Gaspar Llamazares, coordinador de Izquierda Unida

"NUESTRO APOYO AL GOBIERNO
SERÁ AHORA MÁS EXIGENTE"

El dirigente de la tercera fuerza política del país valora como un tiempo de "luces y sombras" los dos años de Gobierno socialista. Anuncia un apoyo al Ejecutivo más exigente por parte de su formación en lo que queda de legislatura, y apuesta abiertamente por el proceso de paz en el País Vasco, reclamando medidas "humanizadoras", el acercamiento de los presos y beneficios penitenciarios en una siguiente fase. Considera que el debate sobre el modelo republicano ya está en la calle, al tiempo que critica la confrontación desplegada por el Partido Popular.

Por Pedro Antonio Navarro

- ¿Cuál es su valoración de los dos años de Gobierno socialista?
—Son dos años de luces y sombras. Luces, en cuanto a la regeneración democrática y los derechos civiles. Y sombras, con respecto a la inexistencia de una política económica y social alternativa. En un modelo de desarrollo social y sostenible, no ha habido, por parte del Gobierno, grandes avances. Es lo que se podría llamar una legislatura reformista, pero en la que están pendientes los cambios profundos que requiere la política económica y ambiental.

—¿Cuáles serían esos cambios a criterio de Izquierda Unida?
—En primer lugar, todo lo que tiene que ver con la mejora de la calidad del empleo. Tenemos un empleo precario y, en algunos casos, basura. Nuestro nivel de precariedad es muy alto, y nuestro nivel de accidentalidad laboral es insoportable. En segundo lugar estaría la reforma fiscal. En estos momentos, la contribución es discriminatoria para los salarios y para los ciudadanos con nivel de renta medio-bajo. Eso nos distancia nítidamente de la propuesta que ha hecho el Gobierno de reforma fiscal. En nuestra opinión no es tal reforma, sino la continuidad de las contrarreformas fiscales que, cada vez hacen un sistema menos progresivo. También está pendiente la equiparación del gasto social, sobre todode los servicios públicos, con la media de la Unión Europea. Y luego están los temas ambientales; el Gobierno ha firmado el compromiso de Kyoto y ha comprometido un calendario de cierres de centrales nucleares, y sin embargo no lo ha puesto en práctica. En política exterior, sobre todo en lo relativo a la presencia de tropas españolas en el exterior, especialmente en Afganistán, el Ejecutivo no ha culminado el impulso inicial de la retirada de tropas de Iraq.

— ¿Se pusieron estos asuntos sobre la mesa cuando se acordó el apoyo parlamentario de IU al gobierno?
—No solamente estuvieron en la mesa para el acuerdo, sino que forman parte del Discurso de Investidura del presidente del Gobierno, pero tengo la impresión de que, así como se han comprometido –y nosotros también- con el proceso de paz en Euskadi, o con la reforma estatutaria dentro de un proceso federalizante del Estado, sin embargo, parece que el impulso político en relación a los temas socio-laborales ha sido menor, y se ha visto en la mesa de negociación sobre reforma laboral, que se ha ralentizado, fundamentalmente porque el Gobierno no ha planteado su propuesta para dirigir el proceso, sino que ha presentado una propuesta escorada de parte de los empresarios. En otros asuntos el Gobierno tiene contradicciones importantes. La política de infraestructuras es continuista y no es sostenible; la política energética carece de impulso suficiente en energías renovables y limpias, y la política económica también es continuista con los parámetros de la política económica habitual en España; no ha introducido elementos de cambio en un modelo que está basado, por una parte en una importancia excesiva de la construcción, y por otro lado, en el sector servicios

¿Esto significa que será más difícil a partir de ahora mantener el apoyo parlamentario?
El apoyo que hemos dado siempre ha sido crítico, con diferencias en relación a los ritmos, e incluso a los objetivos del Gobierno. Lo que habrá en esta segunda fase de la legislatura, es un apoyo más exigente. Así ya lo ha sido con respecto a la Ley de Educación y lo será también con la Ley de Dependencia.

¿Ha perjudicado sus relaciones el pacto PSOE-PP en el Estatuto Valenciano para que se fije en el cinco por ciento –y no en el tres, como pretendía IU- el mínimo para obtener representación parlamentaria?
El Grupo Socialista está retrasando abordar la reforma del sistema electoral, que en nuestro país castiga duramente a la tercera fuerza política nacional. Esta reforma valenciana consolida la discriminación. Este estatuto ha supuesto un traspiés en las relaciones entre el PSOE e IU. Pero, además, esta reforma del estatuto valenciano es una reforma más al servicio del freno al desarrollo estatutario del PP, que al servicio del desarrollo federal de los estatutos. Los planteamientos del Partido Socialista han sido contradictorios en el caso valenciano y en el caso catalán, y nos preocupa que pueda haber una doble vara de medir en el proceso estatutario.

