por Miguel Ángel Aguilar

C unde de nuevo el desconcierto sobre el tripartito que preside Pasqual Maragall. La propuesta estrella del programa de gobierno era el nuevo Estatuto de autonomía y ahora, una vez concluida su tramitación parlamentaria, pendiente sólo de la última travesía por el Senado, amanecemos primero con la recomendación de la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña del voto nulo y después, con el paso delante de las bases que se inclinan por el voto no.

Teníamos escuchado al president que si se diera la hipótesis del no vendría a ser imposible la continuidad de sus propugnadores en el gobierno. Pero cuando de la hipótesis hemos pasado a los hechos ciertos, las incompatibilidades enunciadas se evaporan. Los de ERC siguen tan contentos de haberse conocido, pa-
ra nada se consideran incursos en incoherencia alguna y saben que sin ellos se impondría la convocatoria de elecciones en absoluto deseada por Maragall.

Así que caminamos hacia un referéndum el 18 de junio con el PP y ERC declarados por el no, el PSC sin entusiasmo alguno en sus bases y CiU tomando sus distancias y aclarando que a nada renuncia más allá del texto limpio como una patena después de los trabajos parlamentarios. Ya está claro que en estas condiciones de presión y temperatura los resultados esperables para el Estatuto que empiezan a llamar de La Moncloa estarán por debajo de los que se obtuvieron para el Estatuto de Sau todavía vigente.
Veníamos del talante y caminamos por la senda del disenso. El gobierno Zapatero se encuentra con un proceso de reforma de los Estatutos de autonomía que noha conseguido sumar al principal partido de la oposición ni en Cataluña ni en Andalucía. Así que tendremos nuevos Estatutos con menores apoyos parlamentarios y populares, después del dislate inicial de ofrecer barra libre para que cada Comunidad pasara a definirse como le viniera en gana y de replicar a las objeciones con aquellas frases de que había hasta ocho fórmulas para que quienes se proclamaran nación pudieran hacerlo sin rozar el marco de la Constitución.

Claro, que tampoco hubo que reformar la Carta Magna cuyo artículo 32 reza que "el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica" y que "la ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, lo derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos". Los padres de la Constitución nunca lo habrían sospechado pero su texto sin alteración alguna ha resultado de aplicación para las uniones de dos hombres o de dos mujeres.

El sector al que nos gustaría pertenecer sostiene que nos abrimos hacia una España plural, más fuerte y mejor integrada, pero la impresión causada por la suma de los más variados desconciertos sigue avanzando. Luego queda pendiente que alguien comparezca y nos explique la ventaja de haber entrado en semejante laberinto, porque los propios catalanes autores iniciales de la propuesta originaria del Estatut que vino a Madrid reconocían abiertamente que se trataba de un bodrio heterogéneo y reglamentista contrario al modo de ser de los habitantes del territorio y fruto de las exigencias sumadas y de los caprichos sobrevenidos de los dirigentes políticos empeñados en una extraña subasta. Veremos.