dijimos que las reformas estatutarias no podrían hacerse con fotocopia; las realidades que hay detrás de cada una de ellas son diferentes, y garantizando el principio a la diversidad y sin dar lugar a privilegios, cada Comunidad tiene derecho a adecuar y a justificar sus marcos estatutarios a sus realidades. Algunos partidos sí han aplicado un doble rasero a la hora de medir unos estatutos y otros. El PP acepta el reconocimiento de los derechos históricos, la descentralización de la justicia y un servicio tributario propio en el Estatuto valenciano y los critica en el catalán. Los ciudadanos afortunadamente viven el tema con mucha mayor normalidad democrática que algunos líderes del Partido Popular.

— Parece que al PP, si no está en el Gobierno autonómico, no le gusta el resultado. Acaba de ocurrir con el Estatuto de Andalucía.
— El PP tiene un problema y es que tiene poca fe en la democracia; sólo se fía de lo que controla. Durante la aprobación del primer Estatuto, el PSOE forzó a través de un referéndum que Andalucía fuera una Comunidad Autónoma de primera en contra de lo que opinaba la derecha andaluza de entonces, repartida entre la UCD y Alianza Popular. Y todavía ahora, el PP sigue queriendo que Andalucía no sea una Comunidad de primera. Los andaluces se dieron cuenta hace más de 20 años y se han dado cuenta ahora, por eso el PP tiene tan escasas perspectivas electorales en esta Comunidad.

—El alto el fuego de ETA. Batasuna quiere hablar de Navarra. El Gobierno no. ¿Teme el Ejecutivo que el proceso se eche a perder?
—Vincular el futuro de Navarra al proceso de paz sólo lo están haciendo dos formaciones políticas; Batasuna por un lado y la UPN y el Gobierno foral por otro. Nadie más. El Gobierno de España ha dicho por activa y por pasiva que el futuro de Navarra no está vinculado al proceso de paz y no lo va a condicionar ni una organización terrorista ni una formación ilegal. Lo hemos dicho una, dos tres, cien veces. Pero parece que UPN y el presidente navarro le dan más crédito a lo que dice una organización ilegal que a lo que dice el Gobierno de España.

—Joan Ignasi Pla será con toda probabilidad el candidato del PSPV-PSOE en la Comunidad Valenciana pero, ¿se ve como candidato en un futuro?
—Para nada. Joan Ignasi Pla es un magnífico candidato.

—En otras convocatorias electorales...
—Creo que Joan Ignasi Pla va a ganar las próximas elecciones y va a ser muchos años president de la Generalitat. Y en fin, yo ya tengo mi edad.

—¿Cómo le gustaría que le recordaran tras su paso por el Ministerio? ¿Le gustaría que alguna de sus medidas estrella, como le ocurrió a Javier Moscoso, tomaran su nombre?
—Hay algunas cosas de las que me siento razonablemente orgulloso. Después de muchos años, he sido el ministro que ha hecho posible que haya una carta municipal de Barcelona y una ley de capitalidad de Madrid. Y desgraciadamente, he sido el primer ministro que ha disuelto un Ayuntamiento como el de Marbella. El Plan Concilia, que ha significado un avance muy importante para la función pública, también es el antecesor de la Ley de Igualdad para el conjunto de la sociedad. Espero que si soy capaz de concluir los procesos de modernización de la Administración con la Ley de Agencias y el Estatuto del Empleado Público, y si además conseguimos tener una Administración electrónica que se aproxime las 24 horas a los ciudadanos sin necesidad de hacer colas, me sentiré bastante orgulloso de mi paso por este Ministerio. Me iré satisfecho sólo con lo ya hecho y muy satisfecho con lo que espero hacer en los dos años de legislatura que me quedan.