Qué opina IU del proceso de paz que se está abriendo en el País Vasco?
Nosotros siempre hemos estado comprometidos con intentos –hasta ahora frustrados- de abrir el proceso de paz. Participamos en el Pacto de Lizarra –que, para nosotros tuvo aspectos positivos y también críticos-. Aquella tregua se frustró, probablemente porque todavía no estaban maduras las circunstancias, ni en el ámbito de ETA, ni tampoco en el ámbito de las fuerzas políticas democráticas, en concreto, en el Gobierno, entonces del Partido Popular. Hoy ha madurado el proceso político en el seno del mundo abertzale, en el que hay la convicción de la inviabilidad de la estrategia violenta, y por otra parte, las fuerzas políticas hemos aprendido de frustraciones anteriores. Hay voluntad de abordar, de un lado, el proceso de pacificación, y de otro, de abordar un proceso de normalización política con la presencia de todas las fuerzas representativas de los vascos y de los navarros. También está el factor de que, tras los atentados islamistas radicales, la violencia política ya no tiene ninguna cobertura internacional. El proceso será complicado. Nosotros transmitiremos al Gobierno dos cosas fundamentales. Primero, que en relación al proceso de pacificación, el Ejecutivo articule un mecanismo alternativo al Pacto Antiterrorista, que ya no es útil. Para un proceso de paz es necesario un acuerdo entre todas las fuerzas democráticas, sin excepción, y sin resabios antinacionalistas. Segundo, que el proceso de paz tiene que ir necesariamente unido a un proceso de normalización política en Euskadi y en Navarra. Pero de lo que no debe quedar duda, aunque, a veces lo plantee el PP, es que quien tiene toda la legitimidad para dirigir el proceso es el Gobierno.

- lU propone la derogación de la Ley de Partidos, el acercamiento de presos. ¿El Gobierno también lo tiene claro?
—El proceso de pacificación requiere medidas de humanización del conflicto. Algunas son penitenciarias, y otras, de normalización política. El acercamiento de presos y la derogación de la legislación de excepción –que iría más allá de la legislación sobre partidos- parecen requisitos necesarios. Pero nosotros prevemos que haya estrategias por parte del Gobierno a medio camino. Al igual que el Ejecutivo ha mantenido la Ley de Partidos, y de alguna manera, existe hoy una representación del mundo abertzale en el Parlamento Vasco, dada la beligerancia del PP, el Gobierno intente mantener la Ley de Partidos y, a la vez, satisfacer la voluntad del mundo abertzale de implicarse en la política.

El acercamiento de presos es un elemento necesario.
Debería serlo con independencia de que estemos o no en un proceso de paz, porque la dispersión de presos es una ley de excepción, un forzamiento de las garantías constitucionales, de los derechos de los ciudadanos. En cualquier caso, ese acercamiento debería tener lugar, más aún en un proceso de paz. Junto al acercamiento, seguramente habrá una etapa posterior en la que tengamos que plantearnos beneficios penitenciarios y mecanismos como el del indulto. La competencia en materia penitenciaria es una competencia de la Comunidad Autónoma vasca, que no le ha sido delegada por el Gobierno. No cabría descartar que en determinado momento se acordase la cesión de esa competencia y fuese la Comunidad Autónoma vasca la que se encargase de concretar esos beneficios penitenciarios.

— ¿Y la mesa de partidos que el PSOE parece aceptar por primera vez?
—La mesa de partidos aparece en los documentos del Partido Socialista de Euskadi. Esta mesa, en condiciones de no violencia y con la pacificación encauzada, sería la única legitimada para hablar de política. Lo que aprendimos de Lizarrra es que había dos errores. El primero es que se mezclara pacificación y normalización política, es decir, que se mezclaran interlocutores. ETA es interlocutor de la pacificación, pero no lo es de la normalización política, en la que únicamente lo serían fuerzas políticas representativas. Una segunda reflexión es que no haya puntos de partida que supongan frentismo entre nacionalistas y no nacionalistas. Poner como punto de partida la autodeterminación sería establecer una diferencia insalvable. Nosotros, que sí somos partidarios del ejercicio del derecho de autodeterminación, sin embargo, en la mesa de negociación defenderíamos el federalismo. Deseamos que el resultado de esas mesas sea el máximo nivel de acuerdo, y también la participación en ese acuerdo del pueblo vasco.

República. ¿Es el momento de abrir ese debate en la sociedad?
Ya está abierto. Las encuestas demuestran que hay una parte de la sociedad española muy importante que considera que la memoria republicana ha sido marginada; que se ha confundido el perdón –que fue necesario- y la reconciliación con el olvido de los republicanos y los antifranquistas. Estamos convencidos de que la forma política republicana, para algunas fuerzas políticas sigue siendo una parte de su identidad. La República no es solamente una forma de Estado encabezada por un presidente y no por un rey, sino que es una forma de democracia, frente a la democracia de mercado. Republicanismo es también introducir mecanismos de transparencia en la propia monarquía. ¿Por qué no someter a control público a la Casa Real y a sus finanzas?

—En este sentido, su grupo ha presentado una Ley del Año de la Memoria Histórica.
—Pretendíamos que fuese eso, el reconocimiento de un aniversario, pero se ha convertido para el PP en una especie de agresión. Ha habido todo tipo de dificultades, filibusterismo parlamentario, hemos visto de todo. Lo que nos ha extrañado estos días es que el PSOE intente rebajar esta ley con algunas enmiendas. Ya veremos que sale de la negociación, porque el jueves de esta semana se vota. Esta ley es un símbolo, pero la otra, la Ley de Memoria Histórica, consiste en una reparación necesaria. De todos modos, la actitud del PP ante nuestra propuesta más simbólica, será, seguramente, un precedente de lo que pueda pasar con la Ley de la Memoria. Esperamos que el Grupo socialista esté al nivel de lo que ha manifestado el presidente, y de los propios militantes socialistas, que reclaman del Gobierno y de su partido esa ley en la que se haga justicia y se consiga reparación. El PP no se ha desligado de su concepción de herederos del franquismo. No se entiende de otra manera. No deberían tener problema en condenar la dictadura y en reconocer a la República. Si lo tienen es porque algo todavía les une al franquismo, una especie de cordón umbilical. También deben temer que una actitud clara les supusiese la pérdida de un segmento de la extrema derecha que hoy está integrada en el PP.