Energía Nacional, un nuevo partido

  Zapatero ha calificado de “previsible” el procedimiento sancionador que la Comisión Europea ha abierto a España por el decreto que reforzó las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en plan nacionalista. También era “previsible” la nacionalización boliviana, igualmente por decreto, de los hidrocarburos. Son casos bien distintos pero tienen en común, además de la simultaneidad temporal, la voluntad de algunos Estados de blindar su energía;  por estrategia –Alemania, Francia o España– o como ideología: Venezuela y Bolivia.

En Europa las nacionalizaciones fueron abandonadas por la izquierda desde el inicio de los ochenta. Miterrand dio marcha atrás en esta pieza clave del programa común de la izquierda y González se limitó a nacionalizar la red de alta tensión, lo que hoy es Red Eléctrica Española, más o menos privatizada. El fantasma de las nacionalizaciones ha cruzado el charco retomado por la izquierda populista, inspirada sentimentalmente en Castro pero que responde en realidad al bolivarismo de Hugo Chávez.  Evo Morales se ha inscrito en esta cofradía alejándose de la otra izquierda, la de Lula en Brasil y Bachelet en Chile, fiel al modelo socialdemócrata europeo. La bandera socialpatriótica ha sido enarbolada por el presidente del país más pobre del continente junto a Haití.

Evo Morales ha hecho de las nacionalizaciones un manifiesto político. No parece casualidad que su “Decreto Supremo” haya sido promulgado el 1 de mayo, fiesta mundial del trabajo y a los cien días de su llegada al poder. Chávez ha viajado a La Paz para apoyarle y Morales ha organizado velozmente una cumbre en Puerto Iguazú (Argentina) donde han acudido los presidentes de Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia. El problema de los nacionalismos es que chocan entre sí, pues los intereses de los vecinos pueden ser contradictorios; es lo que ha ocurrido entre Bolivia y Brasil. Petrobras, la compañía brasileña, opera en Bolivia, y Brasil es el principal cliente del gas boliviano por lo que se resiste a que los precios sean elevados unilateralmente. Repsol YPF es la segunda operadora en Bolivia a través de Andina y ha protestado con la debida prudencia por el hecho consumado que trunca su estrategia americana.

Si lo que Evo Morales pretendiera fuera el simple control de su primera fuente de riqueza, podría haberlo  conseguido sin pisar callos y sin espantar a potenciales inversores por medio de una ley y, mejor aún, acudiendo a la negociación pero parece que no buscaba efectos prácticos, sino dramatizar un manifiesto ideológico. No se ha tomado la molestia de endulzar la píldora a las compañías. El estilo literario del decreto está imbuido por la prosa castrense que recuerda la euforia de la revolución portuguesa de los claveles: Artículo 1º) “...El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos”. Artículo 2º) “A partir del 1 de mayo de 2006, las empresas petroleras que actualmente realizan actividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están obligadas a entregar en propiedad a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) toda la producción de hidrocarburos”. Artículo 3º) “Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acaten inmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en un plazo no mayor a 180 días, desde su promulgación, se regularice su actividad (...) Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmado contratos no podrán seguir operando en el país”. El Decreto Supremo concluye: “Los señores ministros de Estado, el presidente de YPFB y las Fuerzas Armadas de la Nación quedan encargados de la ejecución y complemento del presente Decreto Supremo”.  Las fotos muestran que no es retórica, sino una ocupación real por parte de los milicos de los campos y refinerías.

Queda la esperanza de que el radicalismo verbal del “Decreto Supremo” sea un truco para negociar desde la fuerza, estimulando de forma didáctica el talante negociador que las multinacionales ejercen con generosidad cuando no tienen otro remedio. Así parece entenderlo el Gobierno español, que ha pasado de la firmeza y de la insinuación de represalias a la comprensión y al envío inmediato de una delegación a La Paz. El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, un tecnócrata muy fino, ha suavizado el ultimátum con una frase: “Respetamos la inversión de las empresas extranjeras, pero tienen que pagar más”, que sería tranquilizadora si no hubiera añadido que “pagar más” significa invertir la fórmula actual: 82 por ciento para las multinacionales y 18 por ciento para el Estado.

De entrada les ha arrebatado a Repsol YPF y compañía el control de sus filiales y las ha relegado a meros proveedores de servicios hasta que la flamante YPFB pueda valerse por sí misma.